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Patricia Lara Salive

Febrero 22 de 2024

Hasta siempre, Rodrigo Pardo

Rodrigo Pardo García-Peña, quien esta semana perdió su batalla contra el cáncer, pasó a mediados de 1996 de ser canciller del Gobierno de Ernesto Samper a desempeñarse como reportero raso y analista de la revista Cambio16 Colombia, en un momento que no fue fácil para él, pues la Fiscalía lo estaba investigando injustamente por su supuesta participación en el Proceso 8.000, por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña de Samper. Nadie más alejado del narcotráfico y de los chanchullos que Rodrigo Pardo, un diplomático y un intelectual de muchos quilates, discreto, tímido, inteligente, con sentido del humor y profundo en sus análisis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las anécdotas que tienen de él los periodistas de ese inolvidable equipo de Cambio16 Colombia. “Lo recuerdo entrando con timidez a los consejos de redacción”, dice el periodista Andrés Grillo. “Le gustaba conversar con Rafael Baena”, agrega Bernardo Peña, refiriéndose a ese fotógrafo, escritor y amigo entrañable, quien como Rodrigo nos abandonó prematuramente. “Recuerdo que tenía su club de fans en la redacción y había una foto suya con un corazón detrás de mi escritorio. Una vez, después de un consejo, entró, vio la foto y todas nos pusimos nerviosas”, comenta Cristina Valdés. “Era hincha de Millos, pero de los soportables”, afirma Eduardo Arias. Sin embargo, las mejores anécdotas de Rodrigo Pardo las tiene Bernardo Peña, quien lo acompañó como fotógrafo a cubrir el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, a donde, en mi condición de directora de Cambio16, lo mandé como enviado especial. Por supuesto, allá, después de las reinas, la sensación fue el excanciller, quien cubrió el reinado con una pierna enyesada porque, como maratonista que era, lo había atropellado un ciclista mientras trotaba en la ciclovía.

“En pleno reinado estoy a dos metros de un canciller”, dijo un señor que llevaba una estrecha camiseta de la señorita Guajira, según escribió Bernardo. Rodrigo, agregó Bernardo en Cambio16 Colombia, “era un reportero más que intentaba hacer su trabajo de manera eficaz, pero inadvertida”. Pero no lo lograba.

De ese texto de Rodrigo salió la portada “La otra cara del reinado”, ilustrada con fotos de candidatas de espaldas que medio cubrían sus espléndidos traseros con pequeños vestidos de baño en azul, fucsia, verde, naranja y amarillo. En esa crónica, Rodrigo dejó su estilo de sesudo analista y mostró su humor: “Detrás (…) de todos estos reinados hay uno más que, por cierto, justifica a los otros”, escribió. “El de las candidatas. Como todo ser humano, ellas deben tener defectos y cualidades. Pero, a diferencia de los demás, todas son bellas. Lo curioso es que los comentarios con los que se les califica harían pensar que no están en un concurso de belleza, sino en un reinado de monstruos. «La señorita Chocó no tiene nariz, sino una morcilla». «La de Huila es tarada». «La de Meta es una enana». «A la de Antioquia ni la mirarían en Miss Universo». «La de Cartagena…». Y eso sin poner atención a los atributos de las candidatas que serían más apropiados en un desfile de ganado”.

Hoy esos recuerdos de Rodrigo Pardo de su año en Cambio16, cuando saltó de la pesadilla política al periodismo y después se fue como embajador a Francia, se agolpan en mi mente, en medio de la sonrisa y la tristeza, para decirle: adiós, Rodri, descansa en paz. A Inés Elvira, a sus hijos, Mónica y Daniel, y a Margarita, mi abrazo fuerte y largo.

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Rodrigo Pardo (El espectador).PNG

Patricia Lara Salive

Febrero 15 de 2024

El prontuario de la fiscal general de la Nación

Es una vergüenza que, aunque sea por un día, tengamos de fiscal general (e) a Martha Mancera, quien tiene sobre su espalda tantos indicios graves de haber favorecido a personas vinculadas al narcotráfico.

