Patricia Lara Salive

Septiembre 24 de 2021

La gazapera debe terminar

¡Cuánto tienen que aprender del expresidente Uribe los sectores progresistas que no quieren que la derecha siga en el poder, es decir, los de centro, centroizquierda y los liberales que aún creen en las ideas de López Pumarejo, Gaitán y Lleras Restrepo, cuya política agraria fue más avanzada que la de Gustavo Petro! ¡Y cuánto tiene que aprenderle a Uribe, también, la izquierda colombiana, especializada en dividirse y subdividirse al infinito!

Fíjense no más cómo, por más disminuido que esté, Uribe ya logró que el 22 de noviembre su partido tenga un candidato único que se enfrentará, en la consulta de marzo, con los demás aspirantes de derecha, es decir, con Fico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, etc. Así, la derecha llegará a la primera vuelta con un solo nombre que podría competir con un candidato único que represente al centro y a la izquierda si actúan con inteligencia, caso en el cual el sector alternativo podría ganar la Presidencia en primera vuelta. Pero si siguen equivocándose, insultándose y excluyendo a este y a aquel, es probable que lleguen a la primera vuelta con dos, tres o cuatro candidatos, entre los cuales estaría Petro, quien probablemente repetiría la hazaña del 2018, es decir, asustaría tanto a la mayoría del país, que de nuevo perdería y le volvería a entregar el poder a la derecha.

Que eso no suceda depende de los candidatos, fundamentalmente de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle, quien posee la sensatez necesaria para hallar la fórmula.

Ahora, ya han empezado a dar pasos inteligentes: algunos dirigentes del Partido Verde, el Polo Democrático, la UP, el MAIS y el Pacto Histórico, así como parlamentarios de la talla de Iván Cepeda, Roy Barreras y el hombre en cuestión, Gustavo Petro, plantearon buscar un acuerdo con el centro.

La propuesta, en esencia, dice que, al ser conscientes de que son más grandes las coincidencias que las diferencias, hacen “un llamado a la unidad de todos los sectores alternativos”; convocan “a la Coalición de la Esperanza y demás actores políticos y sociales que luchan por el cambio a iniciar un diálogo propositivo y constructivo y a tramitar [las] diferencias de manera respetuosa, fraterna y solidaria [… y se comprometen] a construir una agenda común para garantizar el triunfo en las próximas elecciones”. Agregan que presentan “un programa de gobierno para derrotar la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza en Colombia”.

Esa es una propuesta sensata y muy similar a la que aplicará Uribe: algo así como que, mediante encuestas en las que tendrían que ser incluidos Alejandro Gaviria y los aspirantes de la Coalición de la Esperanza, se determine quién sería el candidato único del centro. El elegido se enfrentaría a Petro en la consulta interpartidista de marzo y el ganador, de común acuerdo con el sector que saliera derrotado, concertaría un programa común que sería el que ejecutaría el nuevo gobierno, tal como ocurrió en Francia cuando fue elegido François Mitterrand.

Pero lo que no puede ocurrir es que se firme un llamado a la unidad, como hizo Petro, y se insulte y se hiera a sus futuros aliados, o se permita que sus huestes lo hagan. Tampoco puede ser que personajes del Partido Verde insulten a Petro y a su gente. Ni que estos les inventen mentiras a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Señores, la gazapera debe terminar.

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Patricia Lara Salive

Septiembre 17 de 2021

Hasta siempre, Antonio

Hasta rara tristeza no se despega de mis huesos... Y, por lo que veo, no se despegará jamás… Al comienzo, cuando a las 3:52 p.m. del pasado viernes me entró ese chat de Isabel, su hijita, que jamás hubiera querido recibir (“Hola, Patricia, mi papá se fue ya”), sentí un escalofrío que no acababa de comprender. La víspera ella me advirtió que el médico le había dicho que los pulmones de Antonio, invadidos por una neumonía no COVID, tenían un daño irreversible, facilitado, seguramente, por los miles de Pielroja que se fumó durante muchos años. De modo que la noticia de la muerte de Antonio Caballero la estaba esperando.

Además, la vida que él llevaba desde hacía unos años ya no era vida: lo agobiaba una neuropatía incurable que hacía que los nervios fueran perdiendo su cobertura y le producía unos dolores cada vez más fuertes e invasivos, a tal punto que ya casi no podía caminar. Recuerdo una vez, hace quizá un par de años, a la salida de un almuerzo en mi apartamento, cuando, al ver que las piernas le flaqueaban un poco al permanecer de pie, llevé un asiento al ascensor para que se sentara en el trayecto del séptimo piso al primero. Pero hace meses el mal había avanzado tanto que llegó a las manos y le dolía pintar, y después le dolía escribir.

—¿Por qué no dictas, Toño? —le pregunté.

—Porque yo pienso con los dedos —dijo.

De modo que para Antonio Caballero la vida se había convertido en una especie de tortura progresiva. Así que lo mejor, para él, era irse a descansar en paz. Sin embargo, Antonio se mantenía vivo y, seguramente, seguía escribiendo sus columnas. Primero, por generosidad con los suyos; segundo, porque amaba escribir, y tercero, principalmente, porque tenía un compromiso inquebrantable con sus principios.

En ese punto es donde radica la explicación de por qué esta rara tristeza que me produce su ausencia y que, al parecer, me va a acompañar siempre… Es que Antonio Caballero, como escribió su amigo Enrique Santos Calderón, “fue hasta el final un hombre fiel a sí mismo y a sus convicciones. Nunca transigió en la defensa de los más débiles ni en la denuncia de corruptelas o abusos de poder. No supo qué era un cargo público, ni cedió a halagos, tentaciones ni zalamerías. Tampoco flaqueó ante las amenazas, que no le faltaron a lo largo de medio siglo”.

Como dijo el lunes durante la homilía que en su memoria ofició Fernán González, padre del CINEP, en la iglesia del Gimnasio Moderno, su colegio, luego de resaltar “la inmensa capacidad de Antonio para desenmascarar las apariencias que ocultaban la realidad”, lo que nos reunía ese día era “la presencia de un amor más allá de la separación física, que nos invita a continuar su esfuerzo, su testimonio y su compromiso por un mundo mejor (o, al menos, como diría Antonio Caballero, por un mundo menos malo)”.

¡Pero es que nos vamos quedando solos en esta tarea, padre Fernán! Ya se fue Alfredo Molano. Y ahora partió Antonio. Por más que nos esforcemos en continuar con su lucha, no hay nadie tan vertical, honesto, brillante, erudito, cáustico, magnífico escritor, buen ser humano ni tan tierno como él. Como me dijo en un chat la escritora Laura Restrepo: “¡Qué pérdida tan berraca, mi Patricia: cuántas generaciones tienen que pasar para que se produzca un Antonio Caballero!”.

Así que hasta siempre, Toño querido…

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Patricia Lara Salive 

Septiembre 10 de 2021

Se destapó Gilberto

Ahora resulta que para el expresidente Andrés Pastrana es verdad lo que los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, afirman en la carta que él le entregó a la Comisión de la Verdad, donde dicen que el expresidente Samper sí sabía que ellos financiaron su campaña, pero es mentira la afirmación que hace Gilberto en una nueva carta enviada el martes: que ellos también financiaron la campaña de Pastrana y que la misiva que el expresidente entregó a la Comisión la escribieron presionados por un chantaje suyo. Algo así como: “si no escriben una carta inculpando a Samper, los extradito”.

Sin embargo, en la última carta, Gilberto Rodríguez dice algo mucho más grave: que si bien ellos son “liberales de hueso colorado”, antes que todo son demócratas. Y que, por esa razón, en los últimos 50 años ayudaron tanto a liberales como conservadores.

A propósito, les cuento una historia: corría el año 1996 y los Rodríguez Orejuela habían sido puestos presos por el gobierno de Samper. Yo dirigía la revista Cambio. Entonces un amigo me contó que su conductor había sido por años chofer de Gilberto. Le dije que me gustaría hablar con él. Nos reunimos. Me dijo que él llevaba a Gilberto a las fiestas a las que asistían varios personajes, que en su casa se hacían parrandas a las que iban políticos de todos los pelambres, que una vez Gilberto y un presidente conocido por su gusto por las muchachas pasaron una noche encerrados con mujeres de la vida alegre, y, lo principal, que su jefe les enviaba cheques a los políticos. Él mismo los entregaba y guardaba fotocopias. Incluso me mostró una copia de un cheque girado a un encumbrado dirigente que se decía “defensor de la moral”, a quien no nombro porque está muerto.

Entonces le dije que a la revista Cambio le interesaba publicar esos cheques. Él contestó que, para entregármelos, necesitaba autorización de Gilberto. Días después, el hombre regresó y me informó que Rodríguez no había autorizado la publicación de los cheques. Decidí escribir una columna en la que instaba a los Rodríguez Orejuela a que dijeran la verdad y revelaran los nombres de todos los políticos que los habían utilizado, a quienes ellos habían financiado. Así le harían un gran servicio al país, agregaba. Después de publicada la columna me visitó en la oficina un abogado de los Rodríguez. Me dijo que Gilberto me mandaba a decir que si algún día decidía hablar, esa entrevista me la daría a mí.

Hoy, un cuarto de siglo después, todavía Gilberto no ha hablado. Pero, a juzgar por la carta que le envió a Pastrana, parece que ya quiere hablar. Y hoy el mejor modo de hacerlo es frente a la Comisión de la Verdad.

Les sugiero a los Rodríguez Orejuela que le soliciten de inmediato a la Comisión de la Verdad que los escuche, y a esta, que haga lo que sea necesario para oírlos de manera pública. Así se sabría la verdad. Porque no es justo que durante todos estos años el agua sucia le haya caído solo a Samper, cuando todos, o casi todos (recuerden al presidente Iván Duque y a su amigo el Ñeñe Hernández), se han beneficiado del dinero del narcotráfico, que tanto ha expandido y prolongado la guerra en Colombia.

Así, Gilberto Rodríguez, a sus 82 años, antes de que el cáncer termine de devorarlo, podría sentirse orgulloso de haber ayudado a rescatar a Colombia de ese mar de mentiras y corrupción en el que ha vivido sumergida. Gilberto tiene la clave.

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Patricia Lara Salive

Septiembre 03 de 2021

Ciego, sordomudo, traste y testarudo

 

Hacía un mes que Andrés Pastrana le había entregado la Presidencia a Álvaro Uribe. En el aeropuerto de Montería nos esperaba la Chave, muy cercana al paramilitar Carlos Castaño. Ella acababa de salir de la cárcel por delitos relacionados con su trabajo en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Me acompañaban la fotógrafa Claudia Rubio y la actriz Carlota Llano. Yo había viajado a entrevistar a jóvenes paramilitares con el fin de indagar sobre sus móviles para ingresar a las Auc. A la Chave la acompañaba un hombre provisto de radio, que trabajaba en el aeropuerto e hizo que nos dieran trato preferencial. A la salida nos esperaba una camioneta con chofer que, según nos dijo la Chave, había sido puesta a su disposición por un amigo de Uribe.

Pasamos un retén. El chofer hizo cambio de luces. Nadie nos detuvo. Lo mismo ocurrió en todos los retenes. Pernoctamos en una hacienda bien dotada. Temprano salimos hacia Tierralta. En el camino, la Chave nos mostró proyectos productivos de las Auc. Para conocerlos, atravesamos tierras de Mancuso por una carretera interna que parecía no tener fin. En la tarde llegamos a Tierralta. En el pueblo, a pesar de que había un cuartel de Policía, no se veían uniformados sino civiles con radios. Entramos a un “hospital paramilitar”, localizado a metros de una escuela. Nos recibió un tipo en camuflado con un letrero bordado en la camisa que decía “Auc”. Lo llamaban HH y lo acompañaban unos diez uniformados de las Auc armados de metralleta. Era el “encargado de las relaciones del Comando Mancuso con los políticos”, dijo. Nos invitó a sentarnos. En la mesa había varias botellas de Buchanan’s desocupadas. Al rato llegó un hombre que, según nos dijeron, era alcalde de un pueblo cercano. Habló a solas con HH. Desde una tarima, localizada al frente de la escuela, salía música bailable a todo volumen. Un locutor invitaba a la fiesta que esa noche ofrecían “los paracos” (así los llamó por el megáfono) con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

En la mitad del “paseo”, la Chave me dijo: “El jefe quiere verte” (yo no quería ver al jefe). Acabamos conversando un par de horas con Carlos Castaño —en jeans y camisa Lacoste roja—, en una finca donde, según nos dijo, si las autoridades querían, podían capturarlo en diez minutos porque ellas sabían siempre dónde estaba él. Después fuimos a San Pedro de Urabá. Allí, a pesar de que había un batallón del Ejército, los que patrullaban, y en abundancia, eran uniformados con metralletas y letreros de las Auc.

Pero la historia de ese viaje puedo detallarla después. Por ahora, lo que vale la pena decir es esto:

El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, le preguntó a Pastrana por qué hubo esa enorme expansión del paramilitarismo en su gobierno y por qué, a pesar de los esfuerzos, quienes entonces vivían en los territorios sentían de modo tan fuerte las escaladas paramilitar y guerrillera. Después de oír a Pastrana responder que había sido justamente durante su gobierno cuando habían comenzado a acabarse las Auc, etc., solo resta agregar que al expresidente le acomoda bien esta estrofa de Shakira cantada en masculino:

“Bruto, ciego, sordomudo,

Torpe, traste y testarudo,

Es todo lo que he sido...”.

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Patricia Lara Salive

Agosto 27 de 2021

¿Se enloqueció Uribe?

Se quejaba Tomás Uribe de que a Juan Manuel Santos lo habían tratado como a un rey en la Comisión de la Verdad, aduciendo que, en cambio, a su padre, el expresidente Álvaro Uribe, lo habían atacado el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González. Nada más alejado de la realidad: en un escenario hostil armado por Uribe, donde montaron la cámara de modo que él pareciera en una posición de superioridad con respecto al padre De Roux, este y los demás comisionados se limitaron a hacerle preguntas que les permitieran entender por qué sucedió el horror de los falsos positivos, por qué hubo connivencia entre paramilitares y militares, por qué, por qué, por qué... Y Uribe, de inmediato, dijo que lo estaban atacando, no asumió responsabilidades y no les pidió perdón a las madres de los inocentes asesinados. Entre tanto, Tomás Uribe, desde lejos, como gran crítica, vociferaba que Santos hasta les había llorado.

Por supuesto que el expresidente Santos lloró. Él —que fue ministro de Defensa de Uribe y en cuyo ministerio llegaron al máximo los falsos positivos, pero al descubrirlos los desmontó— lloró ante la Comisión de la Verdad, como cualquier ser humano hubiera llorado después de concluir su intervención con este párrafo: “Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada; unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.

De manera que no fue que la Comisión de la Verdad tratara a Santos como un rey y atacara a Uribe. No. Lo que ocurrió fue que Santos, a diferencia de Uribe, supo pedir perdón…

Y a propósito de la propuesta de amnistía general que empezó a hacer Uribe a partir del encuentro con la Comisión de la Verdad, hay que decir que no es comprensible ni viable. Por una parte, no se sabe a quiénes se refiere, pues al hablar de amnistía Uribe mencionó a Epa Colombia y a los ladrones de bicicletas. ¿Significa eso que él, que tanto vociferó contra la impunidad, ahora propone vaciar las cárceles y amnistiar a todos los delincuentes? ¿O plantea solo amnistiar a los actores del conflicto, lo cual contraviene el Estatuto de Roma que obliga a Colombia a investigar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y si no lo hace puede intervenir la Corte Penal Internacional? ¿O plantea amnistiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, salvo que estén acusados de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, mediante la figura de la renuncia a la acción penal de hecho están cobijados en la JEP por una especie de amnistía? ¿O propone una autoamnistía?

Nadie lo sabe. Lo único posible sería que el Gobierno, por ley, les creara a los paramilitares que han contribuido a la verdad y llevan años presos beneficios similares a los que tienen los ex-Farc y los militares en la JEP. Los terceros y los agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública, si lo desean, también pueden someterse a la JEP. Entonces sí, después de que todos digan la verdad, sean juzgados por la justicia transicional y reciban una pena alternativa, se podría hacer ese borrón y cuenta nueva que ahora —¡oh, paradoja!— tanto reclama el irreconocible Álvaro Uribe.

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Patricia Lara Salive

Agosto 20 de 2021

Respeto para Pacho de Roux

 

La frialdad, la negación y el cinismo también sirven para construir el relato del horror. Hay que saber leerlo”, decía en un trino el periodista Félix de Bedout a propósito del encuentro que tuvieron el lunes el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios con el expresidente Álvaro Uribe. Y agregaba que el encuentro le había parecido útil.

Pero además de útil fue importante porque la Comisión de la Verdad —que escucha a quienes quieran dar su versión sobre el conflicto armado, les hace preguntas, contrasta las versiones y llega a conclusiones— no podía dejar de oír a uno de los expresidentes, quien además de ser el mayor opositor al Acuerdo de Paz con las Farc es el jefe del partido de gobierno.

A Uribe había que entrevistarlo a como diera lugar, así fuera en medio de relinchos de caballos y gritos de papagayos, rodeado de hijos malhablados y groseros. (Con el montaje de ese escenario, quien quedó muy mal fue Uribe, no Pacho de Roux). Porque si la Comisión de la Verdad elabora su informe final sin haberlo escuchado, tendrían argumentos para decir que es tan parcializada que ni siquiera tuvo en cuenta la opinión del expresidente, quien representa a cerca de esa tercera parte del país que, como él, se opone al Acuerdo de Paz.

Como dice el padre, en La Habana se hizo la paz entre el Estado y las Farc, pero falta mucho para que la sociedad se reconcilie. Para lograr esa reconciliación, Uribe, si lo quisiera, podría jugar un papel fundamental. De manera que, aunque parezca misión imposible, nada se pierde con que el padre De Roux le ruegue que tenga un poco de generosidad y apoye la paz. A lo mejor Uribe, ante sus ruegos, sienta que antes de llegar al tribunal de Dios le conviene pedirles perdón a las madres de los 6.402 jóvenes asesinados por el Ejército, en virtud de la presión por resultados que él ejerció sobre la institución.

Pero, además, en las respuestas y la actitud de Uribe quedaron en evidencia su frialdad, su negación y su cinismo: de los falsos positivos, tema sobre el que tan enfáticamente lo interrogó el padre, dijo que sus soldados lo habían engañado (¿qué dice el Ejército sobre semejante afirmación?); no aceptó la más mínima responsabilidad, no demostró sentir arrepentimiento ni empatía ante el sufrimiento de las víctimas, a quienes no acepta que se les llame así; se enfureció cuando el presidente de la Comisión de la Verdad le dijo que en el 2008 (entonces Santos era el ministro de Defensa), al tomarse la decisión de destituir a 27 oficiales involucrados en los falsos positivos, estos bajaron de 1.000 a 14 en el año siguiente; se quedó impávido ante la afirmación del padre de que es “muy difícil decir que (los responsables de los falsos positivos) fueron manzanas podridas”, porque fueron muchos; en fin, tuvo nula capacidad de autocrítica. Sin embargo, Uribe aceptó que hubo connivencia entre militares y paramilitares, pero, eso sí, dijo que él la había acabado porque desmovilizó a los paras. (No obstante, la connivencia siguió).

En fin, es mucho lo que se puede decir de ese encuentro. Y falta saber lo que pasó en la reunión privada que siguió a continuación. Pero lo que queda claro es que la Comisión de la Verdad hizo su tarea de escucha y que Francisco de Roux se erigió como un David de una estatura moral muy grande, que no se amedrentó ante Goliat.

Mi apoyo y respeto para Pacho de Roux.

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Patricia Lara Salive

Agosto 13 de 2021

Bienvenido el Nuevo Liberalismo

Recuerdo a Luis Carlos Galán, vestido con ese saco jaspeado en tonos verdes que tanto le gustaba, contándome que iba a recorrer el país porque quería promover una nueva manera de hacer política, en la que el clientelismo y las trapisondas brillaran por su ausencia. Lo veo, casi todos los jueves o viernes, saliendo de afán de las oficinas de la revista Nueva Frontera, dirigida por el expresidente Carlos Lleras y codirigida por él, luego de dejar su columna escrita a mano con esa letra suya que siempre se inclinaba hacia arriba: iba a montarse en un jeep viejo para ir con su primo Alfonso Valdivieso a recorrer Santander, su departamento, y a pregonar su nueva forma de hacer política. Así fue fundando su movimiento, el Nuevo Liberalismo, y librando las más duras batallas, la última de las cuales, contra el narcotráfico y su penetración en la política, los llevó a la muerte a él y al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, su segundo al mando en el movimiento.

Ahora, la Corte Constitucional le dio vía libre a la resurrección del Nuevo Liberalismo, partido que oxigenará la política y, sobre todo, servirá de refugio a las ideas liberales que tienden a quedar asfixiadas entre la izquierda extrema y el neoliberalismo, que nada tiene que ver con el liberalismo de verdad, ese que pregonaban el general Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán, ese que respeta de manera absoluta la libertad de pensamiento y opinión, ese que se sitúa a años luz de cualquier forma de dogmatismo y propugna un país equitativo y menos desigual.

El aterrizaje del Nuevo Liberalismo en la política nos alegra a los liberales irremediables que nos entristecemos por el rumbo que tomó el viejo Partido Liberal, no soportamos la peleadera entre los verdes y los del Pacto Histórico, y seguimos creyendo, como lo repetía el doctor Carlos Lleras Restrepo, que el liberalismo era y debe ser una coalición de matices de izquierda.

Por eso es una muy buena noticia que los hermanos Galán quieran construir un Nuevo Liberalismo en el que no solo militen dirigentes como ellos o Rodrigo Lara Restrepo, sino que esté abierto a nuevas figuras e inviten a participar en él a un verdadero liberal en el sentido filosófico de la palabra, a un ingeniero, economista y humanista de la estatura intelectual y ética del exministro y rector de la Universidad de los Andes: Alejandro Gaviria. Y es una magnífica noticia también que Juan Manuel Galán insista en que Gaviria y la excandidata Íngrid Betancourt participen en la Coalición de la Esperanza. Así, en la consulta interna que esa coalición planea hacer en marzo, tomaría parte un interesante grupo de candidatos que estimularía que esa consulta fuera la de mayor votación. De ellos saldría el candidato único del centro a la Presidencia. Ese atractivo abanico estaría integrado, entre otros, por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Íngrid Betancourt y Jorge Robledo, quien se equivoca al vetar a Gaviria, no solo porque vetaría a un candidato extraordinario, sino porque al hacerlo se arriesgaría a que, al final, el vetado fuera él.

De modo que si la política se enrumba en esa dirección y si los votos sumados de la Coalición de la Esperanza superan los del Pacto Histórico, Petro podría reflexionar y generar movimientos telúricos que garantizaran el triunfo del centroizquierda en la primera vuelta.

Soñar no cuesta nada, ¿verdad?

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agosto 06 de 2021

Patricia Lara Salive

Armas a la basura, vida más segura”

Qué lejos estamos de la época en que el profesor Antanas Mockus pregonaba que “la vida es sagrada”, emprendía como alcalde de la capital una campaña de vacunación contra la violencia, promovía el desarme total y canjeaba las armas que estaban en poder de la gente por bonos que servían para comprar en distintos almacenes mercados, ropa y útiles escolares.

Ahora es otro tiempo, estamos ante otra pedagogía: la de que “el que la hace la paga”, cuando todos los días vemos que, salvo muy contadas excepciones, eso no ocurre. Ahora nos quieren convencer de que la violencia se frena con más violencia y nos encontramos ante el hecho de que dos miembros del partido de gobierno, la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, muy seguramente apoyados por su bancada, insisten en presentar un proyecto de ley que flexibiliza y facilita el porte de armas en este país al que no le cabe una más. Aquí, donde lo único sensato es promover masivamente políticas del estilo de las de Mockus, para que la vida, de verdad, se considere sagrada.

Ese proyecto busca, por supuesto, echar para atrás el Decreto 2515 de 2015 de la administración Santos, que ordenó la suspensión general de los permisos de porte de armas en Colombia.

La argumentación que los congresistas Cabal y Garcés dan en favor de la norma que pretenden imponer es la misma de siempre: que ha aumentado la delincuencia en la ciudad y en el campo y que la gente tiene derecho a defenderse. En lugar de ello, deberían propugnar porque las fuerzas de seguridad fueran de verdad efectivas en el cumplimiento de sus funciones y defendieran a las personas de los peligros que las acechan. Porque ese argumento, el de la defensa y la justicia por mano propia, es el mismo que llevó al nacimiento y la expansión del paramilitarismo, el cual generó decenas de miles crímenes y de atrocidades inenarrables: desmembramientos, mutilaciones, empalamientos, etc.

Por otra parte, si no tienen en cuenta las incontrovertibles estadísticas sobre el impacto positivo del desarme en la disminución de homicidios (por ejemplo, en el mes en que el entonces alcalde Mockus decretó el desarme, se redujeron las muertes violentas en un 22 %), los congresistas uribistas deberían pensar en las horrendas masacres que ha habido en la historia de Estados Unidos por la permisividad absurda que existe en ese país para el porte de armas. Por ejemplo, según una investigación publicada en el 2013 en el Journal of Human Resources, se sabe que entre 2000 y 2010, cuando más de 20 estados de ese país aprobaron leyes que ampliaron la justificación legal para el uso de armas en defensa propia, los homicidios aumentaron un 8 % y la medida no tuvo poder disuasivo sobre los hurtos y las agresiones. Es que es obvio: si a usted le van a robar el celular y desenfunda un arma, lo más probable es que se lo roben y lo maten. Pero si va desarmado, lo más seguro es que sólo lo roben. Si se embarca en una pelea y su contendor está borracho y armado, es muy probable que a usted lo mate. En cambio, si está desarmado, apenas le pega.

Así que lo que hay que hacer, en vez de estimular el porte y uso de armas, es promover el desarme y volver al lema de Mockus, de “armas a la basura, vida más segura”. Y lo que los congresistas Cabal y Garcés tendrían que considerar, más bien, es pedirle al profesor Antanas que les dé un cursito de cultura ciudadana.

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julio 30 de 2021

Patricia Lara Salive

Pura paja, presidente

El presidente Duque, en entrevista con El Espectador, dijo que su gobierno ha hecho más que el anterior para cumplir el Acuerdo de Paz. Pero el tortuoso camino que han recorrido las 16 curules para las víctimas, establecidas en el Acuerdo, prueba que su gobierno dice una cosa y hace otra con respecto a la paz.

El exministro Guillermo Rivera acaba de mandarle un derecho de petición al presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, para que de inmediato cumpla la sentencia del Consejo de Estado que le ordena enviar a Presidencia el texto de la reforma constitucional que crea las curules para las víctimas, para que sea publicado en el diario oficial y entre en vigencia. Como lo recuerda Rivera, el calvario que el Centro Democrático y el gobierno de Duque les han hecho vivir a las curules para las víctimas es el siguiente:

Después de que la bancada uribista, en la que Iván Duque actuaba como senador, se opuso a que las víctimas tuvieran sus 16 curules con el argumento de que estas serían para las Farc, a pesar de que el texto establecía que ni la antigua guerrilla ni los movimientos o partidos representados en el Congreso podrían inscribir candidatos para esas circunscripciones, en noviembre de 2017 el Senado le dio el último debate a la reforma constitucional que las creaba y obtuvo 50 votos a favor. Sin embargo, el conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado de la época, archivó el proyecto porque, según él, no tuvo los votos suficientes ya que, a su juicio, había 102 senadores y no 99, como decía la oposición, que no contaba para conformar el quorum a los tres senadores presos: Ñoño Elías, Musa Besaile y Álvaro Ashton.

Entonces Guillermo Rivera presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra esa declaratoria de archivo, pero el proceso fue muy demorado porque el uribismo y el gobierno desplegaron su artillería: primero, los abogados del nuevo presidente del Senado por el Centro Democrático, Ernesto Macías, le pidieron al Consejo de Estado que no le diera curso al proceso porque, según ellos, una decisión política del Congreso no podía estar sujeta al control judicial del Consejo de Estado. El tribunal desestimó el argumento. No obstante, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opuso entonces a la demanda presentada por Rivera, con un argumento similar al planteado por Macías. El Consejo de Estado volvió a desestimar el argumento. Cuando el proceso ya iba a fallarse, para dilatarlo, varios uribistas pidieron ser aceptados como coadyuvantes para oponerse a la demanda, y cada vez que el tribunal les negaba una petición, presentaban recursos de súplica. Eso tomó más de un año, hasta que finalmente el Consejo de Estado falló a favor de las 16 curules.

Por su parte, el senador Roy Barreras presentó acciones de tutela. Una de ellas fue seleccionada por la Corte Constitucional, que en mayo falló a favor, esgrimiendo el mismo argumento del Consejo de Estado, pero la sentencia no se ha cumplido en ninguno de los dos casos, porque ambos tribunales le ordenaron al presidente del Congreso enviar el texto a Presidencia y él no lo ha hecho.

El presidente Duque, que a lo largo de su gobierno ha dado declaraciones y presentado propuestas para enredar las 16 curules de las víctimas, con el poder que tiene, no ha movido un solo dedo para hacer que las sentencias se cumplan y las curules rijan.

¿Eso es cumplir el Acuerdo de Paz, presidente?

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Patricia Lara Salive

julio 23 de 2021

Dos buenas noticias

Recientemente me referí a dos temas que han tenido desarrollos importantes. Uno es la conveniencia de que se prorrogue el período de la Comisión de la Verdad, que vence en noviembre, pues la pandemia generó una interrupción de casi un año en muchas de sus labores, lo que significó que no disponga del tiempo suficiente para completar su trabajo con el detalle que había planeado.

El otro es la necesidad de que la Fiscalía y la justicia se pronuncien pronto sobre los señalamientos que exparamilitares han hecho de manera general ante el Tribunal de Justicia y Paz sobre las Fuerzas Armadas, a propósito de que estas les habrían suministrado a las Auc listas de personas que debían ser asesinadas, sin que hayan revelado los nombres de los acusados, lo cual hace daño a la credibilidad y al prestigio de las Fuerzas Armadas como institución.

Pues bien, en ambos temas ha habido progresos:

Por una parte, la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender la duración de la Comisión de la Verdad y plantea, justamente, que no debe contabilizarse en su mandato el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto tanto a expertos como a entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por la trayectoria de la Corte y por lo crucial del tema, esperamos que el fallo sea a favor de la prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad.

Por otra parte, la justicia profirió esta semana dos sentencias importantes. De un lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Castañeda, quien se desempeñó como comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde de Casanare Flaminio Cocinero Costo “participaron en un plan criminal ejecutado por las autodefensas” de Martín Llanos contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare), y les entregaron “listados con los nombres de supuestos auxiliadores de grupos guerrilleros (…) En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos”. El Juzgado Único Especializado de Yopal avaló los argumentos del fiscal e impuso las penas respectivas.

De otro lado, la JEP profirió el Auto 125/21 en el que se identificó que, entre 2002 y 2005, algunos miembros del Batallón La Popa (a quienes cita con nombres y apellidos) tenían dos patrones de acciones criminales: el de relacionarse con los grupos paramilitares, en lo que se incluye el suministro de listados de personas para que fueran ejecutadas, y el de la atroz práctica de los llamados falsos positivos producidos como respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. “Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Ambas sentencias son una buena noticia para las Fuerzas Armadas, pues en ellas se señalan con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de esos crímenes y se evita, así, la generalización de la acusación que mancha a la institución como un todo.

De modo que vamos avanzando.

***

Paz en la tumba de Germán Castro Caycedo, maestro del gran reportaje escrito y televisivo. Mi abrazo de condolencia muy estrecho para su esposa, Gloria Moreno, y para los demás miembros de su familia.

 

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Patricia Lara Salive

julio 02 de 2021

 

Que continúe la Comisión de la Verdad

Faltan cuatro meses para que concluya el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), pero es tal el impacto positivo que su labor está teniendo en la conciencia de esta sociedad, tan proclive a aupar el odio, que se debería prorrogar su vigencia por un buen tiempo. O al menos por el año que la Comisión perdió a causa de la pandemia, pues durante ese tiempo a sus miembros les fue imposible ir a las zonas más apartadas a recoger testimonios que les servirían de base para elaborar su informe final.

Ese informe, cuyo propósito es esclarecer los patrones y las causas que han generado el conflicto armado en los últimos 60 años, debe entregarlo a las ramas del poder público y al conjunto de la sociedad en noviembre de este año, cuando concluye su mandato. El decreto que creó la CEV establece que esas conclusiones se deben publicar y socializar durante el mes siguiente a la terminación de su período. Sin embargo, se perderá gran parte del beneficio que podría producir la labor de la CEV si entrega su informe sin disponer del tiempo necesario para hacer una labor de pedagogía profunda a lo largo y ancho del país; si no puede explicarle a Colombia dónde están y cuáles son las raíces del horror que hemos vivido, que tiende a eternizarse; si no cuenta con la logística requerida para hacer que los colombianos entendamos cuáles son los patrones culturales que debemos cambiar con el fin de que cese el desangre y no se repita cada tanto la pesadilla.

Porque el bien que ya ha hecho esta entidad es enorme, así políticos y periodistas fanáticos se empeñen en demeritarlo: ¿quién puede negar el impacto positivo que han generado los muchos encuentros propiciados por la CEV en las víctimas, los victimarios y quienes han escuchado esas intervenciones, en los cuales los victimarios han reconocido sus crímenes y les han pedido perdón a sus víctimas? ¿Quién puede negar el bien que le hizo al país esa entrevista tan profunda que el año pasado le hizo el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, a Íngrid Betancourt? Ella, al reflexionar sobre la degradación que sufrió su dignidad durante los seis largos años que duró secuestrada por las Farc, produjo el milagro de que los antiguos miembros del Secretariado de esa guerrilla enviaran una carta en la que afirmaron: “Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias (…). El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad (…). Tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de (…) cada uno de nosotros”. ¿Y quién puede negar el bien que significa para Colombia que la conclusión del encuentro entre secuestrados y secuestradores propiciado la semana pasada por la CEV haya sido que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud”, como lo señaló Íngrid Betancourt?

Es hora de que le pidamos al Gobierno que prorrogue la vigencia de la CEV, pero no que modifique su misión ni su composición. Solo que le dé un impulso para que siga adelante con esa tarea de verdad y reconciliación que Colombia nunca terminará de agradecerle.

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Patricia Lara Salive

Junio 24 de 2021

Un libro para leer muchas veces

“«Trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella. Ayúdenme»”, cuenta Rodrigo García —en su libro Gabo y Mercedes: una despedida— que decía su padre, Gabriel García Márquez, agobiado por esa enfermedad del olvido que predijo en Cien años de soledad. Esa frase la repetía “muchas veces por hora y por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía: «Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo»”.

En su libro, que ocupa el primer lugar en ventas desde cuando fue publicado hace un mes, Rodrigo se despide de sus padres y narra el fin del Club de los Cuatro, compuesto por ellos, su hermano y él. Lo hace en un texto impecable de 104 páginas, que he leído dos veces y leeré muchas más, porque está lleno de ternura, distancia, cercanía, sinceridad y amor, se atreve a revelar los detalles más humanos del impacto de la enfermedad en Gabo y se aproxima a su final con tal maestría que, con seguridad, él, quien siempre lamentó que su muerte fuera la única faceta de su vida sobre la cual no podría escribir, estaría orgulloso de la perfección con que la narró su hijo. (“Mis hijos me han quedado mejor hechos que mis libros”, me dijo Gabo una vez).

Pero Rodrigo no se detiene solo en la enfermedad y en la muerte de sus padres, sino que a través de esas pocas páginas los retrata: a Gabo, con su disciplina de hierro, su capacidad de concentración, su sentido del humor, su interés por la música y por la gente (por toda la gente, desde los reyes y los presidentes hasta las cocineras y los choferes); a Mercedes, con su complejidad y su dureza acompañada de ternura a la vez.

