Miedo justificado

Mientras celebramos la Navidad, Carlos Alfonso Negret, exdefensor del Pueblo, piensa cómo proteger su vida porque siente que el Gobierno la puso en peligro.

“Ni siquiera durante la quimioterapia tuve una semana tan dura. La pasada fue la peor de mi vida, por el daño moral que me hicieron y por mi seguridad”, afirma.

Su miedo se justifica: resulta que luego de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, la alcaldesa Claudia López le pidió a Negret que elaborara una relatoría sobre los hechos. Esta, apoyada por la ONU, terminó en octubre. Fueron seis meses en los que se recogieron más de 100 testimonios de policías y familiares de las 14 víctimas asesinadas. En su mayoría fueron jóvenes de los barrios populares, varios de los cuales estaban en sus casas y murieron porque salieron a comprar algo o se asomaron a la protesta callejera, con tan mala suerte de que los atravesó un tiro que a la loca disparó algún policía.

En su relatoría, Negret concluyó que en esos dos días se produjeron 14 muertes violentas, 11 de ellas ocasionadas por la policía, que reaccionó de forma desproporcionada y ocasionó “una masacre”, que según el Diccionario de la Real Academia significa: “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida” (según Negret, la tragedia se produjo porque no hubo una orden civil ni policial de no disparar). Agregó que los policías actuaron con violencia desproporcionada contra los más pobres, los avances investigativos son casi nulos, la estrategia para garantizar la no repetición es escasa y, si no se adoptan medidas urgentes, se transitará hacia la impunidad. Afirmó que no obstante los preceptos constitucionales, operativamente, la Policía no se encuentra subordinada a las autoridades civiles.

El 13 de diciembre, día en que Negret les entregó el informe primero a las víctimas y después a la alcaldesa, insistió en que debe haber un proceso de reconciliación entre la Policía y la gente de los barrios donde ocurrieron las tragedias, y en que la Policía debe reconocer los hechos y hacer una petición genuina de perdón. En el mismo acto, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que creía “en el poder transformador de ese informe”. Y la alcaldesa asumió la total responsabilidad de lo ocurrido y le pidió al presidente, en su condición de comandante supremo de la Policía, que reconozca la gravedad de lo ocurrido y acometa las recomendaciones del informe, empezando por la de pedirles perdón a las víctimas.

Pero no. Ocurrió lo contrario: dado que un par de días antes Negret había aceptado ser parte de la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo (NL), el presidente, en lugar de leer el informe y tomar correctivos, dijo que “nadie puede (…) hacer politiquería con el nombre de la institución (la Policía)”, y que “hacerlo es la forma más vil de aspirar a cualquier cargo de elección popular”.

Por favor, presidente: fue desafortunado que la publicación de la relatoría coincidiera con la presentación de la lista del NL. Pero despreciar ese informe tan minucioso, elaborado cuando ni siquiera el NL había sido reconocido como partido, es un acto de irrespeto e irresponsabilidad, primero con las víctimas; con la propia Policía, que necesita que usted se ocupe de ella, y con Negret, a quien sus palabras pusieron en la mira de los fanáticos.

***

Feliz Navidad.