Francisco Barbosa se dedicó a investigar a sus contradictores, taparles las marrullas a sus amigos, hacer política con la Fiscalía —porque sueña con una candidatura presidencial aunque no tiene ni una posibilidad de éxito— e inflar su ego tan descomunal que toca con lo ridículo. Ido él, nos deja de sucesora a su mano derecha: la señora Mancera, abogada con una trayectoria de cerca de 20 años en la Fiscalía, pero con sombras en su hoja de vida que la inhabilitan para responder por la investigación y persecución de los delincuentes del país.

En su pódcast A fondo de este martes, María Jimena Duzán resume el prontuario de la fiscal: fue acusada de beneficiar a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en Buenaventura y en el Magdalena Medio, y a fiscales con nexos con el narcotráfico en el Valle del Cauca. Aunque esos casos fueron archivados por la Fiscalía de la cual Mancera era vicefiscal, María Jimena cuenta cómo el periodista Daniel Coronell y la revista Raya revelaron que dos agentes del CTI de la Fiscalía, Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, denunciaron que la entonces vicefiscal, Martha Mancera, los habría perseguido por informar los nexos del director del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez, con el narcotráfico en la zona. Como relató Cambio, “esos dos agentes, junto a un tercero, Mario Fernando Herrera, habrían entregado un informe en el que detallaban el actuar de alias Pacho, como se conoce a Martínez. Sin embargo, Herrera fue asesinado tras entregar el documento”. En entrevista con Daniel Coronell, la vicefiscal negó la existencia de dicho informe y aseguró que sin ese reporte no se podía investigar al director del CTI de Buenaventura. Sin embargo, hace poco se reveló que el documento sí existe y, por ende, Mancera habría mentido al decir que el informe no existía y habría faltado al omitir la apertura de la investigación contra Martínez.

María Jimena entrevistó también a Yohir Akerman, columnista de Cambio, quien ha investigado a fondo el tema y sostiene que Mancera ha sido amiga de narcotraficantes como alias Mueble Fino, quien tendría influencia sobre tres fiscales de Cali con el propósito de proteger su operación y fabricar casos falsos contra otras personas. Según él, uno de ellos sería Jorge Iván Ríos, fiscal 47 seccional de Cali, quien se encargó del caso del asesinato del fiscal antimafia Alcibíades Libreros Varela, asesinado en Cali en 2019. Poco antes de su muerte estaba investigando vínculos con el narcotráfico y la venta ilegal de armas entre agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali. Akerman dijo que Mancera visitó a Ríos para darle instrucciones sobre el manejo del caso y, en solo dos semanas, concluyó que el crimen se debió a un robo de una cadena de oro de Libreros. Sin embargo, su familia afirmó que él nunca poseyó cadenas de oro.

Son demasiadas dudas sobre los tentáculos macabros que, al parecer, tiene la actual fiscal general (e), como para que la Corte Suprema no elija ya a cualquiera de las tres muy buenas candidatas que hay en la terna.

No hay disculpa, señores magistrados. No se queden mirando cuál de ellas les garantiza más puestos. Por el bien del país, por favor, elijan fiscal general ya.

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Patricia Lara Salive

Febrero 08 de 2024

¿Los niños seguirán padeciendo desnutrición, presidente?

¿Por qué el programa Bogotá sin Hambre, del exalcalde Lucho Garzón —de izquierda, como Petro—, fue un éxito, pero en el primer año de este gobierno la desnutrición aguda en menores de cinco años, según datos del Instituto Nacional de Salud, aumentó 14,29 % y el programa Hambre Cero no despega?

Hay dos razones: porque ese programa —vital para eliminar el hambre, la pobreza y el atraso futuro del país— no ha tenido líder en este gobierno, luego de que hace un año se retirara por razones de salud César Giraldo, y porque el presidente Petro no lo ha tomado en sus manos, como lo hicieron Lula en Brasil con su programa Hambre Cero y Lucho Garzón en su alcaldía que tuvo como eslogan: “Bogotá sin indiferencia”.

Justamente ese empeño de Lucho por hacer de la capital una ciudad sin indiferencia y por dirigir personalmente Bogotá sin Hambre fueron los factores que condujeron al éxito de ese programa, que disminuyó la desnutrición aguda del 6,3 % al 4,8 % y la desnutrición crónica del 15,4 % al 12,6 %.

