Fiscal sin límites

“Esa goma no puedes usarla tú porque es un bien del Estado”, le dijo el expresidente Carlos Lleras Restrepo, entonces ministro de Hacienda, a su hijo Carlos, de siete años, quien por cualquier motivo había llegado al despacho de su padre y, para pegar unos papeles, había cogido de la oficina del ministro un frasco de goma, equivalente al pegante en barra de hoy.

Esa anécdota, que se la escuché al doctor Lleras varias veces y que, si mi memoria no me falla, él relató en una de sus series históricas —Borradores para una historia de la República Liberal o Crónica de mi propia vida—, se me quedó grabada para siempre.

Y la recuerdo a menudo. Es que, con mucha frecuencia, a varios personajes de este país se les borran los límites entre lo público y lo privado, entre los bienes propios y los del Estado.

Para no ir muy lejos, recuerdo la alegría, reflejada en su voz y en sus palabras, con que en un audio doña Juliana Márquez, madre del expresidente Iván Duque, escuchaba a Nova Lorena Cañón contarle que había 28.000 predios incautados por la SAE, entre los cuales ella podía escoger los que quisiera para que pasaran a alguna loable fundación cercana a sus afectos.

Y recuerdo también ese viaje que armó la anterior primera dama, María Juliana Ruiz, en uno de los aviones oficiales, para volar a Armenia con sus hijos, unos amiguitos y sus mamás, con el fin de celebrarle el cumpleaños en Panaca a una de sus niñas. La Presidencia afirmó que ese viaje estaba justificado por el Manual de la Fuerza Aérea, el cual establece que, en aras de la protección de la familia presidencial, esta se debe transportar en aviones del Estado. ¿Pero por qué la entonces primera dama Lina Moreno de Uribe sí podía viajar en aviones de línea y en turismo? ¿Por qué Duque, su esposa y sus hijos no se fueron en el mismo vuelo? ¿Y por qué un avión lleno de gasolina pagada con nuestros impuestos llevaba a Armenia a los amiguitos de los hijos de Duque y a sus mamás? Simplemente porque se les borran los límites entre los bienes públicos y los propios.

Un ejemplo de esa confusión lo hemos observado nada menos que en el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y su esposa: primero, el columnista Yohir Akerman publicó un video que muestra a los escoltas del fiscal, en carros oficiales, sacando a pasear a las mascotas de su jefe. Barbosa dijo, tranquilamente, que sus mascotas merecen protección porque ellas hacen parte de su círculo familiar.

Después fue el escándalo de su esposa, Walfa, quien una noche sacó cinco maletas y dos máscaras venecianas de un piso arrendado por la Fiscalía para uso de la Dirección de Protección y de la Subdirección de Bienes, encargadas de custodiar objetos decomisados o abandonados. Barbosa, quien dijo que todo era falso, afirmó que el contenido de las maletas hacía parte de su trasteo. Pero, si eso era así, ¿por qué su esposa usaba una instalación oficial para guardarlo?

Por último fue la revelación de que el fiscal tenía asignadas como trabajadoras domésticas de su casa a dos empleadas de servicios generales pagadas por la Fiscalía dentro del contrato de esa entidad con Ut-Soloaseo-Eminser. Barbosa también desmintió el hecho, pero la revista digital Cambio publicó los documentos oficiales que prueban lo dicho.

En conclusión: ¡cómo le hubiera sentado de bien al fiscal Barbosa que el doctor Carlos Lleras Restrepo le hubiera explicado qué diferencia hay entre los bienes públicos y los privados!