Quién le teme a la JEP?
- Patricia Lara Salive
- 15 feb 2019
- 3 Min. de lectura
A pesar de que los miembros del Centro Democrático (CD) quieran acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y manipulen para que sólo se conozca la mitad de la verdad sobre el conflicto, les va a salir el tiro por la culata.
Hasta ahora, el CD ha bombardeado la JEP y la posibilidad de que se sepa la verdad, presentando un proyecto para sacar a los militares de esa jurisdicción; intentando dejarla sin fondos; haciendo lo posible para que los terceros —es decir, políticos, paramilitares, empresarios y civiles en general— no puedan ser juzgados por la JEP; (finalmente, la Corte Constitucional decidió que los terceros no tienen la obligación de acudir a ella, pero sí pueden hacerlo si lo desean); poniendo en el Centro de Memoria Histórica a un exmaoísta convertido al uribismo quien niega que aquí hubo conflicto armado, a pesar de la evidencia de que en Colombia existen, por esa causa, más de ocho millones de víctimas; dilatando en el Congreso el envío, para que reciba la sanción presidencial, de la ley estatutaria de la JEP, que ya había sido estudiada y declarada constitucional por la Corte; advirtiendo, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que el presidente puede objetar toda la ley estatutaria de la JEP o parte de ella.
Pero si Duque llega a objetarla por razones políticas —porque jurídicas no hay, dado el estudio minucioso que de esa ley hizo la Corte Constitucional—, se crearía una crisis interna, la popularidad del presidente volvería a caer y el desprestigio internacional de Colombia, que ya alcanza niveles preocupantes por su insistencia en que se desconozcan los protocolos acordados en caso de terminación del diálogo con el Eln, llegaría a un punto vergonzoso, pues la comunidad internacional defiende tanto los acuerdos de paz como la JEP, que es su columna vertebral.
Todo lo anterior lleva a hacerse la pregunta que les plantea en un trino el columnista Ariel Ávila tanto a Duque como al CD: ¿cuáles son las personas que “participaron en el conflicto” que “quieren que no se juzguen?”.
Sin embargo, por más triquiñuelas que hagan, la realidad los va a desbordar: así se desprende de la carta que desde La Picota les dirigieron a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos más de 300 presos —la mayoría, excombatientes de las Farc y de las autodefensas, pero también exintegrantes del Eln, del Epl, del Ejército y de bandas criminales como los Rastrojos—. En ella, los presos dicen que desean acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y “aportar verdades, algunas ya conocidas, otras que han venido estando guardadas por mucho tiempo (…) Es absolutamente indispensable —agregan— no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna (…), los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional (…) lo mismo que el origen de las fuentes de financiación”. Así, esos presos, y otros que se anuncian, quieren ayudar a “hacer realidad la reconciliación buscada, la reparación y la no repetición”.
De manera que todo indica que, por más de que el CD intente tapar el sol con un dedo, toda la verdad, por fortuna, va a brillar.
Nota. Presidente Duque, ¿sabe usted que a Colombia no pueden ingresar tropas extranjeras sin la autorización del Congreso? ¿Y sabe que uno de sus principales deberes como presidente es defender la soberanía nacional?
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