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Patricia Lara Salive

Diciembre 31 de 2021

Un año crucial

Mañana comienza un año crucial no solo porque tendremos otro presidente, sino porque en julio, con nuevo mandatario electo, conoceremos el informe final de la Comisión de la Verdad, el cual nos hablará de los horrores que se vivieron durante más de 60 años de conflicto, explorará sus porqués y dejará abonado el camino para que se garantice la no repetición y se rompa la cadena de odio ocasionada por la guerra.

Esos dos acontecimientos —la elección del próximo presidente y la presentación del informe de la Comisión de la Verdad— están relacionados de manera estrecha, porque de la actitud del nuevo mandatario dependerá en gran parte que ese informe tan revelador no quede sepultado en los anaqueles de los archivos históricos. Ello es fácil que ocurra porque el documento llegará a conclusiones que molestarán a muchos, o a casi todos, pues de esa guerra todos somos responsables por acción, complicidad, omisión o, simplemente, como ocurre en la mayoría de los casos, por haber ignorado el conflicto por el solo hecho de que no nos tocó de manera directa.

Como lo ha dicho el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en el informe final se entregará “un legado que no eludirá verdades fuertes y dolorosas sobre lo definitivamente intolerable”. Pero agrega que “el informe dejará (…) un conjunto de recomendaciones en marcha para que no haya más repetición. La construcción de la paz grande es una tarea de largo plazo, la ruta de la transición hacia ella continuará después de la finalización de nuestro mandato”.

En ese punto es fundamental la actitud del nuevo presidente con respecto a la conquista y consolidación de esa “paz grande” de la que habla Francisco de Roux. Porque el próximo mandatario puede seguir empequeñeciendo la paz, como lo ha hecho el presidente Duque al ignorar la implementación de temas fundamentales del Acuerdo de Paz, como son la reforma rural integral y las garantías de seguridad en los territorios; puede ignorar también las recomendaciones para la no repetición que haga la Comisión de la Verdad y seguir eludiendo la posibilidad de llegar a la paz negociada con los distintos grupos que aún dicen luchar por razones políticas. O, por el contrario, el nuevo presidente puede impulsar el informe final y sus recomendaciones de modo que el Gobierno entero y, en lo posible, toda la sociedad seamos conscientes del horror que vivimos y nos comprometamos con la no repetición.

Pero para ello se requiere que el próximo mandatario tenga la convicción de que la conquista de la paz completa es indispensable para lograr el salto adelante que Colombia requiere, y disponga del carácter, la generosidad y la valentía necesarias para conseguirlo.

Por eso hay que pensar muy bien por quién votar. Hasta ahora, hay en el panorama un candidato de la derecha, camuflado en la Coalición de la Experiencia, quien, por lo que ha dicho, haría que el país retrocediera 14 o 15 años y los odios, en vez de apaciguarse, se multiplicaran. Los demás —como la paz ahora no da votos— no se han comprometido a fondo con ella, y menos con la paz grande de la que habla Francisco de Roux. Pero ya es hora de que dejen de pensar en sus conveniencias personales y, de verdad, se preocupen por las de Colombia.

¡Feliz año, queridos lectores! Y para estos días de descanso les recomiendo que lean Qué hacer con estos pedazos, la nueva novela de Piedad Bonnett.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

Patricia Lara Salive

Diciembre 24 de 2021

Miedo justificado

 

Mientras celebramos la Navidad, Carlos Alfonso Negret, exdefensor del Pueblo, piensa cómo proteger su vida porque siente que el Gobierno la puso en peligro.

“Ni siquiera durante la quimioterapia tuve una semana tan dura. La pasada fue la peor de mi vida, por el daño moral que me hicieron y por mi seguridad”, afirma.

Su miedo se justifica: resulta que luego de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, la alcaldesa Claudia López le pidió a Negret que elaborara una relatoría sobre los hechos. Esta, apoyada por la ONU, terminó en octubre. Fueron seis meses en los que se recogieron más de 100 testimonios de policías y familiares de las 14 víctimas asesinadas. En su mayoría fueron jóvenes de los barrios populares, varios de los cuales estaban en sus casas y murieron porque salieron a comprar algo o se asomaron a la protesta callejera, con tan mala suerte de que los atravesó un tiro que a la loca disparó algún policía.

En su relatoría, Negret concluyó que en esos dos días se produjeron 14 muertes violentas, 11 de ellas ocasionadas por la policía, que reaccionó de forma desproporcionada y ocasionó “una masacre”, que según el Diccionario de la Real Academia significa: “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida” (según Negret, la tragedia se produjo porque no hubo una orden civil ni policial de no disparar). Agregó que los policías actuaron con violencia desproporcionada contra los más pobres, los avances investigativos son casi nulos, la estrategia para garantizar la no repetición es escasa y, si no se adoptan medidas urgentes, se transitará hacia la impunidad. Afirmó que no obstante los preceptos constitucionales, operativamente, la Policía no se encuentra subordinada a las autoridades civiles.

El 13 de diciembre, día en que Negret les entregó el informe primero a las víctimas y después a la alcaldesa, insistió en que debe haber un proceso de reconciliación entre la Policía y la gente de los barrios donde ocurrieron las tragedias, y en que la Policía debe reconocer los hechos y hacer una petición genuina de perdón. En el mismo acto, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que creía “en el poder transformador de ese informe”. Y la alcaldesa asumió la total responsabilidad de lo ocurrido y le pidió al presidente, en su condición de comandante supremo de la Policía, que reconozca la gravedad de lo ocurrido y acometa las recomendaciones del informe, empezando por la de pedirles perdón a las víctimas.

Pero no. Ocurrió lo contrario: dado que un par de días antes Negret había aceptado ser parte de la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo (NL), el presidente, en lugar de leer el informe y tomar correctivos, dijo que “nadie puede (…) hacer politiquería con el nombre de la institución (la Policía)”, y que “hacerlo es la forma más vil de aspirar a cualquier cargo de elección popular”.

Por favor, presidente: fue desafortunado que la publicación de la relatoría coincidiera con la presentación de la lista del NL. Pero despreciar ese informe tan minucioso, elaborado cuando ni siquiera el NL había sido reconocido como partido, es un acto de irrespeto e irresponsabilidad, primero con las víctimas; con la propia Policía, que necesita que usted se ocupe de ella, y con Negret, a quien sus palabras pusieron en la mira de los fanáticos.

***

Feliz Navidad.

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Patricia Lara Salive

Diciembre 17 de 2021

Hablando de cosas buenas

 

Para hablar de cosas buenas, les cuento que Villegas Editores presentó este año una selección de libros preciosos, de esos que vale la pena tener y mirar de vez en cuando. Uno es Tierra colombiana, del fotógrafo documentalista Santiago Harker, con un prólogo del escritor Juan Esteban Constaín que acompaña esas imágenes extraordinarias que el ojo mágico de Harker sabe captar: la Sierra Nevada de Santa Marta, la del Cocuy, el nevado del Ruiz, la laguna de Otún, el cañón del Gualí, en fin, fotos de ese país bonito que todos debiéramos conocer. Otro es Paraísos de Colombia, un libro con magníficos textos y fotografías de Andrés Hurtado García, fruto, como él dice, de su “pasión por Colombia” y su conocimiento del país, porque, como afirma, él es graduado “summa cum laude en caminos”. ¡Gran libro, apreciado Andrés!

Pero también hay dos libros para leer. Ciudad, igualdad, felicidad, del exalcalde Enrique Peñalosa, plantea que en una ciudad debe buscarse la felicidad a base de construir la igualdad, de modo que nadie se sienta inferior o excluido. Memorias, de Pedro Gómez Barrero, es un texto donde cuenta su vida este empresario hecho a pulso, oriundo de Cucunubá, quien tras superar dificultades se convirtió en líder del desarrollo urbanístico del país.

Hay dos libros para consultar. Uno es 200 años de república, escrito por el historiador Fabio Zambrano y el jurista Manuel José Cepeda, una obra ilustrada en dos tomos: el primero, sobre la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, de 1821, que dio nacimiento a la Gran Colombia y fue sancionada cuando aún no había concluido la guerra de la Independencia; el segundo, sobre la Constitución de 1991, que nos rige actualmente. El otro libro es Corte Constitucional de Colombia, ilustrado también, que incluye textos del magistrado Alberto Rojas Ríos, el expresidente César Gaviria, los juristas Rodrigo Uprimny, Karena Caselles y Jorge Enrique Ibáñez, y del editor Benjamín Villegas.

Además de otros libros como En busca del origen (Felipe Guhl), Iglesia de San Ignacio III. Pintura colonial e Historias del clavel, hay uno para deleitarse que viene muy bien en esta época festiva: Mis recetas favoritas de Navidad, de María Villegas, que trae esos deliciosos platos que ella, de manera fácil, nos enseña a hacer: la milhoja de queso gruyer, el pavo relleno de peras y nueces, el pescado a la sal, el ponqué de ciruelas y las galletas de limón y flores, entre otros manjares para chuparse los dedos en esta Navidad.

Y para hablar de otra cosa buena, aunque de origen aterrador e inaceptable, quiero felicitar al general en retiro Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30 del Ejército, con sede en Cúcuta, por haber tenido el valor no solo de reconocer ante la JEP, sin rodeos, su responsabilidad por la muerte de 55 personas y la desaparición de otras más, sino por atreverse a decir: “Les hago un llamado a los líderes del país para que asuman los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes (y) por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”.

¡Claro que es de su incumbencia, señores! Si, además de los guerrilleros y paramilitares, todos los militares, políticos y empresarios involucrados en el conflicto aceptaran de frente su responsabilidad y les pidieran perdón a sus víctimas, como lo hizo el general Coronado, pasaríamos la página y Colombia, por fin, marcharía hacia adelante.

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Patricia Lara Salive

Diciembre 10 de 2021

 

Un canto a los cuatro vientos

Un grupo de 102 artistas -indígenas, negros, blancos, hombres, mujeres, niños-, venidos de la Colombia profunda, emergen de la oscuridad y marchan hacia adelante bajo el árbol de la vida, mientras la voz poderosa de la solista Lucía Pulido canta:

“Qué bonita es nuestra gente,

qué bonita es nuestra tierra…

Sería mucho más bonita

Si esta tierra fuera nuestra”.