Rodrigo, espléndido director de cine, ha hecho, pues, un libro magistral, dedicado a su hermano Gonzalo. Sostiene que no escribirá otros libros. Sin embargo, escudriñándolo más, confiesa que a lo mejor escriba uno sobre sus hijas. “Este fue sobre la relación hacia arriba, el otro sería sobre la relación hacia abajo; pero me estoy recuperando de este libro todavía”, dice. “La muerte de un segundo padre es como si se acabara un planeta. Hay esa sensación de ¡guau!: ¿a dónde se fue todo aquello? Y, claro, ¡no se ha ido!”, afirma, porque, como dice en la última frase de su libro, “por ahora todavía estoy aquí, pensando en ellos”.

Como estoy aquí yo pensando en ti, Herman Moreno, neurocientífico brillante, discípulo predilecto de Rodolfo Llinás. Herman, ser humano de los grandes, ensayista, dramaturgo, melómano, lector voraz, gran conversador, gocetas, el mejor de los amigos... ¿Quién iba a imaginarse que se iría tan pronto, a los 56 años, con tantas investigaciones por concluir sobre el mal de Alzheimer y el impacto de las enfermedades metabólicas en la capacidad cognitiva, con tanto por disfrutar y por vivir… Sin embargo, un cáncer de páncreas fulminante lo truncó todo. Pero quedaron sus textos científicos, su obra de teatro, sus ensayos, sus reflexiones, la huella que estampó en sus alumnos, los buenos recuerdos que dejó en su familia y sus amigos… Para su madre, su familia y amigos, mis sentidas condolencias. Para el doctor Llinás, quien me escribió que “la pérdida de un colega y amigo como lo fue Herman es una catástrofe emocional”, un abrazo grande. Y para ti, Herman Moreno, mi cariño y gratitud sin límites. Y ahora, tú, descansa en paz.

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Patricia Lara Salive

Junio 17 de 2021

Una oportunidad para desembarrarla, presidente

Después de meter tanto la pata en política internacional, al presidente Duque se le va a presentar una oportunidad de oro para desembarrarla: el miércoles, la Asamblea General de la ONU votará, por vigesimoséptima vez, la resolución sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo” de EE. UU. a Cuba.

Como recuerdan, el 17 de noviembre de 2019 Colombia se abstuvo, por primera vez desde 1992, de votar a favor de su levantamiento. Mientras 187 naciones apoyaron la resolución y solo tres se opusieron (EE. UU., Israel y el Brasil de Bolsonaro), ¡Colombia adoptó la posición de Ucrania! y se abstuvo porque, según el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.), Cuba albergaba a terroristas. Se refería a que en la isla se encuentra la delegación de paz del Eln y a que Cuba se niega a extraditarlos, como Duque plantea, pues como país garante de los diálogos de paz, junto con Noruega, no puede desconocer los protocolos que en caso de ruptura de las negociaciones rigen entre el Estado colombiano y el Eln.La hostilidad de Duque hacia Cuba ha sido inexplicable y llegó a tal punto que el 14 de mayo del 2020 el entonces comisionado de Paz, Miguel Ceballos, celebró la inclusión de Cuba por parte de EE. UU. en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, y afirmó que dicha inclusión constituía “un espaldarazo del gobierno de EE. UU. a Colombia”. ¿Quería decir que el gobierno de Duque había hecho lobby para que los gringos incluyeran a Cuba en semejante lista? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esa guerrita terminó en que, poco antes de acabar su período, Trump incluyó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, con lo que se intensificó el bloqueo. Ahora, en desarrollo de esa medida, los cubanos no pueden hacer transacciones con los dólares que hay en sus bancos, lo cual, entre otros desastres, causa que se retarde la producción de vacunas contra el COVID-19.

Hasta ahí, con la información que se tenía, la actitud de Colombia hacia Cuba se podía interpretar como intransigente y dura, aunque de principios. Pero cuando el entonces comisionado Ceballos reveló, hace más de un mes, que desde diciembre del 2019 comenzaron las exploraciones del Gobierno con miras a reanudar los diálogos con el Eln y que en ese período se realizaron 28 encuentros —22 en la sede de la Nunciatura en Bogotá, seis en la Casa de Nariño con la participación de Duque y cuatro viajes a La Habana—, la actitud de Colombia se reveló servil con el gobierno de Trump, torcida e hipócrita.

Sin embargo, las cosas han cambiado: en la Casa Blanca ya no está Trump, a quien Duque le apostó todo a favor. Está Biden, un demócrata cuya prioridad, en el caso de Colombia, es que se respeten los derechos humanos y se implemente el Acuerdo de Paz. Además, Biden está revisando la política de Trump con respecto a La Habana y es muy probable que flexibilice los viajes a Cuba, que se vuelva a permitir el envío de remesas desde EE. UU. y que se retire a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Así las cosas, si el miércoles, por la misma razón del 2019, Colombia se vuelve a abstener en la ONU de condenar el bloqueo, no solo quedará ante el mundo como un país incoherente, sino que perderá la oportunidad de mejorar y “deselenizar” la relación con Cuba y, muy probablemente, volverá a aparecer a los ojos de Biden como un país nostálgico de Trump. Y esa sensación, justamente, es la que Duque intenta cambiar.

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Patricia Lara Salive

junio 10 de 2021

Mejor a las buenas, así el ministro de Injusticia diga lo contrario

Que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, diga por TV: “Empresarios, les ruego un favor, no se dejen enredar con ese decreto que sacó el alcalde”, es un escándalo que atenta contra el Estado de derecho. Pero lo es mucho más si se examina por qué lo dice.

Resulta que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, emitió el Decreto 304 del 2021 por el cual “se institucionaliza la mesa de diálogo”. Gracias a la colaboración de la Iglesia y del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve; a la cooperación de las universidades y los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, y a la participación de empresarios, se han logrado acuerdos con los jóvenes de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s. Por ello se levantaron a las buenas 21 de los 25 bloqueos que quedaban en Cali. (Otros dos los había levantado a las malas la Fuerza Pública, con un saldo de tres muertos, entre ellos un policía, y seis habían terminado espontáneamente cuando el presidente Duque anunció la asistencia militar). Aún quedan cuatro que se espera se suspendan cuando se establezca el plan de inclusión social de emergencia. (Este miércoles de paro se hicieron otros bloqueos que se cree serán transitorios).

Lo anterior se ha logrado gracias a que el decreto reconoció como actor a la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s y como cooperantes a la minga indígena, el sector académico y entidades de cooperación internacional; a que se han acordado con los jóvenes programas de emergencia que contemplan ollas comunitarias, planes de empleo, atención psicosocial y de salud, y garantías de seguridad; a que se ha creado un comité interinstitucional conformado por Alcaldía, Gobernación, universidades, gremios y empresarios, “donde todos ponen para sacar adelante este plan de choque que ha venido funcionando progresivamente”, según el alcalde. “Veo mucha disposición de los empresarios. Ellos quisieran que de inmediato todo estuviera desbloqueado, pero los términos de negociación son más largos”, agrega.

Según otras fuentes, varios empresarios están empezando a darse cuenta de que el diálogo es la mejor vía para superar la crisis. El reconocimiento como actor que la Alcaldía hizo de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s había levantado roncha en los sectores altos, pues, con cierta razón, consideraban que no se podían legitimar las vías de hecho.

Sin embargo, antes que la discusión jurídica debe prevalecer el sentido de la realidad, el cual, en este caso, significa entender que esos jóvenes, si bien llevan pasamontañas y escudos, en realidad son bailarines de salsa, universitarios, barberos, constructores, drogadictos, desescolarizados, desempleados o víctimas de la exclusión que quieren vivir con dignidad y, ante el anuncio de una reforma tributaria que los afectaría aún más, se manifestaron de forma violenta, bloquearon las calles y algunos participaron en saqueos. Ellos no están vinculados al Comité de Paro ni siguen a ningún político. Como me explicó monseñor, necesitan una renta básica, trabajo y oportunidades: “Esta protesta pacífica es un grito ético, un llamado de atención de esta gente que quiere presionar por todos lados para que la liberen de la corrupción, pues están siendo empujados a buscar dinero por los caminos no debidos”.

Los poderes locales, los empresarios y todos estamos obligados a ayudarles a que no caigan en el mundo del crimen. Así el ministro de Injusticia opine lo contrario.

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Patricia Lara Salive 

junio 03 de 2021

Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano

 

Ahora que se han publicado editoriales advirtiendo el peligro que significan los ataques contra manifestantes realizados por civiles armados en presencia de policías que parecen ciegos, sordos y mudos, es decir, ahora que muchos claman porque no prospere el paramilitarismo urbano, vale la pena recordar, para que el fenómeno no se repita en las ciudades, que el paramilitarismo rural creció y se consolidó gracias a la complicidad de sectores militares, políticos y empresariales.

Para corroborarlo, no es sino leer lo dicho en el 2009 por Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante el Tribunal de Justicia y Paz. (No obstante, el general Rito Alejo del Río —a quien Uribe ofreció, en 1999, un homenaje de desagravio por las investigaciones que se hacían en su contra por vínculos con paramilitares— acaba de asegurar en la JEP que él jamás se reunió con las Auc).

Dijo Mancuso: “A Rito Alejo del Río lo conocí en el Nudo de Paramillo, en una primera reunión que se hizo en El Diamante junto con Carlos Castaño (y) Rodrigo Doble Cero. Y luego en otra reunión en un sitio llamado 21 (…), entre San Pedro de Urabá y Valencia (...), donde (estuvimos) Carlos Castaño, Alemán (y) yo”.

“¿Se reunía con frecuencia con el general Rito Alejo?”, le preguntó el juez.

“Así es, doctor. Yo estuve en la Brigada XVII (…) patrullando con el Ejército (…). Entramos al latifundio donde quedaba el campamento madre del Bloque José María Córdova y allá nos recogió un helicóptero, porque se estaban tomando Urrá y secuestraron a los suecos constructores de Urrá. El helicóptero que nos recogió tenía que aterrizar en Tierralta, porque yo iba a apoyar las tropas del Ejército (…). Me descargaron a mí con los hombres: estábamos en ese momento como 12 (o) 13 hombres en la Brigada XVII. Llegamos barbados, con fusiles (que) nos puso el Ejército, M-16, AUG MK-47, y dormimos allá (…). Esa noche me reuní con el comandante de la Brigada XVII (y con) el de la XI (…). Yo hablaba por radio de comunicaciones del Ejército, por teléfono con ambos (…). Al día siguiente me sacaron hasta (…) la base militar de Tierralta. Ahí (…) planificamos la operación de rescate de los suecos, pero ya la guerrilla llevaba muchísima ventaja (…). Hubo combates fuertísimos (…). Yo antes combatía hombro a hombro con el Ejército (…). Ahora todo el mundo niega que combatía a mi lado (…), que me conocía (…). El paramilitarismo de Estado y las operaciones encubiertas no fueron el producto de algunas mentes enfermizas (…); tampoco, el resultado de la reacción fanatizada de algunos oficiales (…). Tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción (…) que se señala en las academias militares (…) y se (difundió) entre los llamados sectores dirigentes del campo político y económico”. Hasta ahí las palabras de Mancuso.

Ahora, si el presidente, el director de la Policía y demás autoridades y estamentos civiles y militares no toman conciencia del peligro en que estamos, si no descalifican de manera contundente y muy pública cada transgresión policial y cada complicidad con el hecho de que civiles ejerzan justicia por su propia mano, hoy se puede cocinar un paramilitarismo urbano que resulte de la aplicación de una política de “dejar hacer, dejar pasar”, venida desde lo alto... Eso sería nefasto y volvería definitivamente invivible el país urbano, como invivible se volvió durante años gran parte de la Colombia rural.

 

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Patricia Lara Salive

27 de mayo de 2021

Duque, igual a Maduro

Así es: uno acaba pareciéndose a quien más ha combatido. Eso es lo que le está sucediendo al presidente Iván Duque con su homólogo Nicolás Maduro: tanto criticarlo, tanto armar conspiraciones de camiones en fila (parece un chiste, pero es verdad) para tumbarlo, tanto criticar a los organismos de control de Venezuela porque están cooptados por el gobierno y no son confiables, tanto rasgarse las vestiduras porque en enero del 2020 Maduro le negó la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ir a Venezuela a investigar la situación de los derechos humanos, ¿y Duque, por intermedio de su canciller, Marta Lucía Ramírez, acaba haciendo lo mismo? ¡No hay derecho!

Pero hay algo que hace más vergonzosa la posición de Colombia: el argumento que utilizó Maduro para rechazar la solicitud de ingreso a su país de la CIDH fue que Venezuela no pertenece a la OEA desde abril de 2019 y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a los lineamientos de esa organización. En cambio Colombia, que no solo pertenece a la OEA, sino que la considera hoy el organismo multilateral más afín a su política, le respondió al presidente de esa entidad, Luis Almagro —quien además era uno de los más obsecuentes seguidores de la política de Trump y de Duque para América Latina (de esos, supongo yo, que le hacían eco al cuento del castrochavismo)—, que por ahora no autoriza el ingreso al país de la CIDH. “Hemos dicho que todas las visitas (son) bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, contestó la canciller.

Mejor dicho, en este país en el que 73 años después aún no se sabe quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, donde las investigaciones por los homicidios de José Antequera, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y muchos más llevan enredadas más de tres décadas, y sobre el asesinato del estudiante Dilan Cruz, ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2019, la Fiscalía acaba de decir que a él no lo mataron sino que Dilan se le atravesó al proyectil, la canciller le responde a la OEA que la CIDH será muy bien recibida en Colombia cuando los organismos de control concluyan sus pesquisas: es decir, nunca.

Mientras tanto, el paro sigue y las manifestaciones continúan, ocurren abusos y crímenes de un lado y otro, los bloqueos desesperan a la población, los víveres escasean y se encarecen, los productores de alimentos quiebran, se mueren dos bebés que no son atendidos a tiempo porque sus ambulancias quedan detenidas por la obstrucción de las vías, la violencia aumenta, incendian el Palacio de Justicia de Tuluá... ¿y qué más? Cualquier cosa puede pasar.

No obstante, todo podría empezar a mejorar si el presidente mostrara alguna empatía con las víctimas, si les pidiera perdón, si diera el primer paso, como le sugirió Alejandro Gaviria; si en vez de disfrazarse de policía descalificara de inmediato el más mínimo abuso policial; si permitiera y además estimulara el ingreso al país de la CIDH para hacer esas investigaciones a fondo que la gente reclama en las calles y que los organismos de control, por estar cooptados por el Gobierno, no realizan. Así se podría empezar a solucionar la crisis, pero para ello sería necesario que el presidente empezara a conectarse con la realidad.

Nota. Esta columna se escribió antes de que el Gobierno, por fin, autorizara el ingreso de la CIDH.

 

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Patricia Lara Salive

Mayo 20 de 2021

Intolerancia a la carta

Como hija de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, me impacta la falta de tolerancia”, dice Estela Goldstein, presidenta del ancianato judío Beit Avot y una de las asistentes al encuentro que se realizó el pasado viernes entre miembros de la comunidad judía, el embajador de Israel y el candidato Gustavo Petro, en casa del empresario Jean Claude Bessudo y de su esposa, Danielle.

Pero antes de hablar de esa reunión —por cuya causa Bessudo ha recibido en las redes toda clase de improperios y cartas provenientes de representantes de la extrema derecha—, vale la pena ilustrar la dimensión del drama que, por la discriminación, el racismo y la falta de tolerancia, padecieron los padres de Estela en la época de Hitler, por el solo hecho de ser judíos. Resulta que ellos, quienes pasaron la guerra escondiéndose en Polonia, en esa época tuvieron un niño. Y el “amigo” que los escondía sintió tanto miedo de que los nazis los descubrieran en su casa, que mató al bebé.

Ya entenderán ustedes por qué a Goldstein la afecta tanto la falta de tolerancia que se ha expandido en Colombia, a tal punto que se arme semejante escándalo porque un grupo de judíos se reúne con el candidato de la izquierda, quien puntea en las encuestas y es considerado por la derecha como una especie de Satanás. Sin embargo, como dice uno de los asistentes a la reunión, no fueron la comunidad judía ni el Estado de Israel los que validaron a Petro, sino la sociedad colombiana, que lo eligió alcalde de Bogotá, que le dio ocho millones de votos y que lo tiene como senador con un sueldo pagado por el Estado. De manera que, como afirma la fuente, “las acusaciones son ridículas. Además, si uno se encuentra con alguien, no significa que apoye sus ideas”. Y, como dice Bessudo, “la polarización sólo conduce al odio y a la violencia; la única manera de bajarle a la violencia y a la polarización es conociéndonos los unos y los otros. Por otra parte, en mi colegio, el Liceo Francés, me enseñaron a formarme mi propia opinión”.

Para formarse su propia opinión, la comunidad judía escuchó a Petro, como acostumbra hacerlo con otros candidatos. Los Bessudo prestaron su casa para ello y les sirvieron a las 34 personas presentes (22 integrantes de la comunidad, Petro, tres acompañantes suyos y ocho miembros de la familia Bessudo) un almuerzo compuesto por lomo a la pimienta, pollo barbecue, papas con paprika, ensalada, flan de chocolate con almendras y buen vino.

La reunión no era fácil para nadie. Pero después de hora y media, durante la cual Petro habló de las relaciones con Israel, del desarrollo agrícola e industrial, del carbón y el petróleo, de la necesidad de que la Policía se convierta en un cuerpo civil que no dependa del Ministerio de Defensa, el almuerzo terminó de manera cordial. Unos “quedaron inconformes y otros interesados”, afirma Estela Goldstein, quien salió contenta de haber asistido a ese encuentro que, según ella, constituyó “una muestra de democracia, de apertura y de tolerancia”. Así les haya sabido a cacho a los campeones de la polarización, como el periodista Gustavo Rugeles y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Además, no solo es importante que los empresarios conozcan a Petro, quien tiene chances de convertirse en presidente, sino que Petro escuche a los empresarios, pues no hay nada más difícil que construir y mantener una empresa. Y nada más fácil que destruirla.

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Patricia Lara Salive

Mayo 13 de 2021

Hipócrita y desleal

Como diría la escritora Laura Restrepo, esta es la “historia de una traición”. Pero además es la prueba del manejo irresponsable, hipócrita y desleal que el gobierno de Duque les ha dado a las relaciones con Cuba. Para corroborarlo, no es sino mirar esta cronología:

1) El 17 de enero de 2019, el Eln explota un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá y asesina a 22 cadetes. Entonces, con toda razón, Duque rompe los diálogos con esa guerrilla.

2) Cinco días después, Duque le solicita a Cuba que extradite a los miembros de la Delegación de Paz del Eln que están en La Habana, desconociendo así los protocolos que, en caso de ruptura, rigen entre el Estado colombiano y el Eln, de los cuales Noruega y Cuba son garantes.

3) Durante 2019, Duque le insiste a Cuba en su pedido de extradición de los elenos.

4) El 17 de noviembre, Colombia se abstiene, por primera vez en muchos años, de condenar en la Asamblea General de la ONU el bloqueo de EE. UU. a Cuba. El canciller Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.) dice que la abstención de Colombia obedece a que Cuba alberga a terroristas.

5) Un mes después (hace 17 meses, según reciente entrevista del comisionado de Paz, Miguel Ceballos), comienzan “las exploraciones” con miras a reanudar los diálogos entre el gobierno de Duque y el Eln. Dice él que en ese período se han realizado 28 encuentros, 22 en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bogotá y seis en la Casa de Nariño con la participación de Duque, además de cuatro viajes a La Habana.

6) El 18 de febrero de 2020, con la aprobación de Colombia, el representante del Vaticano, padre Darío Echeverri, y el del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, viajan a La Habana en vuelo privado para hablar con Pablo Beltrán y otros miembros del Eln.

7) El 14 de mayo, el comisionado Ceballos celebra la inclusión de Cuba, por parte de EE. UU., en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, y afirma que dicha inclusión constituye “un espaldarazo del gobierno de EE. UU. a Colombia”.

8) El 20 de mayo, con el mismo propósito, Ruiz Massieu y el padre Darío Echeverri vuelven a viajar a La Habana.

9) El 1° de junio, la Cancillería cubana emite un comunicado en el que rechaza las declaraciones de Ceballos y le pide a Colombia que aclare “si la afirmación formulada por (él) constituye la posición oficial” del gobierno de Duque.

10) El 8 de septiembre repiten el viaje a La Habana el padre Darío Echeverri y Ruiz Massieu con el fin de dialogar con los elenos.

11) El 11 de enero de 2021, el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, con lo cual se intensifica el bloqueo y se ocasionan millonarios perjuicios económicos a la isla y a sus pobladores.

12) El 11 de febrero, viajan de nuevo a La Habana, para hablar con el Eln, Ruiz Massieu y el padre Darío Echeverri, con el beneplácito del gobierno de Duque. Como me dijeron ambos, esas visitas no hubieran sido posibles sin el apoyo de Cuba.

13) El 7 de mayo, Colombia expulsa al diplomático cubano Omar García, quien se ocupaba de las relaciones de la Embajada de Cuba con los partidos políticos, con las organizaciones sociales y con el Movimiento de Solidaridad con Cuba, y les hacía propaganda por Twitter a las vacunas cubanas contra el COVID-19.

Si ese no ha sido un manejo desleal, hipócrita e irresponsable de las relaciones del gobierno de Duque con Cuba, ¿de qué otra forma puede calificarse?

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Patricia Lara Salive

06 de mayo de 2021

La misma pendejada

En este paro, el presidente Iván Duque está haciendo la misma pendejada que hizo en el paro de noviembre del 2019, pero peor. Por una parte, retiró su esperpento de reforma tributaria después de cuatro días de paro, cuando ya habían matado a raíz de las protestas, según Indepaz, a 31 personas, entre ellas a un capitán; ya la Policía había cometido 170 agresiones contra la población civil, y ya habían desaparecido a 89 personas. Por otra parte —al igual que en el paro del 2019, cuando Duque se inventó la tal conversación nacional que terminó en nada y excluyó, en la práctica, al Comité del Paro—, el presidente convocó a un diálogo difuso, en el que aparentará que hablará con todos para no hablar con nadie. Y ahora también, en lugar de liderar el diálogo él, como tiene que ser, pues el primer deber de un presidente es conseguir que el país no se desintegre en sus manos, puso a liderarlo no a Diego Molano, hoy ministro de Defensa, quien mostraba tener cierta capacidad de concertación, sino a Miguel Ceballos, el comisionado de Guerra —mas no de Paz—, pues allí donde él mete las narices desbarata cualquier posibilidad de consenso o de acuerdo entre las partes en conflicto.

Es que la agenda pero sobre todo las fechas del diálogo darían risa, si no fuera por lo angustioso de la situación. Hoy, miércoles, cuando escribo esta columna, Bogotá amanece con la noticia de que la víspera hubo 91 heridos, entre ellos 19 policías, y que en Usme se llegó a la barbarie de incendiar un CAI con 10 policías adentro que por fortuna escaparon. En Cali se habla de que ha habido cerca de 30 muertos, 125 policías heridos y el alcalde convoca a una marcha para garantizar un corredor humanitario que facilite el abastecimiento de alimentos y medicinas. Y el expresidente Uribe incita con trinos a la violencia o muestra a policías desmoralizados y en llanto. Mientras tanto, el comisionado Ceballos esperará hasta el lunes para reunirse con el Comité del Paro. (¿Quedará país el 10 de mayo, presidente?). Hoy, 5 de mayo, cuando escribo esta columna, el paro sigue. Y sólo hasta el 7 Ceballos empezará a dialogar con alcaldes de capitales; el 8, con gobernadores; el 10, con el Comité del Paro; el 12, con estudiantes; el 13, con los alcaldes de los municipios PDET; el 14, con los partidos políticos; el 17, con los transportadores; el 18, con representantes de la Acción Comunal, y el 20, con los gremios.

¡Por Dios, presidente Duque! ¿No le parece que usted, en persona, debe reunirse de inmediato con Gustavo Petro, el líder de la oposición, y con los jefes de los demás partidos y grupos que se opusieron a su reforma tributaria? ¿No cree que debe hablar usted, también, con el Comité del Paro? ¿Y no piensa que tiene que convocar a los expresidentes, incluido Juan Manuel Santos, quien se ofreció a ayudarle a superar esta crisis?

Deje de seguir utilizando el sistema de dialogar yo con yo, porque con él está llevando el país al abismo, presidente. Un gobernante llega a acuerdos con sus opositores, no con sus áulicos. Recuerde al presidente Carlos Lleras cuando estando ad portas de un paro enorme citó a Palacio a los dirigentes de todas las centrales obreras y les dijo: de aquí no salen hasta que no lleguemos a un acuerdo. Así fue: luego de dos extenuantes días y noches sin dormir, presidente y centrales lograron un acuerdo. Y no hubo paro.

¡Gobierne, presidente!

Posdata. Si declara la conmoción interior, todo será peor, presidente.

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Patricia Lara Salive

Abril 22 de 2021

Nadie se conmueve

Aquí parece que nadie se conmueve, o se conmueven pocos… Porque la noticia de que el 92 % de los ex-Farc asesinados han sido comparecientes ante la JEP tendría que alarmarnos a todos, empezando por el presidente y su fiscal general (porque es suyo no más). Pero aquí no pasa eso. Aquí Yamid Amat le pregunta a Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, si eso significa que a quien comparezca ante ese tribunal lo matan, y él responde que la paz peligra, porque si los comparecientes son asesinados y no terminan de aportar su verdad, sus compañeros y las víctimas temerán hacerlo, y tampoco casi nadie se conmueve.

Lo más grave es que si el 92 % de los asesinados de las antiguas Farc han sido comparecientes ante la JEP, eso significa, ni más ni menos, que lo más seguro es que el móvil de esos crímenes haya sido evitar que revelen la verdad, y no, como han dicho fiscales y ministros de Defensa, líos de faldas, venganzas, disputas familiares o el regreso de los exguerrilleros a sus antiguos malos pasos. Obviamente, en ocasiones, esos móviles deben existir. Pero ese 92 % es demasiado alto como para no pensar que el propósito principal de esos homicidios haya sido silenciar y amedrentar a los comparecientes.

Ante esa situación, un verdadero fiscal general y un verdadero comisionado de Paz actuarían de inmediato. Y un defensor del Pueblo comprometido con su misión hubiera asistido de manera presencial, no virtual, a la reunión que realizaron los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad, y los directores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Unidad de Investigación y Acusación, acompañados por los presidentes de las altas cortes y por varios funcionarios de Naciones Unidas.

El defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, tenía la obligación de asistir, porque el propósito de semejante reunión era entregarle una carta de 55 páginas en la que le exponen la situación de los asesinatos de defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc. También le solicitan que emita, a propósito de ese genocidio, una resolución defensorial, principal herramienta que tiene la Defensoría del Pueblo para denunciar vulneraciones a los derechos humanos y que constituye un mandato moral para que el Gobierno actúe. Pero no: el defensor emitió por Zoom una declaración babosa, en la que no increpa al Gobierno ni se compromete en concreto a nada. Tampoco intercambió opiniones con tan importantes asistentes ni participó, ni siquiera virtualmente, en la rueda de prensa que hubo a continuación. Es decir, no demostró la voluntad política que tenía Carlos Alfonso Negret, su antecesor, para defender la paz.

Y un presidente de verdad interesado en detener las muertes de excombatientes y defensores de derechos humanos tendría funcionando a todo vapor la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, para desmantelar las conductas y los grupos criminales, incluidos los herederos del paramilitarismo. Pero como Cifuentes le dijo a Yamid, esa Comisión, que se debe reunir mensualmente, no está actuando. Quien la preside, de manera indelegable, es el presidente de la República, que en sus 32 meses de mandato solo ha asistido a seis de sus reuniones.

Entonces, dadas estas consideraciones, abundan las razones para que la Corte Constitucional declare que, efectivamente, existe una vulneración masiva del Acuerdo de Paz.

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Patricia Lara Salive

abril 15 de 2021

Presidente y minsalud, entren en razón

Ahora que el coronavirus en Colombia se torna angustioso, hay demoras en los envíos de la vacuna Sinovac y EE. UU. recomienda suspender la vacuna de Johnson & Johnson —como ocurre en Alemania con la de AstraZeneca para menores de 60 años—, ha llegado el momento de que el presidente Iván Duque abandone su sectarismo, componga la relación con Cuba e importe sus vacunas, para que termine de inmunizar este año a toda nuestra población. Y, además, para que esté en capacidad de volver a vacunarla en un tiempo, pues no se sabe aún cuánto durará la inmunidad generada por las vacunas.

El presidente debe pensar que lo que importa no es que la vacuna sea “castrochavista”, sino que salve vidas de colombianos y, de paso, que salve la economía, pues esta no terminará de recuperarse mientras haya gente que tema salir de su casa. Ese miedo solo desaparecerá cuando la población entera esté vacunada. A decir verdad, nuestras perspectivas no son tan halagüeñas como las pinta Duque, quien ha dicho que al final del año habrá vacunado a 35 millones de colombianos. La realidad epidemiológica es que terminar esta etapa de vacunación en Colombia demorará 687 días —casi dos años—, según calcula el portal Timetoherd.com, que tiene en cuenta variables como la disponibilidad y producción de vacunas, las compras realizadas y la capacidad de los países.

Pero miremos qué puede ofrecernos Cuba: por una parte, el envío, a un precio razonable, probablemente en el próximo semestre, de un gran número de vacunas Soberana 02 y Abdala, que pronto terminarán la fase III de ensayo clínico y ya están en ensayo de intervención poblacional controlado, lo que significa que superaron la etapa del placebo y están siendo aplicadas al personal médico de primera línea y a los científicos. (La meta de Cuba es producir este año 100 millones de vacunas, inmunizar a toda la población y a los turistas, y exportar vacunas a países que han manifestado interés). La Soberana Plus entró en fase II y sería ideal para aplicarla a niños, mayores de 80 años y convalecientes de COVID-19, para que estos aumenten su respuesta inmunológica. Y la Mambisa y la Soberana 01 están en fase I.

Pero lo más interesante es que Cuba puede transferir a Colombia, en muy poco tiempo, la tecnología para montar su propia producción de vacunas en la fase final, a partir del ingrediente farmacéutico que le suministraría la isla, como se hará en Irán y Venezuela, que pronto empezará a producir dos millones mensuales de dosis.

Además, las vacunas cubanas tienen la ventaja de que se pueden almacenar en neveras a una temperatura que oscila entre 2 °C y 8 °C, lo cual reduce los costos y complicaciones logísticas.

Ahora, hay que decir que ese desarrollo de las vacunas cubanas no es gratuito pues, debido al bloqueo económico, Fidel Castro se empeñó en convertir la isla en una potencia biotecnológica. Por eso inventaron vacunas contra la meningitis b, la hepatitis b, la Haemophilus influenzae tipo b y, según The New York Times, fabrican ocho de las 12 vacunas que se les aplican a los niños.

Así que es muy urgente que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ahora se llene de paciencia y valor, y convenza al presidente de que deje la pendejada, se acerque a Cuba y haga una buena negociación para que nos venda las vacunas contra el COVID-19 que vamos a necesitar por muchos años.

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Patricia Lara Salive

Abril 08 de 2021

El caso Fajardo, vergüenza para la Fiscalía

El plan del fiscal Francisco Barbosa de llevar a la cárcel al exgobernador Sergio Fajardo, el candidato presidencial más opcionado de la coalición de centro, por no haber previsto que el dólar podría subir (como también hubiera podido bajar) al contraer en el 2013 una deuda de US$77 millones para la Gobernación de Antioquia, es un despropósito de tal magnitud que denota, por una parte, una ignorancia inmensa en asuntos económicos y penales y, por otra, una torcida intención política del fiscal.

Veamos: en cuanto al aspecto económico, vale la pena recordar la opinión que en este diario dio el economista Salomón Kalmanovitz. Según él, adquirir deudas en dólares tiene ventajas porque, por lo general, las tasas de interés son más bajas que en el mercado bancario colombiano y los plazos son más largos. Claro que existe el riesgo de cambio, pero “en general los beneficios de un crédito externo superan sus posibles desventajas”. Y claro que Fajardo hubiera podido tomar un seguro cambiario, pero esos seguros son costosos. Si el dólar hubiera bajado, a lo mejor lo hubieran acusado de detrimento patrimonial.

Y en cuanto al aspecto político, la intención torcida del fiscal es evidente: por una parte, a un año de las elecciones presidenciales, desengavetó una investigación que llevaba dormida cinco años y que había sido solicitada a la Fiscalía por un funcionario del sucesor de Fajardo en la Gobernación, su enemigo Luis Pérez. Por otra, son varios los ejemplos de que el fiscal no utiliza la misma vara para medir los actos de los funcionarios. Es decir, los acusa o no según sus preferencias políticas. Por ejemplo, Noticias Uno recordó cómo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el 2004, cuando también era ministro de Hacienda pero de Álvaro Uribe, hizo una transacción por US$500 millones a una tasa cercana a los $2.700, pero tres años después el dólar cayó por debajo de los $1.800. Si se hubiera esperado, el fisco se habría ahorrado cerca de $400.000 millones. Pero por ese caso la Fiscalía no le ha imputado cargos a Carrasquilla. Como bien lo dice Kalmanovitz, “cuando comenzó el gobierno Duque, la deuda pública era del 47 % del PIB y en su tercer año supera el 64 %. En 2020, casi dos tercios de la deuda del Gobierno central correspondían a obligaciones en dólares. ¿Por qué el fiscal no les abre cargos a Iván Duque y Alberto Carrasquilla por haberse endeudado de esa manera, en momentos de intensa penuria fiscal, sin prever que el dólar subiría más de $300 en el primer trimestre de 2021? (…) Si Fajardo termina en la cárcel e inhabilitado para participar en la justa presidencial de 2022”, concluye Kalmanovitz, “Duque y Carrasquilla deberían ser destituidos y enjuiciados”.

En verdad, no hay derecho a que mientras se han cometido más de 1.000 asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, cuyos autores intelectuales es indispensable que la Fiscalía descubra, esta se dedique a desperdiciar sus recursos inculpando a inocentes y persiguiendo a los opositores y rivales políticos del presidente y sus amigos.

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Patricia Lara Salive

marzo 25 de 2021

Uribe, a la baja

Parece que la historia está comenzando a hacer justicia: mientras que la imagen positiva del expresidente Álvaro Uribe se deteriora, la de su sucesor, Juan Manuel Santos, muestra un claro ascenso, a tal punto que, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM&, Santos es el expresidente con mejor imagen. La percepción positiva de Santos sobrepasa la de Uribe en 10 puntos, cuando hace un tiempo ocurría lo contrario. Y mientras la imagen favorable de Santos (54 %) está 16 puntos por encima de su imagen desfavorable (38 %), la imagen negativa de Uribe (47 %) supera en tres puntos su imagen favorable (44 %).

Las razones de que esto esté ocurriendo son obvias: por una parte, mientras Santos ha mantenido una actitud discreta con respecto al gobierno del uribista Iván Duque y lo ha dejado gobernar sin interferir en su gestión ni hacerle esa oposición virulenta que a él tocó aguantarle a Uribe, este ha seguido atacando a Santos, lanzándole dardos envenenados al proceso de paz e inventándose toda clase de propuestas para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que tanto le preocupa y lo atormenta. Pero ya, por fortuna, parece que la gente se mamó de la peleadera.

Sin embargo, lo que más ha perjudicado a Uribe es el espectáculo de manipulación de la justicia que han dado tanto él como sus defensores: primero fue su renuncia al Senado para evadir su juicio ante la Corte Suprema y ponerse en manos de la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, un compinche de juventud del presidente Duque. No obstante, tiempo atrás, el propio Uribe había dicho que la Corte era la competente para juzgarlo: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados al tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, escribió en Twitter hace casi tres años, luego de su primera renuncia al Senado, ocurrida inmediatamente después de que la Corte lo llamó a indagatoria (pero pronto se arrepintió y volvió al Congreso).