 

Según Eduardo Díaz Uribe, coordinador del programa Bogotá sin Hambre en la alcaldía de Lucho, en la capital se consolidaron dos alianzas: una pública del Distrito y la Nación, y una privada en la que participaron las cajas de compensación, algunas ONG y el Banco Arquidiocesano de Alimentos. Además, se logró que todos marcharan al unísono hacia esa meta común: reducir al máximo el hambre y la desnutrición en la capital.

Por eso se pudo nutrir diariamente a más de un millón de personas y se logró que las entidades públicas distritales alimentaran todos los días a una población de 717.513 personas, integrada por niños, adultos mayores y discapacitados, con lo cual superaron en un 115 % la meta propuesta.

En la alcaldía de Lucho la coordinación del programa Bogotá sin Hambre tuvo un grupo de 20 profesionales que asumieron la tarea de convocar, organizar y alinear a las entidades públicas y privadas con responsabilidades en el tema y a aquellas que pudieran contribuir en la lucha contra el hambre en la ciudad. Sin embargo, esa coordinación no manejó recursos. “Ellos permanecieron en las secretarías de Salud y Educación, Bienestar Social, etc.”, dice Eduardo Díaz. “El gran esfuerzo fue lograr que esas entidades y las alcaldías locales orientaran sus recursos hacia ese propósito colectivo. Y eso tuvo que ver con el compromiso del alcalde, basado en la cooperación”, agrega.

El excoordinador de Bogotá sin Hambre explica cómo trabajaban: “Llegábamos a un barrio, estaba el cura con su olla comunitaria, había señoras que hacían actividades con los niños, se escogía con la comunidad el sitio para hacer un comedor comunitario, la gente trabajaba en su adecuación. Luego enviábamos a las cajas de compensación a trabajar con la junta de acción comunal para que capacitara a la comunidad y en un par de años pudiera contratar directamente, y buscamos al Banco de Alimentos, que dirigía el padre Saldarriaga; todavía lo dirige. Fuimos buenos aliados del padre. No nos inventamos nada. Trabajamos con base en lo que había. Cuando nos retiramos dejamos eso armado. Pero después llegó Samuel Moreno, le cambió el nombre al programa, le puso Bogotá Bien Alimentada, les entregó la contratación a unos contratistas vagabundos y se las quitó a las comunidades”, concluye Díaz.

 

Así terminó ese programa bandera. ¿No será que Petro, si dejara el mesianismo, podría revivirlo?

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Patricia Lara Salive

Enero 25 de 2024

Se le están muriendo los niños de hambre, presidente

Solo el año pasado, desnutrición aguda en menores de cinco años aumentó 14,29 %, según datos del Instituto Nacional de Salud publicados por El Tiempo. En manos del presidente Petro, los niños con desnutrición aguda han pasado de 21.197 a 24.226; es decir que 3.029 niños más han ingresado a esa condición que los llevará a tener cerca de 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54 % menos ingresos en su vida adulta, lo cual los condenará a la pobreza.

 

Que la desnutrición infantil aumente en este gobierno es lo único que no podía suceder, pero sucedió.

Alarmada por semejante noticia, averigüé qué pasaba. Descubrí que, inicialmente, llegó a trabajar a la Casa de Nariño un equipo entusiasta, impulsado por el sueño de volver verdad el nombre del programa Hambre Cero. Para dirigirlo nombraron a César Giraldo, quien por temas de salud se retiró. Entonces Hambre Cero quedó sin dirección.

 

Como en septiembre de 2023, alguien decidió que ese programa debía liderarlo el Ministerio de la Igualdad, que apenas empezaba a organizarse, y se redactaron documentos, propuestas. Se dieron discusiones entre los que creen, como el presidente, que lo importante es lograr la soberanía alimentaria —es decir, conseguir que las comunidades se desarrollen, produzcan y distribuyan alimentos, lo cual se enmarca en el concepto de economía popular— y los que piensan que lo clave es brindar seguridad alimentaria —o sea, darles comida ¡ya! a quienes carecen de ella (no parece que tengan muy claro que lo urgente es hacer las dos cosas al tiempo)—. En fin, las discusiones y los documentos fueron y vinieron hasta que, en diciembre, se expidió un decreto “por el cual se reglamenta el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación (SNGPDA), el Programa Hambre Cero y el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo”. Mejor dicho, el santanderismo en acción.