Y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, surge en contraluz de entre la multitud mientras la mezzosoprano canta:

“Que vuelva a brillar la vida

con la luz de la verdad”.

Y los asistentes que colman el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de pie, aplauden sin parar, y las lágrimas humedecen los rostros porque han pasado 70 minutos en los que, en escenas tan tristes como bellas, ha desfilado la realidad de este país donde “se crían la rabia y las orquídeas por parejo”, como cuenta el poeta Juan Manuel Roca.

La rapsodia Develaciones, un canto a los cuatro vientos es un proyecto de la Comisión de la Verdad en coproducción con el Teatro Mayor y la Paz Querida; dirigido por Iván Benavides, Nube Sandoval y Bernardo Rey; asesorado por Ricardo Silva, Lucía González, Sara Malagón, Ramiro Osorio y Alberto Heredia; financiado por fondos de cooperación internacional y privados; y actuado por grupos artísticos de altísima calidad hallados en los territorios.

Fue un ejercicio de creación iniciado hace un año por los tres directores, quienes, en una inmersión de 20 días en Minca, produjeron el guión, conformado por una secuencia de 15 escenas en las que utilizan una mezcla de expresiones artísticas —teatro, danza, poesía, música, canto, percusión, video y los murales y grafitis de Óscar González— y retratan el conflicto, con sus causas y consecuencias, incluida una escena en la que las madres de Soacha desentierran a sus hijos.

Cada una de las escenas (La huida, El lamento, Éxodo, Rostros, Entre paredes, El banquete, El polvo blanco, Resistencia, Las madres, Secuestro, Infancia y guerra, Cantos del agua y El árbol de la vida) fue dirigida en los territorios y montada por los grupos locales: Fundación Saüyee’pia Wayuu, Guardia Indígena Nacional, Krump Colombia, Sankofa Danza Afro, Semblanzas del Río Guapi, Tambores de Cabildo, Tonada, Colectivo de Madres de Falsos Positivos y Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, conformada por muchachos que, en Quibdó, gracias al arte, cada día sobreviven a la muerte en esa ciudad donde a diario asesinan a jóvenes que por descuido u osadía traspasan las fronteras invisibles impuestas por las bandas armadas.

Después, entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre, se reunieron en Bogotá los directores, los 64 artistas provenientes de los territorios y los 38 actores de la capital, y ensamblaron esta obra monumental, digna de presentarse en el Lincoln Center de Nueva York o en la Ópera de París, que el año entrante se proyectará muchas veces en TV y en cine en el país entero, y se presentará en vivo, de nuevo en julio, cuando la Comisión de la Verdad entregue su informe final.

Ojalá, a partir de ese momento, Colombia entera sienta el dolor de todas las víctimas y entienda que si nos decimos la verdad, pasamos la página y miramos adelante, la pesadilla quedará atrás.

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Patricia Lara Salive

Noviembre 26 de 2021

Santos se volvió duquista

“Si Duque se vuelve propaz y verde, soy el primero en volverme duquista”, le dijo el expresidente Juan Manuel Santos a la incansable periodista María Jimena Duzán en uno de esos pódcasts interesantes y largos que casi a diario ella hace en Spotify.

Un par de días después, en la conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz llevada a cabo en la sede de la JEP, con la presencia del secretario general de la ONU, luego de estrecharle la mano a su sucesor por primera vez desde cuando abandonó la Presidencia, Santos afirmó: “Tengo que reconocer que, gracias a Dios, el presidente Duque se montó en el tren de la paz”. Y agregó: “Tengo entendido que el presidente también está explorando caminos para reanudar las conversaciones de paz con el Eln. Eso nos llena de esperanza. En ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y estoy seguro de que también el de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. La paz no es de nadie en particular, sino de todos los colombianos y del mundo entero. Por la paz debemos trabajar juntos hasta el fin de nuestros días”.

En su discurso ante el mismo auditorio, Duque se mostró fan de la paz, le agradeció a Dios por ese día, pidió un minuto de silencio por las víctimas y dijo que el tren de la paz se encuentra en el artículo 22 de la Constitución, que dice: “La paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”.

¿Quiere decir que Santos y Duque comenzaron a fumar la pipa de la paz, a pesar de la carta que el expresidente Uribe le envío al secretario general de la ONU, tan destemplada como fuera de lugar, en la que le dice que “proceso de paz no ha habido”?

Esa sería la mejor noticia que podría recibir el país en este momento, cuando reina la incertidumbre electoral y apenas estamos empezando a superar la devastación económica y social que dejó la pandemia.

Es que ponerle zancadillas a la paz, como tanto hizo este Gobierno, pasó de moda: ya no da réditos políticos, ya cada vez más la mayoría de la gente considera a Uribe un viejito gagá y ya incluso alguna encuesta señala que existe un porcentaje alto de colombianos que quieren votar por la derecha, siempre y cuando esta no sea uribista.

Así que, presidente Duque, por favor acabe de fumarse la pipa de la paz con Santos y déjele al país un legado por el cual valga la pena recordarlo: el de haberle puesto fin a la polarización.

***

SOS, ministro de Salud: el campesino Luis Fernando Cruz, quien trabaja conmigo, tiene una sonda puesta desde el pasado 18 de octubre porque una inflamación benigna de la próstata le impide orinar. Según valoración del gran urólogo Pablo Gómez, deben operarlo de inmediato. En el hospital de Facatativá, adonde llegó de urgencia el 19 de octubre, porque la sonda que le pusieron en el hospital de Sasaima fue demasiado gruesa, le dijeron que debía pedir una cita de urología y en la orden anotaron “prioritaria”.

Sin embargo, ha sido imposible que le den la cita porque, al parecer, la EPS Convida, a la que el señor Cruz le ha cotizado desde agosto del 2016 $2’121.924, hace tiempo que no le paga al hospital de Facatativá. De modo que al buen Luis Fernando, quien anda montaña arriba y montaña abajo con esa sonda molesta, conectada a una visible bolsa llena de orines, le han inventado toda clase de disculpas para no atenderlo y, por supuesto, para no operarlo. Así lleva 40 días. ¿Cuántos más tendrá que esperar en esa situación, señor ministro de Salud, Fernando Ruiz?

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Patricia Lara Salive 

Noviembre 19 de 2021

 

Íngrid Betancourt, salve usted el centro

 

Realizar un cónclave para acordar una consulta presidencial en marzo, “amplia e incluyente”, les propuso Juan Fernando Cristo, miembro de la Coalición de la Esperanza, a los demás precandidatos y dirigentes del centro, a quienes en carta que les dirigió mencionó en estricto orden alfabético: Carlos Amaya, Íngrid Betancourt, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, Alejandro Gaviria, Angélica Lozano y Jorge Enrique Robledo.

Agregó Cristo que no debe levantarse el cónclave hasta que no lleguen a un acuerdo. Y añadió que la exsecuestrada y excandidata Íngrid Betancourt y el exnegociador de paz Humberto de la Calle deben liderar las conversaciones.

Indudablemente, la propuesta de Cristo es buena. Pero para que la reunión no fracase ni se convierta en otra encerrona maltratadora contra Alejandro Gaviria —como fue la pasada cuando, según cuentan, llegó a decírsele que su proyecto y el de la Coalición de la Esperanza no eran compatibles— se requiere que Íngrid Betancourt haga el milagro de lograr que antes de la reunión haya un comienzo de acuerdo.

¿Y por qué Íngrid? Porque ella, quien después de su secuestro y de sus estudios de teología ha adquirido cierto halo espiritual, es la única persona respetada, querida y escuchada por todos: por los miembros de la Coalición de la Esperanza, especialmente Sergio Fajardo, de un lado; por Alejandro Gaviria, de otro, e incluso por el mismo expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, a quien Íngrid no sólo no descalificó en declaraciones recientes, sino que invitó a que fuera parte de la solución, realizando la depuración que, con urgencia, el Partido Liberal requiere.

“Es la hora de deshacernos de las maquinarias; (…) si hay alguien que puede hacerlo en el Partido Liberal es César Gaviria”, dijo Íngrid, y agregó: “Hay un pensamiento liberal que está vivo y César Gaviria representa parte de ese pensamiento. Hoy él está en la posición de darle esta vez «el revolcón» al Partido Liberal, cuando más se necesita. Ya empezó a hacerlo, porque le apuesta a Alejandro Gaviria, que es lo más opuesto a cualquier maquinaria”.

Independientemente de si se está de acuerdo o no con ese planteamiento, es evidente que Íngrid tiene razón cuando afirma que “hay que hacer un esfuerzo por (…) tener una vocación de gobierno y no de oposición profesional. Esto implica deponer miedos y desconfianzas”.

Eso parece haberlo entendido ya y por fin Juan Fernando Cristo quien, seguramente porque tuvo la epifanía de la que habla Íngrid, propuso el cónclave. Pero esa propuesta hay que manejarla bien para que no se convierta en dinamita para la posibilidad de unión del centro.

En evitar la catástrofe, Íngrid juega un papel fundamental. Y también pueden jugarlo Humberto de la Calle y Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, quien tuvo la claridad política para decir que “ni la Coalición de la Esperanza tiene futuro sin Alejandro, ni la candidatura de Alejandro tiene esperanza sin la Coalición”.

Pero Íngrid Betancourt (a quien aquí quiero decirle que la admiro) es la persona que tiene la clave. De modo que la invito a que, antes de que se reúna el cónclave de Cristo, despliegue toda su sabiduría y su conocimiento de la condición humana y logre el milagro: que sus miembros acepten un mecanismo para que el centro todo, sin exclusiones ni vetos que sólo restan, se presente unido a la primera vuelta.

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Patricia Lara Salive 

Noviembre 12 de 2021

 

El centro, camino al suicidio

En marzo serán las consultas presidenciales y se avizora que ocurrirá lo mismo que en el 2018: se escogerá un candidato de la derecha y la extrema derecha unidas, que probablemente será María Fernanda Cabal o Federico Gutiérrez; surgirá un candidato de la izquierda y de un sector del centroizquierda, que será Gustavo Petro, y el centro irá dividido a la primera vuelta entre Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y a lo mejor alguien del Partido Verde. Ese sería el imperdonable suicidio del centro que, según las encuestas, es mayoría. Y probablemente sería también el entierro de la izquierda y del centroizquierda, porque muchísimos en Colombia le tienen pánico a que con Petro el país se vuelva como la Venezuela de Maduro, lo cual no creo que ocurra, pero así lo piensa mucha gente.