Más tarde fue el show que armó, estando en su hacienda El Ubérrimo, con la publicación de la foto con el cartel de preso número tal y la complaciente entrevista que le hicieron dos reconocidas periodistas, en la cual asumió el papel de víctima. Más adelante, ocurrió el desfile de noticias sobre los testigos que Uribe y compañía han querido voltear a su favor y poner en contra de su contendor en el proceso, el senador Iván Cepeda. Pero el remate fue el espectáculo que dieron en la Fiscalía el abogado Iván Cancino y su defendido Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, preso por los delitos por los que se acusa al expresidente. Cadena, quien antes se había autodenominado “abogánster”, fue regañado en plena audiencia por Cancino, pues respondió espontáneamente, de una manera que podría incriminarlos tanto a él como a Uribe, un par de preguntas de la Fiscalía. Y ante el regaño de su defensor, Cadena cambió las respuestas, hecho que fue amparado por la actitud cómplice del fiscal del caso, como lo vimos en un video publicado por El Espectador.

Ahora vendrá la decisión del fiscal Gabriel Jaimes, quien seguramente va a precluir la investigación. Sin embargo, la mayoría del país no creerá en la inocencia de Uribe. Son demasiados los indicios de que ahí hay más de un gato encerrado. Por eso, su imagen seguirá cayendo.

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Patricia Lara Salive

18 de marzo de 2021

Perdón, Jineth Bedoya

No se sabe qué es peor: si el secuestro y las torturas que sufrió la periodista Jineth Bedoya a las puertas de la cárcel La Modelo y la violación masiva de que fue víctima después, el 25 de mayo del 2000, o el empeño del Estado colombiano en ocultar su responsabilidad en el caso, para lo cual, el pasado lunes, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recusó por supuesta parcialidad a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apenas habían interrogado a la periodista.

El testimonio de Jineth ante la Corte fue conmovedor y lo único que hicieron los jueces fue expresarle su empatía como personas: con lágrimas, ella contó cómo, luego de recibir amenazas por sus informes sobre tráfico de armas y compra y venta de secuestrados en la cárcel La Modelo de Bogotá, por recomendación de funcionarios de Inteligencia de la Policía acudió a la prisión en compañía de un fotógrafo y de Jorge Cardona, editor de este diario, donde ella trabajaba en ese momento, para hablar con el jefe paramilitar de la cárcel y ver si era posible que cesaran las amenazas. (Para entonces, ella y su madre ya habían sido víctimas de un atentado). No obstante que la boleta de ingreso estuvo lista, la entrevista no se dio porque, mientras Cardona fue a buscar al fotógrafo para entrar a La Modelo, Jineth fue abordada por un hombre y una mujer y encañonada con una pistola 9 mm. Luego de pasar frente a una patrulla de Policía, fue llevada a un sitio cercano, golpeada y, después de una larga travesía en la que afrontó toda clase de torturas, violada masivamente en un lugar donde había uniformados. Después fue abandonada, casi muerta, en una carretera. En el trayecto, le repitieron que todo eso se lo hacían para que la prensa escarmentara, “porque los periodistas se metían donde no debían”.

Interrogada sobre las investigaciones realizadas al respecto por la justicia colombiana, Jineth contó que, inicialmente, los periodistas allegaron pruebas e hicieron grabaciones a autores materiales en compañía del CTI de la Fiscalía. Pero después se perdió parte del expediente y el proceso estuvo paralizado 11 años. La investigación solo se reactivó cuando la Fundación para la Libertad de Prensa denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos años después, gracias a investigaciones periodísticas y declaraciones de paramilitares, se estableció que quien les habría pedido a esos delincuentes que secuestraran a Jineth habría sido un exgeneral de la Policía. Sin embargo, después de semejante inculpación, nada pasó: la investigación siguió congelada. Ahora que la asumió la Corte Interamericana, el Estado colombiano, en lugar de pedirle perdón a Jineth y brindarle una reparación, recusó a los jueces, se retiró de la audiencia y optó por encubrir semejante atrocidad que atentó no solo contra Jineth, sino contra toda la prensa.

Con esos hechos del 25 de mayo del 2000, como ella lo dijo, a Jineth Bedoya le acabaron la vida. Y con la actuación, el pasado 15 de marzo, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Colombia le acabaron la dignidad.

Nota. Felicitaciones al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, a quien respeto y en quien confío, por la reforma que planea para la institución: educar a los policías en derechos humanos y ponerles microcámaras que filmen permanentemente sus actuaciones hará la diferencia. ¡Gracias, general!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 11 DE 2021

Que retumbe la verdad

Parece que el 18 de marzo se realizará, ante la Comisión de la Verdad, la tan solicitada audiencia pública entre los excomandantes de las Autodefensas y los antiguos jefes de las Farc.

Desde fines del año pasado, varios exparamilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, y excomandantes de las Farc, como Pastor Alape y Rodrigo Londoño, le habían insistido a la Comisión de la Verdad que los escuchara de manera conjunta en una audiencia a la que también asistieran medios de comunicación nacionales e internacionales, ONG y organizaciones sociales.

El 27 de febrero, en una carta que Mancuso le envió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el exparamilitar explicó por qué es tan importante que ese encuentro sea de cara al país: según él, Justicia y Paz fue un proceso valioso, en el cual comenzó a contarse la verdad sobre el conflicto armado, pero ese trabajo fue limitado, “pues el mismo Estado colombiano es juez y parte y, obviamente, no desea que se conozcan y trasciendan las verdades para poder eludir su responsabilidad en el conflicto”. Agregó que “en dicha justicia transicional, al igual que en la justicia ordinaria, muchas verdades quedaron perdidas”. Por eso Mancuso pidió que además se escuche a terceros civiles, miembros de la Fuerza Pública activos y no activos, agentes del Estado, políticos, etc., de modo que se conozca la verdad completa.

Si bien la Comisión de la Verdad no tiene funciones jurisdiccionales, es muy importante que ella realice cuanto antes ese encuentro de verdad conjunta, el cual, como lo dijo Pacho de Roux, aportará “una verdad nueva (…) que entrega la complejidad del conflicto armado colombiano, donde los que al final disparaban para matar o cavaban las tumbas eran ejecutores de órdenes de otros, que estaban detrás y que a su vez dependían de un enjambre de relaciones que involucraban a miembros de instituciones, a terceros políticos o financiadores. Esta verdad compleja es indispensable”, afirma el padre De Roux, porque “es obvio que hay responsabilidades políticas, históricas y éticas que no pueden callarse”.

Cuando se conozcan y se acepten esas responsabilidades, por fin, podrá empezar la verdadera reconciliación.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 04 DE 2021

Bienvenido el regaño de la JEP

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regañó de manera severa al Gobierno porque no está haciendo los esfuerzos suficientes para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc. Ese regaño, que seguramente será cuestionado por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, no podía ser más justo y necesario. Los hechos son tozudos: van 249 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, diez de los cuales han sido sacrificados en los dos primeros meses de este año. Según la JEP, si continúa la tendencia actual, en diciembre del 2026 los ex-Farc asesinados serán 1.600. Un verdadero genocidio que se acercaría al de la Unión Patriótica; una tragedia inenarrable para este país que se empeña en continuar en guerra y, por eso, castiga sin misericordia a quienes entregaron las armas ilusionados con la idea de construir su vida en paz.

Pero el pronunciamiento de la JEP no se limita a regañar al Gobierno, sino que emite órdenes muy concretas: luego de señalar que en los 280 procesos iniciados por homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de reincorporados de las Farc solo se han proferido 33 sentencias, y de decir que es muy poco lo que se ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales de los crímenes, la JEP le advierte al consejero Archila que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Al ministro de Defensa le pide que apoye a la Fiscalía para que avance en las investigaciones en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo. A la Defensoría del Pueblo le solicita que fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas. Al Ministerio del Interior le exige que responda rápidamente a esas alertas. Y al comisionado Ceballos le da 15 días para que envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Es a ese funcionario al que la JEP le dirige su más fuerte llamado de atención, pues, en su condición de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Ceballos es uno de los mayores responsables por la demora en la adopción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales pactada en el Acuerdo de Paz.

“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de dos años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dice la JEP. Agrega, además, que en julio de 2020 ya le había ordenado al alto comisionado que remitiera los lineamientos y el plan de acción de esa política pública, y “ni siquiera con esta orden la Comisión Nacional de Garantías ha finalizado los lineamientos”.

Sin embargo, ese justo regaño de la JEP al alto comisionado de Paz se debería hacer extensivo al presidente de la República, pues es él quien debe presidir las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se deben realizar mensualmente, pero en realidad son muy pocas las que se han celebrado en este Gobierno.

¿Por qué? ¿Será que así de poco les importan los asesinatos de excombatientes y líderes sociales? Por eso, mientras el Gobierno decide actuar, por favor, que la JEP lo siga regañando.

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PATRICIA LARA SALIVE

febrero 25 de 2021

Y si hubiera sido Tomás?

Expresidente Uribe:

En el 2008, su hijo Tomás y Fair Leonardo Porras Bernal tenían 26 años. Pero mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre. En enero del 2008, mientras Tomás hacía crecer sus negocios, Fair Leonardo era engañado por alguien a quien le pagaron $200.000 para que lo llevara a Ocaña, donde miembros del Ejército le cambiaron la ropa, lo asesinaron, le pusieron un arma nueve milímetros en la mano derecha, fotografiaron el cadáver, escribieron en el informe que era jefe de un grupo narcoterrorista y lo arrojaron a una fosa común.

Después de buscarlo sin descanso durante ocho meses en hospitales, morgues, calles, Fiscalía y Medicina Legal, a su madre, Luz Marina Bernal, la llamaron de esa institución a la que había acudido semanalmente a preguntar por su hijo, para que identificara nombres de un listado. El primero que escuchó fue el de Fair Leonardo.

“¡Es mi hijo!”, exclamó.

Cuando dio el número de su cédula, apareció en el computador de la funcionaria el rostro de su muchacho, desfigurado por dos impactos de bala: uno le había desprendido la mandíbula y otro le había destruido casi media cara.

Días después, Luz Marina, su marido y su hijo mayor fueron a Ocaña y asistieron a la exhumación no solo de Fair Leonardo, sino de otros jóvenes que habían corrido la misma suerte. Estando en ello, según dijo Luz Marina en el testimonio que publiqué en la última edición de Las mujeres en la guerra, 24 militares interrumpieron para pedir información. “Somos una delegación enviada por el señor presidente, Álvaro Uribe Vélez”, dijeron.

Tres semanas más tarde, expresidente Uribe, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, usted dijo que los jóvenes de Soacha no habían ido precisamente a coger café, sino que tenían propósitos delincuenciales.

Y ahora, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que esos asesinatos, atroces crímenes de guerra sin antecedentes en la historia, no habían sido 2.248, como dijo la Fiscalía, sino mínimo 6.402, ocurridos en varias zonas del país y la inmensa mayoría en los seis primeros años de su gobierno, usted descalificó a la JEP y dijo que se trataba de una persecución en su contra.

No, expresidente. Como afirmó en un editorial el diario El País, de España, usted tiene que responder: se trata nada menos que de 6.402 jóvenes inocentes que fueron ultimados y disfrazados como guerrilleros por miembros del Ejército a los que su gobierno les pagó y les dio prebendas por mostrar resultados, es decir, por matar guerrilleros, pero estos muchachos no lo eran. Como tampoco lo era su hijo Tomás.

Una pregunta final, expresidente Uribe: ¿qué habría hecho usted si el que hubiera aparecido en la fosa común no hubiera sido Fair Leonardo sino Tomás? ¿No hubiera exigido que juzgaran a los responsables? ¿No hubiera agradecido que, por lo menos, el presidente de la República de entonces le hubiera ofrecido una disculpa?

Nota. Un lector se molestó porque en mi anterior columna describí a uno de los inquilinos tramposos mostrados por el programa Séptimo Día como un “inmigrante obeso”. Ofrezco disculpas.

 

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Patricia Lara Salive

Febrero 18 de 2021

El calvario de los arrendadores

Cuando el domingo vi en el programa Séptimo Día a la señora María Buitrago, en llanto, contando que un tal Renzo Guyún habitaba en su vivienda desde hacía más de un año sin que le pagara un solo peso de arriendo, me dije: “No estoy sola”. Luego, cuando en el mismo programa de TV vi a la señora Sandra Suárez (quien, por supuesto, no es la misma gerente de una revista que de un día para otro se convirtió en una vergüenza) reclamando con desesperación que su inquilino, César Vívenes, un inmigrante obeso con pinta de tinterillo, llevaba ocho meses viviendo gratis en su apartamento, concluí que el calvario que padezco es el mismo de muchísimos colombianos.​ 

Pues bien, mi caso se parece a los de doña María y doña Sandra, pero con algunas diferencias. Por una parte, sus arrendatarios, si bien no les pagaron, ya les liberaron sus viviendas; en cambio el mío, Luis Fernando Bermúdez Rivera —a quien, un año antes de que empezara la pandemia, le arrendé un apartamento que, con la idea de habitarlo un día, compré en Barranquilla, la tierra de mi madre—, vive en él desde hace dos años, ha pagado solamente un mes de arriendo y de administración, y ahí sigue fresco, cual lechuga. Pero, además, como si eso fuera poco, nuestra justicia santanderista ha actuado de una manera tan absurda que parece que se hubiera convertido en su cómplice. Después de que el pasado 4 de agosto el Juzgado 14 de Pequeñas Causas de Barranquilla profirió un auto en que dio por terminado el contrato de arriendo y ordenó que si Bermúdez no entregaba el inmueble voluntariamente se procediera a su lanzamiento, diez días después se echó para atrás y dejó sin efecto la sentencia. El argumento es que el inquilino había alegado que el contrato de arrendamiento de ese lindo apartamento —ubicado en un decimonoveno piso, con dos habitaciones, dos baños, sala-comedor y balcón con vista al río Magdalena, que él usufructúa gratis desde hace 22 meses— indica unos metros más de los que realmente tiene el inmueble, que por supuesto se arrendó como cuerpo cierto.

Aunque mi abogado hizo el alegato pertinente y en noviembre le solicitó al Juzgado que profiriera sentencia anticipada ordenando la restitución del inmueble, por cuanto la causal invocada era mora y el demandado no podía ser escuchado por el juez sin que el inquilino consignara los cánones adeudados, el juez no se ha pronunciado y Bermúdez continúa ahí, feliz, disfrutando de la vista al Magdalena, la piscina y demás comodidades del edificio, sin pagar un peso de arriendo ni de administración.

A propósito del tema que afecta a tantos arrendadores que padecen semejante calvario, la periodista de Séptimo Día entrevistó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Y su respuesta fue que los jueces estaban desbordados de trabajo y no daban abasto. Pero en el caso que me incumbe el juez, después de proferir la única sentencia posible, retrocedió y se echó más trabajo encima, con lo cual benefició a un inquilino sinvergüenza. ¿Por qué?

***

Dijo un editorial de El Espectador que si la administración Duque dejara un poco “su resistencia a los procesos de paz y su animosidad hacia el presidente pasado, podría ver que Cuba es un aliado útil (…) y dejar de defender tesis extrañas sobre cómo operan los Estados”. ¿Pero qué puede esperarse de un presidente que tomó la pueril decisión de no mencionar por su nombre a su antecesor? ¿Creerá que así borra su existencia?

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 11 DE 2021

Deslealtad y torpeza

Más tardó el embajador cubano, José Luis Ponce, en llegar a su casa luego de entregarle al vicecanciller, Francisco Echeverri, el memorando donde decía que en la Embajada habían recibido información sobre “un supuesto ataque militar del Frente Oriental de Guerra del Eln para los próximos días en Bogotá”, que la noticia en filtrarse a la prensa y el Gobierno en salir a demeritar el gesto de Cuba, en vez de agradecerlo.

En realidad, se trataba de una información que debía manejarse con cautela, de modo que los servicios de inteligencia colombianos pudieran hacer las averiguaciones del caso y prevenir el atentado, sin infundirles miedo a los bogotanos ni alertar a esa estructura del Eln. Pero no, el gobierno del presidente Iván Duque optó por revelarla de inmediato y, como ya es su costumbre, atacar a Cuba. También exigió que la isla incumpliera los protocolos firmados por solicitud del Estado colombiano, como país garante del proceso de paz con el Eln, y que extraditara a los miembros de la delegación de paz que están en La Habana, quienes, según le dijeron al gobierno cubano, desconocían esa información.

De inmediato, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió a decir que ese no era un tema nuevo y que el Gobierno reiteraba su firme decisión “de desmantelar” el Eln como “único mecanismo para prevenir que siga con sus actos terroristas en diferentes regiones del país”. Eso estaría muy bien. Sin embargo, en lo que va de la administración Duque solamente hemos visto que han caído un par de cabecillas y que se desmovilizó un grupito, pero la guerra en los territorios continúa y la matazón y el sufrimiento de sus habitantes aumentan, mientras estos claman que, por favor, se reanude el proceso de paz con el Eln, pues cuando hay diálogos los matan menos.

Si bien el comisionado de Paz, Miguel Ceballos —quien más bien debería llamarse comisionado de Guerra—, reconoció el gesto de Cuba y dijo que ese país había cumplido con sus obligaciones como firmante de tratados sobre lucha contra el terrorismo, por otra parte, insistió en que la isla incumpliera sus compromisos internacionales y extraditara a los miembros de la delegación del Eln, cuya presencia ya le sabe a cacho al gobierno cubano.

Como si la contradicción fuera poca, el comisionado le añadió a su galimatías una burrada más: según él, si los guerrilleros del Eln que están en Cuba desconocían la información sobre los supuestos planes para realizar ataques terroristas en Bogotá, no se puede llevar a cabo un proceso de paz con dicho grupo porque eso demuestra que no tienen mando o están divididos.

Pero si es verdad que el Eln está fragmentado, ¿no sería mucho más sensato creer que al dialogar con ellos se debilitarían los sectores militaristas de esa organización? ¿No se dan cuenta el comisionado Ceballos y el presidente Duque de que si cierran sistemáticamente las puertas del diálogo lo que hacen es fortalecer el ala militarista del Eln, porque les envían el mensaje de que la única opción que tienen es la guerra? Si emprendieran una nueva negociación y al final constataran que podría pactarse la paz sólo con un sector de la guerrilla, ¿no sería eso mejor para Colombia y que disminuyera así el número de efectivos en armas?

Esas serían las preguntas que muy seguramente se haría un Gobierno que quisiera la paz, pero como no sabemos si este lo que quiere es la guerra...

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

Febrero 04 de 2021

El desafío del ministro de Defensa

El reto del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, es monumental. Recibe una cartera que, por omisión, es responsable de que el año pasado hubiera, según Naciones Unidas, 66 masacres con un saldo de 250 víctimas, la cifra más alta desde el 2011; que 120 líderes sociales fueran asesinados; que en el primer mes de este año llevemos siete masacres, 19 líderes sociales y cinco excombatientes acribillados, según Indepaz, y que desde la firma del Acuerdo de Paz vayan, según esa institución, 254 excombatientes asesinados.

Todo ello obedece, sin duda, a que el Estado no controla el territorio. De modo que la principal tarea del ministro Molano es diseñar y ejecutar una política de seguridad coherente con la que se logre ejercer control en todo el territorio, para que cesen los enfrentamientos entre las bandas armadas que luchan por ser el único poder en sus respectivas zonas. Para conseguir ese propósito se requiere, ante todo, entender el problema, es decir, estar convencidos de que la situación cambió. Ya no se trata de combatir una organización político-militar empeñada en tomarse el poder por las armas, sino de derrotar organizaciones mafiosas enquistadas en los poderes locales y, en muchos casos, apoyadas por sectores de ellos, las cuales, a veces, cuentan también con la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública.

Además, el ministro Molano encuentra unas fuerzas armadas que han sido cuestionadas por actos de corrupción, el escándalo de las “chuzadas”, las denuncias de brutalidad policial, asesinatos como el del ex-Farc Dimar Torres, delitos sexuales y peleas internas, como la que ocasionó la salida del anterior director de la Policía.

Como si todo esto fuera poco, Molano llega a dirigir una institución profundamente dividida, cuya unidad es indispensable para conseguir el que debe ser su propósito principal: consolidar el monopolio de la fuerza, de manera que en todo el territorio reinen la paz y la seguridad ciudadana. Para obtener esa meta tan ambiciosa en el año y medio de gobierno que queda, el ministro tendría que ejercer un liderazgo contundente sobre las fuerzas armadas, que no lo tiene ni el presidente de la República.

En pocas palabras, lo que debe conseguir Molano es que terminen de depurarse las fuerzas armadas, que salgan de sus filas quienes hayan cometido delitos o abusos, que se recupere su credibilidad y que no acabe de fracasar la política de seguridad democrática en la era de Iván Duque, porque, paradójicamente, este gobierno uribista en lo que más ha fallado es en consolidar la principal bandera de su jefe.

¡Menuda tarea la que tiene por delante el ministro Molano!

***

La salida de Roberto Pombo de la dirección de El Tiempo es una mala noticia para el periodismo y para el país. Su profesionalismo, don de gentes y sentido del humor lograron llevar al periódico por una senda de equilibrio en momentos en que ocurrían grandes cambios internos: el tránsito del poder accionario de los Santos, una familia de periodistas, a Planeta, una empresa editorial, y finalmente a Luis Carlos Sarmiento, principal dueño de la banca en el país. Esperamos que quien reemplace a Roberto sea un periodista idóneo como él, que garantice la calidad y la credibilidad del periódico.

@patricialarasa

Patricia Lara Salive 

Enero 28 de 2021

Torpeza en política exterior repercute en vacunas

Luego de más de 52.000 muertos por COVID-19, el Gobierno por fin comunicó un cronograma de llegada de las vacunas. En febrero se esperan 850.000 dosis y entre abril y junio se completarían 17’441.800, que alcanzarían para inmunizar a los primeros dos grupos: el personal de salud y los mayores de 60 años. En el resto del año se completarían las vacunas para 29 millones de colombianos.

Por otra parte, el presidente ha dicho que a más tardar la semana entrante dirá cuándo llegarán las primeras dosis y cuándo se empezará a vacunar. Ojalá sea cierto. Sin embargo, en este tema fundamental han reinado el secreto y la confusión. Y hay una pregunta que ronda: ¿por qué, siendo Colombia la tercera economía de América Latina, hace semanas comenzaron a vacunar en Chile, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Panamá, pero aquí no?

Entre tanta opacidad, no es fácil responder esa pregunta. No obstante, vale la pena reproducir los comentarios que la experta Claudia Vaca hizo en el programa Sin corbata, del columnista Gabriel Cifuentes.

“Pfizer está jugando un juego duro”, y no solo tiene problemas de producción, sino que trata “de presionar al Gobierno con solicitudes que serían inaceptables”. Por ejemplo, dijo, se ha anunciado para la próxima semana la visita de un delegado de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) para hablar sobre una agenda de cambio de reglamentaciones locales, como el control de precios de medicamentos o la posibilidad de establecer una regulación para remedios nuevos muy costosos. “De pronto, lo que le están pidiendo al Gobierno sería ceder en estas materias”, dijo Vaca. Según ella, Pfizer les está haciendo esas mismas exigencias a otros países, “pero Colombia ha puesto un hermetismo peligroso”. Ese secretismo le permite al Gobierno dejarse manipular sin consecuencias o ceder a condiciones leoninas.

Ante el interrogante de por qué, si hay nueve vacunas en el mercado, no se negoció con otros, como los rusos, la experta explicó la razón por la cual Colombia eligió a la farmacéutica más agresiva y a las que no estaban listas, en lugar de unirse a Argentina y Brasil para acceder a otras vacunas. De acuerdo con Vaca, eso tiene que ver con la política internacional del Gobierno, que no está concentrada en la pandemia: “El problema de Venezuela o de la lucha contra las drogas desatiende el problema de salud pública más importante”, dijo.La salida hubiera sido “tener un portafolio más amplio, no solo Covax, de manera que se tuviera un plan B y se le pudiera decir, por ejemplo, a Pfizer: si no me entrega vacunas, me voy con Sputnik, o si no son transparentes me voy en bloque con China y Brasil”. Como Argentina tenía ese plan B, según ella, después de leer en el contrato de Pfizer cláusulas inaceptables, les dijo: “Muchas gracias, pero me voy con Sputnik. Y hoy ya tiene 400.000 dosis aplicadas, con una tecnología que aprobó la agencia sanitaria argentina y que es la misma que utiliza Oxford-AstraZeneca”.

Para la experta, Colombia hubiera podido hacer un bloque de países del sur y aliarse con Sudáfrica, India, Brasil y otros en el marco de Organización Mundial del Comercio, pero decidió irse sola en una negociación bilateral, en condiciones desiguales, que la tienen en el peor de los mundos, pues somos de los países más retrasados en la vacunación, a pesar de que esta hubiera podido anticiparse con otra estrategia.

¡Y todo es debido a la política exterior sin norte de este Gobierno!

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA 

ENERO  14 DE 2021

Pacho Santos, ¿embajador hasta cuándo?               

 

“¿Cuándo fue privatizada la libertad de expresión? Twitter y Facebook han tomado un peligroso camino”, escribió en inglés, en su cuenta de twitter, en protesta por el cierre de las cuentas del Presidente Trump, Pacho Santos, Embajador de Colombia en Washington, luego de que las turbas trumpistas, impulsadas por Trump, se tomaran el Capitolio, dejando un saldo de cinco muertos y más de noventa heridos.

Nuestro embajador emitió ese trino justo cuando el nuevo presidente, Joe Biden, dijo que “quien haya intervenido en la desinformación en las elecciones de E.U. enfrentará consecuencias” (recuérdense las acusaciones a Biden de ser “castrochavista”); cuando en los círculos demócratas se habla de que el Congreso investigará a los que intervinieron en las elecciones; y cuando se dice que Colombia ocupará uno de los primeros lugares en esa investigación.

Y si bien el embajador Santos, que es uno de los acusados de haber querido interferir durante la campaña para favorecer a Trump, borró el trino, el hecho de que lo haya puesto es no sólo una imprudencia, sino la prueba de que el Presidente Iván Duque tendría que enviar ya, como embajador en Washington, a alguien que pudiera reconstruir las maltrechas relaciones que, por más de que lo nieguen, tiene el gobierno de Duque con los demócratas quienes, a partir de la semana entrante, mandarán en E.U.

Pero no sólo fue Pacho Santos el que trinó para protestar porque las redes sociales censuraron a Trump. Lo hicieron igualmente senadores del partido de gobierno, encabezados por su jefe, Álvaro Uribe. Sin embargo ellos no protestaron por la toma violenta del Congreso por parte de los trumpistas. Esa doble moral del jefe de Duque y de su partido, poco le ayudan a su gobierno.

Ahora, otra cosa es el debate sobre las redes sociales y la libertad de expresión: así como en los medios tradicionales hay un director que responde por la veracidad de lo que se publica, en las redes cualquiera dice lo que le da la gana.

Claro que la posibilidad de que todos podamos expresarnos públicamente es un avance para la democracia. Pero ¿qué pasa si quien utiliza las redes es un loco que gobierna al país más poderoso del mundo, y cuyas mentiras, opiniones e incitaciones pueden llevar a la violencia y al delito?

Según The Washington Post, desde que se posesionó, el Presidente Trump ha dicho un promedio de 14,6 mentiras al día. Después de su derrota electoral, el promedio subió porque se dedicó a repetir, sin una sola prueba, que había habido fraude y que el ganador de las elecciones era él. Esa afirmación, repetida por Trump en las redes, puede poner a E.U al borde de la guerra civil. De manera que la decisión de clausurar sus cuentas, no puede ser más acertada.

Por otra parte, la traumática experiencia del gobierno de Trump, debería llevar a los parlamentos, empezando por el nuestro, a aprobar una ley que obligara a todos los candidatos presidenciales, antes de inscribir su candidatura, a someterse a una evaluación siquiátrica, para determinar si están mentalmente habilitados para ejercer el poder.

¡Cuántas tragedias nos hubiéramos ahorrado, y cuántas nos ahorraríamos, si esa ley existiera!

Conocí a Virgilio Barco: era un liberal de convicciones profundas, un demócrata. Él jamás, como presidente,  hubiera mandado a exterminar a un partido político. Su memoria no puede mancillarse cuando ya Barco, y quienes podían defenderlo, están muertos.

@patricialarasa

PATRICIA LARA 

ENERO  07 DE 2021

Cinco libros

Las vacaciones permiten leer los libros que el trajín de los oficios va dejando relegados en la pila de obras pendientes. Hoy quiero hablarles de cinco textos espléndidos que pude abordar:

El primero, Cartas a Antonia, del inolvidable Alfredo Molano Bravo, un libro lleno de ternura y sabiduría que él empezó a escribir casi desde el nacimiento del amor de su vida, su nieta Antonia Rodríguez Molano, y terminó diez días antes de su propia muerte, ocurrida el 31 de octubre de 2019, cuando ella tenía 13 años. En esas cartas, el autor se retrata de cuerpo entero: Alfredo Molano fue no solo un gran sociólogo y cronista que quiso profundamente a su país, estudió a fondo su historia, lo recorrió a pie y a caballo, se compenetró con su gente y con su sufrimiento, conoció la guerra y siempre trabajó para detenerla. También fue un ser humano de una honestidad a toda prueba, una conmovedora ternura y una inmensa capacidad de amar quien, a propósito de su nieta, confesó: “Morirme sería como dejarla sola atravesando un río (…) Me sentí culpable por el daño de haberla querido tanto”.

El segundo libro, Otro fin del mundo es posible, escrito por Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, es un texto muy interesante. Aunque se refiere al pensamiento de un filósofo y escritor (británico) como es Aldous Huxley, es fácil de leer y mantiene un sentido del suspenso. Popularizar la obra de un intelectual importante y complejo, aterrizar su pensamiento en Colombia y mostrar el absurdo manejo que se le ha dado al problema del narcotráfico y de las drogas son los méritos principales de este libro.

El tercero es la biografía que la periodista Ana Cristina Restrepo escribió sobre el maestro Carlos Gaviria, que tituló El hereje, para la cual investigó durante cerca de seis años. Se trata de una semblanza rigurosa, que retrata todas las facetas del personaje: desde la del jurista, el magistrado, el intelectual, el académico y el político, hasta la del ser humano que sufrió el trauma del suicidio de su padre y la del bohemio coqueto, amante del tango y de la poesía. Como bien lo dice la autora en el primer párrafo, el libro “es la historia de un hereje en tierra de mojigatos”. ¡Y cómo habrán brincado los mojigatos con esta gran biografía del maestro!

El cuarto es Río Muerto, la última novela de ese gran escritor que es Ricardo Silva Romero, un libro indispensable donde se aborda el tema de la violencia sin fin que hemos vivido en este país. Una violencia de facetas extremas, como la muestra el autor de este texto cuyo protagonista, Salomón Palacios, un mudo buena persona, es asesinado porque sí, como asesinan a la mayoría de los muertos en esta tierra inverosímil donde, como dice Silva y como ocurre tantas veces, “los vecinos les hacen café a los asesinos”.

Y el quinto libro es El fin del océano Pacífico, la última novela de Tomás González, autor de La luz difícil, obra inigualable de este escritor perfeccionista y tímido, que cada vez nos sorprende con textos extraordinarios como este, donde retrata, en medio de la exuberancia y la belleza del Pacífico chocoano, a unos personajes complejos y aborda de manera profunda la proximidad de la muerte.

Son, pues, cinco libros. Vale la pena no dejar de leer.

@patricialarasa

PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 17 DE 2020

Una obra imperdible

 

Ahora, cuando uno se pregunta qué regalar y qué regalarse de Navidad, encuentro una obra monumental, espléndida, escrita por la artista e investigadora Beatriz González, y editada por Villegas Editores: Historia de la caricatura en Colombia, que en tres tomos que suman 1.049 páginas retrata nuestra realidad, desde la Independencia hasta la era de Iván Duque, a través del dibujo artístico y lleno de humor de los más brillantes caricaturistas. “Es la historia de Colombia contada por la oposición”, como dice Benjamín Villegas, ese quijote de los libros que, desde hace 47 años, ha mantenido una editorial que ha publicado cerca de 600 obras, 300 de gran formato, de las cuales más de 200 han ganado, por su calidad, premios internacionales.

Historia de la caricatura en Colombia comenzó a ser elaborada hace 15 años, cuando González visitó a Villegas para indagar por su abuelo materno, el periodista Manuel José Jiménez, quien, en la primera mitad del siglo pasado, fue director y propietario de los semanarios Fantoches y Sal y Pimienta, donde las caricaturas ocupaban un espacio importante.

Villegas se enamoró del proyecto, durante tres lustros apoyó a González y, ahora, publicó esta obra, la cual, además de incluir los dibujos, da el contexto histórico en el que fueron hechos.

De manera que uno entiende por qué, en 1928, el maestro Ricardo Rendón, a raíz de la masacre de las bananeras, dibujó a Ignacio Rengifo, ministro de Guerra de Miguel Abadía Méndez, como una gran calavera que llevaba terciados un revólver, un machete, una daga y una botella, y sobre su frente tenía dibujado el símbolo del aborrecido Partido Comunista. Por qué, en 1949, Adolfo Samper pintó otra caricatura, La danza macabra, en la que un director de orquesta, cuyo sacoleva tenía un letrero que decía: “Directorio Conservador”, conducía una agrupación de calaveras que llevaban espadas con la leyenda “chulavitas”. Por qué una portada de la primera revista Semana, en 1946, traía un dibujo hecho por Jorge Franklin del presidente Ospina Pérez, con el signo pesos al fondo y una frase que decía: “Distribución equitativa del descontento”. Por qué Antonio Caballero, en 1978, pintó a Alberto Santofimio vestido a rayas, junto a una leyenda que rezaba: “Cárcel que no mata engorda”. Por qué Osuna, en 1988, dibujó una jirafa que miraba para los lados y decía: “No me imaginé que hubiera tanto laboratorio por ahí”, mientras que un rinoceronte casi la embestía y afirmaba: “Bueno, yo sí me había dado cuenta”. O por qué Matador, en el 2017, tituló una caricatura: “Lobo con piel de Duque”, y en ella un marrano con los rasgos del candidato, acaballado sobre un lobo feroz, se disponía a bajar una cuesta en la que una flecha indicaba: 2018.

De modo que esta obra, que trae además textos de Daniel Samper Pizano, Eduardo Arias y Juan David Giraldo, es no solo indispensable e interesante, sino entretenida. Es decir que puede convertirse en la mejor compañía para estas vacaciones en confinamiento.

Y a propósito de la Navidad, les regalo, queridos lectores, esta canción de Marta Gómez, Para la guerra nada, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y cantada no solo por Marta, sino también por un grupo de colombianos refugiados en Canadá y por el Coro Reconciliación, integrado por víctimas del conflicto y excombatientes de las Farc, del Eln y de las Autodefensas. Porque en la música se hace posible la paz: https://youtu.be/sKb34myhS30.

¡Feliz Navidad!

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PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 10 DE 2020

 

Al oído de Fajardo y de Petro

Ahora que está de moda el extremo centro y, ¡oh, sorpresa!, se declaran de esa corriente tanto el presidente Iván Duque como el periodista Enrique Santos Calderón, recuerdo al expresidente Carlos Lleras Restrepo cuando insistía en que el Partido Liberal no era un partido de centro y menos de extremo centro, sino “una coalición de matices de izquierda” (incluso así se definía en sus estatutos). En efecto, en el viejo Partido Liberal cabían desde Luis Carlos Galán, un liberal de centro, hasta Apolinar Díaz Callejas, un liberal de izquierda radical. Pero luego se desdibujaron los viejos partidos Liberal y Conservador y comenzaron a surgir otros. Y a ellos se sumaron las subdivisiones y los movimientos por firmas.

