¡Viva la JEP!

Después de dedicar su energía y su enorme capacidad de hacer daño, a desprestigiar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a hacer lo posible por acabarla, ahora que la JEP acusó a los exmiembros del Secretariado de las Farc de haber cometido delitos gravísimos, el expresidente Álvaro Uribe guarda un significativo silencio.

Y no es para menos porque, por más de que se muera de ganas de inventarse un alud de críticas contra la JEP a raíz de su última actuación, no le queda fácil hacerlo, pues este primer auto que acaba de emitir denota un trabajo arduo y riguroso, para cuya elaboración se contrastaron y se unificaron las bases de datos sobre secuestro de la Fiscalía, Fondelibertad, País Libre, el Centro Nacional de Memoria Histórica y Las voces del Secuestro; se tuvo en cuenta a las 2456 víctimas registradas formalmente en ese proceso; se recibieron y contrastaron 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 exguerrilleros de las Farc; y se elaboró ese auto que tiene 322 páginas, en las cuales se acusa a los miembros de la cúpula de las Farc de haber cometido los peores delitos: privaciones de la libertad, desaparición forzada, homicidio, torturas en algunos casos, violencia sexual y atentados a la dignidad personal, todo cobijado bajo la denominación general de “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad”.

Y es que el trabajo que ha tenido que adelantar la JEP en el marco de este macro caso 01 ha sido monumental, puesto que se han identificado 21.396 víctimas, 79% de ellas hombres, 21% mujeres y, entre ellos, 5% de menores de edad. Sin embargo eso no quiere decir que esas sean las únicas víctimas. Puede haber más. Y se han rastreado más de 25 años de historia, ya que la mayoría de los secuestros ocurrieron entre 1998 y 2002, época en que el presidente Andrés Pastrana inició y mantuvo la famosa Zona de Distensión, un territorio del tamaño de Suiza donde las Farc eran dueñas y señoras, escondían secuestrados, negociaban secuestros y hacían y deshacían ante la mirada impávida de un primer mandatario que no reaccionaba pero que, después, cuando el presidente Juan Manuel Santos logró hacer en La Habana la paz con las Farc, se dedicó a criticar y a decir -¡oh paradoja!- que Santos le había entregado el país a esa guerrilla.

Ahora, los miembros de la cúpula de las Farc tendrán un mes para decir si aceptan su responsabilidad en esos crímenes. Luego, la Sala hará una resolución de conclusiones, en la que individualizará las responsabilidades. Y, finalmente, el Tribunal de Paz se encargará de sancionar a los responsables. Los que acepten su responsabilidad, recibirán una sanción propia, en la que tendrán una restricción de libertad, no carcelaria, que durará entre 5 y 8 años. Los que no acepten los delitos por los que los acusan, y lo hagan de manera tardía, tendrán una pena de cárcel que oscilará entre 5 y 8 años. Y los que se declaren inocentes irán a juicio y, si fueran vencidos en él, deberán pagar entre 8 y 20 años de prisión.

La JEP aclaró que este es apenas su primer auto en esa materia, y que pronto determinará la responsabilidad de exmandos medios y ejecutores en todos los territorios donde se cometieron secuestros.

Así, pues, la JEP ha hecho hasta ahora una tarea inmensa, nunca antes realizada por la justicia ordinaria, la cual sólo merece aplausos. ¡Viva la JEP!