Si pierde el centro y seguimos gobernados por esta derecha obtusa que acabaría de incendiar el país, o por Petro, que es un gran político pero dividiría aún más a Colombia y sería probablemente un pésimo administrador, la culpa recaería exclusivamente sobre los candidatos del centro, incapaces de llegar a un acuerdo, pues algunos han demostrado que anteponen sus dogmas (¿o sus egos?) a los intereses del país.

Reproduzco apartes de una carta que, a manera de columna, les dirigí en marzo de 2018 a los candidatos Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Hoy escribiría la misma carta. Pero el nombre de Humberto lo reemplazaría por el de Alejandro Gaviria, el de Fajardo lo dejaría intacto y tal vez le agregaría el de Juan Manuel Galán. Les decía entonces:

Por favor, “lleguen a un acuerdo YA. (...) El país está ansioso de verlos unidos, conformando una sola candidatura fuerte que represente el centro. (…) Colombia está clamando porque (…) no la sometan a elegir entre los extremos. Ofrecerle esa posibilidad tan sólo depende de ustedes. ¡El tiempo apremia! (…) Colombia no puede seguir votando por miedo. Ojalá pudiera votar por convicción. (…) Por favor, no excluyan a más colombianos de la posibilidad de apoyarlos. En eso bien valdría la pena que escucharan al profesor Antanas. Él sí que tiene claro el paseo de la corrupción: no hay nadie que sea absolutamente malo ni absolutamente bueno. Todos tenemos un toquecito de maldad. Todos, alguna vez, nos hemos pasado un semáforo en rojo. Hay que abrirles la puerta a los colombianos de a pie(...). Hay que dejarlos entrar y, más bien, enseñarles a las ovejas descarriadas a enderezarse, (…) así como hizo Fajardo cuando manejó la reinserción de los paramilitares en Medellín, así como hizo De la Calle cuando construyó con las Farc el Acuerdo de Paz. Hay que sumar, Sergio; hay que unir, Humberto; hay que ganar (...)”.

¿Esto les suena conocido?

Y para aliviar el espíritu, porque la política lo atormenta, les cuento que un grupo de niños chocoanos y franceses acaba de presentar en París y en Nanterre El bunde del agua, obra de teatro conjunta en la que hablan de sus dolores. Pero lo que es muy esperanzador, en el caso de los chocoanos, es que la Fundación Círculo de Estudios ha rescatado a cerca de 500 niños de Quibdó, explotados sexualmente por los actores del conflicto armado o nacidos de violaciones cometidas por los mismos, y los ha puesto a sanar sus heridas a través del arte. Esta vez fue el actor Miguel Borrás, quien se formó en el Teatro Libre de Bogotá y hace décadas vive en París, el que dirigió esa obra de teatro, que conmovió al público hasta las lágrimas.

Posdata. Ya entregada esta columna, Sergio Fajardo recapacitó e invitó a todos los candidatos del centro, sin exclusiones, a buscar un acuerdo para llegar unidos a las elecciones. Buen comienzo.

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Patricia Lara Salive 

Noviembre 05 de 2021

 

Infamias que matan

La cultura vale huevo para este Gobierno. Bien lo escribió Claudia Hakim, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, a propósito del ridículo presupuesto (0,16 % de los recursos) asignado al sector. Según ella, el orgullo que los funcionarios dicen sentir por representantes de nuestra cultura, a quienes llevan a los escenarios internacionales para mostrar la cara amable de Colombia, es solo de dientes para afuera. Como de dientes para afuera es el apoyo que en el exterior el presidente Duque dice darle al Acuerdo de Paz, cuyos pilares ha querido torpedear más de una vez. O como lo es el respaldo que dicen ofrecerle al Acuerdo de Escazú, que el Gobierno presentó de nuevo al Congreso pero sin mensaje de urgencia, lo cual equivale a dejarlo en el limbo otra vez. Es que casi todo en este Gobierno tiene doble rostro.

Pero la peor infamia en el ámbito de la cultura la están cometiendo ahora. Y puede ser una infamia que literalmente mate. Como lo dijo Aura Lucía Mera en su columna del martes en El Espectador, y como se ha dicho en otros medios, a nuestra gran poeta Maruja Vieira, al borde de cumplir 99 años, le van a reducir su ingreso pensional de $2’500.000 miserables a $908.526. Sí, a María Vieira —bautizada Maruja por el poeta Pablo Neruda—, una de las grandes de Hispanoamérica; autora de 20 libros; traducida al inglés, francés, griego, húngaro, alemán, portugués, ruso, italiano y gallego; galardonada, entre otros premios, con la Orden Gabriela Mistral en Chile, la Medalla Simón Bolívar del Ministerio de Educación de Colombia y el Premio Nacional Vida y Obra otorgado por el Ministerio de la Cultura. Digo miserables porque $1’072.000 le cuesta la medicina prepagada; $300.000, la hospitalización domiciliaria y $1’500.000, la empleada que la atiende. De manera que en gastos de salud y atención para esta anciana brillante, lúcida y cultísima se van $2’872.000. Es decir que, con la pensión actual, le queda un déficit de $372.000 mensuales, sin contar lo que se paga por administración, servicios y comida para ella, la enfermera, la empleada y su hija, la poeta Ana Mercedes Vivas, que hace malabares para sufragarlo todo, pues de la poesía solo vive el espíritu.

El argumento para disminuir la pensión de Maruja, usado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) —¡vaya nombre para una entidad que fácilmente puede acabar con la vida de una de las glorias de la cultura colombiana!—, es que nadie puede disfrutar de dos pensiones. Como Maruja tiene la pensión de Colpensiones de un salario mínimo, gracias a que cotizó 500 semanas cuando además de escribir poesía trabajaba en cuanta cosa había, y la pensión de Cajanal por $1’800.000, que obtuvo por sus servicios al Estado y con la que se jubiló antes de que se promulgara la Ley 100, le van a revocar la pensión de mayor cuantía y le van a dejar la de salario mínimo.

El Gobierno de Duque, quien además fue jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el BID, no puede quedarse impávido ante esa infamia. Así los leguleyos puedan prenderse de algún inciso que mate de tristeza y falta de atención a la gran poeta, el Ministerio de Cultura y el mismo presidente (antes que gastarse miles de dólares en llevarse a Glasgow a su esposa, hijos, hermano, etc.) tienen el deber moral de inventarse algo, un premio, por ejemplo, que garantice que Maruja Vieira termine su vida con tranquilidad y dignidad. Pero, por favor, que no sea un premio póstumo.

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Patricia Lara Salive 

Octubre  08 de 2021

Qué hace Duque viendo “El coronel no tiene quien le escriba”?

“¡Preparados, situación, acción!”, exclama Jorge Alí Triana al comenzar, en el Colón, el último ensayo de El coronel no tiene quien le escriba, la primera gran novela de Gabriel García Márquez, adaptada para teatro por Verónica Triana y su padre, Jorge Alí, experto en la obra del premio nobel, pues llevó a las tablas La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada y Crónica de una muerte anunciada, y en cine dirigió Tiempo de morir, con guion de Gabo.

De inmediato, bajo el sonido de la lluvia, aparece en el escenario el viejo coronel que espera una pensión que nunca le llega, personificado por el actor Germán Jaramillo, veterano del Teatro Libre y cofundador del ID Studio Theater en Nueva York.

El coronel se dirige a la cocina, raspa con un cuchillo el tarro con los restos del café y, mientras tanto, su esposa asmática —interpretada por Laura García, la actriz escogida por el nobel para protagonizar hace 27 años su gran Diatriba de amor contra a un hombre sentado— le pregunta desde la cama:

—¿Qué haces?

—Esperar —responde el coronel.

—Desde que terminó la guerra civil, hace 56 años, no has hecho nada distinto que esperar —le dice ella.

Así comienza esta obra demoledora y genial, que se presentará del 12 al 24 de octubre en el Teatro Colón. Esta semana la vieron en sesión de gala el cuerpo diplomático y el presidente Iván Duque, por invitación de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, para conmemorar el bicentenario de la Cancillería.

Lo que no se entiende es por qué a ella se le ocurrió escoger justo esa obra de teatro para celebrar la efeméride. La única explicación que eso tiene es que no se haya leído El coronel no tiene quien le escriba, extraordinaria novela escrita por Gabo mientras casi moría de hambre en París, donde se protegía de la dictadura de Rojas Pinilla, y Tachia, su compañera de entonces, una carismática declamadora española, lo alimentaba con las sobras que le llevaba del restaurante donde trabajaba de cocinera.

En El coronel no tiene quien le escriba se palpa no solo el hambre que padecía el autor de la novela en el momento en que la escribió, sino también el ambiente de violencia, represión y censura que se vivía en Colombia durante la dictadura.

Imaginemos entonces la cara que habrá puesto al oír estos diálogos este presidente nuestro que se disfrazó de policía luego de que, a raíz de las jornadas del paro nacional, policías dispararon indiscriminadamente contra la ciudadanía y mataron a decenas de manifestantes:

Abogado: El alcalde manda a decir que el entierro no puede pasar frente al cuartel de Policía.

Don Sabas: Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio.

Coronel: Pero esto no es una insurrección. Es un pobre músico muerto.

Coronel: Este entierro es un acontecimiento. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años.

Esposa: En esa maldita gallera mataron a mi hijo.

Coronel: El gallo no tiene la culpa. Agustín no tenía por qué ponerse a repartir propaganda clandestina.

Esposa: Veinte años esperando los pajaritos de colores que te prometieron después de cada elección, y de todo eso nos queda un hijo muerto.

Coronel: Por primera vez en la vida vi de cerca al policía que disparó contra mi hijo (…) Nos miramos a los ojos fijamente. El policía me puso el cañón del fusil en el vientre. Yo le dije: “Permiso…”, y él me contestó: “Pase usted, coronel”.

Nota. Por vacaciones, esta columna reaparecerá el 5 de noviembre.

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Patricia Lara Salive 

Septiembre 24 de 2021

 

 

La gazapera debe terminar

¡Cuánto tienen que aprender del expresidente Uribe los sectores progresistas que no quieren que la derecha siga en el poder, es decir, los de centro, centroizquierda y los liberales que aún creen en las ideas de López Pumarejo, Gaitán y Lleras Restrepo, cuya política agraria fue más avanzada que la de Gustavo Petro! ¡Y cuánto tiene que aprenderle a Uribe, también, la izquierda colombiana, especializada en dividirse y subdividirse al infinito!