Ahora tenemos un montón de partidos y movimientos, pero en el fondo lo que hay es una montonera de políticos que aspiran a ser presidentes de la República. Entre ellos están los que conforman los matices de derecha, que el expresidente Álvaro Uribe sabrá cohesionar para que lleguen a la primera vuelta con un solo candidato: el que diga él. Están los de izquierda que, aprovechando las elecciones parlamentarias, concurrirán en marzo del 2022 a una consulta que ganará Gustavo Petro. Y, finalmente, está la aglomeración de los aspirantes del centro, que también planean competir en una consulta en marzo. Tal vez la ganará Sergio Fajardo, quien, como algunos del centro, ha dicho que jamás hará una alianza con Gustavo Petro. En cambio, a los que conforman los matices de derecha nunca se les oye decir que jamás harán una alianza, por ejemplo, con María Fernanda Cabal.

Es un error muy grave el que comete el centro, sobre todo porque estamos en un momento crucial, pues si la derecha extrema gana en el 2022, como ganó en el 2018, el proceso de paz se acabará definitivamente, el país terminará de incendiarse de violencia y el autoritarismo arrasará con casi todas las libertades. De manera que los del centro deben ser conscientes de su responsabilidad histórica y abrirle la puerta a una alianza con los diversos matices de la izquierda, para que en la primera vuelta lleguen unidos en torno a un candidato y a un programa. ¿O acaso creen que, en el 2014, Juan Manuel Santos hubiera podido derrotar a la derecha si no lo hubiera apoyado la izquierda en la segunda vuelta?

Petro, especialmente y por su parte, también debe ser consciente de su responsabilidad histórica y abonar el terreno para que se dé esa posible alianza, para lo cual, ante todo, no solo debe dejar ya de atacar e insultar a Fajardo y a la alcaldesa Claudia López, sino además disculparse públicamente con ellos.

De manera, pues, señores Sergio Fajardo, Gustavo Petro y compañía, que les llegó la hora de la grandeza. ¿No sería mucho más sensato que el centro y la izquierda acordaran que el sector cuyos candidatos sumados obtuvieran más votos en las consultas de marzo pusiera el candidato presidencial y, luego, se hiciera un acuerdo programático entre ambas corrientes (por el estilo del que se ha hecho en España) para que llegaran juntos a la primera vuelta?

Así el progresismo sería imbatible y el próximo presidente, seguramente, pertenecería al centro, pues el centro es mayoría en el país. Además, se elegiría en la primera vuelta.

¿Por qué no entran en razón, señores? ¿Por qué se empeñan en hacerle correr a Colombia semejante riesgo?

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PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 03 DE 2020

La traición de Néstor Humberto

Si la paz con las Farc “resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto y la DEA, aparentemente resiste todo (...) Hay que llegar al fondo de este sórdido asunto”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos sobre quien fuera el fiscal general ternado por él, Néstor Humberto Martínez. (¡Aunque bien valdría la pena averiguar si el jefe de NHM era entonces el expresidente Álvaro Uribe, obsesionado con acabar el proceso de paz, a lo cual él se dedicó a ayudarle!).
Es muy grave que Santos diga que el fiscal general de entonces mintió, mejor dicho, que es un mentiroso; que entrampó la paz e hizo lo posible por tirarse el proceso, a tal punto que le puso cáscaras de plátano a Santrich para que se resbalara en el narcotráfico, o permitió que la DEA se las pusiera; y que “hay que llegar al fondo de este sórdido asunto”, es decir, que no descansará hasta que se descubra cuál es la verdad de semejantes marrullas antipaz hechas por el binomio NHM-DEA, porque, como me dijo una fuente muy conocedora, “la DEA no se mete en una operación de esas sin tener una solicitud de asistencia judicial”. En otras palabras, no puede ser cierto que NHM no supiera lo que estaba ocurriendo, como le dijo a María Jimena Duzán en una entrevista, a quien además maltrató de manera inaceptable, y como lo había afirmado en otra entrevista con Yolanda Ruiz, realizada en mayo del 2019. Así que el exfiscal no ha hecho más que contradecirse y enredarlo todo.

Pero sí hay una cosa que no pudo enredar ni negarle a María Jimena: que él le ocultó al presidente Santos lo que estaba pasando, o sea que lo traicionó de manera imperdonable. ¿Y cuál era el propósito? No podía ser otro que darle jaque mate a su legado: el proceso de paz.

Por eso Santos, aunque no es un hombre de grandes pasiones y, como dice su señora Tutina, no le corre sangre sino agua aromática por las venas, tiene que estar muy dolido con NHM. Porque es inaudito que desde el 1° de noviembre del 2017, cuando se produjo “la famosa transacción de los cinco kilos de coca”, como el exfiscal lo afirmó, él le hubiera ocultado el hecho al presidente, y que incluso hubiera guardado silencio sobre ese punto el 8 de abril de 2018, cuando estuvo en la casa privada hasta cerca de las diez de la noche hablando con Santos sobre otros temas, para llamarlo a las seis de la mañana del día siguiente y decirle que tenía algo muy urgente que contarle.
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“Ahora estoy haciendo ejercicio. ¿Tiene que ser ya?”, le preguntó el presidente.

“Sí, es muy urgente”, le respondió NHM, quien en minutos llegó a la Casa de Nariño con el cuento de que estaba en proceso una operación para capturar a Santrich con fines de extradición. Y cuando Santos le reclamó por qué no le había contado la noche anterior, NHM salió con disculpas, al igual que lo hizo el embajador estadounidense de la época, Kevin Whitaker.

Además, con el caso Santrich NHM se voló los procedimientos regulares: normalmente, las solicitudes de extradición se tramitan vía Cancillería y esta le informa al presidente; sin embargo, en este caso, los estadounidenses le pasaron la circular roja a la Fiscalía para que detuviera a Santrich, a espaldas de la canciller y del presidente.

Definitivamente, además de las otras zancadillas de NHM al proceso de paz, que darían para otra columna, algo muy sórdido se tejió tras este episodio. Ya será el gobierno Biden el que ayude a descubrirlo...


@patricialarasa

 

PATRICIA LARA 

NOVIEMBRE 26 DE 2020

Lo que no esperábamos es que un gobierno del Centro Democrático fuera a hacer las cosas tan mal en materia de seguridad”, manifestó, a los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, Sergio Jaramillo, exmiembro del equipo negociador del gobierno Santos con las Farc.

Si se piensa en lo que pasa en los territorios —y si se compara esa situación con lo que ocurre en la esquina de la calle 94 con carrera séptima de Bogotá, donde los ladrones, sin temor alguno, atracan sistemáticamente—, se concluye que Sergio Jaramillo tiene toda la razón. Según la Fundación Ideas para la Paz, las masacres casi se han cuadruplicado; las acciones de grupos armados distintos de las Farc —que ya no existen— han aumentado en un 65 %; los homicidios se han incrementado en un 39 %; los asesinatos de líderes sociales han pasado de 82, antes de la firma del Acuerdo, a 128 en el último año; los homicidios de excombatientes de las Farc alcanzaron en el 2019 la cifra récord de 78, y este año ya van en 18.

Es que, según Jaramillo, si bien el proceso de paz con las Farc se ha mantenido, entre otras razones, porque la política de reincorporación de Duque, dirigida por Emilio Archila, ha sido un éxito, “el derrumbe de la seguridad en las regiones” constituye “la mayor amenaza a la paz”. Ello se debe a que “algunas personas pueden comenzar, ante el riesgo, a titubear y preferir meterse bajo la sombrilla de alguna organización ilegal para protegerse de los asesinatos”.

Sin embargo, tan preocupante como lo anterior es su comentario sobre la pugna que hay en esas zonas por el control territorial: “La pregunta, más bien, es por qué el Estado ha sido tan ineficaz en su respuesta. ¿Cómo es posible que en el Cauca maten a un líder cada tres días y el Gobierno se comporte como un espectador parado en una esquina frente a un accidente de tránsito?”.
El mismo Jaramillo da la razón: “Primero”, dice, este “es un Gobierno que (…) no sabe leer la realidad. Actúan como si estuvieran enfrentando a las Farc (…), cuando la realidad es que la gran guerra militar en Colombia se acabó”. Ya lo que hay son “muchas pequeñas organizaciones ejerciendo otro tipo de control, más basado en asesinatos selectivos y plata. De ahí las masacres”.

Y agrega algo peor: hay una “ausencia total de lucha contra la corrupción en las propias filas (…). No es posible que se mueva la droga como se está moviendo (…) sin que haya mucha gente comprada dejando pasar. Eso funciona así, tristemente. Y la gente lo ve, lo que rompe la confianza en la protección de la fuerza pública. Si no limpian la casa por dentro, no hay nada que hacer”.

Eso es exactamente lo mismo que sucede en la calle 94 con carrera séptima: todos saben que ahí operan los ladrones, pero miran para el lado opuesto. Como preguntaba hace poco Julio Sánchez Cristo: ¿por qué no se sube a un árbol, ahí, un policía vestido de paisano y acaba con los robos?

Por la misma razón que en los territorios, en las narices de la fuerza pública, matan líderes sociales y excombatientes, procesan y transportan droga, y las retroexcavadoras amarillas y gigantescas explotan ilegalmente las minas sin que nadie “vea”.

Definitivamente, como dice Sergio Jaramillo, lo primero que hay que hacer es limpiar la casa…

Nota. Le envío un abrazo de felicitación a Jorge Cardona por su Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista, ese gran editor general que le ha entregado buena parte de su vida a El Espectador.

¡Muy merecido!

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

PATRICIA LARA 

NOVIEMBRE 19 DE 2020

Carta a Alejandro Santo Domingo


Aun cuando a usted no lo conozco, hoy le repito lo que le dije en mi correo del 9 de julio: gracias por su decisión de mantener El Espectador. Entonces usted me respondió: “Seguiremos invirtiendo en El Espectador para que siga siendo un medio de alcance nacional, independiente, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de Colombia”.

Es admirable que un empresario como usted tenga ese talante liberal, que le permite rendirle culto a la libertad de expresión y respetar la independencia de sus columnistas, su director y sus periodistas, así en ocasiones esta vaya contra los intereses de su grupo económico, como fue el caso de una vieja columna de Salomón Kalmanovitz. Nada ha hecho tambalear su convicción de que la misión de El Espectador es defender la libertad de expresión y la buena marcha de las instituciones. Y mucho menos lo intimidan las llamadas que a cada rato le hacen para protestar por informes del periódico o por el tan cacareado “riesgo del castrochavismo” que, de manera ridícula, hasta Trump llegó a esgrimir.

Es justamente ese talante liberal, que usted demuestra al permitir que El Espectador denuncie cualquier abuso de poder, el que lo hace tan digno de respeto y admiración.

Desafortunadamente, y eso es grave para nuestra democracia, otro medio escrito que antes era un referente en América Latina ha caído en manos de un empresario inmaduro, desequilibrado e ignorante, al que solo le interesa ganar dinero y hacerle venias al poder de turno para que lo invite a almorzar el fiscal hoy o el presidente mañana.

De modo que, una vez asesinada la verdadera revista Semana, solo queda El Espectador como medio escrito independiente.

Afortunadamente usted, Alejandro Santo Domingo, un historiador graduado de la Universidad de Harvard, ha sabido honrar la amistad que tuvieron su padre y Gabriel García Márquez, a quien, según la leyenda, él le prometió que nunca cerraría El Espectador, diario que cumplió 133 años de existencia y cuyo legado, desde su fundador, don Fidel Cano, usted ha sabido mantener.

Por todo ello estoy convencida de que, a pesar de la crisis económica desatada por la pandemia, El Espectador se mantendrá vivo, pues cuenta no solo con el apoyo de sus fieles lectores y el enorme respaldo económico que le dan usted y su grupo, sino con esa decisión política que usted tomó de apostarle a que en Colombia exista un periódico independiente. Uno que, de la mano de su director, Fidel Cano, se la juegue por mostrar la verdad desde sus distintos ángulos, contribuir a la paz y a la reconciliación que tanta falta le hacen al país, y dejar que columnistas representantes de todo el espectro político opinen sin limitación alguna.

Ese es el pluralismo que Colombia necesita. Gracias por permitirlo y estimularlo, así le ocasione pérdidas. Esa actitud suya enseña qué es tener principios y qué es defender la libertad de expresión. Es obvio que un día el periódico tendrá que cambiar y adaptarse a la nueva realidad de los medios. ¡Pero El Espectador no puede desaparecer! Colombia no merecería quedarse en manos de unos medios manipulados por dueños que carecen de eso que a usted le sobra: el talante liberal que estimula la convivencia pacífica y la construcción de un país donde quepamos todos...

 

Gracias, señor…

PATRICIA LARA 

NOV 12 DE 2020

Gracias, Felipe

Se acabó Semana. Es muy triste aceptarlo: llegó a su fin esa revista, la nuestra, la que reflejaba el pensamiento de un gran sector del país, el de las ideas liberales, el que esperaba que los medios fiscalizaran el poder y no se arrodillaran ante él.

Terminó ese sueño. No solo se acabó porque renunció su director, Ricardo Calderón. Lo fue solo por un mes, pero antes había sido director de investigaciones durante 20 años; se ganó, entre otros, dos de los principales premios de periodismo en el mundo —el Rey de España y el Maria Moors Cabot—; resistió toda clase de amenazas y sobrevivió a un atentado; publicó las más documentadas investigaciones, entre ellas la de las chuzadas, la del intento de resurrección de los falsos positivos por parte del anterior comandante del Ejército, la de corrupción en sus filas... en fin, informes que pusieron a temblar al poder.

Y no solo se acabó porque además renunció Alejandro Santos, también Premio Maria Moors Cabot, quien dirigió la revista de manera acertada durante 20 años. Y porque después renunciaron muchos redactores y se retiraron el irremplazable Antonio Caballero; la valiente María Jimena Duzán; el brillante caricaturista Vladdo; el director editorial, Rodrigo Pardo, y el editor general, Mauricio Sáenz, como antes había renunciado Daniel Samper Ospina. Y porque la gerente uribista había botado a Daniel Coronell, el mejor columnista del país, y a ese gran investigador que es Ariel Ávila. Se acabó, ante todo, porque se va Felipe López, ese genio del periodismo y de las relaciones que se lo inventó todo, ese psicólogo perspicaz capaz de captar el secreto más profundo que esconde cada personaje, llámese entrevistado, empleado o amigo.

Se va Felipe, el creador del equipo, el fundador y el sostenedor de ese sueño. Se retira Felipe, el alma de esa publicación y de esa empresa que durante 36 años sostuvo solo, primero aguantando las pérdidas en los tiempos iniciales y luego disfrutando las mieles de la bonanza. Pero hace menos de dos años, consciente de cómo la crisis de los medios, especialmente de los impresos, amenazaba con hacer desaparecer su revista —esa a la que le entregó su vida y, hasta el martes, le dedicó todo su tiempo, toda su inteligencia, que es asombrosa, y toda su energía—, encontró un socio al que le vendió la mitad de la empresa, con la condición de que no interviniera en la parte editorial de la revista y solo se ocupara del nuevo proyecto digital. Sin embargo, esos territorios sagrados fueron invadidos. La marca de la revista, algo tan sagrado, tan difícil de conservar, tan intangible pero tan importante, se fue deteriorando y llegó un día —el pasado martes— en que todo explotó y de Semana solo quedó el recuerdo.

Hoy me resta no más decirle a Felipe: ¡gracias! Gracias por haber construido ese emporio periodístico liberal, como lo fue su padre. Gracias por haberlo mantenido él solo durante 36 años. Y gracias por haber sabido renunciar a tiempo.

Nota. Ahora que ganó Biden la Presidencia de EE. UU., el presidente Duque tendrá que replantear su política interna, cual camaleón: ya no podrá seguir poniéndole zancadillas al proceso de paz, haciéndose el de la vista gorda con la parte de la implementación que no le gusta y aplicando solo la que le gusta; ya tendrá que priorizar el respeto a los derechos humanos; ya va a tener que deshacerse de su Juan Guaidó, porque lo probable es que Biden busque una salida negociada en Venezuela, en fin, ya va a tener que ver cómo cambia de piel sin que se le note tanto...

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 22 DE 2020

Presidente en fuga

Que Duque no hubiera ido a Cali ni al Cauca a reunirse con los indígenas, y que hubiera viajado al Chocó a ocuparse del orden público (lo cual ha debido hacer hace muchos meses), justo cuando la minga llegaba a Bogotá para hablar con el presidente, primordialmente, del derecho de los indígenas a la vida porque los están matando en sus territorios, no es solo un acto de la mayor descortesía y una actitud que denota desprecio hacia ellos, sino la muestra de una peligrosa inseguridad.

Lo mismo ocurrió el año pasado: la minga estaba en la plaza de Condoto y el presidente se encontraba encerrado a 100 metros de distancia. Luego de unas horas se fue y no habló con la minga, dizque porque habían descubierto un plan para atentar contra su vida. ¡Nadie va a atentar contra Duque! Mucho menos los indígenas, que justo esta semana demostraron cómo se protesta de manera pacífica.

Algo parecido ocurrió con el comité del paro el año pasado: se reunió tres horas con él. Pero el Gobierno planteó que en los encuentros tenían que participar los entes de control, los gremios y los empresarios. El comité del paro no aceptó y se diluyó la posibilidad de concertación directa. A cambio, el presidente se inventó la tal conversación nacional, que no terminó en nada.

Y, al momento de escribir esta columna, parece que con este paro va a pasar lo mismo: el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, dijo que el presidente no pensaba reunirse con los organizadores del paro, y Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que las protestas persistirán hasta que el presidente se “baje del pedestal”.

Pero mientras Duque continúa encaramado en su pedestal o, mejor, fugado o encerrado para ocultar su inseguridad, el malestar social crece y la ciudadanía siente que el país se desbarata.

¡Qué lejos están los tiempos de los grandes líderes! Es famoso, por ejemplo, ese episodio ocurrido en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que bien relata Jaime Aponte, su secretario privado, en su libro Confidencias del poder: a raíz de un alza en el transporte, a comienzos de 1969, se preparaba un gran paro nacional que amenazaba con paralizar el país y tornarse violento. Entonces Lleras citó a las centrales obreras a una reunión para analizar las propuestas del Gobierno. Fueron dos días de discusiones casi ininterrumpidas. La última terminó a las seis de la mañana. Los asistentes salieron extenuados y convencidos de que había que desistir del movimiento. Meses después, Lleras nombró al sindicalista Antonio Díaz ministro de Comunicaciones. Pero esos eran otros tiempos. Y otros líderes…

Nota. El martes asesinaron a dos dirigentes de Colombia Humana: Eduardo Alarcón, exconcejal en Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el Cauca. Y el domingo acribillaron en La Uribe, Meta, a Jesús Monroy Ayala, líder ex-Farc conocido como Albeiro Suárez, quien dirigía el proceso de reincorporación en el departamento. Él es el excombatiente número 234 asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Tres dirigentes políticos de oposición baleados en tres días!

Presidente, por favor, detenga la matazón. No puede seguir con el cuento de que va a hacer y va a tornar, y se va a reunir y va a investigar. No más palabras huecas. Se requiere que muestre resultados ya.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 15 DE 2020

Llegó la hora de las verdades

Ya sabemos que Tirofijo y el antiguo Secretariado de las Farc son los responsables de los atroces asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el parlamentario Pablo Emilio Guarín y los disidentes de las Farc Hernando Pizarro y José Fedor Rey.

Pero aún nos falta saber quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Quiénes, dentro del Estado y la clase política, fueron cómplices de los magnicidios del candidato Luis Carlos Galán; del ministro de Justicia Rodrigo Lara; del periodista y humorista Jaime Garzón; del director de El Espectador Guillermo Cano; del periodista Jorge Enrique Pulido; del senador Jorge Cristo; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; de los parlamentarios de la Unión Patriótica Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; del líder José Antequera; del abogado José Eduardo Umaña y de quién sabe cuántos más que se me escapan de la memoria. Muertos a los cuales hay que sumarles los miles de asesinados en masacres inenarrables, todo ello ocurrido en esos años 80, 90 y la primera década de este siglo, que constituyen una pesadilla macabra a la que no podemos regresar.

En esa lista entra el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que fue la chispa que encendió la guerra y cuyos autores intelectuales se desconocen aún, 72 años después de ocurrido, todo lo cual no solo demuestra el fracaso de la justicia ordinaria en este país de leyes, sino la imperiosa necesidad que tenemos de cambiar de ruta para no seguir ahogados en el fracaso.

Esa nueva ruta no es otra que consolidar la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales —a diferencia de la justicia ordinaria, donde los pleitos, si es que se resuelven, duran hasta 20 o 30 años— ya han comenzado a dar frutos, como se ha visto en la carta del antiguo Secretariado de las Farc donde asumen la responsabilidad por los secuestros y se avergüenzan de ellos, en el reconocimiento que hicieron de los crímenes mencionados arriba y en avances logrados en los procesos de falsos positivos y reclutamiento de menores de edad.

Pero aún falta mucho. Y lo que más falta, aun cuando suene extraño decirlo, es que a los otros actores del conflicto, los paramilitares, les permitan decir la verdad. Empezando por Salvatore Mancuso, responsable de tantos asesinatos y guardián de tantos secretos, que quiere hablar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, como se lo dijo en una carta a Álvaro Leyva. Solo pide a cambio que haya garantías de seguridad para él y su familia. Y parece que Jorge 40 y otros también quieren hacerlo.

Es un deber del presidente Duque propiciar que los paramilitares también digan la verdad. Porque este país, más que justicia, lo que necesita es verdad, para que sepamos cuáles fueron los caminos que nos llevaron a esa guerra absurda y entender qué debemos hacer para no repetirla.

Por eso es muy importante impulsar el Movimiento por la Verdad que plantea Álvaro Leyva. Porque todos los actores del conflicto deben decir la verdad, así sea tan dura y dolorosa como la dicha por los autores del asesinato de Álvaro Gómez.

Decir las distintas verdades, escucharlas y asimilarlas es el único camino que tenemos para superar el conflicto. Después de hacerlo, nos sentiremos livianos. Después de saberlas, poco a poco, dejaremos de estar anclados en el odio… y en la guerra.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 08 DE 2020

Por qué creo que las Farc sí mataron a Álvaro Gómez

Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, dejen de buscar el ahogado aguas arriba”, escribió Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC, respecto al homicidio de Álvaro Gómez. Y el senador Julián Gallo (antes Carlos Antonio Lozada), exjefe de la red urbana, dijo que la orden de matarlo la recibió de su superior directo, el Mono Jojoy, y que él se la transmitió a “un comando de cuatro personas”. Es decir que Gallo afirmó ser el responsable del crimen.

No obstante, la familia de Álvaro Gómez, empeñada en acusar al expresidente Ernesto Samper y a su entonces ministro Horacio Serpa de ser los responsables, duda de la versión de los ex-Farc. Hasta el propio Samper, que insistía en una hipótesis que involucraba a militares en el magnicidio, se muestra sorprendido y, como es lógico, todos dicen que los ex-Farc tienen que probar ante la JEP que fueron ellos los autores del magnicidio.

Sin embargo, como dice un amigo mío, “lo único lógico es la verdad”. Entonces, examinemos las teorías:

¿Es lógico, como dicen los Gómez, que las críticas de Álvaro Gómez y sus editoriales en El Siglo tuvieran en jaque al gobierno de Samper y que, por ello, él y Serpa quisieran eliminarlo? No es lógico, primero, porque tres de los ministros de Samper eran alvaristas. Segundo, porque el gobierno tenía opositores de alto calibre, que aparecían en medios con mucha más audiencia que El Siglo. Y, tercero, porque Samper y Serpa pueden tener muchos defectos, pero no han sido ni serán asesinos.

¿Es lógica la teoría de Samper que apunta a que como Gómez se habría negado a participar en un golpe de Estado en su contra, algunos militares lo habrían matado porque, al estar informado del plan, si seguía vivo, quedaba un cabo suelto sobre la conspiración? No es lógico, porque Álvaro Gómez era el político más querido y admirado por los militares, y no es creíble que quisieran asesinar a su inspirador.

¿Es lógica la versión de los ex-Farc de que ellos mataron a Álvaro Gómez? Por una parte, no debe ser fácil, y más para un senador como Julián Gallo, declararse culpable de tan atroz crimen. Por otra parte, si se tiene en cuenta el móvil que dicen que hubo, esto es, el discurso de Gómez en el parlamento, que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a bombardear las que Gómez llamó “repúblicas independientes”, lo cual, según Gallo, “fue el detonante (de) una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos”; si se piensa que los ex-Farc perderían los beneficios y tendrían que pagar muchos años de cárcel si fueran falsas sus declaraciones ante la JEP; si se considera que los ex-Farc no tendrían razones para beneficiar a Samper, y si se tiene en cuenta el libro Cartas y documentos, de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998), mencionado por el uribista José Obdulio Gaviria en dos columnas publicadas en El Tiempo en julio de 2012, donde hay varias referencias de Tirofijo al homicidio de Gómez Hurtado, entonces la hipótesis de que a Álvaro Gómez lo mataron las Farc suena como la más lógica.

Ahora, quedan varias preguntas: ¿por qué si José Obdulio, en una de sus columnas, citó esta frase de Tirofijo: “Lo de la muerte del señor de las ‘repúblicas independientes’ creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber”, no denunció entonces a las Farc como autoras del magnicidio? ¿Por qué la Fiscalía del 2012 nunca investigó lo revelado por Gaviria? ¿Por qué lo callaron? ¿O no se enteraron?

Llegó la hora de que todos digan la verdad.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 02 DE 2020

El mundo no ha olvidado el Acuerdo de Paz

El apoyo internacional al Acuerdo de Paz es aún tan contundente, que al presidente Duque le queda muy mal seguir manteniendo una doble actitud al respecto.

Dicho apoyo fue evidente en la conferencia “El mundo exige paz”, organizada por Defendamos la Paz, donde participaron cuatro premios nobel, representantes de la ONU, la Unión Europea, los países garantes, los notables y delegados de Georgetown University y de los parlamentos de Alemania, España y EE. UU.

He aquí algunos extractos de sus palabras.

Premios nobel de Paz:

José Ramos-Horta, Timor Oriental: “Se cuán difícil es perdonar y reconciliarse con aquellos que asesinaron a nuestros hermanos, violaron a nuestras hermanas, torturaron a nuestros parientes, desaparecieron a nuestros hijos (…) Pero (…) cuanto más dure el conflicto, más profundas serán las cicatrices del alma y por lo tanto más difícil borrar las pesadillas, los recuerdos”.

Jimmy Carter, EE. UU.: “No existe mayor obligación tanto para un gobierno como para sus ciudadanos que cumplir la promesa de terminar con la violencia”.

Denis Mukwege, República Democrática del Congo: “La paz y la democracia corren peligro cuando se intimida y asesina a los que defienden los derechos de los demás”.

Juan Manuel Santos, Colombia: “La paz, por encima de los partidos”.

Unión Europea:

Eamon Gilmore, enviado especial para el proceso de paz: “El Acuerdo fue apenas el principio. Como ha ocurrido en otros procesos de paz, el verdadero trabajo comienza después de la firma”.

Naciones Unidas:

Carlos Ruiz Massieu, representante en Colombia del secretario general: “Desde la ONU insistimos en más y mejores mecanismos de prevención, protección y seguridad, muchos de ellos previstos en el Acuerdo de Paz (...) (Este) se firmó como una apuesta integral (…) en la que la interconexión de sus puntos es la que permitirá que el avance en el desarrollo rural consolide el proceso de reincorporación; que las víctimas, además de satisfacer sus derechos, puedan tener mejores oportunidades económicas o participen en política; o que la presencia integral del Estado sea la mejor estrategia para la no repetición”.

Los garantes:

José Luis Ponce, embajador de Cuba: “Mi gobierno (…) reitera su compromiso con la búsqueda de una solución a las interrumpidas negociaciones entre el Estado colombiano y el Eln”.

Dag Nagoda, ministro consejero de la Embajada de Noruega: “Los acuerdos representan una totalidad que hay que implementar integralmente (...) Hoy día, lo que más nos duele son los asesinatos de los líderes sociales y de los excombatientes (...) Como país garante, para Noruega, es insoportable que en el medio de la implementación de los acuerdos se sigue matando a quienes los firmaron (…) La producción de víctimas tiene que parar (...) En el fondo, de esto se trata la implementación del Acuerdo de Paz.”

Los notables:

Felipe González, España, sobre las disidencias: “Se trata de gente que traicionó su compromiso con la implementación, pero es una mínima parte. El 95 % sigue con el esfuerzo de paz y algunos lo han pagado con su vida”.

Pepe Mujica, Uruguay: “Este proceso tiene muchas dificultades (…) Es grandioso lo que se ha logrado y grandioso lo que queda por hacer (…) El narcotráfico no se va a arreglar solo con fumigaciones. Se tiene que enfrentar con alternativas y las alternativas son todo lo que dispuso el Acuerdo de La Habana sobre la tierra (…) No se puede tener la mezquindad de torpedearlo”.

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 25 DE 2020

Terquedad antidemocrática

No puede llegar en mejor momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la protesta pacífica y en contra de los abusos (léanse asesinatos y golpizas), que la policía y el Esmad han cometido contra algunos manifestantes. Porque dos policías sometieron a punta de descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez y lo mataron a golpes en un CAI, en presencia de cinco policías más; y cerca de diez jóvenes murieron en la capital, seguramente por las balas perdidas disparadas a la loca por los policías en las protestas que ocurrieron a raíz de la rabia despertada en la población por el asesinato de Ordóñez. Y justo pocos días después de eso, el presidente Iván Duque no solo no se solidarizó de manera inmediata con las víctimas, sino que apoyó a la Policía y al ministro de Defensa: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy —dijo—, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la Policía, sino también del señor ministro de la Defensa”, etc. Como si no bastara semejante declaración hecha en medio del dolor de las víctimas y de la ira de buena parte del país, Duque salió en los noticieros disfrazado de policía, con lo cual avaló, de manera subliminal, los atropellos que estaban cometiendo. De manera que, en este momento, la sentencia de la Corte es un freno al Gobierno en su carrera hacia el recorte de las libertades y la restricción de la democracia.

Porque la Corte fue muy clara en que el Esmad debe suspender el uso de escopetas calibre 12, en que de parte de este y del Gobierno ha habido “sistemáticas agresiones” que amenazan el derecho a manifestarse, y en que el ministro de Defensa debe pedir perdón por los abusos cometidos en las protestas de noviembre del año pasado, cuando un policía asesinó al joven Dilan Cruz. Y eso que la Corte no analizó el asesinato de Ordóñez ni las muertes por balas perdidas ocurridas este mes.

Sin embargo, al cierre de esta columna, el Gobierno insistió en su odiosa y provocadora terquedad, pues en una declaración dada desde la Casa de Nariño por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien apareció acompañado por el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, se anunció que el ministro no solo no va a pedir perdón, sino que el Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo de la Corte Suprema porque, según dice, el Esmad como institución no comete excesos, pues actúa con base en protocolos, sino que ocurren casos puntuales en los que sus miembros incumplen las normas.

O sea que siguen montados en el mismo cuento de las manzanas podridas, cuando es evidente que en la Policía hay, por lo menos, una falla grave en la selección de sus miembros, su formación y los principios que les inculcan.

Si el presidente Duque y su ministro de Defensa siguen diciéndose mentiras y ocultando el sol con las manos, el país va a explotar. Y ellos continuarán preguntándose por qué, si a sus ojos todo anda divinamente.

Nota. Los invito mañana sábado, entre 8:30 a.m. y 1 p.m., a la conferencia “El mundo exige paz”. Hablarán, entre otros, además de miembros del Gobierno y de los equipos negociadores, los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad y cuatro premios nobel de Paz, incluido Juan Manuel Santos, quien dialogará con los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González. ¡No se la pierdan! Facebook Live, YouTube, @Defendamoslapaz y La Línea del Medio.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 18 DE 2020

Íngrid y Pacho de Roux lograron el milagro

A los cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz, por fin los dirigentes del partido FARC entendieron y, lo más importante, sintieron el inmenso dolor y el mal tan hondo que les causaron a sus víctimas y a la sociedad colombiana con el secuestro.

El milagro lo produjo la entrevista que, con su enorme profundidad espiritual, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le hizo a Íngrid Betancourt, quien duró seis años y medio secuestrada por las Farc, encadenada gran parte del tiempo, humillada y privada no solo de su libertad sino de su dignidad.

El choque que en la conciencia de los ex-Farc produjeron las profundas preguntas de Pacho de Roux y las brillantes, humanas y filosóficas respuestas de Íngrid se constata en la declaración que emitieron sus dirigentes una vez vieron la entrevista, pues en ese texto, por primera vez, llaman las cosas por su nombre y no justifican el secuestro con la disculpa de que era un arma de la guerra.

Así como hace poco escribí una dura columna en la que criticaba la renuencia de los ex-Farc a reconocer el reclutamiento de menores de edad y los abusos sexuales cometidos por algunos, hoy destaco que en su declaración sobre el secuestro hicieron afirmaciones como estas:

“Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”.

“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad (…) Tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de (…) cada uno de nosotros”.

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre”.

Finalmente, los dirigentes del partido FARC se comprometen a “rendir cuentas ante la justicia” y a “invertir cada día del resto de (sus) vidas (en) recomponer el mapa de los desaparecidos y buscar sus restos para entregarlos a sus seres queridos”.

Ese lenguaje sin arrogancia y ese arrepentimiento son lo que el país espera en las declaraciones y actitudes de los ex-Farc. Pero aún les queda un largo camino por recorrer: aun cuando parece que ya algunos comenzaron a hacerlo, todavía deben reconocer y aceptar ante sí mismos, con igual arrepentimiento, el dolor y el mal tan grande que les causaron a tantos niños y niñas que, por una razón u otra, con una justificación u otra, ellos permitieron que se involucraran en la guerra. Reconocer esa verdad que tanto les cuesta, porque en muchos casos atenta contra sus propios principios, no les hace daño. Al contrario: los enaltece y los libera. Por eso vale la pena recordar lo que uno de los firmantes de la declaración le dijo a Pacho de Roux, según le contó él a Yamid Amat: “Siento que nosotros, los de las Farc, al firmar este documento nos hemos salido de una cárcel de alambre en la que nosotros mismos estábamos metidos. Estábamos encerrados en el pasado y hoy nos hemos abierto hacia el futuro con una enorme decisión”.

Por ello es importante reconocer el gesto de los dirigentes del partido FARC, impulsarlos a que sigan por ese camino, a ver si un día, por fin, las víctimas y el país consiguen perdonarlos. Y hay que darles las gracias por haber obrado el milagro a Íngrid Betancourt, a la Comisión de la Verdad y a Francisco de Roux, a quien el país no imagina aún cuánto tendrá que agradecerle en el futuro.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 11 DE 2020

Ojo a la propuesta de Santos

No podemos ser tan idiotas como para ignorar la propuesta hecha por el expresidente Juan Manuel Santos —tanto en su interesante libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis, como en las entrevistas que ha dado a propósito de la publicación del mismo— de abrir un diálogo constructivo con el expresidente Álvaro Uribe y con el presidente Iván Duque, con miras a lograr un gran acuerdo nacional sobre los temas claves del país. Este acuerdo sería apoyado por la oposición y por los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical, y permitiría superar la polarización, condición indispensable para avanzar después de esta pandemia que ha hecho retroceder a Colombia 20 años en sus indicadores de pobreza y desempleo. Y, además, para atajar de nuevo la violencia, que en este año ha crecido de manera galopante por la inacción del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz y por su falta de comprensión de las causas del problema.

