¡Y el horror no para!

Después del rapto, violación, tortura y asesinato de la niña de 7 años Yuliana Samboní, el pasado 4 de diciembre, por parte de Rafael Uribe Noguera, el país se conmovió profundamente, y hubo miles de llamados de alerta y de titulares del estilo de “¡Que no sea repita!”, “No más”, etc.

Pero esta semana nos enteramos de que una bebita de ¡apenas cuatro meses! fue violada en el Meta por un soldado de 19 años, que era hermanastro de la madre de la niña. Y también supimos que, en el Tolima, otra niña de tres años había muerto luego de haber sido violada y golpeada bestialmente. Y además leímos que en Soledad, Atlántico, otra criatura de 11 años había sido raptada y violada pero que, afortunadamente, había logrado huir antes de que el depravado la matara.

Y de nuevo se produjeron protestas, y marchas, y pedidos de condenas ejemplarizantes. Y la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, solicitó que se estableciera la cadena perpetua para los violadores de menores. Y una vez más se repitieron en los medios las aterradoras estadísticas y se dijo que, el año pasado, hubo17.908 casos de abusos de menores y que, en el primer trimestre del 2017, ha habido 4.135 llegados a Medicina Legal.

Ello da un promedio aterrador: más de dos niños por hora son violados en este país. Pero esos son los casos que se reportan. ¿Cuántos serán los que no? A juzgar por el aumento de 300 por ciento en las denuncias, que se produjo a raíz de que en diciembre se dio al servicio el número telefónico 141 para que la gente reportara las violaciones de menores y el maltrato infantil, podría pensarse que cerca de 14.400 niños son violados o maltratados diariamente en Colombia.

¿Y qué será de la vida de esos niños cuando sean adultos? Muy probablemente, muchos de ellos, si no reciben tratamiento sicológico adecuado, se convertirán en personas proclives a la violencia y al abuso.

Razón tiene la directora de Bienestar Familiar al decir que, “durante décadas, al país se le olvidó invertir en el núcleo de la sociedad, que es la familia”, y de afirmar que “se debe instruir a los papás en temas de crianza y resolución de conflictos para que el hogar sea un lugar donde haya amor, respeto y tolerancia”.

Pero fuera de los golpes de pecho que nos damos a menudo, ¿qué se ha hecho en concreto? ¿Qué escuelas de padres existen o ha organizado el Estado? ¿Qué talleres o terapias de grupo promueve el gobierno para que las madres y los padres sanen sus problemas y no dejen que esa violencia interior que llevan adentro se vuelque sobre sus hijos? ¿Qué política seria de Estado se ha diseñado para solucionar el problema de la salud mental y para prevenir que él se profundice?

Normalmente se habla de establecer penas máximas contra los violadores, de hacer que se pudran en la cárcel, etc. Que haya sanciones drásticas y se cumplan, está muy bien. Pero con sólo ellas no se soluciona el asunto.

Colombia es un país que tiene ocho millones de víctimas y que, por supuesto, está enfermo a causa de la guerra. Si a ello se le agrega la pobreza y la falta de políticas sistemáticas y masivas de prevención del abuso y el maltrato, el panorama se vuelve aterrador.

Definitivamente, la atención a la salud mental y a los niños es mucho más importante en Colombia de lo que los gobiernos creen. Por ello las políticas de infancia y de familia no tendrían por qué estar relegadas a las oficinas de las primeras damas de turno, sino que es el Estado entero, desde el presidente para abajo, el que debería darles absoluta prioridad.