Fíjense no más cómo, por más disminuido que esté, Uribe ya logró que el 22 de noviembre su partido tenga un candidato único que se enfrentará, en la consulta de marzo, con los demás aspirantes de derecha, es decir, con Fico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, etc. Así, la derecha llegará a la primera vuelta con un solo nombre que podría competir con un candidato único que represente al centro y a la izquierda si actúan con inteligencia, caso en el cual el sector alternativo podría ganar la Presidencia en primera vuelta. Pero si siguen equivocándose, insultándose y excluyendo a este y a aquel, es probable que lleguen a la primera vuelta con dos, tres o cuatro candidatos, entre los cuales estaría Petro, quien probablemente repetiría la hazaña del 2018, es decir, asustaría tanto a la mayoría del país, que de nuevo perdería y le volvería a entregar el poder a la derecha.

Que eso no suceda depende de los candidatos, fundamentalmente de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle, quien posee la sensatez necesaria para hallar la fórmula.

Ahora, ya han empezado a dar pasos inteligentes: algunos dirigentes del Partido Verde, el Polo Democrático, la UP, el MAIS y el Pacto Histórico, así como parlamentarios de la talla de Iván Cepeda, Roy Barreras y el hombre en cuestión, Gustavo Petro, plantearon buscar un acuerdo con el centro.

La propuesta, en esencia, dice que, al ser conscientes de que son más grandes las coincidencias que las diferencias, hacen “un llamado a la unidad de todos los sectores alternativos”; convocan “a la Coalición de la Esperanza y demás actores políticos y sociales que luchan por el cambio a iniciar un diálogo propositivo y constructivo y a tramitar [las] diferencias de manera respetuosa, fraterna y solidaria [… y se comprometen] a construir una agenda común para garantizar el triunfo en las próximas elecciones”. Agregan que presentan “un programa de gobierno para derrotar la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza en Colombia”.

Esa es una propuesta sensata y muy similar a la que aplicará Uribe: algo así como que, mediante encuestas en las que tendrían que ser incluidos Alejandro Gaviria y los aspirantes de la Coalición de la Esperanza, se determine quién sería el candidato único del centro. El elegido se enfrentaría a Petro en la consulta interpartidista de marzo y el ganador, de común acuerdo con el sector que saliera derrotado, concertaría un programa común que sería el que ejecutaría el nuevo gobierno, tal como ocurrió en Francia cuando fue elegido François Mitterrand.

Pero lo que no puede ocurrir es que se firme un llamado a la unidad, como hizo Petro, y se insulte y se hiera a sus futuros aliados, o se permita que sus huestes lo hagan. Tampoco puede ser que personajes del Partido Verde insulten a Petro y a su gente. Ni que estos les inventen mentiras a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Señores, la gazapera debe terminar.

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Patricia Lara Salive

Septiembre 17 de 2021

Hasta siempre, Antonio

Hasta rara tristeza no se despega de mis huesos... Y, por lo que veo, no se despegará jamás… Al comienzo, cuando a las 3:52 p.m. del pasado viernes me entró ese chat de Isabel, su hijita, que jamás hubiera querido recibir (“Hola, Patricia, mi papá se fue ya”), sentí un escalofrío que no acababa de comprender. La víspera ella me advirtió que el médico le había dicho que los pulmones de Antonio, invadidos por una neumonía no COVID, tenían un daño irreversible, facilitado, seguramente, por los miles de Pielroja que se fumó durante muchos años. De modo que la noticia de la muerte de Antonio Caballero la estaba esperando.

Además, la vida que él llevaba desde hacía unos años ya no era vida: lo agobiaba una neuropatía incurable que hacía que los nervios fueran perdiendo su cobertura y le producía unos dolores cada vez más fuertes e invasivos, a tal punto que ya casi no podía caminar. Recuerdo una vez, hace quizá un par de años, a la salida de un almuerzo en mi apartamento, cuando, al ver que las piernas le flaqueaban un poco al permanecer de pie, llevé un asiento al ascensor para que se sentara en el trayecto del séptimo piso al primero. Pero hace meses el mal había avanzado tanto que llegó a las manos y le dolía pintar, y después le dolía escribir.

—¿Por qué no dictas, Toño? —le pregunté.

—Porque yo pienso con los dedos —dijo.

De modo que para Antonio Caballero la vida se había convertido en una especie de tortura progresiva. Así que lo mejor, para él, era irse a descansar en paz. Sin embargo, Antonio se mantenía vivo y, seguramente, seguía escribiendo sus columnas. Primero, por generosidad con los suyos; segundo, porque amaba escribir, y tercero, principalmente, porque tenía un compromiso inquebrantable con sus principios.

En ese punto es donde radica la explicación de por qué esta rara tristeza que me produce su ausencia y que, al parecer, me va a acompañar siempre… Es que Antonio Caballero, como escribió su amigo Enrique Santos Calderón, “fue hasta el final un hombre fiel a sí mismo y a sus convicciones. Nunca transigió en la defensa de los más débiles ni en la denuncia de corruptelas o abusos de poder. No supo qué era un cargo público, ni cedió a halagos, tentaciones ni zalamerías. Tampoco flaqueó ante las amenazas, que no le faltaron a lo largo de medio siglo”.

Como dijo el lunes durante la homilía que en su memoria ofició Fernán González, padre del CINEP, en la iglesia del Gimnasio Moderno, su colegio, luego de resaltar “la inmensa capacidad de Antonio para desenmascarar las apariencias que ocultaban la realidad”, lo que nos reunía ese día era “la presencia de un amor más allá de la separación física, que nos invita a continuar su esfuerzo, su testimonio y su compromiso por un mundo mejor (o, al menos, como diría Antonio Caballero, por un mundo menos malo)”.

¡Pero es que nos vamos quedando solos en esta tarea, padre Fernán! Ya se fue Alfredo Molano. Y ahora partió Antonio. Por más que nos esforcemos en continuar con su lucha, no hay nadie tan vertical, honesto, brillante, erudito, cáustico, magnífico escritor, buen ser humano ni tan tierno como él. Como me dijo en un chat la escritora Laura Restrepo: “¡Qué pérdida tan berraca, mi Patricia: cuántas generaciones tienen que pasar para que se produzca un Antonio Caballero!”.

Así que hasta siempre, Toño querido…

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Patricia Lara Salive 

Septiembre 10 de 2021

Se destapó Gilberto

Ahora resulta que para el expresidente Andrés Pastrana es verdad lo que los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, afirman en la carta que él le entregó a la Comisión de la Verdad, donde dicen que el expresidente Samper sí sabía que ellos financiaron su campaña, pero es mentira la afirmación que hace Gilberto en una nueva carta enviada el martes: que ellos también financiaron la campaña de Pastrana y que la misiva que el expresidente entregó a la Comisión la escribieron presionados por un chantaje suyo. Algo así como: “si no escriben una carta inculpando a Samper, los extradito”.

Sin embargo, en la última carta, Gilberto Rodríguez dice algo mucho más grave: que si bien ellos son “liberales de hueso colorado”, antes que todo son demócratas. Y que, por esa razón, en los últimos 50 años ayudaron tanto a liberales como conservadores.

A propósito, les cuento una historia: corría el año 1996 y los Rodríguez Orejuela habían sido puestos presos por el gobierno de Samper. Yo dirigía la revista Cambio. Entonces un amigo me contó que su conductor había sido por años chofer de Gilberto. Le dije que me gustaría hablar con él. Nos reunimos. Me dijo que él llevaba a Gilberto a las fiestas a las que asistían varios personajes, que en su casa se hacían parrandas a las que iban políticos de todos los pelambres, que una vez Gilberto y un presidente conocido por su gusto por las muchachas pasaron una noche encerrados con mujeres de la vida alegre, y, lo principal, que su jefe les enviaba cheques a los políticos. Él mismo los entregaba y guardaba fotocopias. Incluso me mostró una copia de un cheque girado a un encumbrado dirigente que se decía “defensor de la moral”, a quien no nombro porque está muerto.

Entonces le dije que a la revista Cambio le interesaba publicar esos cheques. Él contestó que, para entregármelos, necesitaba autorización de Gilberto. Días después, el hombre regresó y me informó que Rodríguez no había autorizado la publicación de los cheques. Decidí escribir una columna en la que instaba a los Rodríguez Orejuela a que dijeran la verdad y revelaran los nombres de todos los políticos que los habían utilizado, a quienes ellos habían financiado. Así le harían un gran servicio al país, agregaba. Después de publicada la columna me visitó en la oficina un abogado de los Rodríguez. Me dijo que Gilberto me mandaba a decir que si algún día decidía hablar, esa entrevista me la daría a mí.

Hoy, un cuarto de siglo después, todavía Gilberto no ha hablado. Pero, a juzgar por la carta que le envió a Pastrana, parece que ya quiere hablar. Y hoy el mejor modo de hacerlo es frente a la Comisión de la Verdad.

Les sugiero a los Rodríguez Orejuela que le soliciten de inmediato a la Comisión de la Verdad que los escuche, y a esta, que haga lo que sea necesario para oírlos de manera pública. Así se sabría la verdad. Porque no es justo que durante todos estos años el agua sucia le haya caído solo a Samper, cuando todos, o casi todos (recuerden al presidente Iván Duque y a su amigo el Ñeñe Hernández), se han beneficiado del dinero del narcotráfico, que tanto ha expandido y prolongado la guerra en Colombia.

Así, Gilberto Rodríguez, a sus 82 años, antes de que el cáncer termine de devorarlo, podría sentirse orgulloso de haber ayudado a rescatar a Colombia de ese mar de mentiras y corrupción en el que ha vivido sumergida. Gilberto tiene la clave.

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Patricia Lara Salive

Septiembre 03 de 2021

Ciego, sordomudo, traste y testarudo

 

Hacía un mes que Andrés Pastrana le había entregado la Presidencia a Álvaro Uribe. En el aeropuerto de Montería nos esperaba la Chave, muy cercana al paramilitar Carlos Castaño. Ella acababa de salir de la cárcel por delitos relacionados con su trabajo en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Me acompañaban la fotógrafa Claudia Rubio y la actriz Carlota Llano. Yo había viajado a entrevistar a jóvenes paramilitares con el fin de indagar sobre sus móviles para ingresar a las Auc. A la Chave la acompañaba un hombre provisto de radio, que trabajaba en el aeropuerto e hizo que nos dieran trato preferencial. A la salida nos esperaba una camioneta con chofer que, según nos dijo la Chave, había sido puesta a su disposición por un amigo de Uribe.

