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Resultados, no investigaciones

  • Foto del escritor: Patricia Lara Salive
    Patricia Lara Salive
  • 8 may 2020
  • 3 Min. de lectura

Con las investigaciones ordenadas por los altos mandos a raíz de las chuzadas reveladas una y otra vez por ese riguroso y valiente periodista que es Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, puede pasar lo mismo que con Edipo, quien ordenó que se averiguara quién había sido el asesino de Layo, hasta que descubrió que el asesino había sido él mismo y que Layo era su propio padre.

Porque, como lo afirmó uno de los chuzados, nada menos que Jorge Mario Eastman, ex secretario general de la Presidencia de Iván Duque, hoy embajador ante el Vaticano, “esa decisión no la toma cualquier persona de bajo rango”. Por eso Eastman no cree en la teoría de las manzanas podridas, como tampoco muchos creemos en ella. Es que no es posible que cada cierto tiempo la prensa haga nuevas denuncias, que siempre el ministro de Defensa y el presidente se rasguen las vestiduras y digan que se van a realizar investigaciones exhaustivas, que luego caiga uno que otro militar, pero, en el fondo, nada cambie, porque no cambian ni la filosofía ni los valores que inspiran y avalan ese proceder, que se puso tan de moda en el gobierno de Álvaro Uribe a raíz de las famosas chuzadas del DAS, denunciadas por el mismo Ricardo Calderón.

No es sino recordar que, por ejemplo, en agosto pasado, Semana publicó apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes a la cabeza del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y se estableció que, por orden del anterior comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se dio una persecución dentro de la institución para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y a Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la práctica de los falsos positivos. Pero el general Martínez negó que esa persecución hubiera existido y se hizo el loco ante la revelación de que él había dado la orden, hecha por el general Quirós, quien hoy es uno de los caídos con el nuevo escándalo.

Y ahora el general Nicacio Martínez le dice a la prensa que se siente víctima, que “la inteligencia se rige por una ley”, que “hay una junta de inteligencia en la que se reúnen todos los jefes de inteligencia de la institución y el ministro de la Defensa”, que “hay unas políticas claras”, que él no ordenó chuzadas contra periodistas, magistrados, políticos o contra el Gobierno, y que “todo lo que hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares”.

En fin, sigue el carrusel de Tongo le dio a Borondongo, y de Borondongo le dio a Bernabé…

Por eso, para evitarlo, es indispensable que cuanto antes, y para bien del mismo Ejército, el ministro de Defensa, en virtud del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, le entregue a la Comisión de la Verdad, como dice el pronunciamiento de su presidente, el padre Francisco de Roux, “los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.

A ver si, por fin, se erradican esos procedimientos para siempre...

Y una pregunta: ¿cómo piensan lidiar con la rabia que, con toda razón, deben sentir los gringos porque en lugar de usar sus fondos para perseguir el narcotráfico, el Gobierno los utilizó para espiar a los periodistas de su propio país?

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