Las generalizaciones ayudan a matarlos

La matazón de líderes sociales aumenta, lo mismo que las declaraciones inocuas del presidente, la ministra del Interior y el fiscal sobre el tema, con el resultado obvio de que la situación se agrava: “Vamos a fortalecer los instrumentos de denuncia y de reacción a las alertas tempranas, para que no se sigan presentando esos incidentes”, dijo Duque. Pero, seguro porque la creó su antecesor, es la hora en que él no ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia emanada del Acuerdo de Paz para crear estrategias que desarticulen las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales y que debe convocar mensualmente el presidente.

Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó: “Existe la preocupación del Estado por el fenómeno de ataques, violaciones a los derechos humanos contra los líderes sociales, y estamos generando una armonización de acciones a efectos de poder dar resultados concretos en el territorio”. Pero tampoco ha mostrado interés en impulsar las medidas de protección colectiva de las comunidades en riesgo creadas en el Decreto 660 del 2018, como lo declaró a este diario Franklin Castañeda, delegado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una de las plataformas de derechos humanos que hacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Según él, ese decreto “no buscaba dar carros blindados, esquemas de escoltas y chalecos antibalas, sino que partía de un criterio de concertación, en cabeza del Ministerio del Interior, con las comunidades, para saber cuáles son las medidas más convenientes para su protección”. Y ahí, justamente, está el meollo del asunto: porque son las comunidades, y no unos funcionarios llegados de la estratósfera, las que saben por dónde se mueven las aguas en esos territorios.

Y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resolvió reconocer, sólo a estas alturas, que en los crímenes de líderes sociales hay sistematicidad. Pero en cambio, como lo escribió el exministro de Justicia Yesid Reyes, se atravesó para que no funcionara con independencia de la Fiscalía, como lo establecía el Acuerdo de Paz, la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Con esa Unidad se buscaba impedir lo que está sucediendo: que después de firmada la paz hubiera una escalada de atentados contra defensores y líderes sociales. Pero Martínez dijo que eso podría convertirse en rueda suelta dentro de la Fiscalía y convenció al Gobierno de expedir un decreto que estableciera que ella estuviera adscrita a su despacho. De manera que sobre Martínez recae la responsabilidad de descubrir con nombres y apellidos quiénes y por qué dan las órdenes de matar a cada uno de los líderes sociales.

Y es que las frías estadísticas no sirven para nada: hay que saber, en concreto, qué hacía cada uno de los líderes asesinados y por qué lo mataron: lo más seguro es que los asesinos se encuentren muy cerca de esos poderes locales que, sin hallar obstáculos de parte de las autoridades, les permiten a los mafiosos y a los políticos reinar y robar y delinquir sin Dios ni ley en esos territorios. Y los líderes sociales dificultan sus propósitos.

Lo que se necesita es que el presidente, la ministra y el fiscal abandonen sus generalizaciones y ataquen con valentía las fuentes de la matazón. ¡No más!