Pasamos un retén. El chofer hizo cambio de luces. Nadie nos detuvo. Lo mismo ocurrió en todos los retenes. Pernoctamos en una hacienda bien dotada. Temprano salimos hacia Tierralta. En el camino, la Chave nos mostró proyectos productivos de las Auc. Para conocerlos, atravesamos tierras de Mancuso por una carretera interna que parecía no tener fin. En la tarde llegamos a Tierralta. En el pueblo, a pesar de que había un cuartel de Policía, no se veían uniformados sino civiles con radios. Entramos a un “hospital paramilitar”, localizado a metros de una escuela. Nos recibió un tipo en camuflado con un letrero bordado en la camisa que decía “Auc”. Lo llamaban HH y lo acompañaban unos diez uniformados de las Auc armados de metralleta. Era el “encargado de las relaciones del Comando Mancuso con los políticos”, dijo. Nos invitó a sentarnos. En la mesa había varias botellas de Buchanan’s desocupadas. Al rato llegó un hombre que, según nos dijeron, era alcalde de un pueblo cercano. Habló a solas con HH. Desde una tarima, localizada al frente de la escuela, salía música bailable a todo volumen. Un locutor invitaba a la fiesta que esa noche ofrecían “los paracos” (así los llamó por el megáfono) con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

En la mitad del “paseo”, la Chave me dijo: “El jefe quiere verte” (yo no quería ver al jefe). Acabamos conversando un par de horas con Carlos Castaño —en jeans y camisa Lacoste roja—, en una finca donde, según nos dijo, si las autoridades querían, podían capturarlo en diez minutos porque ellas sabían siempre dónde estaba él. Después fuimos a San Pedro de Urabá. Allí, a pesar de que había un batallón del Ejército, los que patrullaban, y en abundancia, eran uniformados con metralletas y letreros de las Auc.

Pero la historia de ese viaje puedo detallarla después. Por ahora, lo que vale la pena decir es esto:

El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, le preguntó a Pastrana por qué hubo esa enorme expansión del paramilitarismo en su gobierno y por qué, a pesar de los esfuerzos, quienes entonces vivían en los territorios sentían de modo tan fuerte las escaladas paramilitar y guerrillera. Después de oír a Pastrana responder que había sido justamente durante su gobierno cuando habían comenzado a acabarse las Auc, etc., solo resta agregar que al expresidente le acomoda bien esta estrofa de Shakira cantada en masculino:

“Bruto, ciego, sordomudo,

Torpe, traste y testarudo,

Es todo lo que he sido...”.

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Patricia Lara Salive

Agosto 27 de 2021

¿Se enloqueció Uribe?

Se quejaba Tomás Uribe de que a Juan Manuel Santos lo habían tratado como a un rey en la Comisión de la Verdad, aduciendo que, en cambio, a su padre, el expresidente Álvaro Uribe, lo habían atacado el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González. Nada más alejado de la realidad: en un escenario hostil armado por Uribe, donde montaron la cámara de modo que él pareciera en una posición de superioridad con respecto al padre De Roux, este y los demás comisionados se limitaron a hacerle preguntas que les permitieran entender por qué sucedió el horror de los falsos positivos, por qué hubo connivencia entre paramilitares y militares, por qué, por qué, por qué... Y Uribe, de inmediato, dijo que lo estaban atacando, no asumió responsabilidades y no les pidió perdón a las madres de los inocentes asesinados. Entre tanto, Tomás Uribe, desde lejos, como gran crítica, vociferaba que Santos hasta les había llorado.

Por supuesto que el expresidente Santos lloró. Él —que fue ministro de Defensa de Uribe y en cuyo ministerio llegaron al máximo los falsos positivos, pero al descubrirlos los desmontó— lloró ante la Comisión de la Verdad, como cualquier ser humano hubiera llorado después de concluir su intervención con este párrafo: “Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada; unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.

De manera que no fue que la Comisión de la Verdad tratara a Santos como un rey y atacara a Uribe. No. Lo que ocurrió fue que Santos, a diferencia de Uribe, supo pedir perdón…

Y a propósito de la propuesta de amnistía general que empezó a hacer Uribe a partir del encuentro con la Comisión de la Verdad, hay que decir que no es comprensible ni viable. Por una parte, no se sabe a quiénes se refiere, pues al hablar de amnistía Uribe mencionó a Epa Colombia y a los ladrones de bicicletas. ¿Significa eso que él, que tanto vociferó contra la impunidad, ahora propone vaciar las cárceles y amnistiar a todos los delincuentes? ¿O plantea solo amnistiar a los actores del conflicto, lo cual contraviene el Estatuto de Roma que obliga a Colombia a investigar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y si no lo hace puede intervenir la Corte Penal Internacional? ¿O plantea amnistiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, salvo que estén acusados de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, mediante la figura de la renuncia a la acción penal de hecho están cobijados en la JEP por una especie de amnistía? ¿O propone una autoamnistía?

Nadie lo sabe. Lo único posible sería que el Gobierno, por ley, les creara a los paramilitares que han contribuido a la verdad y llevan años presos beneficios similares a los que tienen los ex-Farc y los militares en la JEP. Los terceros y los agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública, si lo desean, también pueden someterse a la JEP. Entonces sí, después de que todos digan la verdad, sean juzgados por la justicia transicional y reciban una pena alternativa, se podría hacer ese borrón y cuenta nueva que ahora —¡oh, paradoja!— tanto reclama el irreconocible Álvaro Uribe.

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Patricia Lara Salive

Agosto 20 de 2021

Respeto para Pacho de Roux

 

La frialdad, la negación y el cinismo también sirven para construir el relato del horror. Hay que saber leerlo”, decía en un trino el periodista Félix de Bedout a propósito del encuentro que tuvieron el lunes el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios con el expresidente Álvaro Uribe. Y agregaba que el encuentro le había parecido útil.

Pero además de útil fue importante porque la Comisión de la Verdad —que escucha a quienes quieran dar su versión sobre el conflicto armado, les hace preguntas, contrasta las versiones y llega a conclusiones— no podía dejar de oír a uno de los expresidentes, quien además de ser el mayor opositor al Acuerdo de Paz con las Farc es el jefe del partido de gobierno.

A Uribe había que entrevistarlo a como diera lugar, así fuera en medio de relinchos de caballos y gritos de papagayos, rodeado de hijos malhablados y groseros. (Con el montaje de ese escenario, quien quedó muy mal fue Uribe, no Pacho de Roux). Porque si la Comisión de la Verdad elabora su informe final sin haberlo escuchado, tendrían argumentos para decir que es tan parcializada que ni siquiera tuvo en cuenta la opinión del expresidente, quien representa a cerca de esa tercera parte del país que, como él, se opone al Acuerdo de Paz.

Como dice el padre, en La Habana se hizo la paz entre el Estado y las Farc, pero falta mucho para que la sociedad se reconcilie. Para lograr esa reconciliación, Uribe, si lo quisiera, podría jugar un papel fundamental. De manera que, aunque parezca misión imposible, nada se pierde con que el padre De Roux le ruegue que tenga un poco de generosidad y apoye la paz. A lo mejor Uribe, ante sus ruegos, sienta que antes de llegar al tribunal de Dios le conviene pedirles perdón a las madres de los 6.402 jóvenes asesinados por el Ejército, en virtud de la presión por resultados que él ejerció sobre la institución.

Pero, además, en las respuestas y la actitud de Uribe quedaron en evidencia su frialdad, su negación y su cinismo: de los falsos positivos, tema sobre el que tan enfáticamente lo interrogó el padre, dijo que sus soldados lo habían engañado (¿qué dice el Ejército sobre semejante afirmación?); no aceptó la más mínima responsabilidad, no demostró sentir arrepentimiento ni empatía ante el sufrimiento de las víctimas, a quienes no acepta que se les llame así; se enfureció cuando el presidente de la Comisión de la Verdad le dijo que en el 2008 (entonces Santos era el ministro de Defensa), al tomarse la decisión de destituir a 27 oficiales involucrados en los falsos positivos, estos bajaron de 1.000 a 14 en el año siguiente; se quedó impávido ante la afirmación del padre de que es “muy difícil decir que (los responsables de los falsos positivos) fueron manzanas podridas”, porque fueron muchos; en fin, tuvo nula capacidad de autocrítica. Sin embargo, Uribe aceptó que hubo connivencia entre militares y paramilitares, pero, eso sí, dijo que él la había acabado porque desmovilizó a los paras. (No obstante, la connivencia siguió).

En fin, es mucho lo que se puede decir de ese encuentro. Y falta saber lo que pasó en la reunión privada que siguió a continuación. Pero lo que queda claro es que la Comisión de la Verdad hizo su tarea de escucha y que Francisco de Roux se erigió como un David de una estatura moral muy grande, que no se amedrentó ante Goliat.

Mi apoyo y respeto para Pacho de Roux.

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Patricia Lara Salive

Agosto 13 de 2021

Bienvenido el Nuevo Liberalismo

Recuerdo a Luis Carlos Galán, vestido con ese saco jaspeado en tonos verdes que tanto le gustaba, contándome que iba a recorrer el país porque quería promover una nueva manera de hacer política, en la que el clientelismo y las trapisondas brillaran por su ausencia. Lo veo, casi todos los jueves o viernes, saliendo de afán de las oficinas de la revista Nueva Frontera, dirigida por el expresidente Carlos Lleras y codirigida por él, luego de dejar su columna escrita a mano con esa letra suya que siempre se inclinaba hacia arriba: iba a montarse en un jeep viejo para ir con su primo Alfonso Valdivieso a recorrer Santander, su departamento, y a pregonar su nueva forma de hacer política. Así fue fundando su movimiento, el Nuevo Liberalismo, y librando las más duras batallas, la última de las cuales, contra el narcotráfico y su penetración en la política, los llevó a la muerte a él y al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, su segundo al mando en el movimiento.