 

No supe si el decreto ya regía porque no encontré en internet el texto con las firmas. Y si rigiera, según el mismo, habría un plazo de tres meses para reglamentarlo.

 

Así las cosas, le escribí a Laura Sarabia (LS). Esta fue la charla:

 

PL: Laura, ¿Cuántas bolsas de comida están repartiendo?

 

LS: Nosotros no estamos repartiendo bolsas de comida. Las donaciones que se han entregado son elementos incautados de la DIAN, como ropa y zapatos. Los únicos alimentos que hemos repartido fueron 20 toneladas de mercados en Quibdó por la emergencia y fue un trabajo conjunto con el sector privado

 

PL: Entonces, ¿Qué está haciendo en concreto el Gobierno para que no aumenten los niños que mueren de hambre?

 

LS: Hay un plan de Hambre Cero, que es poner bancos de alimentos, pero todavía no ha iniciado.

 

PL: ¿Por qué? ¿Quién lo va a manejar? Ya casi va un año y medio de gobierno…

 

LS: El Ministerio de la Igualdad. Hay un decreto que está por salir.

 

PL: ¿Cuánto va a tomar que el programa Hambre Cero esté en marcha?

 

LS: No mucho tiempo.

 

PL: A la velocidad que andan las cosas en este país, si corren con suerte, se demoraría como un año más para que funcione.

 

LS: Es una realidad lamentable. Por mi parte, pondré todo en marcha lo más pronto posible.

 

Así, pues, si eso dice la Mujer Maravilla del Gobierno del Cambio, calculo que, terminando el mandato de Gustavo Petro, la desnutrición infantil aguda, con respecto al 2022, podrá haber aumentado cerca de un 40 %.

 

Continuará…

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Patricia Lara Salive

Enero 18 de 2024

Recetas contra la inseguridad

Ariel Ávila, experto en criminalidad, publicó en Cambio recomendaciones para que nuestra situación de inseguridad no llegue al infierno que padece Ecuador.

Según él, la crisis del vecino se debe a tres factores: la inseguridad en los campos, donde aparatos militares han comenzado a avanzar; el deterioro de la seguridad en las grandes ciudades, donde se están formando estructuras con capacidad de hacer operaciones militares pesadas (como pasó en Guayaquil y en Tuluá con la banda de La Inmaculada), y el aumento de las economías ilegales.

Según él, se cometieron varios errores en Ecuador: primero, en época del presidente Correa, la expulsión de los estadounidenses, sin nadie que los reemplazara, de la base de Manta, a quienes las Fuerzas Militares ecuatorianas les habían delegado el cuidado de la seguridad en la frontera con Colombia; ello generó un vacío de poder que llenaron de inmediato organizaciones criminales colombianas. Segundo, el debilitamiento de la infraestructura de seguridad e inteligencia del país en la presidencia de Moreno, a lo que se llegó por la reducción de costos, dados los problemas económicos de Ecuador; eso hizo que los carteles mexicanos abrieran más rutas en ese país. Tercero, la decisión del presidente Lasso de permitirles a los civiles armarse, lo cual condujo a que muchas armas terminaran en manos de criminales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve, en Colombia ha habido asuntos parecidos: principalmente, el no copamiento de los territorios abandonados por las FARC, que permitió que el narcotráfico y los grupos armados se los disputaran, y el debilitamiento, al comienzo de la administración Petro, de la inteligencia y de las Fuerzas Militares y de Policía.

