De acuerdo con Uribe

Por supuesto que es mucho mejor echar lengua que echar bala, como decía el Maestro Darío Echandía. 

Y por supuesto también que, por ese motivo, tiene razón nadie menos que el ex presidente Álvaro Uribe, cuando en la mitad de su primer gobierno decía: “si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las Farc vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria.” 

Y eso que cuando Uribe hacía esa afirmación se encontraban secuestrados por las Farc decenas de soldados y policías y varios políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, su asesora, Clara Rojas, y los doce diputados del Valle, dados de baja años después.

De modo que el anuncio que acaba de hacer el jefe negociador, Humberto De La Calle, en el sentido de que el país tiene que prepararse para ver a los jefes de las FARC haciendo política, no debe escandalizar a nadie.

Es evidente, como lo dijo él, que “el propósito final y fundamental del acuerdo (sobre el fin del conflicto) es poner fin al uso de las armas y abrir las puertas a la participación política”.

No de otra manera se puede pretender que las FARC, una guerrilla que no ha sido derrotada y que, por cierto, es la más antigua de América Latina, vaya a entregar las armas, a desmovilizar sus frentes y a destinar a buena parte de su gente a que trabaje hombro a hombro con el gobierno en el desminado del territorio y en la erradicación de los cultivos ilícitos, negocio que podría suministrarles los recursos suficientes para eternizarse como guerrilla sobreviviendo y matando mosquitos en el monte, pero sin opción de llegar al poder.

Sin embargo, eso no es lo que ellos quieren. Como lo dijo el líder de las FARC, Timochenko, la política es su “razón de ser”, pero ya no para tomarse el poder por las armas, pues se dieron cuenta por fin y gracias a Dios de que ello no es viable en estos tiempos. Es su razón de ser para intentar llegar al poder “por medios legales y pacíficos, gozando de los mismos derechos y garantías de los demás partidos”. 

Ahora, que lo logren, es casi imposible, dado el recuerdo nefasto que sus acciones violentas estamparon en la memoria de los colombianos.

Lo anterior lo corrobora una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, dada a conocer por el noticiero CM&. Según ella, si bien sólo el 9.7% del país prefiere que las FARC sigan armadas y continúe la guerra, y 78% de los colombianos opta, en cambio, porque ellas se desarmen y participen en política, únicamente el 19% estaría dispuesto a votar para el Senado por un ex guerrillero de las FARC, mientras que un 74% ni de riesgos lo haría.

De manera que el miedo que existe en ciertos sectores a que, si se consigue la paz a cambio de que las FARC participen en política, el llamado castro-chavismo pueda instalarse en Colombia, no tiene razón de ser.

En cambio, si se silencian los fusiles y aprendemos a protestar y a dirimir nuestros conflictos en paz, habríamos conquistado ese soñado paraíso de que hablaba Echandía, donde se prefiere echar lengua en vez de echar bala.

De acuerdo con Uribe

Por Patricia Lara Salive

Por supuesto que es mucho mejor echar lengua que echar bala, como decía el Maestro Darío Echandía. 

Y por supuesto también que, por ese motivo, tiene razón nadie menos que el ex presidente Álvaro Uribe, cuando en la mitad de su primer gobierno decía: “si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las Farc vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria.” 

Y eso que cuando Uribe hacía esa afirmación se encontraban secuestrados por las Farc decenas de soldados y policías y varios políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, su asesora, Clara Rojas, y los doce diputados del Valle, dados de baja años después.

De modo que el anuncio que acaba de hacer el jefe negociador, Humberto De La Calle, en el sentido de que el país tiene que prepararse para ver a los jefes de las FARC haciendo política, no debe escandalizar a nadie.

Es evidente, como lo dijo él, que “el propósito final y fundamental del acuerdo (sobre el fin del conflicto) es poner fin al uso de las armas y abrir las puertas a la participación política”.

No de otra manera se puede pretender que las FARC, una guerrilla que no ha sido derrotada y que, por cierto, es la más antigua de América Latina, vaya a entregar las armas, a desmovilizar sus frentes y a destinar a buena parte de su gente a que trabaje hombro a hombro con el gobierno en el desminado del territorio y en la erradicación de los cultivos ilícitos, negocio que podría suministrarles los recursos suficientes para eternizarse como guerrilla sobreviviendo y matando mosquitos en el monte, pero sin opción de llegar al poder.

Sin embargo, eso no es lo que ellos quieren. Como lo dijo el líder de las FARC, Timochenko, la política es su “razón de ser”, pero ya no para tomarse el poder por las armas, pues se dieron cuenta por fin y gracias a Dios de que ello no es viable en estos tiempos. Es su razón de ser para intentar llegar al poder “por medios legales y pacíficos, gozando de los mismos derechos y garantías de los demás partidos”. 

Ahora, que lo logren, es casi imposible, dado el recuerdo nefasto que sus acciones violentas estamparon en la memoria de los colombianos.

Lo anterior lo corrobora una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, dada a conocer por el noticiero CM&. Según ella, si bien sólo el 9.7% del país prefiere que las FARC sigan armadas y continúe la guerra, y 78% de los colombianos opta, en cambio, porque ellas se desarmen y participen en política, únicamente el 19% estaría dispuesto a votar para el Senado por un ex guerrillero de las FARC, mientras que un 74% ni de riesgos lo haría.

De manera que el miedo que existe en ciertos sectores a que, si se consigue la paz a cambio de que las FARC participen en política, el llamado castro-chavismo pueda instalarse en Colombia, no tiene razón de ser.

En cambio, si se silencian los fusiles y aprendemos a protestar y a dirimir nuestros conflictos en paz, habríamos conquistado ese soñado paraíso de que hablaba Echandía, donde se prefiere echar lengua en vez de echar bala.