Ahora, la Corte Constitucional le dio vía libre a la resurrección del Nuevo Liberalismo, partido que oxigenará la política y, sobre todo, servirá de refugio a las ideas liberales que tienden a quedar asfixiadas entre la izquierda extrema y el neoliberalismo, que nada tiene que ver con el liberalismo de verdad, ese que pregonaban el general Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán, ese que respeta de manera absoluta la libertad de pensamiento y opinión, ese que se sitúa a años luz de cualquier forma de dogmatismo y propugna un país equitativo y menos desigual.

El aterrizaje del Nuevo Liberalismo en la política nos alegra a los liberales irremediables que nos entristecemos por el rumbo que tomó el viejo Partido Liberal, no soportamos la peleadera entre los verdes y los del Pacto Histórico, y seguimos creyendo, como lo repetía el doctor Carlos Lleras Restrepo, que el liberalismo era y debe ser una coalición de matices de izquierda.

Por eso es una muy buena noticia que los hermanos Galán quieran construir un Nuevo Liberalismo en el que no solo militen dirigentes como ellos o Rodrigo Lara Restrepo, sino que esté abierto a nuevas figuras e inviten a participar en él a un verdadero liberal en el sentido filosófico de la palabra, a un ingeniero, economista y humanista de la estatura intelectual y ética del exministro y rector de la Universidad de los Andes: Alejandro Gaviria. Y es una magnífica noticia también que Juan Manuel Galán insista en que Gaviria y la excandidata Íngrid Betancourt participen en la Coalición de la Esperanza. Así, en la consulta interna que esa coalición planea hacer en marzo, tomaría parte un interesante grupo de candidatos que estimularía que esa consulta fuera la de mayor votación. De ellos saldría el candidato único del centro a la Presidencia. Ese atractivo abanico estaría integrado, entre otros, por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Íngrid Betancourt y Jorge Robledo, quien se equivoca al vetar a Gaviria, no solo porque vetaría a un candidato extraordinario, sino porque al hacerlo se arriesgaría a que, al final, el vetado fuera él.

De modo que si la política se enrumba en esa dirección y si los votos sumados de la Coalición de la Esperanza superan los del Pacto Histórico, Petro podría reflexionar y generar movimientos telúricos que garantizaran el triunfo del centroizquierda en la primera vuelta.

Soñar no cuesta nada, ¿verdad?

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agosto 06 de 2021

Patricia Lara Salive

Armas a la basura, vida más segura”

Qué lejos estamos de la época en que el profesor Antanas Mockus pregonaba que “la vida es sagrada”, emprendía como alcalde de la capital una campaña de vacunación contra la violencia, promovía el desarme total y canjeaba las armas que estaban en poder de la gente por bonos que servían para comprar en distintos almacenes mercados, ropa y útiles escolares.

Ahora es otro tiempo, estamos ante otra pedagogía: la de que “el que la hace la paga”, cuando todos los días vemos que, salvo muy contadas excepciones, eso no ocurre. Ahora nos quieren convencer de que la violencia se frena con más violencia y nos encontramos ante el hecho de que dos miembros del partido de gobierno, la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, muy seguramente apoyados por su bancada, insisten en presentar un proyecto de ley que flexibiliza y facilita el porte de armas en este país al que no le cabe una más. Aquí, donde lo único sensato es promover masivamente políticas del estilo de las de Mockus, para que la vida, de verdad, se considere sagrada.

Ese proyecto busca, por supuesto, echar para atrás el Decreto 2515 de 2015 de la administración Santos, que ordenó la suspensión general de los permisos de porte de armas en Colombia.

La argumentación que los congresistas Cabal y Garcés dan en favor de la norma que pretenden imponer es la misma de siempre: que ha aumentado la delincuencia en la ciudad y en el campo y que la gente tiene derecho a defenderse. En lugar de ello, deberían propugnar porque las fuerzas de seguridad fueran de verdad efectivas en el cumplimiento de sus funciones y defendieran a las personas de los peligros que las acechan. Porque ese argumento, el de la defensa y la justicia por mano propia, es el mismo que llevó al nacimiento y la expansión del paramilitarismo, el cual generó decenas de miles crímenes y de atrocidades inenarrables: desmembramientos, mutilaciones, empalamientos, etc.

Por otra parte, si no tienen en cuenta las incontrovertibles estadísticas sobre el impacto positivo del desarme en la disminución de homicidios (por ejemplo, en el mes en que el entonces alcalde Mockus decretó el desarme, se redujeron las muertes violentas en un 22 %), los congresistas uribistas deberían pensar en las horrendas masacres que ha habido en la historia de Estados Unidos por la permisividad absurda que existe en ese país para el porte de armas. Por ejemplo, según una investigación publicada en el 2013 en el Journal of Human Resources, se sabe que entre 2000 y 2010, cuando más de 20 estados de ese país aprobaron leyes que ampliaron la justificación legal para el uso de armas en defensa propia, los homicidios aumentaron un 8 % y la medida no tuvo poder disuasivo sobre los hurtos y las agresiones. Es que es obvio: si a usted le van a robar el celular y desenfunda un arma, lo más probable es que se lo roben y lo maten. Pero si va desarmado, lo más seguro es que sólo lo roben. Si se embarca en una pelea y su contendor está borracho y armado, es muy probable que a usted lo mate. En cambio, si está desarmado, apenas le pega.

Así que lo que hay que hacer, en vez de estimular el porte y uso de armas, es promover el desarme y volver al lema de Mockus, de “armas a la basura, vida más segura”. Y lo que los congresistas Cabal y Garcés tendrían que considerar, más bien, es pedirle al profesor Antanas que les dé un cursito de cultura ciudadana.

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julio 30 de 2021

Patricia Lara Salive

Pura paja, presidente

El presidente Duque, en entrevista con El Espectador, dijo que su gobierno ha hecho más que el anterior para cumplir el Acuerdo de Paz. Pero el tortuoso camino que han recorrido las 16 curules para las víctimas, establecidas en el Acuerdo, prueba que su gobierno dice una cosa y hace otra con respecto a la paz.

El exministro Guillermo Rivera acaba de mandarle un derecho de petición al presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, para que de inmediato cumpla la sentencia del Consejo de Estado que le ordena enviar a Presidencia el texto de la reforma constitucional que crea las curules para las víctimas, para que sea publicado en el diario oficial y entre en vigencia. Como lo recuerda Rivera, el calvario que el Centro Democrático y el gobierno de Duque les han hecho vivir a las curules para las víctimas es el siguiente:

Después de que la bancada uribista, en la que Iván Duque actuaba como senador, se opuso a que las víctimas tuvieran sus 16 curules con el argumento de que estas serían para las Farc, a pesar de que el texto establecía que ni la antigua guerrilla ni los movimientos o partidos representados en el Congreso podrían inscribir candidatos para esas circunscripciones, en noviembre de 2017 el Senado le dio el último debate a la reforma constitucional que las creaba y obtuvo 50 votos a favor. Sin embargo, el conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado de la época, archivó el proyecto porque, según él, no tuvo los votos suficientes ya que, a su juicio, había 102 senadores y no 99, como decía la oposición, que no contaba para conformar el quorum a los tres senadores presos: Ñoño Elías, Musa Besaile y Álvaro Ashton.

Entonces Guillermo Rivera presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra esa declaratoria de archivo, pero el proceso fue muy demorado porque el uribismo y el gobierno desplegaron su artillería: primero, los abogados del nuevo presidente del Senado por el Centro Democrático, Ernesto Macías, le pidieron al Consejo de Estado que no le diera curso al proceso porque, según ellos, una decisión política del Congreso no podía estar sujeta al control judicial del Consejo de Estado. El tribunal desestimó el argumento. No obstante, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opuso entonces a la demanda presentada por Rivera, con un argumento similar al planteado por Macías. El Consejo de Estado volvió a desestimar el argumento. Cuando el proceso ya iba a fallarse, para dilatarlo, varios uribistas pidieron ser aceptados como coadyuvantes para oponerse a la demanda, y cada vez que el tribunal les negaba una petición, presentaban recursos de súplica. Eso tomó más de un año, hasta que finalmente el Consejo de Estado falló a favor de las 16 curules.

Por su parte, el senador Roy Barreras presentó acciones de tutela. Una de ellas fue seleccionada por la Corte Constitucional, que en mayo falló a favor, esgrimiendo el mismo argumento del Consejo de Estado, pero la sentencia no se ha cumplido en ninguno de los dos casos, porque ambos tribunales le ordenaron al presidente del Congreso enviar el texto a Presidencia y él no lo ha hecho.

El presidente Duque, que a lo largo de su gobierno ha dado declaraciones y presentado propuestas para enredar las 16 curules de las víctimas, con el poder que tiene, no ha movido un solo dedo para hacer que las sentencias se cumplan y las curules rijan.

¿Eso es cumplir el Acuerdo de Paz, presidente?

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Patricia Lara Salive

julio 23 de 2021

Dos buenas noticias

Recientemente me referí a dos temas que han tenido desarrollos importantes. Uno es la conveniencia de que se prorrogue el período de la Comisión de la Verdad, que vence en noviembre, pues la pandemia generó una interrupción de casi un año en muchas de sus labores, lo que significó que no disponga del tiempo suficiente para completar su trabajo con el detalle que había planeado.

El otro es la necesidad de que la Fiscalía y la justicia se pronuncien pronto sobre los señalamientos que exparamilitares han hecho de manera general ante el Tribunal de Justicia y Paz sobre las Fuerzas Armadas, a propósito de que estas les habrían suministrado a las Auc listas de personas que debían ser asesinadas, sin que hayan revelado los nombres de los acusados, lo cual hace daño a la credibilidad y al prestigio de las Fuerzas Armadas como institución.

Pues bien, en ambos temas ha habido progresos:

Por una parte, la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender la duración de la Comisión de la Verdad y plantea, justamente, que no debe contabilizarse en su mandato el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto tanto a expertos como a entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por la trayectoria de la Corte y por lo crucial del tema, esperamos que el fallo sea a favor de la prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad.

Por otra parte, la justicia profirió esta semana dos sentencias importantes. De un lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Castañeda, quien se desempeñó como comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde de Casanare Flaminio Cocinero Costo “participaron en un plan criminal ejecutado por las autodefensas” de Martín Llanos contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare), y les entregaron “listados con los nombres de supuestos auxiliadores de grupos guerrilleros (…) En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos”. El Juzgado Único Especializado de Yopal avaló los argumentos del fiscal e impuso las penas respectivas.