La propuesta de Santos, por demás sencilla —si Uribe se despojara de su odio, y si Duque superara su inseguridad y dejara, por ejemplo, esa bobada de no mencionar por su nombre a Santos (único nobel colombiano vivo, además)—, consiste en encontrar comunes denominadores sobre temas como los siguientes: la reforma política, la reforma electoral y el primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con el desarrollo rural, pues es en el campo donde están concentradas la violencia y la pobreza.

Dice el expresidente que lo anterior ambientaría la posibilidad de realizar acuerdos adicionales, por ejemplo, sobre una reforma tributaria progresiva que se va a necesitar, o sobre la necesidad de no basar el desarrollo, de ahora en adelante, en los combustibles fósiles, sino en lograr que este sea sostenible.

Santos insiste en que “si el presidente Duque quiere dejar un legado, tiene que unir al país”. Y eso es obvio. En su libro explica que la causa con la que puede lograrlo es la paz, esto es, el cumplimiento del Acuerdo, con lo cual, según lo ha repetido Duque, está comprometido.

Ese acuerdo, dice Santos, no solo tendría el respaldo de la inmensa mayoría de las vertientes políticas y de la comunidad internacional, sino que permitiría arreglar los problemas del campo y de los cultivos ilícitos, “generaría apoyo para una reforma política que abarque la justicia y el régimen electoral”, facilitaría “avanzar hacia un país más igualitario” y “sentaría las bases para una transición rápida y efectiva —muy necesaria— hacia una economía justa, verde y sostenible”.

Para conseguir semejante milagro, solo se necesitaría que los dos, Santos y Uribe, acompañados por Duque y ayudados por un buen terapista de pareja, se sentaran a dialogar…

¡Ojalá la Virgen de Chiquinquirá nos concediera el milagrito! Porque si no, el país seguiría por el despeñadero, en caída libre, como va…

A propósito del libro de Santos, cuya lectura recomiendo, vale la pena destacar que, en la mayor parte del texto, el autor actúa como periodista y entrevista a especialistas destacados en los diferentes temas, que le dan objetividad al libro: Ana María Ibáñez en pobreza, Salomón Kalmanovitz en economía, Moisés Wasserman en educación, Alejandro Gaviria en salud, Julio Carrizosa en medio ambiente y a Rodrigo Londoño le pregunta sobre la paz. Volver a encontrar al Santos periodista, para mí, es de las cosas más interesante de ese libro.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 04 DE 2020

Una pregunta para el fiscal Barbosa

La vieja y entrañable amistad que existe entre el presidente Iván Duque y el fiscal Francisco Barbosa se describe bien en el interesante libro Iván Duque. De frente y a fondo, de Diana Calderón. Allí, en una larga entrevista, la periodista logra que Duque se muestre como es, un personaje incoloro, lleno de lugares comunes, con nula capacidad de autocrítica, muy religioso (su oficina está llena de imágenes de la Virgen), apasionado desde niño por la política y los discursos, muy cercano a su padre, estudioso y amante del rock: “Escucho rock de todo tipo, aunque me gustan la salsa, los vallenatos, el pop, las rancheras, el tango”, dice. “En fin, soy un melómano empedernido y mis hijos me han enseñado a disfrutar mucho el reguetón”, agrega. (¡Melómano, pero, por lo visto, no se le ocurre oír a Beethoven, ni a Mozart, ni a Bach…).

Sobre la larga amistad entre el presidente y el fiscal general, Diana Calderón nos cuenta que, todos los días, a las 5:20 a.m., Duque recogía a Barbosa, a quien cariñosamente llama Pacho, para ir a la ahora famosa Universidad Sergio Arboleda, seleccionar un buen puesto y, en el camino, escuchar discursos de John F. Kennedy, Jorge Eliécer Gaitán, Alberto Lleras, Luis Carlos Galán y Alberto Santofimio. Pero no todo lo que oían era tan “intelectual”: “A veces le metíamos musiquita”, cuenta el presidente.

El libro revela, además, la idolatría que siente Duque por su jefe. Sobre él dice: “Para mí la definición de Álvaro Uribe es honorabilidad”.

Y sobre el proceso contra Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, que cuando se escribió el libro estaba en la Corte Suprema, el presidente afirma: “Como colombiano siempre he creído que la presunción de inocencia parte de la base de poder defenderse en libertad, mucho más cuando se ha demostrado en vida su entrega al país, incluyendo sus dos gobiernos, donde Colombia recuperó su viabilidad institucional gracias a la Seguridad Democrática”. “Una medida de aseguramiento, en mi opinión, debe ser excepcional y para personas cuya criminalidad probada represente una amenaza a la justicia, a la sociedad. Me duele, y por eso invito a la reflexión”.

¿No sería mucho más conveniente para el país, para la credibilidad de la justicia y para usted mismo que se deshiciera de esa papa caliente y se declarara impedido?

Piénselo, doctor Barbosa.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

AGOSTO 28 DE 2020

 

A Duque le quedó grande

Ahora que las masacres van en un ascenso vertiginoso, a pesar de que el presidente Duque niegue la evidencia, recuerdo el único encuentro que, sin yo buscarlo, tuve con Carlos Castaño, el temido jefe de los paramilitares y ordenador de la mayoría de las masacres que ocurrían en el país, las cuales sus colaboradores llamaban “objetivos militares múltiples”, así como Duque las denomina “homicidios colectivos”.

Sucedió a mediados de septiembre del 2002, cuando gobernaba Álvaro Uribe. Yo había viajado a Córdoba invitada por una antigua presa de las Autodefensas a quien había entrevistado para mi libro Las mujeres en la guerra, pues quería que me llevara a conversar con adolescentes paramilitares, ya que estaba investigando por qué los niños se iban a la guerra. Me acompañaban la actriz Carlota Llano y la fotógrafa Claudia Rubio. Cuando estaba realizando los reportajes en un hospital paramilitar localizado al frente de una escuela de Tierralta, me interrumpió mi anfitriona y me dijo: “Tenemos que irnos: el jefe quiere verla”.

Me dio pánico: años antes, yo había estado en varias listas de amenazados, seguramente elaboradas por él. Le pedí que me permitiera antes hacer una llamada. Me comuniqué con Carlos, mi compañero, le conté lo que iba a ocurrir y le dije:

“Si esta noche no he aparecido, ya sabes dónde estoy”.

Castaño nos recibió en la finca que tenía por la ruta hacia San Pedro de Urabá. Llevaba jeans y camisa Lacoste roja. Con él estaban su guardia personal y un coronel retirado de la Policía. Conversamos dos horas. Me reclamó por varios artículos que yo había escrito. Entre las muchas cosas que me dijo, afirmó:

Obviamente, hoy el fenómeno es distinto: sucede que después de la desmovilización de las Farc, que ejercían control en esas zonas, se creó en ellas un vacío de poder que no llenó el Estado, y entonces permitió que allí llegaran bandas que se disputan el control territorial de los negocios del narcotráfico y de la explotación del oro, el cual, con los altos precios que ha alcanzado, está a punto de desbancar al negocio de la coca.

Pero es curioso que donde ocurren la mayoría de masacres (Nariño, Cauca, Catatumbo) y donde más líderes sociales matan es donde hay más presencia militar y policial. ¿Entonces qué sucede? ¿Será que la fuerza pública vive divorciada de la población, aislada y encerrada en sus cuarteles? (Ahora recuerdo a un policía que en Cáceres, Bajo Cauca, me dijo el año pasado que a ellos ni siquiera les vendía arepas la señora del mercado). ¿O será que sí saben quiénes son y dónde están los jefes de las bandas en sus zonas, pero se hacen los locos, bien sea por miedo, porque sienten que no tienen garantías jurídicas o porque han sido sobornados? ¿O será que el Gobierno no ha diseñado una estrategia para combatir el fenómeno porque sencillamente no entiende lo que pasa en el país y se quedó en la película de que todo es culpa de “la Far”?
Yo no sé. Pero lo que es innegable es que Duque perdió el control, sencillamente no sabe en qué país vive y menos aún cómo es el país que debe gobernar.

Le quedó grande.

@patricialarasa

 

PATRICIA LARA

AGOSTO 14 DE 2020

 

AL OÍDO DEL PARTIDO FARC

Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso. Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.

Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.

En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.
Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.
Además de ser la actual ministra de Justicia, Cabello pasó por la Corte Suprema de Justicia. La elección de Procurador ahora queda en terrenos del Congreso
Margarita Cabello es la candidata de Iván Duque para la Procuraduría
El expresidente anunció que ya había superado la enfermedad. Además, lanzó duros comentarios en contra de magistrados.
“No entiendo por qué la Corte no ha llamado al Tuso Sierra”: exagente de la CIA sobre caso Uribe
Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.

Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

AGOSTO 07 DE 2020

 

EL QUE LAS HACE SE LAS IMAGINA

 

La justicia es para los de ruana, dice el dicho. Sin embargo, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, dictada por unanimidad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal, parece contradecir ese adagio popular. Digo parece porque con esa decisión —basada, según afirmó la Sala en su comunicado, en abundantes pruebas que son parte de la reserva del sumario— se ha formado tal alboroto, que el Centro Democrático no se resigna y hará todo lo posible para deslegitimar la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte, inventándose infundios tan absurdos como que se trata de una conspiración de la izquierda y del resultado de un pacto celebrado entre el gobierno de Santos y las Farc. Entonces, como en este caso no les conviene, no acatan la institucionalidad y salen con el absurdo de que van a promover la convocatoria de una constituyente para reformar la justicia, cuando, esta vez, lo único que sucedió fue que la justicia funcionó de acuerdo con la ley.

Pero miremos los hechos: en primer lugar, el proceso contra Uribe se produjo porque él demandó al senador Iván Cepeda por soborno de testigos a raíz de un debate que Cepeda le hizo en el Congreso. La Corte no encontró méritos, dictó auto inhibitorio y, en cambio, halló indicios de que quien podría estar sobornando testigos era Uribe contra Cepeda. Es lo que en psicoanálisis se llama proyección: que el que las hace se las imagina.

En segundo lugar, los magistrados de la Sala que dictaron la medida contra Uribe fueron elegidos por la Corte durante el gobierno del presidente Iván Duque y son funcionarios de trayectoria en la Rama Judicial. Nada que ver con Santos. El magistrado César Augusto Reyes, por ejemplo, ponente en este caso, es especialista en derecho penal de la Universidad Nacional; doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires; formado en EE. UU. y Puerto Rico en sistema acusatorio, juicio oral y metodología de la enseñanza; fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22, defensor público por 13 y coordinador académico de barras de defensores públicos. Los otros cuatro magistrados tienen hojas de vida similares.
Ahora, que a la senadora Paloma Valencia le quepa en la cabeza que un hombre tan respetable como Humberto de la Calle hubiera podido pactar en La Habana que las Farc firmaran el Acuerdo de Paz a cambio de que Uribe fuera a prisión (¡que no es prisión, es El Ubérrimo o su casa de Rionegro!) es un disparate descomunal que sólo puede ocurrírsele a los fanáticos.
Un tema pendiente a dos años de la presidencia de Iván Duque es el tema del Eln, además no hay signos de resolución.
El presidente Duque y el Eln
El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramienton en contra del expresidente quien es investigado por soborno y fraude procesal
Álvaro Uribe solicita a la Corte Suprema que todo su expediente sea público
El presidente se niega a borrar su mensaje sobre la Virgen y el Tribunal de Cali insiste en que lo haga. 
Polémica por trino de Duque sobre Virgen de Chiquinquirá llega a la Comisión de Acusación
Con este caso de Uribe no pasó nada especial. Como lo dijo un editorial de El Espectador, “la pregunta jurídica es sencilla, aunque el ruido del debate público quiera oscurecerla: ¿tuvo algo que ver el expresidente con el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal concluirá en una condena por fraude procesal. Si es negativa, el expresidente será absuelto. ¿Por qué tantos aspavientos frente a un proceso judicial apenas natural?”.

No obstruyan las instituciones, señores del Centro Democrático. Dejen que la justicia funcione.

*

Hoy se conmemora el centenario del nacimiento del gran Otto Morales Benítez, escritor prolífico, liberal de convicción, varias veces ministro, parlamentario, testigo de todas las violencias, ser humano como pocos, amigo de verdad. Cómo hacen de falta sus tertulias, sus opiniones inteligentes, su sonora carcajada…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 24 DE 2020

La propuesta de Humberto

En una columna titulada “Centroizquierda”, el excandidato Humberto de la Calle lanzó el domingo la única propuesta que podría impedir que el arca de Noé en la que navegan los divididos sectores de centro y de izquierda naufrague en las elecciones del 2022 y, con ellos, se hunda durante décadas la posibilidad de conseguir la paz completa.

En resumen, De la Calle plantea que, para las elecciones del 2022, se construya una coalición con un programa compartido, que aleje los riesgos de que Colombia caiga en los extremos. Humberto dice, primero, que los posibles integrantes de esa coalición de centro y de izquierda moderada señalen sus líneas rojas; esto es, sus puntos no negociables. Después, que fijen las metas concretas de un gobierno de coalición; es decir, que elaboren un programa conjunto, el cual no es tan difícil construir. Luego, que se comprometan ante la opinión a que el candidato, cualquiera que sea, gobernará con ese programa y lo ejecutará colectivamente con los miembros de la coalición. Y, finalmente, que determinen las reglas para elegir al candidato.

Esa propuesta es interesante porque permite morigerar el tema de los egos de los aspirantes, que es lo que de verdad torpedea las posibilidades de unión del espectro del centro y del centroizquierda. Lo que haría falta es que los precandidatos dieran el primer paso, el más difícil de todos, que consiste en que decidan si están dispuestos a pensar en el país antes que en sí mismos y a comprometerse a impulsar un programa común, así cada uno de ellos no sea el que resulte ungido como candidato único de ese sector mayoritario de la opinión.

Ahora lo urgente es diseñar la mecánica para poner a marchar la propuesta. Primero, podría conformarse una comisión en la que participaran algunos precandidatos o sus delegados y buscar a un experto facilitador, ojalá extranjero, que estaría presente en las reuniones. Sería estupendo, por ejemplo, que pudieran reunirse, inicialmente, Sergio Fajardo o un delegado suyo (como Iván Marulanda), De la Calle, Alejandro Gaviria, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo, quienes determinarían a qué otros precandidatos invitarían a participar en la construcción del programa común: por ejemplo, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Carlos Amaya, Antonio Sanguino, Jorge Londoño, Clara López, Mauricio Cárdenas, Fernando Carrillo, en fin… Luego, todos elegirían una subcomisión que compaginaría las distintas propuestas programáticas. Una vez acordado el programa común, se discutiría cómo se escogería al candidato: si mediante consultas interpartidistas, rondas de encuestas, etc. En ese momento, los electores ya no escogerían entre las propuestas, porque todos tendrían el mismo programa, sino entre las condiciones de cada uno: su inteligencia, simpatía, confiabilidad, conocimiento de los temas, etc.

Es urgente trabajar en esa dirección. No se puede perder tiempo. De lo contrario Álvaro Uribe, con su gran habilidad política, encontraría la forma de hacer converger a los candidatos de extrema derecha (Paloma Valencia, Rafael Nieto, Paola Holguín, etc.) y a los de la derecha (Marta Lucía Ramírez, Álex Char, Federico Gutiérrez y demás), para derrotar, otra vez, a Gustavo Petro, quien sería el que pasaría a segunda vuelta si esa gran mayoría, compuesta por el centro y la izquierda moderada, no es capaz de presentarse con un solo candidato a la primera vuelta.

Así que apúrense.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 17 DE 2020 

¡Respeto para Francisco de Roux!

 

 

Los últimos ataques a la Comisión de la Verdad y a su presidente, el padre Francisco de Roux, revelan un plan para minar su credibilidad.


Primero fue el calumnioso trino de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien luego de haber sido parte de la construcción del Acuerdo de Paz, en la medida en que ocupó, durante siete años, cargos claves en los gobiernos de Santos —secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador en Washington—, renunció para lanzar su candidatura presidencial y lo traicionó.

En ese trino, Pinzón afirmó nada menos que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, una calumnia que estigmatizó a sus miembros y que puso en peligro su vida. A propósito, vale la pena que Pinzón recuerde al presidente Alberto Lleras, cuando decía que un discurso en el parlamento equivale a 20.000 muertos en las veredas.

Y lo segundo fue la grosera petición de Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que Francisco de Roux renuncie a la Presidencia de la Comisión de la Verdad. Miren el irrespetuoso tonito que utiliza: “Padre Francisco de Roux, si usted no puede con esto, apártese del cargo, pero necesitamos que le diga la verdad al país”.


En primer lugar, seguro el representante Rodríguez no sabe que la función principal de la Comisión de la Verdad es rendirle al país, al final de su mandato, en diciembre del 2021, un informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado para que, una vez conocidos los hechos y sus razones, no los repitamos. De manera que mal pueden pedirle ahora resultados a la Comisión de la Verdad. Solo será a finales del año entrante, una vez rendido el informe, cuando se podrá evaluar su gestión.


Y, en segundo lugar, seguro el representante Rodríguez tampoco sabe que el padre De Roux es un hombre cultísimo, graduado en Filosofía y Letras y Economía, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado en Economía de la Universidad La Sorbona, de París. Fue, además, Premio Nacional de Paz y jefe de los jesuitas en Colombia. De modo que sus credenciales académicas, su conocimiento del país y su inmensa calidad humana lo hacen el mejor presidente posible de la Comisión de la Verdad.

Así que más vale que Rodríguez compare su hoja de vida con la de Francisco de Roux y guarde silencio. Y más vale que Pinzón tenga en cuenta, como exministro de Defensa, la sangre que, por culpa de las estigmatizaciones, se ha derramado en Colombia y rectifique.


Notas. Felicitaciones a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, por su muy merecido y prestigioso premio Maria Moors Cabot. Gracias a sus investigaciones, se han destapado las “chuzadas”, la corrupción en sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Ese, el de Ricardo, es el periodismo que Colombia necesita.

¡Y qué alegría saber que la edición impresa de El Espectador continuará siendo publicada entre semana! Es muy grato palpar la solidaridad de tanta gente con este querido periódico, independiente, respetuoso de la libertad de opinión y defensor de las instituciones democráticas. La avalancha de suscripciones recibidas en los últimos días da idea del apoyo y del cariño de sus lectores. Y, con seguridad, seguirá... 

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@patricialarasa

 

PATRICIA LARA

JULIO 10 DE 2020 

Presidente, no desperdicie esta oportunidad de paz

Más tardaron el Consejo de Seguridad de la ONU, el papa y hasta el Eln en proponer un cese al fuego de tres meses por razones humanitarias, que el presidente, Iván Duque, en responder que no.

Esas salidas destempladas de Duque ante las pequeñas ventanas que se le abren a la paz completa son ya un leitmotiv de su retórica. Sin embargo, vale la pena recordar la cronología de los hechos e insistir en que tanto Duque como el Eln entren en razón.

El 1° de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, expidió una resolución en la que insta a un cese general e inmediato de las hostilidades en todas las situaciones, y “exhorta a todas las partes en los conflictos armados para que se comprometan inmediatamente en una pausa humanitaria duradera, durante al menos 90 días consecutivos, a fin de permitir la prestación de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad, sin obstáculos y de forma sostenida”.

El 2 de julio, Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expidió un comunicado en el que recuerda que el cese unilateral declarado por el Eln en abril, “junto con la ausencia de operaciones militares contra ese grupo por parte de la fuerza pública, resultó en la reducción de la violencia en algunas zonas del país y, por lo tanto, en un alivio en las condiciones de muchas poblaciones afectadas por el conflicto”, y agregó que “la resolución del Consejo de Seguridad brinda una nueva oportunidad para redoblar los esfuerzos en esta dirección”.

El 5 de julio, el papa calificó de “encomiable el llamamiento a una cesación del fuego, que permitiría la paz y la seguridad indispensables para prestar la asistencia humanitaria que se necesita con tanta urgencia”, y afirmó “que esta resolución del Consejo de Seguridad puede convertirse en un valiente primer paso para el futuro de paz”.


Colombia cuenta con 1.200 intensivistas que, antes de la emergencia, ya atendían 5.346 camas de 390 unidades de cuidados intensivos. Con la emergencia sanitaria, y la falta de personal calificado, se pusieron en marcha capacitaciones a otros especialistas para apoyar los servicios de cuidado crítico.
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El 7 de julio, el Comando Central del Eln, en respuesta a los llamados del Consejo de Seguridad de la ONU y del papa, le propuso a Duque “pactar un cese al fuego bilateral por 90 días” y agregó que en caso “de pactarse este cese bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Eln”.

Pero horas después de expedido el comunicado, Duque respondió con un trino: “Nuestro Gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El Eln es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas. Colombia les exige que liberen a los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”.

Es decir, guerra y más guerra.

Ya es hora de que tanto el Eln como el presidente recapaciten: si bien es cierto que el primero ha empezado a recibir golpes contundentes del Ejército (la muerte, hace semanas, de un importante comandante de esa organización y la captura de varios responsables del atentado a la Escuela de Policía General Santander), también lo es que el Eln tiene una gran capacidad de hacerle daño al país y al Gobierno, y que, en los territorios, la gente clama porque se dé ese cese al fuego, para que los pocos recursos del Estado puedan dedicarse a controlar la pandemia.

De modo que a ambos les conviene dejar la terquedad y pactar ese cese al fuego humanitario y bilateral, que debería ser también un cese a las hostilidades, con lo cual el Eln tendría que dejar de secuestrar y reclutar menores.

Pero deberían pactarlo ya.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 03 DE 2020 

¿Manzanas podridas o sociedad podrida?

 

“¿Qué fallas hay en la cultura colombiana y en la educación que brinda el Ejército a sus miembros como para que por lo menos siete soldados participen en la violación de una niña de 12 años?”, preguntaba la semana pasada El Espectador en un editorial titulado “Dejemos de hablar de monstruos y vamos al fondo”, escrito a propósito de la violación de una niña embera chamí, ocurrida hace poco en Risaralda.

Y ahora, luego de conocida la revelación hecha por Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV, sobre el caso de una indígena nukak de 15 años que en septiembre pasado, en Guaviare, habría sido secuestrada y violentada sexualmente durante cuatro días por “integrantes del Ejército que la llevaron al sitio del campamento” y, sin que le dieran “de comer ni de beber, luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera”, según dice el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, El Espectador tendría que repetir su pregunta, pero con más contundencia: ¿qué aberraciones hay en nuestra sociedad y en la formación que el Ejército les da a sus miembros para que esos horrores sucedan?

Lo primero que hay que decir es que la violación denunciada por Ávila se suma a cuatro casos más de niñas indígenas presuntamente violadas por soldados en Guaviare. Los hechos los investigó la Defensoría del Pueblo debido a denuncias que la comunidad hizo sobre el comportamiento de soldados con niñas del resguardo de la comunidad nukak.
Los interesados podrán ser parte del programa ofrecido por APPS.CO, del Mintic. Mediante este recibirán asesorías personalizadas, herramientas digitales y talleres de relacionamiento virtual, entre otros beneficios.
Emprendedores tienen hasta el 10 de julio para inscribirse a asesorías virtuales y gratuitas
Francisco Barbosa confirmó que estuvo en San Andrés con su hija y una amiga cercana de ella, ambas menores de edad. Dijo que él cubrió los gastos del viaje y que está dispuesto a responder ante la Comisión de Acusación.


Tres respuestas que dio el fiscal Francisco Barbosa sobre su viaje a San Andrés
El exdelantero de Santa Fe fue diagnosticado hace unas semanas con COVID-19 y se encuentra hospitalizado y luchando contra el virus. Esta anécdota, de hace seis años, resume la personalidad del argentino campeón con el cuadro cardenal en 1975.
Juan Carlos Sarnari y una tarde de fútbol y asado
Por lo visto, es frecuente que las víctimas de violación sean niñas indígenas y que los violadores sean soldados. Ello no significa que paramilitares, guerrilleros y disidentes no lo sean también. Según le dijo a W Radio el líder embera Gerardo Jumí, “el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, pero es invisibilizado y silenciado”.

Es decir que en esta sociedad machista, patriarcal y racista, que desprecia a los indígenas, en el fondo no es tan mal visto violar a niñas indígenas… De ahí que los delitos sexuales contra ellas sean silenciados o minimizados, sobre todo si quienes los cometen son miembros del Ejército.

Si no fuera así, ¿cómo se explica que luego de diez meses de que la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Procuraduría conocieran la denuncia de la violación de la niña nukak, aún hoy repose en la Fiscalía Segunda de San José del Guaviare sin que se haya avanzado en la investigación y sin que hayan capturado a ninguno de los militares responsables de los hechos

¿Y cómo se explica que en el caso de la violación de la niña embera la Fiscalía haya procesado a sus autores solo por acceso carnal abusivo y no por secuestro y acceso carnal violento, y que los violadores se encuentren recluidos en el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, y no en una cárcel común, como si el delito que se les imputa hubiera sido propio del servicio?

Se equivocan quienes pretenden minimizar y silenciar estos hechos tan graves cometidos por miembros del Ejército; lo que las autoridades deben hacer es justamente lo contrario: denunciar a los responsables no solo ante la justicia, sino ante la opinión y destituirlos de manera pública y fulminante, de manera que se produzca un escarmiento y una sanción social que comience a cambiar los patrones culturales que conducen a que esos horrores sucedan.

Porque si bien es muy grave que cualquiera viole a un menor, lo es mucho más si la víctima es una indígena discriminada y si los violadores son miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 26 DE 2020 

Las vergonzosas perlas del libro de Bolton

El capítulo sobre Venezuela del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra el irrespeto de Trump a la soberanía latinoamericana, el fracaso de su política hacia nuestro país vecino, su falta de simpatía por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, la apuesta equivocada de Colombia con respecto a Maduro y el arrodillamiento del gobierno de Iván Duque ante Trump, con una excepción, equivocada también: cuando en una reunión Trump planteó que le gustaría reunirse con Maduro, Duque le dijo que sería un error hacerlo.

El hecho de que la soberanía de Venezuela y, por ende, de los demás países de América Latina le importa un carajo al actual presidente de EE. UU. se evidencia en esta frase de Bolton: “Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y, luego, quedársela porque ‘es realmente parte de los Estados Unidos’”.

Semejante frase no puede pasar desapercibida. Los países de la región, incluidos los del Grupo de Lima y de la OEA, tendrían que protestar, pues una cosa es que rechacen el gobierno ilegítimo de Maduro y otra muy distinta que estén de acuerdo con la intención de Trump de anexarle a EE. UU. una nación latinoamericana.

Bolton reconoce el fracaso de la política estadounidense en Venezuela cuando dice, por ejemplo: “Llegué a la conclusión de que estos generales nunca tuvieron la intención de desertar”; o cuando, refiriéndose al fallido intento de levantamiento del 30 de abril del año pasado, comenta: “En Venezuela, ese día, todo se fue por la borda”.


El gobierno de Nicolás Maduro elevó ante la Corte Penal Internacional sus reclamos por las sanciones que Washington ha aplicado contra su país “en medio de la pandemia” del coronavirus.
Venezuela amplía su denuncia ante CPI por sanciones de Estados Unidos
Las memorias del exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca describen una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleno de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y a la eficacia de la estrategia que lideró Colombia contra Maduro.
Colombia y Venezuela, protagonistas en el libro de John Bolton
El presidente de Estados Unidos afirmó en una entrevista publicada ayer que estaría dispuesto a un diálogo con Nicolás Maduro. Las declaraciones suponen un giro inesperado en su política de máxima presión hacia Venezuela.


Trump, entre un posible diálogo con Maduro y la confianza parcial en Juan Guaidó
También es evidente la falta de simpatía de Trump por el autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Él no tiene lo que hace falta… Apártate un poco, no te involucres mucho”, que era como decir: “No te comprometas mucho”, cuenta Bolton que le dijo Trump. Y agrega que Trump “pensaba que Guaidó era débil, en comparación con Maduro, que era fuerte”.

De otra parte, la apuesta equivocada de Duque con respecto a Maduro se muestra a lo largo del capítulo, pues se ve cómo Colombia ha asumido un papel protagónico en la conspiración para tumbar al mandatario venezolano, lo cual ha vuelto mucho más difíciles nuestras relaciones, de por sí complicadas, con el país vecino, y ha dejado libres las manos de Maduro para que les dé albergue a los del Eln y a los disidentes de las Farc.

El arrodillamiento de Duque ante EE. UU. no tiene nombre. Dice Bolton que Trump “preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta”.

Ante esa afirmación del libro y ante la filtración, en esa época, de la anotación de las “5.000 tropas para Colombia” en la libreta amarilla de Bolton, ni Duque ni nadie del Gobierno de Colombia protestó, sino que el canciller de entonces, como gran chiste, le llevó de regalo a Bolton una libreta amarilla como la que había aparecido en las cámaras. No se les ocurrió pensar que con esa frase el gobierno de Trump atentaba contra la soberanía de Colombia, ni que para que ingresen tropas extranjeras al país se requiere la autorización del Congreso. ¡Nada!

En coyunturas tan difíciles como las que ha habido con Venezuela, Duque ni siquiera ha convocado una vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Todas las burradas las hace solo. Por ejemplo, ahora, rompió la tradición y apoyó al candidato de EE. UU. para la presidencia del BID, cuando siempre los presidentes del BID habían sido latinoamericanos.

Definitivamente, la política exterior de Colombia en tiempos de Duque ha sido una vergüenza.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 19 DE 2020

Sí se puede

                         

El viernes ocurrió algo que hubiera sido imposible antes del Acuerdo de Paz: en un encuentro virtual, el ex soldado Jimmy Ramírez, quien quedó en silla de ruedas para siempre a raíz de que en septiembre de 1.994 fue emboscado por las FARC en Ciudad Bolívar en Bogotá, se reunió, en compañía de su madre y de otras víctimas, con los antiguos comandantes de las Farc, Timochenko y Carlos Antonio Lozada, para celebrar que el partido Farc hubiera ganado la tutela que interpuso para que el Estado le reconociera a Ramírez el derecho a la salud, que le había sido vulnerado en los últimos 25 años porque otra persona lo había suplantado.

 

Que hayan sido las Farc las que lograran que ese ex soldado vaya a recibir la atención en salud a la que tiene derecho, no puede pasar desapercibido en este país donde tantos insisten en exaltar los defectos del acuerdo de paz y en ocultar y minimizar sus logros.

 

En el Encuentro Transformador del viernes participaron también el Presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco De Roux, y la promotora de esos Encuentros Transformadores, Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado de las Farc contra el Club El Nogal, donde se fracturó la columna a nivel cervical y perdió la movilidad de todo su cuerpo, salvo de tres dedos de su mano izquierda. Entonces tuvo que someterse, por más de un año, a un intenso tratamiento de seis horas diarias de fisioterapia y aprendió a caminar de nuevo. Luego viajó a Boston, pues su marido era profesor de educación en la Universidad de Harvard, y allí, dado que había perdido quince kilos y sólo dormía dos horas diarias, no sólo continuó con la fisioterapia intensiva, sino que durante seis años hizo un tratamiento de una hora diaria con una sicóloga de Bosnia que había vivido la guerra, para superar el stress post traumático que le había sido diagnosticado en máximo grado.

 

Así, con ese trauma a cuestas, hace ocho años, Bertha Lucía, en lugar de invertir sus energías en odiar, empezó a invertirlas en tratar de entender. Y en sus viajes a Colombia comenzó a encontrarse con reinsertados de las Farc, del ELN, de los paramilitares y, sin decirles que era víctima, les hacía dos preguntas: la primera, por qué habían entrado a la guerrilla y la respuesta era siempre porque no tenían más alternativas de subsistencia, porque huían del maltrato familiar, etc. Y la segunda, si se encontraran con una víctima qué le dirían, y todos respondían lo mismo: que le pedirían perdón. Entonces Bertha Lucía comenzó a reunirse con las víctimas de El Nogal. Y luego del plebiscito, las Farc la invitaron a La Habana para hablar sobre el Acuerdo de Paz. Ella les dijo que asistiría si se comprometían a contar por qué hicieron lo que hicieron y a encontrarse con las víctimas de El Nogal. Las Farc aceptaron y designaron a Carlos Antonio Lozada como interlocutor de Bertha Lucía. Así empezaron esos Encuentros Transformadores en los que las víctimas, la mayoría humildes como el soldado Jimmy Ramírez, o como los meseros y ascensoristas del Club El Nogal, vencían sus reticencias y se enfrentaban con sus victimarios, les reclamaban los horrores que habían cometido, lloraban, y ellos les pedían perdón.

 

Hoy a Bertha Lucía no le alcanza el tiempo para organizar los  encuentros que madres de asesinados en los llamados falsos positivos, soldados mutilados u otras víctimas, le ruegan que haga para que ellos puedan perdonar, pues están agotados de que el odio que sienten les haga daño.  

 

 

Con mil Bertha Lucías más, este país sería un paraíso…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 12 DE 2020

Si fuéramos capaces de despertar…

Las cifras de los asesinatos de líderes sociales, solas, se convierten en una estadística que no muestra la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, por iniciativa de esa enamorada de la paz que es Gloria Arias, un grupo de columnistas, encabezados por Humberto de la Calle y Rodrigo Uprimny, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos, que terminaron asesinados en esta Colombia sobre la que Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, afirmó que es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.

Para corroborarlo basta recordar, por ejemplo, los gritos que el 21 de junio de 2019 daba ese niño que, enloquecido, corría por las calles de Tierralta, Córdoba, pidiendo ayuda para salvar a su madre, María del Pilar Hurtado, quien acababa de ser acribillada en la puerta de su casa.

María del Pilar, de 34 años, madre de cuatro hijos, ejercía su liderazgo social en un asentamiento de lotes de invasión. Había llegado allí un año antes, desplazada de Puerto Tejada, Cauca, donde, a través de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza, había denunciado redes de narcotráfico y “casas de pique”.

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En Tierralta vivía del reciclaje y, con otras familias, había ocupado lotes y terrenos en desuso, entre los cuales se encontraba uno del padre del alcalde. María del Pilar se había convertido en vocera de las familias ante los dueños de los terrenos y la Alcaldía.

A raíz de su papel como líder, fue amenazada de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La amenaza iba dirigida únicamente a los pobladores de la “invasión”. Días después, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta la asesinaron frente a su casa en presencia de ese hijo; al ver a su madre muerta, empezó a correr y a dar esos alaridos de dolor que quedaron grabados en un video que, por unos días, conmovió a los colombianos. Pero, después, nos olvidamos de María del Pilar y, probablemente, la investigación sobre su crimen, del cual se dijo que era sospechoso el padre del alcalde de Tierralta, llegó a la Fiscalía a poblar los anaqueles del olvido.

También el 22 de diciembre de ese año nefasto fue abaleada, en Saravena, Martha Cecilia Pérez Giraldo, de 40 años, miembro de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) y de la Red Departamental de Mujeres Emprendedoras. Martha Cecilia defendía los derechos de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar. Como casi siempre ocurre, quien figura como responsable del crimen es un “desconocido”. Y como si su muerte no hubiera bastado, ese mismo día, en Saravena, también su hermana fue asesinada.

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Al día siguiente, en Nariño, Lucy Villarreal, de 32 años, activista cultural e integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, impulsora del Carnaval de Negros y Blancos, madre de dos niñas, quien resaltaba la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio, fue asesinada en el corregimiento de Llorente, cuando salía de dictar un taller de arte para niños.

A manera de despedida, una de sus hijas escribió en las redes sociales: “Te vas siendo la mejor persona, la que llenaba con su sonrisa el alma de cualquier persona. Me haces mucha falta, mi mamita”.

¿Hasta cuándo seguiremos inconmovibles ante los asesinatos de los líderes sociales? ¿Cuándo seremos capaces de despertar y darnos cuenta del horror del que nuestro silencio nos hace cómplices?

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 05 DE 2020

Lecciones desde EE. UU.

