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Superintendente de Salud, ¡por favor, actúe!

  • Foto del escritor: Patricia Lara Salive
    Patricia Lara Salive
  • 20 dic 2019
  • 3 Min. de lectura

Édison España, portero del edificio donde habito, de 46 años, oriundo de El Banco (Magdalena), vino a Bogotá en busca de un trabajo que le permitiera mantener a sus padres. Se empleó en una empresa de vigilancia. Hoy gana $1’320.000 y le descuentan, como ordena la ley, 4 % ($52.800) del salario para pagar su seguro de salud.

En agosto de 2016 lo atacó un dolor brutal y acudió a la clínica Méderi, adscrita a la Nueva EPS. Le descubrieron tres cálculos en el riñón izquierdo, le extrajeron uno y le colocaron un catéter. Seis meses más tarde, debido a otro dolor, los médicos le retiraron otro cálculo y le dejaron el catéter. El 17 de enero de 2018, a raíz de una dolorosa punzada, regresó a la clínica y le dijeron que lo habían limpiado y le habían cambiado el catéter.

Un año después, el 3 de enero de 2019, regresó a urgencias de la clínica Méderi con inflamación y dolor insoportables. Lo mandaron a la sala de espera y, luego de dejarlo tres días sentado en un asiento de palo en un corredor helado, el urólogo de turno se negó a retirarle el catéter o a practicarle otro procedimiento con el argumento de que eso tenían que programarlo.

Édison le envió una queja a la Superintendencia de Salud, la cual, al parecer, le ordenó a la Nueva EPS que se ocupara del caso. ¡Pero el 30 de abril de este año la Nueva EPS ordenó que le practicaran una cirugía en una fecha del año pasado!

El 25 de junio Édison regresó a la Nueva EPS para que le asignaran la fecha correcta y le dijeron que tenía que programar la cirugía. Entonces interpuso un derecho de petición ante el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, solicitándole que le pidiera a la Nueva EPS “expedir de manera prioritaria la orden de consulta con el urólogo”, para que le diagnosticaran su “problema real de salud”, le explicaran “las posibles soluciones” y “el tratamiento adecuado”, y para que, “de forma prioritaria”, expidieran la orden para efectuar el procedimiento necesario en la clínica Méderi o en otro centro especializado”.

La Superintendencia le ordenó a la EPS que actuara de inmediato. Pero solo hasta mediados de noviembre se dio la orden para que se le realizara una “operación quirúrgica urgente”. El 27 de noviembre Édison volvió a la clínica con otro dolor agudo y estuvo hospitalizado dos días. Le diagnosticaron infección en las vías urinarias, le recomendaron continuar con los trámites para retirar el catéter, le practicaron una tomografía computarizada, le hallaron varios cálculos y lo despacharon con el argumento de que no había urólogo disponible y que programara la cirugía para retirar el catéter y los cálculos.

“He sufrido mucho con todo esto, doctora”, me dice. “La anterior empresa de vigilancia donde trabajaba me amenazaba con echarme, porque me daban incapacidades, y me decían que si me volvían a operar me botaban. Y me descontaban el sueldo… Lo que necesito es que me solucionen mi problema y me reprogramen la cirugía… ¡Pero dicen que me van a llamar y nada!”.

Durante este calvario de Édison España (C.C. N° 14.251.788), similar al que padecen miles de colombianos, de milagro no se ha muerto por una infección provocada por ese viejo catéter. Hasta le prohibieron ir a baños públicos para evitarse una infección.

¿Será que el superintendente de Salud ahora sí es capaz de lograr que le obedezcan y que, por fin, operen a Édison?

¡Por esas cosas es que marcha la gente, señor presidente!

¡Feliz Navidad, queridos lectores!

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