De otro lado, la JEP profirió el Auto 125/21 en el que se identificó que, entre 2002 y 2005, algunos miembros del Batallón La Popa (a quienes cita con nombres y apellidos) tenían dos patrones de acciones criminales: el de relacionarse con los grupos paramilitares, en lo que se incluye el suministro de listados de personas para que fueran ejecutadas, y el de la atroz práctica de los llamados falsos positivos producidos como respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. “Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Ambas sentencias son una buena noticia para las Fuerzas Armadas, pues en ellas se señalan con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de esos crímenes y se evita, así, la generalización de la acusación que mancha a la institución como un todo.

De modo que vamos avanzando.

***

Paz en la tumba de Germán Castro Caycedo, maestro del gran reportaje escrito y televisivo. Mi abrazo de condolencia muy estrecho para su esposa, Gloria Moreno, y para los demás miembros de su familia.

 

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Patricia Lara Salive

julio 02 de 2021

 

Que continúe la Comisión de la Verdad

Faltan cuatro meses para que concluya el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), pero es tal el impacto positivo que su labor está teniendo en la conciencia de esta sociedad, tan proclive a aupar el odio, que se debería prorrogar su vigencia por un buen tiempo. O al menos por el año que la Comisión perdió a causa de la pandemia, pues durante ese tiempo a sus miembros les fue imposible ir a las zonas más apartadas a recoger testimonios que les servirían de base para elaborar su informe final.

Ese informe, cuyo propósito es esclarecer los patrones y las causas que han generado el conflicto armado en los últimos 60 años, debe entregarlo a las ramas del poder público y al conjunto de la sociedad en noviembre de este año, cuando concluye su mandato. El decreto que creó la CEV establece que esas conclusiones se deben publicar y socializar durante el mes siguiente a la terminación de su período. Sin embargo, se perderá gran parte del beneficio que podría producir la labor de la CEV si entrega su informe sin disponer del tiempo necesario para hacer una labor de pedagogía profunda a lo largo y ancho del país; si no puede explicarle a Colombia dónde están y cuáles son las raíces del horror que hemos vivido, que tiende a eternizarse; si no cuenta con la logística requerida para hacer que los colombianos entendamos cuáles son los patrones culturales que debemos cambiar con el fin de que cese el desangre y no se repita cada tanto la pesadilla.

Porque el bien que ya ha hecho esta entidad es enorme, así políticos y periodistas fanáticos se empeñen en demeritarlo: ¿quién puede negar el impacto positivo que han generado los muchos encuentros propiciados por la CEV en las víctimas, los victimarios y quienes han escuchado esas intervenciones, en los cuales los victimarios han reconocido sus crímenes y les han pedido perdón a sus víctimas? ¿Quién puede negar el bien que le hizo al país esa entrevista tan profunda que el año pasado le hizo el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, a Íngrid Betancourt? Ella, al reflexionar sobre la degradación que sufrió su dignidad durante los seis largos años que duró secuestrada por las Farc, produjo el milagro de que los antiguos miembros del Secretariado de esa guerrilla enviaran una carta en la que afirmaron: “Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias (…). El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad (…). Tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de (…) cada uno de nosotros”. ¿Y quién puede negar el bien que significa para Colombia que la conclusión del encuentro entre secuestrados y secuestradores propiciado la semana pasada por la CEV haya sido que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud”, como lo señaló Íngrid Betancourt?

Es hora de que le pidamos al Gobierno que prorrogue la vigencia de la CEV, pero no que modifique su misión ni su composición. Solo que le dé un impulso para que siga adelante con esa tarea de verdad y reconciliación que Colombia nunca terminará de agradecerle.

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Patricia Lara Salive

Junio 24 de 2021

Un libro para leer muchas veces

“«Trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella. Ayúdenme»”, cuenta Rodrigo García —en su libro Gabo y Mercedes: una despedida— que decía su padre, Gabriel García Márquez, agobiado por esa enfermedad del olvido que predijo en Cien años de soledad. Esa frase la repetía “muchas veces por hora y por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía: «Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo»”.

En su libro, que ocupa el primer lugar en ventas desde cuando fue publicado hace un mes, Rodrigo se despide de sus padres y narra el fin del Club de los Cuatro, compuesto por ellos, su hermano y él. Lo hace en un texto impecable de 104 páginas, que he leído dos veces y leeré muchas más, porque está lleno de ternura, distancia, cercanía, sinceridad y amor, se atreve a revelar los detalles más humanos del impacto de la enfermedad en Gabo y se aproxima a su final con tal maestría que, con seguridad, él, quien siempre lamentó que su muerte fuera la única faceta de su vida sobre la cual no podría escribir, estaría orgulloso de la perfección con que la narró su hijo. (“Mis hijos me han quedado mejor hechos que mis libros”, me dijo Gabo una vez).

Pero Rodrigo no se detiene solo en la enfermedad y en la muerte de sus padres, sino que a través de esas pocas páginas los retrata: a Gabo, con su disciplina de hierro, su capacidad de concentración, su sentido del humor, su interés por la música y por la gente (por toda la gente, desde los reyes y los presidentes hasta las cocineras y los choferes); a Mercedes, con su complejidad y su dureza acompañada de ternura a la vez.

Rodrigo, espléndido director de cine, ha hecho, pues, un libro magistral, dedicado a su hermano Gonzalo. Sostiene que no escribirá otros libros. Sin embargo, escudriñándolo más, confiesa que a lo mejor escriba uno sobre sus hijas. “Este fue sobre la relación hacia arriba, el otro sería sobre la relación hacia abajo; pero me estoy recuperando de este libro todavía”, dice. “La muerte de un segundo padre es como si se acabara un planeta. Hay esa sensación de ¡guau!: ¿a dónde se fue todo aquello? Y, claro, ¡no se ha ido!”, afirma, porque, como dice en la última frase de su libro, “por ahora todavía estoy aquí, pensando en ellos”.

Como estoy aquí yo pensando en ti, Herman Moreno, neurocientífico brillante, discípulo predilecto de Rodolfo Llinás. Herman, ser humano de los grandes, ensayista, dramaturgo, melómano, lector voraz, gran conversador, gocetas, el mejor de los amigos... ¿Quién iba a imaginarse que se iría tan pronto, a los 56 años, con tantas investigaciones por concluir sobre el mal de Alzheimer y el impacto de las enfermedades metabólicas en la capacidad cognitiva, con tanto por disfrutar y por vivir… Sin embargo, un cáncer de páncreas fulminante lo truncó todo. Pero quedaron sus textos científicos, su obra de teatro, sus ensayos, sus reflexiones, la huella que estampó en sus alumnos, los buenos recuerdos que dejó en su familia y sus amigos… Para su madre, su familia y amigos, mis sentidas condolencias. Para el doctor Llinás, quien me escribió que “la pérdida de un colega y amigo como lo fue Herman es una catástrofe emocional”, un abrazo grande. Y para ti, Herman Moreno, mi cariño y gratitud sin límites. Y ahora, tú, descansa en paz.

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Patricia Lara Salive

Junio 17 de 2021

Una oportunidad para desembarrarla, presidente

Después de meter tanto la pata en política internacional, al presidente Duque se le va a presentar una oportunidad de oro para desembarrarla: el miércoles, la Asamblea General de la ONU votará, por vigesimoséptima vez, la resolución sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo” de EE. UU. a Cuba.

Como recuerdan, el 17 de noviembre de 2019 Colombia se abstuvo, por primera vez desde 1992, de votar a favor de su levantamiento. Mientras 187 naciones apoyaron la resolución y solo tres se opusieron (EE. UU., Israel y el Brasil de Bolsonaro), ¡Colombia adoptó la posición de Ucrania! y se abstuvo porque, según el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.), Cuba albergaba a terroristas. Se refería a que en la isla se encuentra la delegación de paz del Eln y a que Cuba se niega a extraditarlos, como Duque plantea, pues como país garante de los diálogos de paz, junto con Noruega, no puede desconocer los protocolos que en caso de ruptura de las negociaciones rigen entre el Estado colombiano y el Eln.La hostilidad de Duque hacia Cuba ha sido inexplicable y llegó a tal punto que el 14 de mayo del 2020 el entonces comisionado de Paz, Miguel Ceballos, celebró la inclusión de Cuba por parte de EE. UU. en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, y afirmó que dicha inclusión constituía “un espaldarazo del gobierno de EE. UU. a Colombia”. ¿Quería decir que el gobierno de Duque había hecho lobby para que los gringos incluyeran a Cuba en semejante lista? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esa guerrita terminó en que, poco antes de acabar su período, Trump incluyó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, con lo que se intensificó el bloqueo. Ahora, en desarrollo de esa medida, los cubanos no pueden hacer transacciones con los dólares que hay en sus bancos, lo cual, entre otros desastres, causa que se retarde la producción de vacunas contra el COVID-19.

Hasta ahí, con la información que se tenía, la actitud de Colombia hacia Cuba se podía interpretar como intransigente y dura, aunque de principios. Pero cuando el entonces comisionado Ceballos reveló, hace más de un mes, que desde diciembre del 2019 comenzaron las exploraciones del Gobierno con miras a reanudar los diálogos con el Eln y que en ese período se realizaron 28 encuentros —22 en la sede de la Nunciatura en Bogotá, seis en la Casa de Nariño con la participación de Duque y cuatro viajes a La Habana—, la actitud de Colombia se reveló servil con el gobierno de Trump, torcida e hipócrita.

Sin embargo, las cosas han cambiado: en la Casa Blanca ya no está Trump, a quien Duque le apostó todo a favor. Está Biden, un demócrata cuya prioridad, en el caso de Colombia, es que se respeten los derechos humanos y se implemente el Acuerdo de Paz. Además, Biden está revisando la política de Trump con respecto a La Habana y es muy probable que flexibilice los viajes a Cuba, que se vuelva a permitir el envío de remesas desde EE. UU. y que se retire a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Así las cosas, si el miércoles, por la misma razón del 2019, Colombia se vuelve a abstener en la ONU de condenar el bloqueo, no solo quedará ante el mundo como un país incoherente, sino que perderá la oportunidad de mejorar y “deselenizar” la relación con Cuba y, muy probablemente, volverá a aparecer a los ojos de Biden como un país nostálgico de Trump. Y esa sensación, justamente, es la que Duque intenta cambiar.