Luego de décadas, es más, de siglos… de un racismo que parece indomable, Estados Unidos despertó por fin. Y con rabia… El hecho de que en millones de celulares y de televisores los ciudadanos de ese país hayan visto morir al afroamericano George Floyd, después de que durante ocho minutos y medio le repitiera al policía blanco de Mineápolis Derek Chauvin que no podía respirar, pues la rodilla que le mantenía clavada en el cuello le impedía hacerlo, ha generado la mayor ola de protestas que ha habido en Estados Unidos desde 1968, cuando fue asesinado Martin Luther King. Y las protestas, que ya llevan más de una semana, han sido tan masivas y violentas, que en Washington, Nueva York, Boston y otras ciudades importantes, ha habido toque de queda, no obstante lo cual almacenes emblemáticos como Apple, Coach, Chanel, Louis Vuiton y otros han sido saqueados.

Esos asesinatos cometidos por policías blancos contra negros acusados de cualquier tontería (a Floyd lo acusaban de que supuestamente había pagado un paquete de cigarrillos con un billete falso), son frecuentes en ese país: recuerdo que en 2015, durante una temporada que pasé allá, se dieron disturbios en Baltimore a raíz de las protestas desatadas luego del funeral de Freddie Gray, un afroamericano muerto porque un policía blanco le rompió la columna vertebral. Y hacía poco había ocurrido la muerte de Eric Gardner, un corpulento negro de 27 años, asmático y padre de seis hijos, quien en Staten Island, Nueva York, desarmado, había discutido con un policía porque fue acusado de vender cigarrillos en la calle de manera ilegal, y cuando forcejeaba para evitar que lo esposaran, fue asfixiado por el agente Daniel Pantaleo, no obstante que Gardner también había dicho con insistencia, igual que Floyd, “no puedo respirar”. El policía no fue procesado por su muerte, como tampoco lo fue el agente blanco Darren Wilson, quien un mes después, en Fergusson, Misuri, mató a tiros a Michael Brown, un negro de 18 años que, desarmado, fue baleado por robarse unos cigarrillos. Como estos, ha habido muchos casos.

Pero el asesinato de Floyd se dio en un momento distinto, justo cuando la mayor proporción de los más de 100.000 muertos dejados por el coronavirus está conformada por negros y latinos; justo cuando la crisis económica generada por la pandemia ha dejado 20 millones de desempleados, y justo cuando hay un presidente cercano a los supremacistas blancos que está en plan de reelección y quien, en lugar de apaciguar a la gente, se ha dedicado a echarle leña al fuego y a amenazar con sacar al ejército a la calle.

¿Qué pasará? Seguro las protestas acabarán por apaciguarse. Pero si la lógica política funciona, con lo que ha ocurrido y con los desaciertos de Trump en el manejo de la pandemia, tendría que hundirse su reelección, caso en el cual Colombia quedaría muy mal parada por haberse ligado exclusivamente con los republicanos y haberse olvidado de los demócratas.

Y a propósito de Colombia: ¿por qué aquí nos enteramos de que en Puerto Tejada un policía mató a bolillazos en la cabeza al joven negro Ánderson Arboleda por salir a la calle en medio de la cuarentena, y no pasa nada? ¿Por qué vemos que este año han matado a 117 líderes sociales y no reaccionamos? La violencia nos ha vuelto ciegos…

 

Nota. Por fin reaccionó Cuba de manera drástica ante la ingratitud de Colombia. Por fin le cantó la tabla al gobierno de Iván Duque por tanta deslealtad, por tanta manipulación, por tanta ignorancia, por tanta perfidia…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 22 DE 2020

Vergüenza

Vergüenza y pesar produce hoy la política internacional de Colombia. Después de que el país se había ganado el mayor respeto mundial, en el último año y medio se ha perfilado como una nación que no tiene palabra, que incumple sus compromisos internacionales y que es incapaz de diseñar una política exterior que beneficie a sus ciudadanos, porque está arrodillada ante el ala radical del partido de gobierno, Centro Democrático, y ante los caprichos e intereses electorales de Donald Trump.

Es así como el presidente Duque, en cuanto se posesionó y para complacer a Trump, insistió en que se reanudara la fumigación de la coca con glifosato y se fue olvidando de los compromisos sobre sustitución de cultivos adquiridos con los campesinos, única forma inteligente de enfrentar el problema. Se empeñó en que su prioridad era tumbar a Nicolás Maduro y, en lugar de acordar un mecanismo de comunicación mínima con un vecino conflictivo con el que se comparten más de 2.000 kilómetros de una frontera llena de problemas, apoyó hasta el ridículo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, un señor sin poder alguno y cada vez más cuestionado. Duque ordenó que, por primera vez en la historia, Colombia se abstuviera de condenar el bloqueo de EE. UU. contra Cuba en la Asamblea de la ONU y, lo que es peor, indujo a ese país, según lo dio a entender el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, a que incluyera a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, todo porque Cuba ha cumplido su compromiso como país garante del proceso de paz con el Eln y se ha negado a extraditar a los miembros de la delegación de diálogo que llegaron a la isla por solicitud del Estado colombiano, porque existe un protocolo que debe aplicarse en caso de ruptura de los diálogos y que estipula cómo deben regresar los guerrilleros a Colombia.

Esa actuación del gobierno de Duque dio al traste no solo con la posibilidad de que se negocie la paz con el Eln, sino también puso en peligro cualquier negociación de paz de otros países, porque ninguna nación va a querer servir de garante de un proceso si corre el riesgo de que, por hacerlo, la incluyan en la lista de países que apoyan el terrorismo.

(Y de que Cuba esté en esa encrucijada, también es responsable el Eln. Pero ese será tema de otra columna).

Por ahora, lo único que nos queda es ofrecerle disculpas a Cuba y decirle gracias de todo corazón.

***

Señor presidente, una amenaza en la que el “Bloque Capital (Reorganizado)” nos declara “objetivos militares” al exministro Carlos Bula, al senador Alexánder López, al sindicalista Hernando Hernández y a mí, por promover la reanudación del proceso de paz con el Eln, dice: “No somos una organización fantasma ni tenemos que utilizar seudónimos estúpidos. Fuimos fundados hace algunos años por importantes personalidades del país. Nos disolvimos cuando la ofensiva comunista del gobierno Santos impidió nuestro funcionamiento. Hoy con un gobierno distinto nos estamos reorganizando”.

¿Usted qué opina de que hagan esas afirmaciones, presidente? ¿Por qué ese bloque paramilitar siente que tiene licencia para reorganizarse durante su gobierno?

Respetuosamente le solicito que, de manera pública y contundente, descalifique al Bloque Capital, rechace sus afirmaciones y anuncie que los perseguirá de modo implacable. De lo contrario, creeremos que es cierto lo que dicen: que Santos les impidió funcionar, pero que, en su gobierno, tienen licencia para reorganizarse y para amenazar, por ahora…

 @patricialarasa

 

Patricia Lara 

Mayo 15 de 2020

Sin política de paz

“Este Gobierno no tiene una política de paz”, dice monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, en una entrevista con El Espectador en la que hace tres afirmaciones claves:

1. Que el Gobierno “habla de paz con legalidad; es decir, que le cuelga la paz a la ley”, cuando la cosa es al revés: que en esta sociedad “hay que conseguir la legalidad por medio de la paz”, porque la ley no vale para mucha gente. Y es cierto: si no hay paz en vastas zonas, se impone la ley del más fuerte, opuesta a la legalidad que promueve el presidente Duque, porque en esos territorios gobiernan los grupos armados, mientras que el Ejército, por carecer de metas y filosofía claras, se desgasta en corruptelas y peleas internas, y despilfarra sus recursos en espiar a la oposición, en vez de usarlos para capturar a los capos del narcotráfico y a los jefes de las bandas armadas.

2. Que el Decreto 601, que autoriza al alto comisionado para la Paz a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, “es regresivo” e implica un retroceso, pues vuelve al concepto de sujeción individual y está planteado “en términos inferiores a (…) la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo”.

3. Que “lo único bueno” que tiene el Decreto 601 es que le reconoce carácter político al Eln, lo cual es, sin embargo, contradictorio, pues, como “no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz” y “al Eln no le queda sino el sometimiento”.

Por supuesto que en esas condiciones, más allá de la desmovilización de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln, es difícil que ese decreto tenga efectos positivos, pues los grupos armados deben verlo como un retroceso, sobre todo si se tiene en cuenta, por una parte, que el cese bilateral con el Eln estuvo acordado, pero un antiguo líder de izquierda, convertido al uribismo, convenció a los elenos de que no lo firmaran con un gobierno que estaba por terminar y lo hicieran con el del nuevo presidente, Iván Duque, quien no movió un dedo para reanudar de inmediato los diálogos de La Habana y, cinco meses después, el Eln atentó contra la Escuela de Policía en Bogotá. Y, por otra, si se piensa, como lo cuenta monseñor, que durante el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas, al final del gobierno Santos, se tenía todo listo para el sometimiento colectivo, e incluso se había adaptado como lugar de reclusión un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia), pero el proceso no siguió porque no se contemplaron “los porcentajes patrimoniales de supervivencia” que les permitieran vivir con sus familias.

La conclusión de monseñor no puede ser más desoladora: “Le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz (…) presentara una política alternativa (…). Pero el Gobierno (…) rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso” distinta del sometimiento. Entonces todo ha sido inútil.

¡Qué desesperación produce saber que mientras el tiempo pasa y el Gobierno no actúa, la gente se muere en los territorios!

Nota. Cerrada esta columna, me entero de que EE. UU. incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, por no aceptarle a Duque extraditar a la delegación de diálogo del Eln y violar así los protocolos que, como país garante, se comprometió a hacer cumplir. ¡Qué injusticia la de Trump y qué ingratitud la de Duque!

Esta columna reaparecerá en dos semanas.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 08 DE 2020

Resultados, no investigaciones

Con las investigaciones ordenadas por los altos mandos a raíz de las chuzadas reveladas una y otra vez por ese riguroso y valiente periodista que es Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, puede pasar lo mismo que con Edipo, quien ordenó que se averiguara quién había sido el asesino de Layo, hasta que descubrió que el asesino había sido él mismo y que Layo era su propio padre.

Porque, como lo afirmó uno de los chuzados, nada menos que Jorge Mario Eastman, ex secretario general de la Presidencia de Iván Duque, hoy embajador ante el Vaticano, “esa decisión no la toma cualquier persona de bajo rango”. Por eso Eastman no cree en la teoría de las manzanas podridas, como tampoco muchos creemos en ella. Es que no es posible que cada cierto tiempo la prensa haga nuevas denuncias, que siempre el ministro de Defensa y el presidente se rasguen las vestiduras y digan que se van a realizar investigaciones exhaustivas, que luego caiga uno que otro militar, pero, en el fondo, nada cambie, porque no cambian ni la filosofía ni los valores que inspiran y avalan ese proceder, que se puso tan de moda en el gobierno de Álvaro Uribe a raíz de las famosas chuzadas del DAS, denunciadas por el mismo Ricardo Calderón.

No es sino recordar que, por ejemplo, en agosto pasado, Semana publicó apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes a la cabeza del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y se estableció que, por orden del anterior comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se dio una persecución dentro de la institución para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y a Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la práctica de los falsos positivos. Pero el general Martínez negó que esa persecución hubiera existido y se hizo el loco ante la revelación de que él había dado la orden, hecha por el general Quirós, quien hoy es uno de los caídos con el nuevo escándalo.

Y ahora el general Nicacio Martínez le dice a la prensa que se siente víctima, que “la inteligencia se rige por una ley”, que “hay una junta de inteligencia en la que se reúnen todos los jefes de inteligencia de la institución y el ministro de la Defensa”, que “hay unas políticas claras”, que él no ordenó chuzadas contra periodistas, magistrados, políticos o contra el Gobierno, y que “todo lo que hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares”.

En fin, sigue el carrusel de Tongo le dio a Borondongo, y de Borondongo le dio a Bernabé…

Por eso, para evitarlo, es indispensable que cuanto antes, y para bien del mismo Ejército, el ministro de Defensa, en virtud del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, le entregue a la Comisión de la Verdad, como dice el pronunciamiento de su presidente, el padre Francisco de Roux, “los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.

A ver si, por fin, se erradican esos procedimientos para siempre...

Y una pregunta: ¿cómo piensan lidiar con la rabia que, con toda razón, deben sentir los gringos porque en lugar de usar sus fondos para perseguir el narcotráfico, el Gobierno los utilizó para espiar a los periodistas de su propio país?

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 01 DE 2020

Un médico en mi lugar

Hoy cedo mi lugar al monteriano Javier Romero Ogaza, neurorradiólogo del Hospital de Massachusetts y profesor de la Universidad de Harvard, quien, en esta emergencia, ha tratado pacientes con coronavirus.

En Colombia, donde la insolidaridad ha llevado a que se discrimine a los médicos y hasta se les amenace para que abandonen sus viviendas, vale la pena conocer el calvario que padece uno que atiende la pandemia con la protección adecuada. Imagínense ustedes cómo será el que han vivido tantos que aquí han tenido contacto con los contagiados sin disponer siquiera de guantes ni tapabocas.

***

Al llegar del hospital pensaba en Santos, de 56 años, contagiada de coronavirus, a quien le había explicado que si se deterioraba, tendríamos que entubarla para ayudarla a respirar. Limpié con paños de Clorox mi celular, mi carné de médico, el bíper y las llaves. Ese ritual lo practico siempre que llego a casa: así reduzco las posibilidades de contagiar a mi familia.

Los ojos de Santos, abotagados y saltones, y su sonrisa al oír que trataríamos de evitarle la entubación volvieron a mi mente.

Introduje en la lavadora mi vestido de cirugía, las medias y los pantaloncillos. Pensando que así mataría el virus de inmediato, vertí más detergente del necesario. Observé cómo se lavaba la ropa: imaginé que un virus gigante, rojo, agonizante, gritaba de dolor cuando le caía el jabón adicional. Recordé de nuevo a Santos: ¿podría regresar a su casa? Me había contado que vivía con unas ocho o doce personas en un apartamento de dos cuartos con camarotes que alquilaban a inmigrantes. Compartían un solo un baño y la cocina. Recordé La metamorfosis, de Kafka, e imaginé un virus gigantesco, rojo, irregular, que se reía y crecía a medida que Santos describía las condiciones de su hogar, que parecían un carnaval para la proliferación del virus. Creo que se dio cuenta de mi distracción, y exclamó: “Doctor, ¿se encuentra bien?”.

 

“Sí, Santos, pensaba que, para evitar el contagio, tendría que enviarla a un hotel adecuado para aislar a quienes no pueden aislarse en su casa”.

“Gracias por todo lo que hace por mí”, afirmó.

En lo más profundo escuché una voz que me decía: “Lo que haces no va a ser suficiente para salvarlos a todos”.

 

Oí que mi señora, en el baño adyacente, abría el agua caliente para que me duchara.

“Gracias, amor”, le dije, y me di cuenta del amor de mi esposa, quien lo arriesgaba todo al estar junto a mí. Pensé que no me perdonaría si llegase a contagiar a alguien de mi familia. Caminé hacia la ducha en puntas de pies, sin tocar las superficies del baño. Agarré la manija de la puerta. El temor de contagiar a alguien me produjo un huracán de adrenalina en las venas. Después de limpiarla, recordé que había tocado la ropa quirúrgica. Limpié todo de nuevo. Me duché. Me enjaboné. Me restregué con fuerza.

Cuando me secaba, el sonido del bíper rompió el silencio: “Santos necesita entubación respiratoria”. Me senté en el borde de la cama, semidesnudo, en silencio. Sabía que los estudios chinos determinan que el 80 % de los que necesitan conectarse a un ventilador fallecen.

A los cuatro días recibí un mensaje que me indicaba que ordenara el traslado a cuidados intermedios de Santos Cabrales.

Entonces me dije: “Amo lo que hago. A pesar de las dudas, de las tribulaciones, del dolor humano, siempre estamos acompañados por el trabajo incesante de los colegas y por nuestro Señor, que nos ilumina en este difícil camino”.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 24 DE 2020

Genocidio anunciado


¡No hay derecho!, en el sentido literal de la expresión. O lo hay tanto, hay tantas leyes, instancias, decretos y organismos de control, en este país heredero del nefasto general Santander, que aquí el derecho no sirve o, lo que es peor, sirve para enredarlo todo.

Veamos un ejemplo: el 21 de marzo hubo protestas en varias cárceles del país para exigir medidas de prevención de contagio de coronavirus, con un resultado de 23 muertos y 82 heridos en La Modelo, de Bogotá. Dos días después, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el director del Inpec, general Norberto Mujica, decretaron la emergencia carcelaria con el fin de “trabajar por la salud y la seguridad” de los presos, los funcionarios y sus familias, pero aclararon que esa medida no les permitía hacer excarcelaciones, ya que estas eran de competencia de los jueces. Diez días más tarde, la ministra anunció que trabajaba en un decreto para disminuir el hacinamiento y reducir las posibilidades de contagio del coronavirus en las prisiones. Y mientras ella pensaba y consultaba a sus asesores jurídicos, estalló la bomba sin que, en la práctica, el Estado hubiera hecho nada para evitarla: el 5 de abril murió el primer infectado de coronavirus en una cárcel colombiana, la de Villavicencio. El 11 de abril, el Inpec confirmó la muerte por coronavirus de un recluso de 78 años que, en esa misma cárcel, padecía enfermedad respiratoria. Ese mismo día se conoció el contagio de otro preso que estaba hospitalizado allí.

Mientras tanto, continuaban los interminables estudios jurídicos del borrador de decreto de excarcelación, primero por parte del Consejo Superior de la Judicatura y después por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, quien le puso tantos peros y le hizo tantos recortes, que lo volvió inoperante, y la ministra aceptó sus objeciones.

Entonces, por fin, el 14 de abril, el Gobierno expidió el famoso Decreto 546 de 2020, que establece condiciones para conceder medidas transitorias de prisión domiciliaria a los reclusos, “con el fin de evitar el contagio de la enfermedad coronavirus”. Y agrega que la duración máxima de la medida será de seis meses. Es decir: luego de que, con el tal decreto, salgan cerca de 4.000 presos (en lugar de los 40.000 que deberían salir para aliviar el hacinamiento), a los seis meses tendrán que regresar a las cárceles.

Pero como las cosas en la justicia marchan a paso de tortuga paralítica, es la hora en que no ha salido el primer recluso, porque la decisión final sobre su libertad depende de los jueces de ejecución de penas, que son pocos y no dan abasto.

A todas estas, el coronavirus ya llegó a las cárceles Las Heliconias, de Florencia, y La Picota, de Bogotá. A la hora de escribir esta columna, se sabe de 74 contagiados entre presos y guardianes. Y dado el 54 % de hacinamiento que hay en las prisiones del país, aunque en cárceles como la de Santa Marta este índice es del 300 %, la velocidad de propagación del virus será inimaginable.

Entonces, mientras discuten nuevas adiciones y modificaciones al decreto, se producirá el “genocidio carcelario”, como lo advierten en un comunicado decenas de docentes e investigadores de derecho penal y criminología. Luego vendrán las multimillonarias demandas que, con toda razón, interpondrán y ganarán los familiares de los presos muertos por la negligencia del Estado en este genocidio anunciado.

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 17 DE 2020

 

A enamorarlos, Claudia

Que quien maneja la capital, durante una crisis tan difícil como la que está viviendo y la que vivirá Bogotá, sea la hija de una maestra, criada en Ciudad Bolívar, que se graduó a punto de becas en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York y terminó un doctorado en ciencia política en la Universidad de Northwestern en Chicago, es algo que, de verdad, tranquiliza.

 

Con una calificación de 8.1, la más alta entre todos los alcaldes del país, según encuesta realizada a comienzos de mes por el CNC, Claudia López se ha convertido, en sus primeros cien días de gobierno, en la principal líder nacional, hasta el punto de que ya es el blanco tanto de los ataques de la extrema derecha, como de Gustavo Petro, quien no le perdona que no haya necesitado su apoyo para ganar la alcaldía y no pierde oportunidad para atacarla por cualquier motivo. Incluso hay quienes dicen que Petro cree que Claudia renunciaría el año entrante para lanzar su candidatura presidencial y arrasar con él, algo que, seguro, a ella no se le ha pasado por la cabeza. Pero lo que sí va a ocurrir es que Claudia López termine su alcaldía con un enorme reconocimiento y que, en el 2.026, se lance como candidata presidencial con el apoyo de una amplísima coalición de centro y centro izquierda y se convierta, enhorabuena, en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

 

Pero, para que eso sea posible, Claudia tiene que hacer un gobierno estelar en Bogotá, en medio de los más difíciles retos: por el momento, el más urgente, es lograr ya que las ayudas que prometió para los más pobres, en efecto lleguen a sus destinatarios, lo cual constituye un desafío gerencial, especialmente en este país tan dado a dictar leyes y decretos que no se cumplen y que, por ende, en la práctica no sirven para nada.

 

El otro gran reto es lograr mantener controlada la curva del coronavirus de modo que el sistema de salud pueda adecuar su capacidad para atender el gran número de contagiados que van a seguir llegándole, sin desatender a los usuarios que se presenten con otras enfermedades y, al mismo tiempo, controlar la curva del desempleo o, por lo menos, tener listos subsidios para que las familias de los desempleados, empujadas por el hambre, no asalten masivamente los supermercados, etc.

 

Para conseguir ese milagro, la alcaldesa tiene no sólo que seguir impulsando su programa de donaciones a www.bogotasolidariaencasa.gov.co, sino enamorar a unos cuantos empresarios.

 

Y, viéndolo bien, el asunto no es tan difícil: con que los 4 colombianos más ricos donen el 10 por ciento de su patrimonio, se obtendrían cerca de 2.000 millones de dólares (no más entre Luis Carlos Sarmiento, Jaime Guillinsky, los hermanos Santo Domingo y Carlos Ardila, sobrepasan los 20.000 millones de dólares). Es decir que, sólo con ellos, que deberían sentir, al estilo de Bill Gates y Warren Buffet, que su deber es retribuir lo mucho que han recibido, se obtendrían 2.000 millones de dólares que, si se dividen en subsidios de 450.000 pesos mensuales, alcanzarían para sostener, durante 6 meses, a cerca de 2. 900.000 familias, cuando en Colombia hay aproximadamente dos y medio millones de familias en pobreza, y la alcaldesa apenas aspira a subsidiar 500.000.  

 

De manera, Claudia, que láncese a enamorarlos... A ellos y a unos cuantos más…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 3 DE 2020

 

Ya lo hizo el ELN, ahora le toca al gobierno    

                  

“Si los grupos violentos tuvieran un poquito de generosidad y pararan, el final de esta crisis podría ser el principio de una verdadera paz”, trinó el Senador Álvaro Uribe el pasado 28 de Marzo.

Coincidencialmente, ese día, el Comando Central del ELN respondió el llamado que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, les hizo a los grupos armados para que, debido a la pandemia que azota a la humanidad, decretaran un “alto al fuego inmediato” en todos los rincones del mundo.

Entonces, después de liberar a cuatro secuestrados, los comandantes del ELN, incluidos los duros y los blandos, ordenaron “un cese unilateral activo por un mes,” desde el 1 hasta el 30 de abril. Ello significa que, en ese lapso, no harán acciones ofensivas.

Así, el ELN paró, como lo pidieron, además del Secretario General de la ONU y del Senador Uribe, las comunidades y sectores de la sociedad civil. Pero ese cese al fuego es demasiado corto: ojalá lo prorroguen. Sin embargo, la pelota está hoy en la cancha del gobierno. Y si le interesa la paz, tiene que moverse rápido porque un mes pasa volando.

Hasta ahora, el gobierno no ha dado señales positivas, porque si bien Uribe logró que el Presidente Duque nombrara Promotores de Paz a los antiguos miembros del ELN, Felipe Torres y Pacho Galán, y que liberara a éste último, quien salió de la cárcel luego de escribirle directamente a Uribe y de recibir asistencia de la Defensoría del Pueblo, el gobierno no ha respondido bien al cese al fuego decretado por el ELN pues, por un lado, Galán y Torres hoy no juegan ningún papel en esa organización; y, por otro, el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en lugar de calificar positivamente los gestos del ELN, dijo que el cese al fuego fue tardío, e insistió en que las condiciones del Gobierno para sentarse a conversar con ellos siguen siendo las mismas: el cese de los ataques y la entrega de los secuestrados. Y, por su parte, el ELN insiste en que esos temas sólo los discute en la mesa de negociación. Mientras tanto, en medio de esa terquedad de unos y de otros, la gente sigue desplazándose y muriéndose en los territorios, por el fuego cruzado de las partes en guerra, enredadas, desde el comienzo de este gobierno, en un cruel diálogo de sordos.

 

Un gesto o paso positivo del gobierno podría ser, obviamente, valorar el cese unilateral del ELN; otro, sería liberar al antiguo gestor de paz, Juan Carlos Cuellar, quien sí es miembro activo de ese movimiento y serviría de puente efectivo con el Comando Central. Otro fundamental sería que el gobierno permitiera que se hicieran acuerdos humanitarios en los territorios. Y uno más podría ser que excarcelara a los presos que hayan cumplido más del 70 % de la pena, a los mayores de 65 años y a los que padezcan enfermedades terminales. Así, además, se deshacinarían un poco las cárceles y se disminuiría el riesgo de contagio en ellas del coronavirus. Y el ELN, por su parte, debería detener ya el reclutamiento de menores, como tanto lo ha pedido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

 

Ahora, si Duque se empeña en no dar su brazo a torcer con el ELN, en tiempos de coronavirus, por lo menos podría decretar un cese general y unilateral de hostilidades con carácter humanitario, dejando claro que respondería a cualquier agresión de los grupos armados.

 

A ver si así avanzamos hacia la paz completa... Porque no hay derecho a que a tantos muertos por la peste le añadamos ahora más muertos por la guerra.

                     *   *   *


Nota: ¡Qué falta van a hacer en Semana los dos Danieles! ¡No hay derecho!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 27 DE 2020

Coronavirus carcelario: una bomba de tiempo

Cuando el coronavirus entre a las cárceles del país –y va a entrar-, estallará como un incendio que llegue a una bomba de gasolina, afirma Julián Urrutia, doctor en políticas públicas de salud de la Universidad de Harvard, graduado con una tesis sobre la salud en el sistema penitenciario colombiano.

 

Nuestras cárceles son un medio de cultivo ideal para el coronavirus, por la combinación de hacinamiento más higiene y sanidad pésimas, dice.

La consecuencia, añade, va a ser una plaga de proporciones bíblicas que primero arrasará con los presos, luego con los guardias, después con sus familias y, finalmente, con las nuestras. Tal vez ese sea nuestro castigo como sociedad, por nuestros excesos en el uso de la privación de la libertad para lidiar con cualquier crimen, grave o leve.

Es que la nuestra es una sociedad punitiva y carcelera: “el que la hace la paga”, repite el Presidente de la República. Hay que cambiar de chip: ¡bienvenida la JEP! Porque si persistimos en esa obsesión, va a aumentar la criminalidad y a empeorar la seguridad del país.

Miremos no más las cifras de nuestro absurdo sistema carcelario: según el abogado Manuel Iturralde, miembro del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, de acuerdo con el Inpec, hay 123.472 presos en el país. Sin embargo deben agregarse los hacinados en estaciones de policía, que están en condiciones aun peores y no se sabe cuántos son; y los que están en las cárceles distritales, que no dependen el Inpec. De los del Inpec, cerca del 70 por ciento está condenado, y casi el 30 por ciento está sindicado sin haber recibido sentencia.

 

Y examinemos los casos: según el libro Cómo se negoció la paz de Víctor De Currea-Lugo (próximo a salir), en Diciembre había 330 presos de las FARC que, por haber sido amnistiados, han debido liberar desde fines del 2.016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Además, hay ¡quién sabe cuántos! que ya tienen derecho a libertad condicional, porque han cumplido las tres quintas partes de la pena y han completado el proceso de resocialización, pero el juez de ejecución de penas no les ha autorizado la salida, y pueden pasar meses y hasta años esperando su libertad. Y también hay muchos sindicados que llevan más de dos años sin que les resuelvan su situación y, por ello, tienen derecho a que los suelten, pero no los liberan por la misma razón. E, incluso, hay presos que hace rato pagaron su pena y siguen en la cárcel.

 

Así, según Iturralde, si hubiera voluntad política y se cumpliera la ley, se podría especular que el hacinamiento carcelario disminuiría en un 20 o 30 por ciento. Y a eso habría que agregarle cerca del 10 o 12 por ciento que el gobierno dice que liberará por la emergencia carcelaria declarada a raíz de la epidemia de coronavirus. Pero es que esas personas, por razones humanitarias, no tendrían por qué estar en detención intra mural: se trata de los presos por delitos menores con penas hasta de 5 años, de los acusados de delitos culposos, de los mayores de 60, de los que padecen enfermedades crónicas o tienen movilidad reducida, y de las madres gestantes o con hijos menores de 3 años que viven con ellos en prisión.

 

Con esas medidas y cumpliendo la ley, se acabaría el hacinamiento. Se controlarían los motines y las matanzas en las prisiones. Y se desactivaría la bomba de tiempo del coronavirus carcelario.

 ¡Pero tienen que hacerlo ya!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 20 DE 2020

¡Feliz encierro!

El 13 de marzo, cuando había 24 pacientes diagnosticados con coronavirus, volé a Bucaramanga para realizar una entrevista. Salvo la dependiente de Avianca que, en El Dorado, se desinfectó las manos, no vi que en el aeropuerto o en el avión se tomara alguna precaución o se indujera a los pasajeros a hacerlo. El 16, cuando había 57 casos de coronavirus confirmados, regresé a Bogotá y tampoco observé medidas de protección. Hoy 18 de marzo, al escribir esta columna, ya hay 93 casos de coronavirus. Entonces converso con mi ahijado Juan Pablo, quien hace una semana regresó de Tailandia, Vietnam y España, y me cuenta que en el aeropuerto se limitaron a tomarle la temperatura. Él está en confinamiento voluntario pues nadie le dijo que lo hiciera y tampoco nadie de los servicios de salud lo ha llamado para verificar si ha presentado síntomas. Lo mismo me dice mi amiga Lila, quien regresó de Madrid y París el pasado sábado, con la diferencia de que a ella sí le recomendaron que se confinara.

Es de esperar que con el llamado de atención de la Procuraduría y con la renuncia del gerente de la empresa operadora de El Dorado hayan mejorado los controles. Sin embargo, es indudable que ese aeropuerto constituye la principal puerta de entrada de la pandemia y cerrarlo por unos días podría ser la medida apropiada en este momento en que se requiere contener como sea ese virus que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa en este país donde hay pocas camas y los servicios de urgencias no están preparados para atender una emergencia de las dimensiones que esta podría tener.

 

Y porque hay que hacer hasta lo imposible para evitar la propagación del virus, transcribo algunas de las recomendaciones que mi amigo, el médico y escritor Víctor de Currea Lugo, ha pedido que divulguemos:

 

Dice él que, además de no salir de la casa, hay que evitar recibir visitas, compartir cubiertos, platos, toallas y otros elementos de uso personal; tocarse las manos, la nariz y la boca; asistir a lugares de alto flujo de personas; movilizarse en transporte público y acariciar mascotas. Además, hay que lavarse las manos constantemente frotándose las palmas, los nudillos y los dedos y secándose con toallas desechables; hay que usar pañuelos desechables y meterlos en una bolsa antes de botarlos; usar mascarillas y no reutilizarlas; medirse diariamente la temperatura y llevar un registro; observar si se respira más rápido de lo normal; si suena o duele el pecho al respirar; si se tiene fiebre por más de 24 horas y si no se controla fácilmente con antipiréticos; si se presentan convulsiones o decaimiento; si se duerme mucho; y si se tiene dificultad para respirar. Hay que lograr una limpieza adecuada de todos los entornos mezclando 500 ml de agua y 5 ml de blanqueador; hay que usar toallas desechables humedecidas con alcohol antiséptico y limpiar con ellas los aparatos eléctricos. A los pacientes se les recomienda permanecer aislados en una habitación con ventanas abiertas, puerta cerrada y baño de uso exclusivo; y a los familiares mantenerse alejados y, si van a darles medicamentos o comida, utilizar tapabocas.

 

Espero que mis lectores me excusen por ocupar este espacio con estas recomendaciones, pero este no es el momento para discusiones políticas, sino para adoptar medidas de prevención de la pandemia.

 

¡Feliz encierro!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 13 DE 2020

Fracasos en serie

Además del fracaso de la política de empleo del gobierno de Duque, de la matazón de líderes sociales, del aumento de las masacres, del escándalo de la Ñeñepolítica —del cual puede resultar que su campaña presidencial compró votos con dineros non sanctos—, de los escasos resultados de la tal Conversación Nacional y de las gravísimas implicaciones que para la economía puede tener la reducción a la mitad de los precios del petróleo, este Gobierno ha sufrido un fracaso mayúsculo, que ha pasado casi inadvertido para los columnistas: la absoluta ineficacia de su política antidrogas.

Después de que con bombos y platillos el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunciara en septiembre, luego de cumplirse el primer año de la administración Duque, que se habían erradicado 98.200 hectáreas de coca (83.142 mediante erradicación manual, 11.411 por sustitución voluntaria de cultivos y 3.693 mediante el sistema de formalización de títulos de tierras), y después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciara a comienzos de diciembre que la meta de erradicación de 2019 no solo se había alcanzado sino que se había superado, porque se habían erradicado 81.305 hectáreas, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca anunció que las hectáreas sembradas con coca habían pasado, en 2019, de 208.000 a 212.000, es decir, que habían aumentado un 1,92 %, y que la cocaína “exportada” había alcanzado la cifra récord de 951 toneladas, o sea que se había incrementado en un 8 %.

Entonces, ¿qué pasa con las cifras sobre cultivos ilícitos? ¿Por qué hay discrepancias entre las que suministra el comisionado y las que da el ministro? ¿Son ellos los que mienten o a ellos les danteriores es grave. Y de ellas no puede desprenderse sino una conclusión: que la política antidrogas del gobierno de Duque es un fracaso.

Y una pregunta final: ¿por qué tienen casi abandonada la sustitución voluntaria de cultivos, en la cual la resiembra, según la ONU, es menor del 1 %? ¿Será que les huele a política santista? Como dice Eduardo Díaz Uribe, experto en el tema, en este caso el Gobierno lo que hace es pedalear en bicicleta estática...

@patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 28 DE 2020

 Chocó: “el gobierno sigue ciego, sordo y mudo”                    

_La paz no llegó al Chocó_, dijo un delegado de la Diócesis de Quibdó. _Antes había un solo actor, las FARC. Pero cuando se fueron y entraron el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas (AGC), se recrudeció la violencia.

 

En reunión con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, durante la gira realizada por ese Chocó tan bello y tan rico, pero inmerso en la miseria y la violencia, los delegados de la Diócesis de Quibdó explicaron los horrores que los chocoanos padecen a diario: el reclutamiento de menores, en el que es campeón el ELN; el confinamiento en que viven muchas poblaciones debido a que los grupos armados minan los territorios y la gente no puede salir a coger plátano, a pescar, o a acudir a un médico; los asesinatos; las desapariciones; el desplazamiento generado por el pánico que producen principalmente las AGC, que viven buscando colaboradores del ELN para matarlos, y colaboradores son todos porque todas las comunidades están doblegadas por los violentos de turno y se encuentran en un sándwich de horror ya que saben, por ejemplo, que si les venden un producto a los unos los matan los otros, y viceversa…

 

_Por eso insistimos en que la única salida es que se sienten a dialogar el gobierno y el ELN_, afirmó otro delegado de la Diócesis. _Pero la terquedad de los dos es tremenda. Los obispos han firmado cartas y el gobierno sigue, como dice Shakira, ciego, sordo y mudo. Esperamos que algún día entiendan que la guerra engendra más guerra y que esto no se acaba con armas y con violencia. Todos tienen que ceder. Esta es una guerra que la están pagando los campesinos y, como Diócesis, vamos a seguir denunciando_, manifestó.