Así las cosas, para prevenir una crisis similar de seguridad en Colombia, Ávila dice que hay que desideologizar el debate sobre la seguridad y entender que controlarla es una necesidad apremiante de todos. Para ello propone, entre otras cosas, ajustar el Código Penal, de modo que se castigue la reincidencia y se revisen los beneficios para delitos menores; fortalecer la Policía; crear un sistema de inteligencia urbano, lo que implica asignarle mayores recursos para que se llegue a 180.000 efectivos que dispongan de equipos adecuados; distinguir claramente las políticas de seguridad rural y urbana, con comandancias distintas en cada departamento, una para lo rural y otra para lo urbano; crear fuerzas de tarea con una jurisdicción nacional dedicadas exclusivamente a organizaciones criminales; fortalecer una política de prevención de violencia juvenil, potenciando Jóvenes en Paz y haciendo partícipes de esa política a alcaldes y gobernadores; reformar el sistema penitenciario, pues la corrupción y el sobrecupo son aterradores; crear un sistema de contrainteligencia en la fuerza pública para evitar la corrupción, y discutir sin pasiones el asunto de la seguridad jurídica de la fuerza pública (“si bien temas como las pérdidas de ojos de manifestantes, los falsos positivos o la violencia sexual no se deben permitir, ni pueden ser tolerados por una sociedad democrática, también es cierto que existen vacíos legales que llevan a la fuerza pública a preferir no operar para evitar líos judiciales”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede que no todas esas recomendaciones deban implantarse. Pero ahora, cuando el director de la Policía diseña una nueva política de seguridad, vale la pena que por lo menos las tenga en cuenta.

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Publicacion Patricia Lara.PNG
Ramiro Bejarano (El espectador).PNG

Patricia Lara Salive

Enero 11 de 2024

Final lamentable

La forma como el fiscal general Francisco Barbosa está despidiendo su periodo no puede ser más lamentable. Hay dos hechos icónicos del desastre de su gestión: por un lado, su prácticamente nula labor para esclarecer los asesinatos de los firmantes de paz y sus autores intelectuales; por otro, su empeño en hacer lo posible para que no avance el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, de modo que se llegue a la preclusión del caso.

En cuanto al primer punto, según datos suministrados a esta columna por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en el último trimestre del año pasado la Fiscalía no logró ni una sola condena para autores de crímenes contra firmantes de paz. De los 498 ataques que, desde el comienzo del proceso, ha habido contra las llamadas personas en proceso de reincorporación, la Fiscalía solo ha obtenido 71 condenas; entre ellas, dos por crímenes contra mujeres, seis por crímenes contra afrocolombianos y 14 por crímenes contra indígenas. De esas condenas, solo cinco, es decir, el 1 %, han sido contra autores intelectuales. Según Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las FARC, hoy jefe del Partido Comunes, “debido a la impunidad en la etapa de investigación, que es responsabilidad de la Fiscalía”, no se ha podido adelantar en el conocimiento de esos autores intelectuales.

Esa es una falla gravísima de la Fiscalía que puede tener repercusiones muy negativas en otros procesos de paz.

En cuanto al proceso contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, la actuación de la Fiscalía de Barbosa no puede ser más vergonzosa: luego de dos intentos fallidos de preclusión, el fiscal general asignó al fiscal 10 delegado ante la Corte, Andrés Alberto Palencia, quien el martes, cuando vencía el término para que se pronunciara sobre el caso, renunció dizque por razones relacionadas con la “salud de su familia”. Entonces la Fiscalía delegó al fiscal 12 delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, con el fin de que asumiera la investigación, para lo cual dice que dispondrá de otros 90 días. Pero, según reveló el periodista Daniel Coronell, ese nuevo fiscal está impedido para asumir el caso porque alguna vez se pronunció al respecto. Además, según el senador Iván Cepeda, víctima en ese proceso, el término que venció el 10 de enero no tenía un carácter personal y, por lo tanto, “la renuncia al cargo del fiscal Palencia no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas”. Agrega el senador que, luego de que la justicia negó dos solicitudes de preclusión del caso Uribe, “a la Fiscalía no le queda un camino distinto a presentar, de manera inmediata, escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez. En caso de no presentar escrito de acusación”, concluye el senador, “la Fiscalía estaría allanando el camino de la prescripción”.

Como corolario hay que decir que sería muy triste para un hombre combativo y de carácter como Álvaro Uribe que se dijera que su caso terminó en una prescripción facilitada por un fiscal de bolsillo. Y que los caminos que ha escogido el fiscal Barbosa —de arrodillamiento en el proceso contra el expresidente Uribe y de ineficiencia en las investigaciones por asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz— hacen que se consagre como uno de los peores fiscales generales que ha tenido el país.

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