No es tan difícil dar con los culpables

La defensa de los líderes sociales no puede tener atenuantes. Como decía el padre Francisco De Roux, mientras en otros países ellos serían héroes nacionales, aquí lo asesinamos.

Sí, los asesinamos por acción o por omisión; porque no reaccionamos contra su muerte; porque de algún modo la justificamos con nuestras palabras o con nuestro silencio. Por ello no puede aceptarse que haya senadoras del Centro Democrático que se pregunten por twitter si el “escándalo por muerte de ‘líderes sociales’ es para tapar el verdadero escándalo de conversaciones sobre tema Odebrechet”, ni que divulguen mensajes de activistas que digan que “la estrategia ahora es hacer pasar como líderes sociales a todos los que Farc y Eln están matando.” Y tampoco puede aceptarse que funcionarios como el ministro de Defensa o el fiscal general diluyan su ineficacia en detener la matazón con disculpas del estilo de que muchos de los asesinatos obedecen a “líos de faldas” o riñas personales.

No, a los líderes sociales los están matando por una sola razón: porque hay fuerzas que en distintas regiones quieren descabezar y acallar a la oposición a sus acciones. Además, como lo reveló un estudio del Centro Nacional de Consultoría, un crimen afecta en un 92 por ciento la permanencia de las organizaciones sociales. Y en virtud de esos asesinatos, hay desplazamientos, la comunidad queda debilitada y dividida y, por lo tanto, disminuyen las denuncias contra las agresiones. Renovar un liderazgo, agrega el informe, puede tardar entre uno o cuatro años, pues no es automático que otra persona se gane la confianza de la gente y construya puentes con las instituciones.

De manera, pues, que hay móviles muy claros para ocasionar esas muertes. Y también hay vías para descubrir a sus autores intelectuales, que nada tienen que ver con las hipótesis y diagnósticos generales que, desde Bogotá, acostumbran emitir algunos funcionarios encargados de esos temas. Para llegar a conclusiones, simplemente, basta con hablar con la población. Así, con seguridad, rápidamente se obtendrían resultados. No es sino mirar, por ejemplo, las afirmaciones hechas por dos de los líderes sociales que asistieron a un reciente encuentro en Bogotá, en el que estaban presentes Fescol y el coordinador residente de la ONU en Colombia: uno de ellos, del Chocó, denunció que había un complot entre un grupo paramilitar y otras fuerzas para asesinar al presidente de una junta comunal en Bahía Solano. Y otro, de Sucre, afirmó que allí había alianzas entre los parapolíticos y los paramilitares que no se desmovilizaron, para amedrentar a quienes hacen control social y político a los recursos públicos.

Esas pistas son claras. De modo que si el fiscal y el ministro de Defensa van a las zonas, conversan con los líderes y siguen el hilo conductor de las investigaciones, pronto nos darían a conocer los nombres y apellidos de los autores intelectuales de los asesinatos. Eso sí, tendrían que interrogarlos, a ellos y a sus amigos, antes de que acaben de matarlos.

Finalmente, hay que celebrar que hayan firmado el “Pacto de Rechazo a la Violencia contra los Líderes Sociales” tanto el presidente Santos como el presidente electo, Iván Duque, los representantes de las distintas ramas del poder público y los directores de todos los partidos. Sin embargo, es un lástima que, en el caso del Centro Democrático, lo hubiera suscrito una tal Nubia Stella Martínez, y no su verdadero jefe, el senador Álvaro Uribe.