 

Entonces añadió algo aterrador: _hay una sistematicidad para desalojar a los chocoanos de los sitios donde hay megaproyectos. En esas zonas el conflicto es más agudo. Y los grupos armados operan como instrumentos. El ELN se ha prostituido y le juega al mejor postor. Muchos venezolanos han sido cooptados por los grupos armados. Y el paramilitarismo está enquistado en el territorio. Vayan a Vigía del Fuerte y vean… Nosotros hemos denunciado la connivencia de la Fuerza Pública con ellos. Pero esa relación no la quiere ver el gobierno...

 

Y en otra reunión con el Defensor del Pueblo, un líder de Dos Bocas dijo: _si me van a matar, que me maten… Pero lo digo: para nadie es un secreto que aquí la Armada está trabajando conjuntamente con las Autodefensas. Los ven pasar, y ni los miran... En cambio a nosotros nos requisan a más no poder... Yo nunca escucho que en las noticias digan: “vamos a acabar con las Autodefensas”. Dicen “vamos a acabar con la guerrilla”. Por eso nunca se va a resolver el problema de orden público en Juradó. Y ahora, en algunos lugares, andan juntos el ELN y las AGC…

 

En ese atroz sancocho de violencias que hay en ese vasto territorio localizado en una selva indomable, pueden entrar diez o veinte mil soldados a controlar el narcotráfico o la guerra, y no lograrán mayores resultados. Por eso, como dijeron los delegados de la Diócesis,  las únicas salidas son que el gobierno y el ELN negocien la paz; que se reviva el plan de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, hoy AGC, el cual, como el cese bilateral del fuego con el ELN, estuvo de un cacho al final del gobierno anterior; y que se haga un enorme plan de inversión para que los chocoanos, todavía inexplicablemente alegres, salgan de la miseria.

 

Lo demás es bla bla bla.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 21 DE 2020

Chocó, donde mata más la desidia que la guerra

“Si es difícil viajar al Chocó desde cualquier lugar del país, es más difícil viajar dentro del Chocó”, escribió Gabriel García Márquez en su serie “El Chocó que Colombia desconoce”, publicada en El Espectador en 1954.

Hoy sigue igual su desconexión. Solo ha mejorado la comunicación aérea, pues el gobierno anterior inauguró la ampliación del aeropuerto de Quibdó. Pero aun hoy es difícil salir del Chocó por carretera: solo hay un par de vías a medio hacer de Quibdó a Medellín y Pereira, no obstante que el gobierno Santos dejó cerca de $420.000 millones para terminarlas. Y viajar dentro del departamento es imposible, a no ser que sea por lancha o avioncitos, pagando pasajes carísimos. Ello significa que, por la dificultad del transporte, los alimentos son muy costosos y los pacientes con enfermedades medianamente graves se mueren en el camino, pues no pueden llegar a tiempo hasta el único hospital de segundo nivel que hay en el departamento, el San Francisco de Asís de Quibdó, el cual, además, está en huelga porque lo han saqueado varias veces y no hay con qué pagarles a los médicos, etc.

De ahí que Luis Murillo, defensor del Pueblo para Chocó, diga que allá la precaria atención en salud mata más gente que la guerra. Y es verdad, porque en ese departamento de belleza y riqueza inconmensurables la gente muere más que por la violencia y el narcotráfico, que son atroces, que por el abandono, la corrupción y la desidia de las autoridades locales. Cómo será esta, que después de que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, realizó un recorrido por Nuquí, Tribugá, Juradó, Jaqué, Bahía Solano y Quibdó, y escuchó a los habitantes de esos municipios y de las comunidades aledañas, el gobernador del Chocó y el alcalde de Quibdó no hallaron un espacio en sus agendas para dialogar con él. Es que les importa un bledo lo que les pasa a los chocoanos, que de hecho es muy grave. Escuchémoslos:

“En Tribugá no tenemos acueducto. Hay un pozo donde lavan ropa y utilizan esa agua para todo”, dice la profesora. Y agrega: “Aquí los niños hacen sus necesidades donde puedan. Tienen problemas gastrointestinales y malaria. Hay pozos repletos de zancudos. Aquí no hay centro de salud. Solo en Nuquí (a una hora en lancha por un mar difícil) hay un centro con dos médicos para 16.000 habitantes. En la escuela no hay baños. El techo se va a caer. Además, necesitamos una pequeña biblioteca, computadores, materiales, capacitación”.

“Es muy duro ver morir a la gente porque no hay una lancha para sacarla”, dice la alcaldesa de Juradó. “Y a veces, cuando la hay, se encrespa el mar y tampoco se puede salir”.

“Juradó era una despensa agrícola y ganadera. Ahora, por el orden público, no estamos produciendo nada. Hoy, si no nos traen los alimentos de Buenaventura, no comemos”, afirma Felipa Murillo, presidenta del Consejo Comunitario de Juradó.

“Necesitamos un carné, un Sisbén o algo que nos permita acceder a la salud en Colombia. Desde aquí hay que ir en avión a ciudad de Panamá y allá la salud es muy cara”, implora Flor Alba, una líder de Jaqué, el primer municipio panameño luego de pasar la frontera, a donde se han desplazado varias comunidades chocoanas en busca de paz.

Y otro líder de Jaqué, Vianor Hurtado, le dice al defensor Negret: “Le damos gracias a Dios porque por primera vez viene un funcionario de su nivel, que va a llevar el clamor de esta gente que salió del país por culpa del Gobierno, al que el problema se le salió de las manos”.

Continuará…

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 14 DE 2020

 

Chocó, sitiado por el miedo

                       

_Tenemos miedo. ¿Quién va a protegernos?,_ preguntó un indígena embera en Tribugá, a donde acompañamos al único funcionario que escucha en los territorios a la Colombia profunda, esa donde las amenazas, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, el reclutamiento de niños, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la disputa por el territorio entre los grupos de paramilitares y guerrillas, todo facilitado por la ausencia del Estado, son el pan de cada día.

 

A esa Colombia aterrorizada y pobre se desplaza el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, acompañado por su equipo, no importa si para hacerlo tiene que viajar a lomo de mula, o a pie, o en canoa o en avioneta destartalada: él va, mira, oye y lanza alertas tempranas en las que le advierte al gobierno las tragedias que se avecinan. Pero pocos trabajan para minimizar los riesgos advertidos. Entonces sobrevienen las desgracias profetizadas por él.

 

En esta ocasión el recorrido fue en una lancha que saltaba sobre las olas del Pacífico encrespado, desde Nuquí hasta Tribugá, Juradó (último pueblo antes de la frontera), Jaqué, en territorio de Panamá, Bahía Solano, y finalmente Quibdó, a donde fuimos en avión, porque a la capital del Chocó, no obstante que apenas está a 68 kilómetros del mar, no puede llegarse por carretera.

 

El Chocó vive, en efecto, atemorizado: el pánico de ese indígena embera que en enero se desplazó con los 126 miembros de su comunidad que abandonaron sus casas, cultivos y animales, porque las Autodefensas Gaitanistas (AGC) preguntaron por un joven a quien acusaban de tener vínculos con el ELN, y como no lo encontraron, mataron al tío, es igual al miedo que describieron la alcaldesa de Juradó, los miembros de otras comunidades y hasta los delegados de la Diócesis.

 

_En el casco urbano de Juradó, en el 92, hubo primero una toma guerrillera y ocurrió el primer desplazamiento_, dijo la alcaldesa del municipio. Y agregó: -en el 96, los paras sacaron a los hombres de las casas y los fusilaron; mi papá se salvó porque estaba en la finca. En el 99, durante una toma guerrillera, murieron muchos militares. En el 2.001, la guerrilla asesinó al alcalde. En el pueblo también murieron muchos civiles porque los paras los sacaban de sus casas y los mataban. Los niños, en los juegos, gritaban lo que ocurría... Aquí hay 2.116 víctimas registradas. La gente quiere regresar a sus territorios y volver a pescar, pero los amenazan y se van de nuevo. En Juradó vivimos con miedo porque este es un corredor de grupos armados que hacen presencia: AGC y ELN. Y no hay confianza en los militares…

 

La frase de la alcaldesa me quedó sonando…

 

_¿En Juradó quiénes son más fuertes, las AGC o el ELN?_, le pregunté a un soldado que, amablemente, me llevó la maleta.

 

_Las AGC_, dijo.

 

_¿Y la gente es cercana a ustedes?

 

_Poco_, respondió.

 

Y en Nuquí un oficial amable que comanda la base naval me contó que allí tienen 72 infantes de marina y 13 policías.

 

_¿Y la gente los apoya?_, le pregunté.

 

_Depende.

 

_¿Depende de qué?

 

_Por ejemplo, si ha caído un cargamento de droga nos gritan cosas.

 

_¿Buenas?_, le dije.

 

_No, nos insultan.

 

Es que en ese Chocó de selva cerrada, biodiversidad asombrosa y paisajes preciosos, poblado en su mayoría por negros e indígenas empobrecidos por la violencia y la corrupción, no hay salud, ni vías, ni paz para cultivar, ni de qué vivir a excepción de la pesca. Pero los peces, por lo general, no hay cómo distribuirlos. En cambio la coca sí…

 

Continuará…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 31 DE 2020

 

Merlano y la diplomacia del absurdo

La captura de la exparlamentaria conservadora Aída Merlano en Venezuela puso en evidencia el manejo absurdo que el presidente Iván Duque le ha dado a las cruciales y difíciles relaciones con ese país vecino, con el que compartimos 2.219 kilómetros de una frontera llena de conflictos y desgobierno.

Y el manejo ha sido absurdo porque, por más terrible que nos parezca el presidente de Venezuela, no podemos romper la comunicación con un vecino, máxime si es tan conflictivo como Maduro. Incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe —quien tuvo períodos de luna de miel con Chávez—, cuando las relaciones se rompieron y Chávez se le volvió a Uribe su “nuevo peor enemigo”, Colombia y Venezuela mantuvieron abierto un canal por la vía de Julio Londoño Paredes, embajador de Colombia en Cuba, quien a través del gobierno de Fidel Castro se comunicaba con el de Chávez.

Pero ahora el diálogo con Venezuela es nulo y las relaciones con Cuba están frías, por cuenta de la abstención de Colombia en la votación de la última Asamblea General de la ONU contra el bloqueo de EE. UU. a la isla y del desconocimiento por parte de Duque de los protocolos que deben hacer cumplir los países garantes, como Cuba y Noruega, en caso del rompimiento de la negociación con el Eln. Entonces, por cuenta de esa actitud infantil de Duque, no solo nos quedamos sin comunicación con Venezuela, sino que herimos a las palomas mensajeras que podían llevarle razones a un vecino capaz de generarnos problemas tan complicados como el estímulo a la migración masiva y la protección abierta a los disidentes de las Farc y del Eln, organización con la que en este gobierno parece cancelada toda posibilidad de paz, lo que constituye otro error; sin embargo, ese tema corresponde a otra columna.

Pero la situación es grave no solo por la incomunicación, sino porque Duque se ha dedicado a torear a Maduro insistiendo por más de un año en que no reconoce a su gobierno, sino al del autodenominado presidente Juan Guaidó, que si bien cuenta con cierto apoyo internacional, no manda ni controla en Venezuela.

Duque debe comprender que el cerco diplomático que él ha encabezado contra esa nación puede liderarlo cualquier otro, salvo el presidente de Colombia, precisamente porque somos vecinos y tenemos delicados problemas en común, que solo podemos solucionar si dialogamos.

El caso de Merlano tiene que hacer que Duque y su canciller entiendan que el presidente de un país es el que duerme en el palacio presidencial y tiene el control del Ejército y la Policía. Y esas condiciones las cumple Maduro, pero no Guaidó.

Sin embargo, ahora, cuando se presenta la oportunidad de revisar esa política y de pedirle a Maduro la extradición de Merlano, el gobierno de Duque sale con el risible disparate de decir que la extradición se la pedirá a Guaidó, quien nada puede hacer.

Duque debe aterrizar en la realidad: el presidente de Venezuela es Maduro. Y él es el único que puede enviarnos a Merlano.

¿O será más bien que el Gobierno hizo el papelón de pedírsela en extradición a Guaidó porque sabe que él no la puede extraditar y no quiere que Aída Merlano llegue a Colombia y, bajo juramento, delate ante un juez la red de corrupción electoral en la Costa, la cual involucra no solo a los Gerlein, sino que salpica al clan Char, que aspira presidir el Senado y convertirse en uno de los principales aliados de Duque?

Siguiente pregunta…

Nota. Por viaje, esta columna reaparecerá en dos semanas.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 24 DE 2020

Al oído de Carlos Holmes Trujillo

“La gran pregunta en el poder es a quién creerle”, dijo Gabriel García Márquez en El olor de la guayaba. Y en el título de su prólogo para La guerra por la paz, libro de Enrique Santos Calderón, se preguntó: “¿A quién le cree el presidente?”.

Es que el aislamiento y la soledad de los poderosos eran obsesión para nuestro primer premio Nobel. Y esa debería ser también la preocupación de quienes están en el poder. Pero casi nunca lo es, pues ellos viven rodeados de áulicos que los desinforman según sus intereses y les dicen no la verdad, sino lo que quieren oír, así como al patriarca de El otoño le imprimían un periódico especial para que solo él lo leyera.

Pues bien, como lo ha visto el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Ejército y en la Policía están ocurriendo cosas muy graves, las cuales, por fortuna, han salido a la luz gracias al valor y el profesionalismo de los investigadores de la revista Semana y a la indignación que a los militares y policías honestos, que afortunadamente aún son la mayoría, les produce ver manchado el honor de sus queridas instituciones.

Con seguridad faltan más hechos bochornosos por salir a la luz. ¡Y eso es bueno para el Ejército, porque equivale a reventarle un forúnculo dañino y doloroso! Pero si esos hechos se publican y no pasa nada, es decir, si el presidente y el ministro se limitan a dar declaraciones tibias y no destituyen fulminantemente a los sospechosos, sin esperar a que pasen años hasta que la justicia decida si son culpables o no, el mal ejemplo cunde. Los militares y policías que no sean absolutamente honestos acabarán sintiéndose autorizados para enriquecerse a base de desviar hacia sus bolsillos fondos reservados y cosas por el estilo; o, lo que es peor, a base de hacerse los locos para que los mafiosos, los mineros ilegales o los que se oponen a los reclamantes de tierras hagan sus fechorías, entre ellas, asesinar a los “estorbosos” líderes sociales.

Creo que desde el punto de vista humano no hay que ser tan severos con esos uniformados que andan por los territorios, porque los delincuentes los ponen en una difícil disyuntiva: o no les cooperan y los matan; o les cooperan y, a cambio, les llenan los bolsillos de plata. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, sí hay que ser muy severos porque, de lo contrario, el Ejército y la Policía se desintegran y el país queda entonces en manos de las mafias. Es lo mismo que sucede en las familias: si un hijo comete un delito menor y, de inmediato, sus padres no lo frenan y sancionan ejemplarmente, el muchacho se siente autorizado para cometer faltas cada vez más graves y, al cabo del tiempo, se convierte en delincuente.

Ahora, además de los investigados, ¿a quiénes hay que sacar del Ejército y la Policía? Para saberlo, ministro, usted debe hablar con muchas fuentes, no solo militares, policiales, gubernamentales o políticas; también busque fuentes independientes, confiables, bien informadas...

Usted tiene en sus manos una gran tarea y una oportunidad de oro: limpiar ya el Ejército y la Policía. Si no la hace, pasará por el Ministerio sin pena ni gloria y el país pagará las consecuencias de su inacción. Pero si saca a los pillos, se consagrará, los militares y los policías honestos se lo agradecerán, el país lo admirará y, a lo mejor, por gratitud y reconocimiento, hasta cumpla su sueño en el 2022.

¡Piénselo, ministro!

Y una buena noticia: me dicen que el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, es honesto.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 17 DE 2020

 

Demasiadas manzanas podridas

Son tantas las manzanas podridas que ya parece como si el podrido fuera un buen pedazo del Ejército, una institución tan importante para el país.

 

Como lo anotó un editorial de El Espectador, refiriéndose a las revelaciones de la revista Semana, “miembros del Ejército Nacional le han mentido al país, han interceptado ilegalmente las comunicaciones de magistrados, políticos y periodistas, han hecho trampas para cubrir sus rastros frente a las investigaciones de los entes de control y han enviado amenazas para que no fueran puestos en descubierto”.

 

Y añado otros descubrimientos de Semana: han interceptado a quien ha llevado la investigación en la Corte contra el Senador Álvaro Uribe; le han pasado la información obtenida ilegalmente a un miembro del partido de gobierno; se han lucrado con recursos públicos; han asesinado a ex combatientes como Dímar Torres; han establecido directrices que podían conducir al regreso de los falsos positivos y que gracias a la denuncia del New York Times echaron para atrás; han ofrecido dinero y realizado pruebas de polígrafo con el fin de ubicar a las manzanas no podridas que le informan a la prensa los horrores que pasan; han desviado recursos para sufragar gastos personales; han recibido plata a cambio de entregar salvoconductos para porte de armas; han desviado combustible, etc. ¿Y qué ha pasado? Que, en muchos casos, como lo estableció la Silla Vacía, algunos de los responsables han sido ascendidos por el Presidente Duque.

 

Pero todavía siguen sucediendo cosas: el sábado, una hora antes de que Duque llegara a Bojayá, el Coronel Darío Fernando Cardona, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, le envió al líder social Leyner Palacio, quien denunció que en el Atrato hay connivencia entre ciertos militares y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un derecho de petición en el que le plantea, entre otros temas, que le dé los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que hayan practicado la connivencia y el lugar donde hayan ocurrido los ilícitos. Y añade que indique las comunidades que, según Leyner, se encuentran en confinamiento por la presencia de grupos ilegales en la zona.

 

Para interponer ese derecho, el Coronel invoca la Constitución que dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades”. ¿Pero cómo puede hacerlo? Eso lo que significa es que, quien podría interponerlo, sería Leyner, para preguntarle al coronel por qué su unidad no es eficaz en la lucha contra las AGC. No él.

 

Ese derecho de petición del Coronel Cardona es ilegal e intimidatorio, pues en el futuro la población va a tener miedo de denunciar. Y es preocupante porque él parece sentirse muy sobradito y respaldado por sus superiores…

 

¿Qué hará Duque con ese coronel ineficaz que intimidó así a ese líder social a quien él quiere proteger de manera especial? ¿Y qué va a hacer con los demás militares implicados en los delitos destapados por Semana?

 

Para salvar a su querido paciente, un buen médico extirparía el cáncer de inmediato, sin dejarle una sola célula mala. El Presidente no puede esperar a que las autoridades tarden años en condenar a los culpables. Al menor indicio de corrupción o criminalidad, Duque debe destituir a los sospechosos. Porque si se sienten apoyados, o si el Presidente ignora la gravedad de los hechos y no practica ya la delicada cirugía que se requiere, el cáncer hará metástasis y el querido Ejército y el país colapsarán.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 10 DE 2020

¡Bien, Claudia! ¡Ojo, Petro!

El comienzo de la gestión de Claudia López augura no solo un gobierno incluyente y, contra todo pronóstico, tranquilo, no obstante el temperamento confrontativo que había exhibido antes, sino también que ella llenará el vacío de liderazgo que existe porque, ante situaciones delicadas, el presidente Duque guarda silencio o asume posiciones contrarias a lo que la gente quiere y siente. Así ocurrió con el descubrimiento del bombardeo de los niños, cuando ni siquiera tuvo una palabra de condolencia para sus madres; con el hallazgo de la fosa en Dabeiba colmada de cadáveres de falsos positivos, horror sobre el que no se pronunció, y con el paro y los cacerolazos, ante los cuales, en lugar de escuchar a sus líderes, armó una conversación nacional que probablemente no pare en nada. Mientras tanto, Claudia López dijo lo que la gente necesitaba oír: que el presidente debía escuchar primero a los líderes de la protesta y que el diálogo no era “para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales y para comunicarlas mejor”, sino “para, con humildad, reconocer errores, hacer cambios y hacer concesiones”.

Y como gobernante, Claudia pronunció un discurso con cinco objetivos que, si logra cumplir, aun cuando sea en parte, hará una alcaldía que se recordará por años: poder vivir sin miedo; garantizar la educación superior gratuita con conexión al empleo; liberar más tiempo para la familia y las actividades lúdicas y no para el trancón; hacer reverdecer la ciudad, y lograr que Bogotá Región se convierta en el mejor hogar para los colombianos.

Además escogió un gabinete con criterios técnicos y de transparencia, ajenos a clientelismos y corruptelas, y tomó medidas que muestran su liderazgo: por ejemplo, designó como veedor a Guillermo Rivera, un hombre inteligente, estudioso, exministro del Interior del gobierno anterior, quien, con seguridad, atajará con perspicacia los goles de corrupción que quieran meterle al Distrito. Le pidió al Partido Verde que le cediera la presidencia del Concejo a Carlos Fernando Galán, su contendor en la lucha por la Alcaldía, pues representa a más de un millón de votantes y la alcaldesa cree que tiene, con él, más afinidades que diferencias, actitud que demuestra que seguro Claudia hará un gobierno capaz de reunir las mayorías necesarias en el Cabildo y evitará confrontaciones políticas innecesarias. Y ratificó por un tiempo a Andrés Escobar, gerente del Metro puesto por el exalcalde Peñalosa y acusado por algunos de corrupción (¿con qué fundamentos?), pues consideró que, primero, debía conocer a fondo ese complejo proyecto, apenas en ciernes, para después nombrar frente a él a una persona nueva.

Pero esas sensatas medidas, paradójicamente, despertaron la ira de su antiguo amigo Gustavo Petro, quien no le perdona que, siendo candidata, dijera que cumpliría el contrato del metro de Peñalosa; haría el metro elevado en vez del subterráneo que quería Petro, pues el incumplimiento del contrato le generaría a Bogotá enormes costos, y construiría sobre lo construido, única actitud que garantiza que las ciudades progresen.

Así que ¡va bien, Claudia!

Pero ¡ojo, Gustavo Petro! Debería recapacitar sobre su actitud hacia Claudia López, porque a base de atacarla y enviar trinos contra cada decisión de su exaliada está pareciéndose cada vez más a quien tal vez menos quisiera parecerse: Álvaro Uribe, que no logró aceptar que él ya no es el presidente, como tampoco usted ha logrado aceptar que ya no es el alcalde.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ENERO 3 DE 2020

Tenemos miedo

Mariana Garcés, ministra de Cultura durante los ocho años del gobierno anterior, compartió un texto que parece un alarido de angustia en el chat de Defendamos la Paz, ese movimiento convertido en el gran motor político de Colombia, porque reúne y coordina a líderes sociales, periodistas, trabajadores de la cultura, empresarios y miembros de todos los partidos, con excepción de los enemigos del Acuerdo de Paz, y que van desde representantes de la oposición, incluidos militantes del partido FARC, hasta parlamentarios y políticos de los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical.

Mariana mandó el escrito después del asesinato, en Tumaco, de Lucy Villarreal, una joven madre y líder social y cultural que promovía el Carnaval de Blancos y Negros y, en vísperas de Navidad, fue acribillada al salir de dictar un taller para niños; y del asesinato, cerca a Santa Marta, de la pareja de ambientalistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, quienes pasaban su luna de miel.

Con autorización de su autora y del escritor Ethan Frank, con quien Mariana intercambia esas ideas, reproduzco ese texto que pone el dedo en la llaga, puede hacernos despertar y, de pronto, logre el milagro de que el presidente escuche y se ponga del lado de la gente.

A continuación, el escrito:

“Asesinados un antropólogo, una ecologista y una artista escénica experta en educación popular. Tengo miedo, en Colombia se persigue a la diversidad, a la diferencia y ahora al conocimiento. En este momento, todos estamos en riesgo. Los asesinos han puesto la mira en aquellos que trabajan en pro de las comunidades, del entendimiento de los territorios y la felicidad de las poblaciones. El odio por el que «sabe, conoce o estudia» lo he vivido en los más diversos entornos, ámbitos y momentos, pero siempre se expresó con dinámicas de exclusión o segregación. Pero ahora alcanza límites de eliminación directa. La brutalidad se ha enardecido y los bestiales han empezado su versión de la limpia. Estamos ante ese momento que muchos temíamos: el de la conversión de la ignorancia no solo en una obligación, sino en un valor. Siento miedo, por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, que han creído que se puede hacer vida lejos de los esquemas y las propuestas de las mafias. Siento miedo por la vida de todos los que lograron localizarse en perspectivas que hacen posible imaginar un futuro de dignidad y libertad. El odio y la desconfianza por el saber ha tomado casi todos los escenarios en los que la idea de la legitimidad se hace concreta, el brutismo se impone cual poética, ya no es posible distinguir entre indiferencia y pánico. Nos inocularon sus formas traquetas hasta el tuétano, celebramos con sus músicas, nuestro avituallamiento lo dispusieron ellos, las viandas son las que sus caprichos proveyeron.

“Quieren que dejemos de saber, nos obligan a la ignorancia de nuestros propios muertos, de nuestras tragedias. Hemos pasado del desalojo a la sujeción.

“Demasiada tristeza… ¿Qué razón puede existir para quitarle la vida a la pareja de recién casados? ¿A los líderes? ¿A los desmovilizados? Una sociedad muy enferma es esta.

“Y un Gobierno que no oye. Que se remite a decir que la economía va bien. Y que le importa muy poco la gente... Si a esos jóvenes los matan como los mataron, todos estamos en riesgo solo por el hecho de existir. Las lógicas son otras y no tenemos quién nos defienda. El Estado no existe porque no está del lado de la gente”.

¿Escuchó, presidente Duque?

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 27 DE 2019

Lo que deja el año viejo

A pesar de que en este año no cesaron los asesinatos de líderes sociales, desmovilizados, indígenas y afros, el 2019 deja avances muy importantes para el desarrollo de la paz y de las fuerzas progresistas: por una parte, en el Congreso, la bancada por la paz, que reúne a la oposición y a los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical, funcionó coordinadamente y pasó por encima de sus diferencias ideológicas con el solo propósito de defender el Acuerdo de Paz. Fue así como tapó todos los goles que el presidente Iván Duque y el Centro Democrático quisieron meterle al Acuerdo. Detuvo primero el de las objeciones presidenciales a la JEP. Derrotó la proposición que dispersaba los recursos de los PDET para dárselos a otras regiones. Y consiguió prorrogar la Ley de Víctimas sin los micos que pretendía meterle el uribismo.

 

Por otra parte, en las elecciones locales los sectores independientes y progresistas obtuvieron un triunfo sin precedentes, como fue la elección de alcaldes del Partido Verde y de coaliciones alternativas e independientes en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Santa Marta y Popayán, entre otras. La presencia de esos mandatarios locales en la política le va a dar un impulso indiscutible a las fuerzas progresistas.

 

Y, por último, la protesta social hizo explosión en las calles con una dimensión que no imaginaron ni los mismos convocantes del paro nacional, a pesar de la campaña de miedo que desarrolló el Gobierno para que la gente no saliera a las calles: centenas de miles de personas, especialmente jóvenes, marcharon en ciudades del país, no un día sino varios, y muchísimos más hicieron sonar sus cacerolas y protestaron por múltiples motivos, los principales de ellos, tal vez, la desigualdad y la desesperanza. Y esa protesta generó que el Gobierno tomara algunas medidas, sin que reconociera por qué lo hacía: redujo los aportes de salud de los pensionados; casi duplicó el subsidio a los adultos mayores; firmó el Acuerdo de Escazú; e impulsó la aprobación de algunos puntos de la ley anticorrupción.

 

Sin embargo, ese movimiento de masas contundente y antes impensable, que continuará en el 2020, corre el riesgo de diluirse si el Comité Nacional de Paro no actúa con sabiduría y si sigue haciendo demandas tan numerosas que se diluyen y desvirtúan, permitiéndole al Gobierno seguir ignorando olímpicamente sus peticiones. Como el que mucho abarca poco aprieta, sólo tendría que hacer tres o cuatro: que el Acuerdo de Paz se cumpla en su totalidad y de manera integral, no a pedazos, como quiere Duque; que se cumplan los compromisos que el Gobierno adquirió con los estudiantes, indígenas y demás sectores; que se garantice a cabalidad el derecho a la protesta social; y que rápidamente todas las políticas del gobierno se encaminen a alcanzar los puntos señalados en la hoja de ruta trazada por el Comité de Sabios, conformado por el propio Gobierno y a las cuales, por esa razón, él no puede oponerse: que este sea “un país donde todos los niños puedan estudiar; en donde podamos tomar agua del río; en donde las personas sean alegres y vivan en paz; un país libre de violencia y en donde se pueda salir de la casa sin miedo; en donde (…) no haya hambre; (…) en donde todos tengan los mismos derechos” y un etcétera de propuestas hechas por los sabios que, si se cumplieran, harían de Colombia el mejor de los paraísos.

 

Y ahora, queridos lectores, ¡les deseo un 2020 muy feliz!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 20 DE 2019

Superintendente de Salud, ¡por favor, actúe!

Édison España, portero del edificio donde habito, de 46 años, oriundo de El Banco (Magdalena), vino a Bogotá en busca de un trabajo que le permitiera mantener a sus padres. Se empleó en una empresa de vigilancia. Hoy gana $1’320.000 y le descuentan, como ordena la ley, 4 % ($52.800) del salario para pagar su seguro de salud.

En agosto de 2016 lo atacó un dolor brutal y acudió a la clínica Méderi, adscrita a la Nueva EPS. Le descubrieron tres cálculos en el riñón izquierdo, le extrajeron uno y le colocaron un catéter. Seis meses más tarde, debido a otro dolor, los médicos le retiraron otro cálculo y le dejaron el catéter. El 17 de enero de 2018, a raíz de una dolorosa punzada, regresó a la clínica y le dijeron que lo habían limpiado y le habían cambiado el catéter.

Un año después, el 3 de enero de 2019, regresó a urgencias de la clínica Méderi con inflamación y dolor insoportables. Lo mandaron a la sala de espera y, luego de dejarlo tres días sentado en un asiento de palo en un corredor helado, el urólogo de turno se negó a retirarle el catéter o a practicarle otro procedimiento con el argumento de que eso tenían que programarlo.

Édison le envió una queja a la Superintendencia de Salud, la cual, al parecer, le ordenó a la Nueva EPS que se ocupara del caso. ¡Pero el 30 de abril de este año la Nueva EPS ordenó que le practicaran una cirugía en una fecha del año pasado!

El 25 de junio Édison regresó a la Nueva EPS para que le asignaran la fecha correcta y le dijeron que tenía que programar la cirugía. Entonces interpuso un derecho de petición ante el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, solicitándole que le pidiera a la Nueva EPS “expedir de manera prioritaria la orden de consulta con el urólogo”, para que le diagnosticaran su “problema real de salud”, le explicaran “las posibles soluciones” y “el tratamiento adecuado”, y para que, “de forma prioritaria”, expidieran la orden para efectuar el procedimiento necesario en la clínica Méderi o en otro centro especializado”.

La Superintendencia le ordenó a la EPS que actuara de inmediato. Pero solo hasta mediados de noviembre se dio la orden para que se le realizara una “operación quirúrgica urgente”. El 27 de noviembre Édison volvió a la clínica con otro dolor agudo y estuvo hospitalizado dos días. Le diagnosticaron infección en las vías urinarias, le recomendaron continuar con los trámites para retirar el catéter, le practicaron una tomografía computarizada, le hallaron varios cálculos y lo despacharon con el argumento de que no había urólogo disponible y que programara la cirugía para retirar el catéter y los cálculos.

“He sufrido mucho con todo esto, doctora”, me dice. “La anterior empresa de vigilancia donde trabajaba me amenazaba con echarme, porque me daban incapacidades, y me decían que si me volvían a operar me botaban. Y me descontaban el sueldo… Lo que necesito es que me solucionen mi problema y me reprogramen la cirugía… ¡Pero dicen que me van a llamar y nada!”.

Durante este calvario de Édison España (C.C. N° 14.251.788), similar al que padecen miles de colombianos, de milagro no se ha muerto por una infección provocada por ese viejo catéter. Hasta le prohibieron ir a baños públicos para evitarse una infección.

¿Será que el superintendente de Salud ahora sí es capaz de lograr que le obedezcan y que, por fin, operen a Édison?

¡Por esas cosas es que marcha la gente, señor presidente!

¡Feliz Navidad, queridos lectores!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 13 DE 2019

Carta al Eln

Señores miembros del Comando Central del Eln:

Desde hace tiempo he querido preguntarles qué significa para ustedes la lealtad.

Lo digo porque luego de que Cuba acogió con toda generosidad a la delegación de paz del Eln, facilitó que se dieran los diálogos entre el Gobierno de Colombia y su organización, y ustedes cometieron el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, lo cual llevó al presidente Iván Duque a romper las negociaciones y a desconocer, de una manera absurda, los protocolos pactados para aplicarlos en un caso semejante, ustedes no han hecho nada para facilitarle a Cuba la salida del enredo en que la metieron. Y es un enredo mayúsculo que puede costarle a la isla que EE. UU. vuelva a incluirla, de una manera muy injusta y perjudicial para esa nación, en la lista de países que auspician el terrorismo. Si ello ocurre, ustedes serían los responsables.

Me explico: el lío de los protocolos tiene las siguientes salidas: que Cuba acepte extraditar a los negociadores del Eln, lo cual no va a ocurrir, pues la isla, como país garante que es del proceso, no va a desconocer los protocolos; que Duque acepte que se equivocó, pida que se apliquen los protocolos y acuerde con el Eln y con los países garantes los detalles del regreso de la delegación del Eln a Colombia, enmarcados en lo establecido por los tales protocolos, lo que parece muy improbable que suceda, pues Duque ha demostrado no tener el más mínimo sentido de la autocrítica; o que el Eln facilite la reanudación de los diálogos de paz, tema en el cual han dicho estar interesados, pero no han movido un dedo para que esto suceda.

Porque mover un dedo sería, por ejemplo, atender el llamado del arzobispo de Cali y de los obispos de Quibdó, Apartadó e Istmina para que liberen a tres secuestrados. Y mover un dedo sería decretar un cese unilateral del fuego y las hostilidades por varios meses, lo cual implicaría suspender, mientras dure dicho cese, el secuestro, las voladuras de oleoductos y demás acciones violentas. Y ese mover un dedo por parte del Eln, en este momento, tendría que llevar al Gobierno a reanudar la negociación con ustedes, no solo porque así se lo están pidiendo a las partes varios sectores de la sociedad civil, sino también porque EE. UU. lo vería con buenos ojos, y porque al dar ese paso, Duque tomaría ese nuevo aire político que tanta falta le está haciendo.

Y si los diálogos de paz se reanudan, automáticamente Cuba saldría del lío de los protocolos, porque seguramente, después, se acordaría que continuaran las conversaciones en otro país, pues luego de palpar la deslealtad que le han demostrado tanto el Eln como el Gobierno de Colombia, probablemente Cuba no tendría interés en que los diálogos siguieran en su territorio.

Señores del COCE, les pido que reflexionen sobre esos puntos. No es posible que en momentos en que el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, había manifestado que había “un ambiente positivo” para que se retomaran los diálogos de paz con el Eln, ustedes hayan quemado seis vehículos en el Bajo Cauca y le hayan dado a Duque argumentos para decir que “con este tipo de actos el Eln se aleja cada vez más de la mesa de negociaciones”.

