Uribe, Petro, FARC, vuélvanse a sentar

Continúa el debate sobre si fue buena o mala la reforma a la JEP surgida del inverosímil pacto político celebrado, en presencia de la FARC y del Polo, entre los senadores Álvaro Uribe, Gustavo Petro y miembros de los partidos Verde, de la U y Cambio Radical.

Mientras columnistas como Laura Gil, Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano se manifestaron en contra, voces autorizadas en el tema del Acuerdo de Paz, como las del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y del jurista Rodrigo Uprimny, lo apoyaron con entusiasmos variables: para De la Calle, “la fórmula adoptada es conveniente”, porque al incluir nuevos magistrados en la JEP y al “establecer garantías frente a las incriminaciones ficticias” se le da “mayor solidez a lo pactado”. Y además aleja el fantasma de que, en el futuro, se desbarate la JEP, aludiendo al hecho de que Uribe se comprometió a no introducirle más modificaciones al proyecto que está en curso. Para Uprimny, en cambio, el proyecto “es malo” e “inconstitucional, pues el Congreso modificaría unilateralmente el Acuerdo de Paz, lo cual viola el Acto Legislativo N.°2 de 2017, que dio estabilidad a ese acuerdo por 12 años. Pero, paradójicamente”, agrega, “este proyecto malo e inconstitucional podría tener efectos positivos si hace parte de un pacto público y serio de todas las fuerzas políticas, incluida la FARC, para implementar, con ajustes que no toquen su esencia, el Acuerdo de Paz”.

En mi opinión, ahí está el meollo del asunto: el pacto es malo porque no fue concertado con las Farc, el otro signatario del Acuerdo de Paz. Y sin ellas no podía aprobarse porque más o menos equivalía a casarse sin pedirle el consentimiento al novio.

Pero el hecho de que se hubiera producido esa reunión de siete horas entre Uribe y todas las fuerzas políticas, incluida la FARC, en la que en lugar de insultos se intercambiaron opiniones y se trató de construir un acuerdo, es un comienzo positivo en el camino de abrir ese diálogo político que hizo tanta falta profundizar entre los partidarios del No y del Sí hace dos años, cuando el Gobierno perdió el plebiscito. Pero, entonces, hacerlo era virtualmente imposible porque para Uribe el verdadero enemigo era Santos y no las Farc, y él no estaba dispuesto a facilitarle el triunfo de haber logrado la paz. Sin embargo, ahora que Santos salió del ring, que Uribe le ganó la batalla política y que, como dice la revista Semana, hace las veces tanto de primer ministro como de jefe de la oposición, seguramente estaría dispuesto a sentarse con la FARC para abrir ese diálogo que tanto le pidió Timochenko que sostuvieran en La Habana y llevarse, él, Uribe, la gloria. (¡Es que no debe olvidarse que el “presidente eterno” trató por todos los medios de iniciar con las Farc ese diálogo de paz que Santos coronó!).

Ahora, lo que no puede suceder es que se le abra una tronera a la JEP ni que se toque la esencia del Acuerdo de Paz, pues a éste ya se le otorgó una estabilidad constitucional que debe respetarse. Y tampoco puede abrírsele la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional, que no va a estar contenta con que se nombren nuevos magistrados amigos de los militares para que sean ellos los que los juzguen, como quedó establecido en el pacto Uribe-Petro. Con eso, los perjudicados serían los uniformados, que caerían en manos de la justicia internacional. Así que todos, por favor, vuélvanse a sentar. Pero esta vez, en el pacto, incluyan a la FARC.