¿Por qué más bien no desarmamos la psiquis?

Quiera Dios que se salve el senador Miguel Uribe Turbay y pueda retomar su candidatura. Su atentado conmocionó al país, como se constató en las multitudinarias marchas del domingo. Pero Colombia no solo marchó por la vida de Miguel, también lo hizo porque está abrumada con la agresividad, con los insultos, con la confrontación permanente entre el presidente y la oposición, con la peleadera de todos contra todos. Hasta el punto de que el cardenal Luis José Rueda convocó a una reunión de opuestos, encabezada por el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que se acordó desarmar las palabras. Hasta ahí, todo muy bien. Pero a ese propósito habría que agregarle también el de desarmar las psiquis. Si no, miremos lo que pasó esta semana:

En medio de la agonía de Miguel Uribe y del álgido debate sobre el llamado “decretazo” del Gobierno para convocar –no obstante que el Senado la negó– una consulta popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral, entre las cuales hay unas pocas sobre la reforma a la salud, el ejecutivo logró el martes un triunfo enorme al conseguir que su reforma se aprobara en el Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti –como era lógico–, reivindicó el triunfo. Sin embargo, minutos después, comenzó un consejo de ministros en el que Petro acusó a sus miembros de “traicionar al presidente todo el tiempo” porque la inversión se ha concentrado en Bogotá y Antioquia y no en los departamentos pobres, y eso, según él, es culpa de los ministros (no, es culpa del presidente por no haber gobernado a base de planeación y rigor sino al vaivén de sus cambios de humor que lo llevan a cambiar cada rato de ministros). Como si lo anterior fuera poco, según El Tiempo, agregó: “yo no resisto un gabinete así”, y dijo que esa es la razón por la que ha cambiado tanto de ministros.

Pero la pelea no paró ahí: Petro también acusó al registrador Hernán Penagos de incurrir en “sedición contra el presidente de la República” porque ante la solicitud que le hizo el Gobierno de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, que el presidente quiere realizar el 7 de agosto, el registrador respondió que antes esperaría el pronunciamiento que, sobre la pertinencia del decretazo, hiciera el Consejo de Estado*. Es una posición razonable dado que el registrador requiere un mínimo de 90 días para preparar la realización de esa consulta que vale 750.000 millones de pesos, cuando las arcas del Estado están en ruinas. Y de aquí al 7 de agosto hay apenas dos meses y medio. Pero, lo peor, es que el presidente habló de emprender acciones judiciales contra el registrador, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo que está evaluando denunciarlo penalmente.

Y ahora viene la pregunta del millón: ¿para qué arman el presidente y su nuevo ministro de Justicia semejante rollo, que caldea mucho más los ánimos, cuando el Senado aprobó ya la reforma laboral? ¿Para qué consulta en estos momentos?

¡No exasperen más al país, por favor! Claro está que la presión de la consulta influyó en la aprobación de la reforma laboral y que falta la conciliación de su texto entre el Senado y la Cámara. ¿Pero no pueden dejar un ratico en remojo el tema de la consulta vía decretazo mientras se concilia la reforma y luego retiran el decreto, como dijo el Gobierno que lo haría si la reforma laboral se aprobaba?

¿No será que lo que necesita el país, más que desarmar las palabras, es desarmar su psiquis?