Obviamente que el presidente debe entender que no puede obligar al Eln a que antes de negociar acabe por completo la guerra y se desmovilice. Pero ustedes, señores del Eln, también deben comprender que tienen una deuda de gratitud con Cuba y que deben darle una mínima prueba de lealtad.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 6 DE 2019

El paro también es con ustedes, congresistas

Es una provocación que luego de dos semanas de paro, y en vísperas de la jornada de protesta del miércoles, en un solo día, el Congreso hubiera rechazado la propuesta de reducir los sueldos de los congresistas, hecha por el presidente del Senado, el liberal Lidio García; hubiera hundido el proyecto que establece un concurso de méritos para los candidatos a fiscal general promovido, entre otros, por los parlamentarios José Daniel López, de Cambio Radical, y Angélica Lozano, del Partido Verde; hubiera aprobado la llamada Ley Arias que crea la segunda instancia para su caso y, de paso, garantiza la impunidad para muchos, y le hubiera dado un pupitrazo al proyecto de reforma tributaria, cuyo retiro es uno de los 13 puntos presentados al Gobierno por el Comité del Paro.

Como ocurrió con el Acuerdo de Paz, cuando el Congreso hizo todo lo posible para hundir las 16 curules para las víctimas, modificar aspectos sustanciales del Acuerdo y no hacer nada para impulsar la reforma rural integral, ahora el parlamento, con la excepción de gran parte de la Bancada de la Paz, también está haciendo lo posible por exacerbar los ánimos de los colombianos que ven con simpatía el paro nacional.

Y, ojo, ni el Gobierno ni el Congreso pueden equivocarse: el país apoya la protesta. Ella no es asunto de unos extremistas fletados por el Foro de São Paulo, como lo han afirmado el senador Álvaro Uribe y su combo. No. Para probarlo, no es sino mirar las calles repletas de gente de todos los sectores, ponerles atención a los espontáneos cacerolazos que resuenan en las calles y ver las cifras de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría: 55% de los colombianos tienen una imagen positiva del paro. Y si el dato se desagrega por edades, se obtiene que el 70% de los menores de 25 años y 60% de los que oscilan entre 25 y 40 años lo ven con buenos ojos. Es decir, que los jóvenes de este país, que en su mayoría viven en la desesperanza, apoyan masivamente la protesta. Y si bien el 60% de los colombianos quieren el regreso a la normalidad, el 72% cree que el país va por mal camino y el 73% considera que el manejo que el presidente Iván Duque le ha dado al paro ha sido desacertado.

Porque ocurre que la gente aquí no es boba y se ha dado cuenta de la táctica mamagallista del Gobierno. Y si el presidente persiste en diluir el paro a base de buscar atomizarlo, dividir a sus dirigentes y hablar con todos con el fin de no dialogar con nadie, a comienzos del próximo año la protesta va a tomarse las calles de una manera contundente, porque además, si comienzan las fumigaciones a los cultivos de coca, como planea el Gobierno, a las manifestaciones van a sumarse decenas de miles de campesinos cocaleros que llegarán a la capital para hacer oír su voz.

Y ahí la protesta será a otro precio.

Entonces, ¿por qué no desactivar de una vez la bomba social? ¿Por qué no sintonizarse con la gente? ¿Por qué no tener la humildad de reconocer lo evidente, por ejemplo, que el Esmad cometió muchos abusos que quedaron grabados en vivo y en directo, uno de los cuales desembocó en el asesinato de Dilan Cruz? ¿Por qué no aceptar, por lo menos, que ese organismo necesita reformas?

Es que a este presidente le falta sentido de la autocrítica. Y de la humildad. Y generosidad. Y sintonía, especialmente con esa Colombia joven que no imagina un futuro. Ojalá Duque salga pronto de su torre de marfil. Porque si no, nos hundimos…

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 29 DE 2019

Dialogar con todos para no dialogar con nadie

El asesinato por parte del Esmad del joven Dilan Cruz, a quien le llegó la muerte cuando protestaba pacíficamente, unido a las innumerables imágenes de abusos del Esmad contra miles de manifestantes cuyo “delito” había sido golpear cacerolas o gritar consignas, todo ello precedido por la indignación que causó la muerte de ocho niños en un bombardeo del Ejército, caldeó aún más los ánimos de cientos de miles de personas que, hace una semana, realizaron la mayor manifestación que haya tenido lugar contra un gobierno en los últimos 40 años.

Y el presidente Iván Duque, en lugar de dar de inmediato una respuesta adecuada y concreta, se inventó una “conversación nacional” con Raimundo y todo el mundo para ponerle un paño de agua tibia a la explosiva situación, atomizar el diálogo, desconocer el liderazgo de los organizadores del paro y tratar de dividirlos. Es así como el martes, después de que dio vueltas y vueltas para no reunirse con los dirigentes de la protesta, por fin se sentó con el Comité Nacional del Paro, pero en lugar de oírlos salió con el chorro de babas de que tenía que sentarse a dialogar con los empresarios, los gremios y los organismos de control. Ahí paró la conversación porque, según uno de los asistentes, el presidente tenía otras cosas que hacer. Entonces los miembros del Comité se fueron, le dejaron sus propuestas y esperan su respuesta por escrito.

Así el diálogo no funciona. Ese manejo no es serio. El presidente lo que tendría que haber hecho era coger el toro por los cachos y citar desde el principio al Comité del Paro para acordar los caminos del diálogo y, de común acuerdo con ellos, buscar la forma de escuchar a esa otra Colombia que espontáneamente se unió a la protesta. Lo que tenía que haber hecho era aceptar que hay un gran descontento con su gobierno y no centrarse en el orden público, como lo hizo en su primera alocución. Lo que tenía que haber hecho era reconocer a los líderes visibles de la movilización y no tratar de diluirlos, como ha intentado hacerlo.

Como se lo sugirió con gran lucidez la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Duque tiene que revestirse de una gran humildad que hasta ahora no se le ha visto en lo absoluto, reconocer que hay cosas que van mal (por ejemplo, el Esmad) y que ha habido “errores inaceptables como el que niños y jóvenes estén nuevamente muriendo en una guerra absolutamente prevenible e indeseable”, entender que el diálogo no es “para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales” sino para hacer cambios y concesiones, y unir a Colombia, no en torno a los poderes desgastados que carecen de legitimidad, sino a temas que verdaderamente convoquen a la ciudadanía, como puede ser la realización de un pacto por los jóvenes y por la inclusión de la Colombia rural y profunda que sigue viviendo en medio del conflicto, la exclusión y la pobreza extrema.

Sin embargo, todavía es tiempo de que el presidente rectifique su camino; que decida fortalecer la implementación de todo el Acuerdo de Paz y no de una sola parte, como lo ha hecho hasta ahora; que reanude las conversaciones con el Eln, como le ha insistido su amiga María Isabel Rueda, y que emprenda este diálogo con honestidad, sin ponerle zancadillas y sin mamarle gallo al paro, porque si continúa jugando a que pase el tiempo, llegue Navidad y el diálogo se atomice, va a generar una inmensa frustración que, después, puede desembocar en una protesta mucho mayor, esa sí, de consecuencias imprevisibles.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 22 DE 2019

¿Qué le estará pasando a María Isabel?

¿Qué le estará pasando a María Isabel?, es lo que muchos nos preguntamos cuando leímos su sorprendente columna del domingo, en la que planteó que llegó “la hora de que el gobierno de Duque cometa un acto de audacia y anuncie su intención de iniciar una mesa preliminar exploratoria con la guerrilla del Eln”.

Y María Isabel, que ha sido tan crítica del expresidente Juan Manual Santos y de su proceso de paz, y tan defensora del presidente Duque, agregó que Santos “tuvo la inmensa habilidad de gobernar con un libreto” del cual carece Duque. Por eso le sugirió que, como se está clamando que se abra a otras fuerzas políticas, convoque “los fervores más opuestos a él y a lo que representa”, y se lance “a invitar al Eln a que se siente a explorar una manera de entenderse con este Gobierno”.

Como cosa rara, esta vez estoy de acuerdo con esa columnista a quien aprecio, pero con quien casi siempre estoy en desacuerdo. ¡Eso es lo que justamente tiene que hacer Duque! Y eso es lo que con insistencia la bancada de la paz, mayoritaria en el Congreso, le plantea desde hace tiempos: que haga un gran pacto político para impulsar la implementación completa del Acuerdo de Paz con las Farc y que reanude el diálogo con el Eln.

Pero lo más interesante de la columna de María Isabel es que dice que Estados Unidos vería con buenos ojos la reapertura de los diálogos con el Eln y que el embajador Philip Goldberg, en una entrevista que le hizo, soltó esta perla: “Tenemos simpatía política con la idea de que haya líderes del Eln que estén presentes en La Habana”.

¿Eso qué significa? ¿Acaso lo que ocurre es que, al insistir en que Cuba como país garante del proceso con el Eln incumpla los protocolos y extradite a los negociadores de esa guerrilla, el presidente Duque y su antiguo canciller han seguido los lineamientos no del Departamento de Estado, sino del amigo de Duque, el senador Marco Rubio, quien quiere tumbar a toda costa al gobierno cubano y seguramente se pondría feliz de que la isla volviera a ingresar a la lista de países que apoyan el terrorismo? ¿Eso era lo que había detrás de esa terquedad del excanciller que ni escuchaba a los países europeos ni a los juristas expertos que le insistían en que estaba equivocado? ¿Eso es lo que se ha estado jugando? Si así fuera, no solo sería vergonzoso sino muy desleal con Cuba, un país que se ha empeñado en ayudar a que Colombia consiga la paz.

En todo caso, la afirmación del embajador, unida a otra que indica que para EE. UU., como para todos los conocedores del tema, tienen validez los protocolos (“entendemos la razón de que Colombia pida una acción cubana. Pero (…) hay razones legales que se involucran también en el asunto”), debe ser tenida muy en cuenta por la nueva canciller, Claudia Blum, una mujer capaz y con experiencia en asuntos multilaterales como embajadora que fue ante la ONU, quien no puede seguir equivocándose en el manejo de la política exterior como se equivocó su antecesor en el trato que le dio al tema de Cuba y al de Venezuela, donde casi sería factible que Trump acabará negociando con Maduro, como lo hizo con Corea, y Colombia se quedará viendo un chispero.

¡Así que ojo, presidente Duque, y ojo, canciller: bien vale la pena que, en este caso, escuchen lo que se está preguntando María Isabel!

Nota. Ojalá el paro de ayer se haya convertido en una masiva y pacífica presencia que haga reflexionar al presidente sobre la urgencia de que convoque a las otras fuerzas políticas y cambie de rumbo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 15 DE 2019

 

Por qué marcharé el 21

Porque en un bombardeo murieron ocho niños o más y el Gobierno no solo ocultó el hecho, sino que, una vez conocido, el presidente ni siquiera se disculpó ante las madres de esas criaturas llevadas a la fuerza por las bandas armadas y después desmembradas por las bombas del Estado, ni tuvo para con ellas una palabra o un gesto de condolencia, voy a marchar el 21 en paz.

 

Porque a los indígenas los están matando por oponerse al narcotráfico que se pasea por el departamento del Cauca vigilado por cerca de siete batallones, la mayoría de cuyos miembros, cuando pasan los cargamentos de droga, probablemente miran para otro lado, voy a marchar el 21.

 

Porque van 247 líderes sociales y 90 excombatientes de las Farc asesinados durante el mandato del presidente Duque, y el Gobierno no ha tomado medidas efectivas y concertadas con las comunidades para detener la matanza, voy a marchar el 21.

 

Porque el Gobierno parece no oír el clamor de las comunidades en riesgo que desde los territorios le piden que cumpla el Acuerdo de Paz, voy a marchar el 21.

 

Porque el presidente no escucha a los partidos mayoritarios del Congreso que, desde hace tiempo, le están solicitando que haga un acuerdo político para desbloquear y sacar adelante al país, y sigue en las mismas y con los mismos, voy a marchar el 21.

 

Porque el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU la resolución en la que 187 países pidieron que se levante el bloqueo de EE. UU. a Cuba, con el argumento de que se trata de una censura política porque la isla les sirve de refugio a los miembros del Eln que están allá por solicitud del Estado colombiano, cuando la verdad es que el gobierno Duque no ha querido acordar los detalles de su regreso al país como lo establecen los protocolos acordados para los casos de rompimiento de las negociaciones, ni tampoco ha buscado negociar otro protocolo, voy a marchar el 21.

 

Porque con esa actitud el presidente Duque está cerrando las puertas para que en el futuro, durante otros gobiernos, algún país quiera servirnos de garante en la negociación de otros inevitables procesos de paz, voy a marchar el 21.

 

Porque la paz está en peligro y creo que tengo el deber de defenderla, voy a marchar el 21.

 

Porque en este Gobierno el desempleo regresó a los dos dígitos, voy a marchar el 21.

 

Porque al llegar casi a la tercera parte de su gobierno es la hora en que el presidente Duque no ha logrado que entendamos cuál es el rumbo que quiere darle al mismo, voy a marchar el 21.

 

Porque el país no parece gobernarlo el presidente, sino el jefe del partido de gobierno, voy a marchar el 21.

 

Porque me uno al malestar que tienen los distintos sectores que convocan el paro —estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres, indígenas, docentes, pensionados, sindicatos, partidos políticos y comunidades afros y LGBT—, voy a marchar el 21.

 

Porque quiero un Gobierno que haga de Colombia un país incluyente, justo y en paz, voy a marchar el 21.

 

Porque estoy hasta la coronilla de las torpezas del Gobierno, voy a marchar el 21.

 

Porque todas esas razones, más las otras que ustedes tengan, son más que suficientes, los invito el 21 a rechazar la violencia y a marchar en paz.

 

Nota. Ojalá el alcalde Peñalosa recapacite y le aumente el presupuesto a la Casa de Poesía Silva a un nivel que le permita subsistir. Sería muy triste que, además de todo, su alcaldía terminara con el inri de haber matado esa casa que fundó la querida poeta María Mercedes Carranza y que tanto estimula la poesía.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 7 DE 2019

No sólo es Botero

El bombardeo, en agosto, de un campamento de disidentes de las FARC en Caquetá, en el que murieron ocho niños, entre ellos una niña de doce años, y el ocultamiento del hecho por parte del ministro de Defensa y del Comandante del Ejército, quienes presentaron el suceso como un exitoso operativo militar en el que fallecieron 14 criminales, según lo denunció el Senador Roy Barreras en su debate para promover la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero (a quien aprecio porque fuimos compañeros en la universidad), serían suficientes motivos no sólo para que renunciara el ministro, sino también el Comandante del Ejército. Y si el Presidente Iván Duque justifica el hecho, o guarda silencio ante el mismo, también tendría que caerse él.

 

Es que lo que está pasando con la política de defensa es muy grave. Y dicha política no sólo la dicta el ministro sino, principalmente, el Presidente, que es el Comandante de las Fuerzas Armadas.

 

Miremos ejemplos: no para la matanza de líderes sociales; van cerca de 170 desmovilizados de las FARC asesinados, uno de ellos dentro de una zona resguardada por la fuerza pública; el descubrimiento, por parte de The New York Times, de directrices, dentro del Ejército, que podrían generar el regreso a los falsos positivos, las cuales fueron retiradas de los instructivos militares después del escándalo; las revelaciones de la revista Semana sobre órdenes dadas por el Comandante del Ejército para hacer polígrafos dentro de la institución con el fin de ubicar a los oficiales que le suministraron la información al diario estadounidense, y el mutismo del General Nicasio Martínez ante la denuncia de ese hecho que él había negado sistemáticamente; el homicidio del desmovilizado Dimar Torres por orden de un coronel del Ejército, muerte que al principio fue presentada por el Ministro de Defensa como si hubiera obedecido a un forcejeo entre la víctima y el cabo que ejecutó la acción y, luego, su censura al General que le pidió perdón a la comunidad por el asesinato de Torres; el homicidio, al parecer por la espalda, del campesino Flower Trompeta; la pérdida de imagen ante la opinión pública de las Fuerzas Militares; los constantes asesinatos de indígenas en el Cauca, hasta el punto de que la semana pasada mataron a 16 en ese departamento donde hay siete batallones, y está claro que lo hicieron porque son los indígenas, y no los militares, los que se oponen a los narcotraficantes en la zona... Además, como lo dijo el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien visitó el Cauca, “se perciben los soldados en las vías de manera muy estática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están dedicadas a asesinar a los a indígenas, especialmente a la guardia indígena. Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo que lo primero es que se concerte con los indígenas una acción rápida y de fondo(…), de modo que no resulte siendo una ofensa más para ellos”.
 

En fin, son demasiados los hechos que indican la necesidad de que Duque le dé un revolcón a su doctrina militar, y que nombre a una cúpula y a un ministro de su confianza, que no se guíe por directrices ajenas.

 

Pero, eso si, tiene que quedar claro que así el ministro sea un fusible al que el Presidente puede remover en cualquier momento, quien de verdad debe responder por la seguridad en el país y porque en Colombia se respeten la vida, honra y bienes de los ciudadanos, es el Presidente de la República.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 1 DE 2019

Mensajes electorales

 

El triunfo de Claudia López en Bogotá, luchadora incansable contra la corrupción y la parapolítica, y de Daniel Quintero en Medellín, brillante líder progresista quien solito derrotó a Uribe en su casa, más la victoria de los alcaldes de Cartagena, Cúcuta, Villavicencio y Manizales, y la de los otros elegidos en alianza con el Partido de Verde, empezando por Jorge Iván Ospina en Cali, demuestran que el país no es el que el presidente Iván Duque cree: Colombia ya no es el país de extrema derecha que le come cuento a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, pues su principal partido es hoy el Verde. Eligió en sus grandes ciudades a alcaldes comprometidos con el Acuerdo de Paz. Se hartó de la polarización encarnada por el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, los derrotados de las pasadas elecciones. Quiere superar la politiquería y caminar hacia la modernidad. Y no desea seguir hundida en la guerra.

 

Llegó la hora de que esos mensajes de las elecciones los escuchen varios:

 

Primero, debe oírlos el presidente Duque quien, a partir de los resultados electorales, tiene todo el aval para buscar una alianza en el Congreso con la Bancada de la Paz (Partido Verde, Liberal, de la U, Polo Democrático, Cambio Radical, Decentes y FARC), y así superar el estancamiento político y sacar adelante sus proyectos.

 

Después, debe oírlos el Eln, con el fin de que deje su empeño en continuar la guerra, entienda que le dan más frutos los caminos democráticos, busque un acuerdo con el Gobierno y reinicie las conversaciones de paz.

 

También debe escucharlos Gustavo Petro, quien tiene que entender que ya él no es el gran jefe de la izquierda, pues las principales mujeres de su Colombia Humana (Ángela María Robledo, María José Pizarro y María Mercedes Maldonado), como era lógico, apoyaron a Claudia López y buena parte de su electorado votó en enhorabuena por la alcaldesa.

 

Tiene que oírlos además el senador Uribe, quien debe darse cuenta de que ya es hora de que se dedique a sus nietos y a sus caballos y deje a este país en paz, porque Colombia anhela nuevos liderazgos.

 

Y tiene que volverlos a escuchar el presidente Duque, quien debe sintonizarse con ese nuevo país, cambiar su política de defensa, obligar a las tropas a regresar al respeto a los derechos humanos y empeñarse en la consolidación y conquista de la paz completa.

 

Y, por supuesto, deben escucharlos los nuevos alcaldes, que disponen de todo el apoyo ciudadano para hacer de sus ciudades urbes incluyentes, alejadas de la polarización, con espacios democráticos, prósperas y listas a apoyar la implementación completa del Acuerdo de Paz.

Para finalizar, quiero preguntarle al alcalde Enrique Peñalosa: ¿no es mucho más elegante, sensato y respetuoso de la democracia, que se siente de nuevo con la alcaldesa, que discuta con ella sus objeciones al POT, las incorpore y expida un POT fruto del consenso?

 

Nota. Me dicen que el presidente Duque está inclinado a ordenar que el próximo jueves Colombia vote en la ONU a favor del bloqueo a Cuba o que al menos se abstenga de hacerlo. ¡Esa sería la mayor afrenta a la tradición internacional del país, que nunca, ni siquiera en épocas de Uribe, asumió semejantes posiciones! Además, iría en contra de las corrientes mayoritarias que se expresaron el domingo en las urnas. ¡Por favor recapacite, presidente!

 

                                                                                  ***

 

Adiós, querido Alfredo Molano. ¡Qué falta van a hacer tus reportajes! ¡Qué falta vas a hacernos a tus amigos! Paz en tu tumba.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 25 DE 2019

Mi deuda con Perry

—¿Le mando mi libro y le hace un comentario? —me escribió a comienzos de agosto Guillermo Perry—. En él la menciono.

 

—Claro —le dije—. ¿Y por qué me menciona?

—No me acuerdo. ¡Le va tocar leerlo todo! —repuso muerto de la risa ese gran amigo por más de 40 años.

 

El 8 de agosto, en un almuerzo en mi casa, se veía feliz: la semana siguiente presentaría su libro Decidí contarlo, un texto de 530 páginas en el que relata la historia económica y política del país en los últimos 50 años, como testigo de ella en su condición de economista graduado de MIT, primero en Planeación Nacional durante los gobiernos de Carlos Lleras y Misael Pastrana, luego en la Dirección de Impuestos bajo Alfonso López, después como consultor de varios gobiernos, ministro de Minas y Energía de Virgilio Barco, senador, constituyente, ministro de Hacienda de Ernesto Samper y, finalmente, como observador de los gobiernos siguientes. En la mesa, Perry se refirió a anécdotas picantes del libro, entre otras, una del presidente Misael Pastrana, a quien dejaba muy mal parado.

 

El 13 de agosto, al terminar la presentación en la atiborrada biblioteca del Gimnasio Moderno, me acerqué a felicitarlo. ¡Cómo iba a imaginarme que esa sería la última vez que lo vería! ¡Cómo iba a pensar que después de haberle ganado la batalla a un cáncer de vejiga, mes y medio más tarde su corazón se detendría súbitamente!

 

Perry ya no puede leer esta nota, pero le cumplo la promesa. Y lo hago un mes después de su muerte, porque no quería escribirla sin leerme cada una de las 530 páginas de este libro interesante, didáctico, ilustrativo, que muestra de manera amena y crítica la historia económica —siempre tan árida— de este país convulsionado, inserta en medio del acontecer político, comenzando al final del Frente Nacional y terminando en el gobierno de Duque.

 

Definitivamente, Decidí contarlo, una especie de memoria de la vida de Colombia y de la de Perry, hecha como si él hubiera presentido la cercanía de la muerte, es un texto que tanto expertos como legos en economía debemos leer.

 

Sin embargo, no refleja a su autor en toda su dimensión: lo retrata solo como el gran economista y el importante consultor internacional que fue, como el político, como el hombre interesado en la defensa de la ética pública y como el padre que amó a sus hijos y vivió enamorado de Claudia, su mujer… Pero no lo muestra como ese ser multifacético, aventurero, interesado por todo —los viajes, los amigos—, apasionado por la cultura, por el teatro, la literatura, la poesía, la música, hasta el punto de que sin tener oído musical escribió vallenatos y un bolero, este musicalizado por nuestro inolvidable amigo Mario Ochoa (q.e.p.d.), que en un par de apartes dice:

 

“Yo no sé si es verdad o es mentira lo que yo te digo, / pero sé que en la noche profunda me muero de amor (…) / Yo no quiero que llegue mañana ni la luz del día, / yo prefiero vivir en tinieblas sintiendo tu amor / y extraviarme en caminos sin rumbo por tu cuerpo lento / y perderme en un instante eterno de loca pasión”.

 

¡Ay, Perry, qué falta que va a hacernos!

 

Elecciones. Mis candidatos al Concejo: Clara López (Colombia Renaciente), Marisol Gómez (Bogotá para la Gente), Jorge Rojas (FARC), Ana Teresa Bernal (Colombia Humana), Diego Cancino (Alianza Verde).

 

Y en la Alcaldía, aunque con estilos diferentes, tanto Carlos Fernando Galán como Claudia López lo harían muy bien. En Medellín votaría por Daniel Quintero y en Cali por Jorge Iván Ospina.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 18 DE 2019

El fenómeno Galán

Carlos Fernando Galán se ha convertido en un fenómeno político: con su discurso no polarizante y la insistencia en mantener su independencia de los partidos, se ha sintonizado con el sentir de buena parte de la opinión que está mamada con la peleadera de Uribe y de Petro, y a la que el estilo de frecuente confrontación que caracteriza a Claudia López le suena a lo mismo, no obstante que está bien capacitada para ser alcaldesa.

Esa actitud de independencia de Galán no es nueva. Por una parte, debió aprenderla de su padre, el carismático Luis Carlos Galán, quien creó el movimiento disidente Nuevo Liberalismo para oponerse a las prácticas clientelistas y corruptas del Partido Liberal. Por otra, la demostró primero en el 2015, cuando renunció a la presidencia de Cambio Radical porque ese partido apoyó para la Gobernación de la Guajira a Oneida Pinto, quien estaba investigada por corrupción en adjudicación de contratos, y a Luis Pérez, que quería la Gobernación de Antioquia y estaba cuestionado por sus aliados políticos. Después, en diciembre del 2017, Galán dijo que no aspiraría a su reelección en el Senado por Cambio Radical porque no estaba de acuerdo con el criterio usado para conformar la lista, que de nuevo incluyó a candidatos cuestionados. Y, finalmente, en el 2018, luego de que Cambio Radical apoyó a Iván Duque en la segunda vuelta, Galán renunció al Senado y al partido pues consideró que seguir ahí no era coherente con sus principios, y votó en blanco en la segunda vuelta.

Pero antes de retirarse del Senado, protagonizó un duro enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe porque, en un debate de control político sobre supuestos actos de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Galán puso en duda la legalidad de la participación de los hijos de Uribe en un proyecto que tienen en Mosquera (Cundinamarca). Uribe reaccionó a los gritos y Galán no se le quedó atrás, enfrentando al energúmeno senador.

Y ahora, como candidato a la Alcaldía de Bogotá, se ha posicionado como el vocero del centro, y ha presentado un equipo serio, integrado, entre otros, por tres exministros del gobierno de Santos: el de Justicia, Yesid Reyes; el de las TIC, David Luna, y el de Ambiente, Carlos Costa. También, por un exministro de Desarrollo de Pastrana, Eduardo Pizano; por Frank Pearl, miembro del equipo negociador con las Farc y el Eln; por la excandidata uribista a la Alcaldía, Ángela Garzón, destituida por Uribe; por Claudia Parias, reconocida gestora cultural, quien fuera directora de la Orquesta Filarmónica, y por su mano derecha, su hermano el exsenador Juan Manuel Galán. Con ese equipo capacitado, bajo su dirección reposada e inteligente, Galán puede hacer una alcaldía que logre en el Concejo los consensos necesarios para ejecutar sus planes de gobierno.

Pero a Carlos Fernando no sólo lo han favorecido su campaña tranquila, su política de independencia y su buena pinta, sino también las celebraciones que hubo con motivo de la conmemoración de los 30 años del asesinato de su padre, abaleado por el narcotráfico con el apoyo de políticos corruptos. Entonces, muchos bogotanos se sintieron en deuda con Luis Carlos Galán y decidieron votar por su hijo menor para la Alcaldía. Y Carlos Fernando se disparó en las encuestas.

Aún quedan 10 días y todo puede pasar. Pero si las cosas siguen como van y si Claudia y Petro no se unen, el alcalde será Galán.

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 11 DE 2019

Uribe: “Fue a mis espaldas”

Siempre he pensado que el caso del senador Álvaro Uribe debe ser igual al de Eusebio, el marido de Custodia, mi antigua empleada: él, como tantos maridos, llega borracho en las madrugadas a pegarle a su mujer dizque porque anda con otros hombres, cuando justamente quien llega de acostarse con otras es Eusebio.

 

Eso, en psicoanálisis, se llama proyección. Y en lenguaje popular se define con el dicho de “el ladrón juzga por su condición”.

 

Pues ocurrió que, en el 2012, el senador Iván Cepeda le hizo un debate a Uribe en el cual dijo que él y su hermano Santiago habían estado involucrados en paramilitarismo y en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después, Cepeda denunció a Uribe. Y el expresidente denunció a su vez a Cepeda porque supuestamente había sobornado a falsos testigos para que lo incriminaran. Sin embargo, luego de una investigación de cerca de seis años, la Corte absolvió a Cepeda y, en cambio, compulsó copias para investigar a Uribe, ya que encontró que había indicios para pensar que era él quien supuestamente había sobornado testigos. Así, en febrero del 2018, le abrió investigación al expresidente por soborno y fraude procesal.

 

A paso lento, como se mueve la justicia, la investigación continuó y, el martes, se produjo la indagatoria de Uribe. De ella, como es su deber, porque hay que respetar la reserva del sumario, la Corte no dijo nada, salvo que el expresidente “contará siempre con plenas garantías” y que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”. En cambio, Uribe habló, durante casi hora y media, de lo divino y lo humano. Y reconoció que su cuestionado abogado Diego Cadena —quien no solo ha sido apoderado suyo sino también de narcotraficantes como alias Don Diego, Don Mario y Diego Rastrojo— le dio $2 millones o $7 millones (no está claro, porque Uribe habló primero de dos y luego de siete) al testigo Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que primero acusó a Cepeda pero que, a comienzos de septiembre, afirmó que lo había contactado Cadena para buscar testigos y planear una campaña de falsas declaraciones contra Cepeda.

 

No obstante, a pesar de su confesión, el exmandatario aseguró que le había dicho a Cadena: “Hombre, si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”.

 

Es decir, Uribe aceptó que su abogado le hizo un pago a un testigo, pero sostuvo que fue a sus espaldas.

 

Al día siguiente, Cadena dijo que no le había consultado ese pago a Uribe porque no había considerado que fuera necesario hacerlo. Es decir, en principio aceptó la tesis del senador. Sin embargo, se sabe que hay soportes de $9 millones más de pagos al testigo. (¿Esos tampoco los habrá consultado Cadena con su cliente?). Y el testigo, en entrevista con la revista Semana, dijo que él o allegados suyos habían recibido pagos por $40 millones.

 

De modo que aún queda mucha tela que cortar. Mientras el magistrado del caso, que ya vinculó formalmente a Uribe al proceso, decide si lo llama a juicio o no, yo sigo en mi teoría: el caso de Uribe debe ser igualito al de Eusebio, el marido de Custodia…

 

Nota. La semana pasada le dijimos adiós al inolvidable Guillermo Perry. Esta semana despedimos a Javier Darío Restrepo, periodista riguroso y recto, experto en la ética de esta profesión que cada día necesita más de voces como la suya. ¡Paz en su tumba, maestro!

 

@patriacialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 4 DE 2019

No se equivoque más, Presidente

La amenaza del Presidente Duque a Cuba en el sentido de que las relaciones se romperían si en 6 meses la isla no extradita a los miembros de la Delegación de Paz del ELN que están allá por petición del estado colombiano, es no sólo una equivocación, sino una evidencia de la poca confianza que él tiene en la capacidad del Ejército para capturar a los insurgentes luego de que, una vez cumplido el protocolo acordado para su regreso en caso de ruptura del proceso de paz, ingresen al país.

 

Es una equivocación por estas razones: 1. En la práctica, Colombia está diciéndole a Cuba que si no viola un compromiso internacional -el protocolo que firmó como país garante del proceso de paz-, rompe relaciones. 2. Ese protocolo, como dijo el jurista Rodrigo Uprimy, “es un acto internacional de Colombia frente a los Estados garantes, por lo cual gobiernos posteriores deben cumplirlo de buena fe o deben modificar expresamente ese compromiso”, cosa que no ha buscado hacer el gobierno de Duque, ya que su posición es que se viole el protocolo, y punto. 3. Colombia no puede aplicarle a Cuba la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual establece los compromisos de los Estados contra el terrorismo, como dice Duque, porque Cuba no alberga a los miembros del ELN por voluntad propia sino en virtud de un compromiso internacional como garante. 4. “Si un Estado ofrece garantías a su enemigo para negociar y luego las desconoce para capturar o matar a los negociadores, como dijo Uprimy, incurre en una grave violación al derecho internacional humanitario, que es la perfidia”. 5. El incumplimiento del protocolo sería un precedente inaceptable no solo para Colombia, sino para cualquier proceso de paz en el mundo, ya que deben existir reglas fiables si la negociación fracasa, como dijo el ministro de Estado alemán Michael Roth. 6. Con su actitud, Duque nos cierra las puertas de la paz, porque ningún país va a aceptar ser garante de un proceso que emprenda un Estado que no cumple sus compromisos. Y 7, si Colombia rompe con Cuba por esa razón, manchará su imagen internacional.

 

Y es una falta de confianza en la capacidad de nuestro Ejército, porque el protocolo establece que, por 72 horas, rija un cese el fuego en un área acordada, que tradicionalmente ha sido de unos 50 Kms cuadrados. Esa área podría rodearla el Ejército. Ahí, en ese lapso, los tipos del ELN aterrizarían en un helicóptero de la Cruz Roja, en el que viajarían con delegados de los garantes y de Colombia. Vencidas las 72 horas, el Ejército podría y debería perseguirlos, capturarlos y entregarlos a la justicia.

 

Como me decía un importante General: “si de mi dependiera, yo haría cumplir el protocolo y le diría al Comandante del Ejército: le doy un mes para que coja a esos tipos, y si no, se va”.

 

¿Por qué no lo ha hecho así el gobierno? Aún pueden hacerlo. Así nos ahorraríamos ese desgaste internacional y los elenos, pronto, acabarían presos o muertos. Como quiere Duque.

 

(¿Y por qué la ONU no nos ayuda a superar este impase?)

Nota: ¡Qué dolor produce la muerte de Guillermo Perry, amigo por más de 40 años! Lo vi por última vez el día del lanzamiento de su libro, Decidí contarlo, un compendio de su vida y obra, escrito como si hubiera tenido la premonición de que su vida llegaba a su fin…¡Estaba radiante!

¡Quién iba a imaginar que mes y medio después estaría muerto! ¡Qué falta vas a hacernos, Perry!

Les mando a Claudia, a Juana y a Antonio, un abrazo fuerte y largo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 27 DE 2019

La explosiva verdad de Char

La declaración ante la JEP del exsenador David Char —que apenas comienza— ha pasado desapercibida. Pero es de gran trascendencia porque deja al descubierto no sólo las relaciones que un vasto sector de la clase política ha tenido con los paras, sino que revela, en la propia voz de un miembro de uno de los más influyentes clanes políticos, cómo ha funcionado la compra de votos y hasta dónde cohabitan la corrupción y la política local.

Hasta la semana pasada Char, que fue acusado por la Corte Suprema de recibir para su campaña dinero del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de prestar carros a esa organización criminal, de reunirse con jefes paras para efectos electorales, de aportarles plata por medio de la empresa Acodensa perteneciente a la familia Char, y de suministrarles una caja de munición explosiva, ha dicho varias cosas a la JEP, donde fue aceptado porque se comprometió a revelar una verdad mayor a la dada en la justicia ordinaria, a reparar a las víctimas y a contribuir a la no repetición. Char ha dicho que, mientras en Soledad y Malambo los paras instalaron su poder a base de usar el miedo y la violencia, en Barranquilla lo hicieron a través de alianzas con políticos, entre otros el exalcalde Guillermo Hoenigsberg, que fue apoyado por el dirigente liberal José Name Terán. Agregó que las Auc tenían lobistas que se les aproximaban a los congresistas de Sucre, Córdoba, Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Añadió que “las tres casas más importantes del Atlántico” eran las de los Name, Gerlein y Char y que “si alguien quería participar en política a nivel de Gobernación y Alcaldía necesitaba tener el aval de alguna de estas tres familias”. Dijo que allá las Auc se consolidaron porque lograron elegir a Rosa Stella Ibáñez en la Alcaldía de Soledad y, “a través de ella, consiguieron que les adjudicaran el Hospital Materno Infantil, que fue su fortín”. Contó que alcanzaron también la Alcaldía de Malambo y que, a través de esas alcaldí