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Patricia Lara Salive

junio 10 de 2021

Mejor a las buenas, así el ministro de Injusticia diga lo contrario

Que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, diga por TV: “Empresarios, les ruego un favor, no se dejen enredar con ese decreto que sacó el alcalde”, es un escándalo que atenta contra el Estado de derecho. Pero lo es mucho más si se examina por qué lo dice.

Resulta que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, emitió el Decreto 304 del 2021 por el cual “se institucionaliza la mesa de diálogo”. Gracias a la colaboración de la Iglesia y del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve; a la cooperación de las universidades y los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, y a la participación de empresarios, se han logrado acuerdos con los jóvenes de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s. Por ello se levantaron a las buenas 21 de los 25 bloqueos que quedaban en Cali. (Otros dos los había levantado a las malas la Fuerza Pública, con un saldo de tres muertos, entre ellos un policía, y seis habían terminado espontáneamente cuando el presidente Duque anunció la asistencia militar). Aún quedan cuatro que se espera se suspendan cuando se establezca el plan de inclusión social de emergencia. (Este miércoles de paro se hicieron otros bloqueos que se cree serán transitorios).

Lo anterior se ha logrado gracias a que el decreto reconoció como actor a la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s y como cooperantes a la minga indígena, el sector académico y entidades de cooperación internacional; a que se han acordado con los jóvenes programas de emergencia que contemplan ollas comunitarias, planes de empleo, atención psicosocial y de salud, y garantías de seguridad; a que se ha creado un comité interinstitucional conformado por Alcaldía, Gobernación, universidades, gremios y empresarios, “donde todos ponen para sacar adelante este plan de choque que ha venido funcionando progresivamente”, según el alcalde. “Veo mucha disposición de los empresarios. Ellos quisieran que de inmediato todo estuviera desbloqueado, pero los términos de negociación son más largos”, agrega.

Según otras fuentes, varios empresarios están empezando a darse cuenta de que el diálogo es la mejor vía para superar la crisis. El reconocimiento como actor que la Alcaldía hizo de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s había levantado roncha en los sectores altos, pues, con cierta razón, consideraban que no se podían legitimar las vías de hecho.

Sin embargo, antes que la discusión jurídica debe prevalecer el sentido de la realidad, el cual, en este caso, significa entender que esos jóvenes, si bien llevan pasamontañas y escudos, en realidad son bailarines de salsa, universitarios, barberos, constructores, drogadictos, desescolarizados, desempleados o víctimas de la exclusión que quieren vivir con dignidad y, ante el anuncio de una reforma tributaria que los afectaría aún más, se manifestaron de forma violenta, bloquearon las calles y algunos participaron en saqueos. Ellos no están vinculados al Comité de Paro ni siguen a ningún político. Como me explicó monseñor, necesitan una renta básica, trabajo y oportunidades: “Esta protesta pacífica es un grito ético, un llamado de atención de esta gente que quiere presionar por todos lados para que la liberen de la corrupción, pues están siendo empujados a buscar dinero por los caminos no debidos”.

Los poderes locales, los empresarios y todos estamos obligados a ayudarles a que no caigan en el mundo del crimen. Así el ministro de Injusticia opine lo contrario.

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Patricia Lara Salive 

junio 03 de 2021

Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano

 

Ahora que se han publicado editoriales advirtiendo el peligro que significan los ataques contra manifestantes realizados por civiles armados en presencia de policías que parecen ciegos, sordos y mudos, es decir, ahora que muchos claman porque no prospere el paramilitarismo urbano, vale la pena recordar, para que el fenómeno no se repita en las ciudades, que el paramilitarismo rural creció y se consolidó gracias a la complicidad de sectores militares, políticos y empresariales.

Para corroborarlo, no es sino leer lo dicho en el 2009 por Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante el Tribunal de Justicia y Paz. (No obstante, el general Rito Alejo del Río —a quien Uribe ofreció, en 1999, un homenaje de desagravio por las investigaciones que se hacían en su contra por vínculos con paramilitares— acaba de asegurar en la JEP que él jamás se reunió con las Auc).

Dijo Mancuso: “A Rito Alejo del Río lo conocí en el Nudo de Paramillo, en una primera reunión que se hizo en El Diamante junto con Carlos Castaño (y) Rodrigo Doble Cero. Y luego en otra reunión en un sitio llamado 21 (…), entre San Pedro de Urabá y Valencia (...), donde (estuvimos) Carlos Castaño, Alemán (y) yo”.

“¿Se reunía con frecuencia con el general Rito Alejo?”, le preguntó el juez.

“Así es, doctor. Yo estuve en la Brigada XVII (…) patrullando con el Ejército (…). Entramos al latifundio donde quedaba el campamento madre del Bloque José María Córdova y allá nos recogió un helicóptero, porque se estaban tomando Urrá y secuestraron a los suecos constructores de Urrá. El helicóptero que nos recogió tenía que aterrizar en Tierralta, porque yo iba a apoyar las tropas del Ejército (…). Me descargaron a mí con los hombres: estábamos en ese momento como 12 (o) 13 hombres en la Brigada XVII. Llegamos barbados, con fusiles (que) nos puso el Ejército, M-16, AUG MK-47, y dormimos allá (…). Esa noche me reuní con el comandante de la Brigada XVII (y con) el de la XI (…). Yo hablaba por radio de comunicaciones del Ejército, por teléfono con ambos (…). Al día siguiente me sacaron hasta (…) la base militar de Tierralta. Ahí (…) planificamos la operación de rescate de los suecos, pero ya la guerrilla llevaba muchísima ventaja (…). Hubo combates fuertísimos (…). Yo antes combatía hombro a hombro con el Ejército (…). Ahora todo el mundo niega que combatía a mi lado (…), que me conocía (…). El paramilitarismo de Estado y las operaciones encubiertas no fueron el producto de algunas mentes enfermizas (…); tampoco, el resultado de la reacción fanatizada de algunos oficiales (…). Tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción (…) que se señala en las academias militares (…) y se (difundió) entre los llamados sectores dirigentes del campo político y económico”. Hasta ahí las palabras de Mancuso.

Ahora, si el presidente, el director de la Policía y demás autoridades y estamentos civiles y militares no toman conciencia del peligro en que estamos, si no descalifican de manera contundente y muy pública cada transgresión policial y cada complicidad con el hecho de que civiles ejerzan justicia por su propia mano, hoy se puede cocinar un paramilitarismo urbano que resulte de la aplicación de una política de “dejar hacer, dejar pasar”, venida desde lo alto... Eso sería nefasto y volvería definitivamente invivible el país urbano, como invivible se volvió durante años gran parte de la Colombia rural.

 

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Patricia Lara Salive

27 de mayo de 2021

Duque, igual a Maduro

Así es: uno acaba pareciéndose a quien más ha combatido. Eso es lo que le está sucediendo al presidente Iván Duque con su homólogo Nicolás Maduro: tanto criticarlo, tanto armar conspiraciones de camiones en fila (parece un chiste, pero es verdad) para tumbarlo, tanto criticar a los organismos de control de Venezuela porque están cooptados por el gobierno y no son confiables, tanto rasgarse las vestiduras porque en enero del 2020 Maduro le negó la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ir a Venezuela a investigar la situación de los derechos humanos, ¿y Duque, por intermedio de su canciller, Marta Lucía Ramírez, acaba haciendo lo mismo? ¡No hay derecho!

Pero hay algo que hace más vergonzosa la posición de Colombia: el argumento que utilizó Maduro para rechazar la solicitud de ingreso a su país de la CIDH fue que Venezuela no pertenece a la OEA desde abril de 2019 y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a los lineamientos de esa organización. En cambio Colombia, que no solo pertenece a la OEA, sino que la considera hoy el organismo multilateral más afín a su política, le respondió al presidente de esa entidad, Luis Almagro —quien además era uno de los más obsecuentes seguidores de la política de Trump y de Duque para América Latina (de esos, supongo yo, que le hacían eco al cuento del castrochavismo)—, que por ahora no autoriza el ingreso al país de la CIDH. “Hemos dicho que todas las visitas (son) bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, contestó la canciller.

Mejor dicho, en este país en el que 73 años después aún no se sabe quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, donde las investigaciones por los homicidios de José Antequera, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y muchos más llevan enredadas más de tres décadas, y sobre el asesinato del estudiante Dilan Cruz, ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2019, la Fiscalía acaba de decir que a él no lo mataron sino que Dilan se le atravesó al proyectil, la canciller le responde a la OEA que la CIDH será muy bien recibida en Colombia cuando los organismos de control concluyan sus pesquisas: es decir, nunca.

Mientras tanto, el paro sigue y las manifestaciones continúan, ocurren abusos y crímenes de un lado y otro, los bloqueos desesperan a la población, los víveres escasean y se encarecen, los productores de alimentos quiebran, se mueren dos bebés que no son atendidos a tiempo porque sus ambulancias quedan detenidas por la obstrucción de las vías, la violencia aumenta, incendian el Palacio de Justicia de Tuluá... ¿y qué más? Cualquier cosa puede pasar.

No obstante, todo podría empezar a mejorar si el presidente mostrara alguna empatía con las víctimas, si les pidiera perdón, si diera el primer paso, como le sugirió Alejandro Gaviria; si en vez de disfrazarse de policía descalificara de inmediato el más mínimo abuso policial; si permitiera y además estimulara el ingreso al país de la CIDH para hacer esas investigaciones a fondo que la gente reclama en las calles y que los organismos de control, por estar cooptados por el Gobierno, no realizan. Así se podría empezar a solucionar la crisis, pero para ello sería necesario que el presidente empezara a conectarse con la realidad.

Nota. Esta columna se escribió antes de que el Gobierno, por fin, autorizara el ingreso de la CIDH.

 

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Patricia Lara Salive

Mayo 20 de 2021

Intolerancia a la carta

Como hija de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, me impacta la falta de tolerancia”, dice Estela Goldstein, presidenta del ancianato judío Beit Avot y una de las asistentes al encuentro que se realizó el pasado viernes entre miembros de la comunidad judía, el embajador de Israel y el candidato Gustavo Petro, en casa del empresario Jean Claude Bessudo y de su esposa, Danielle.

Pero antes de hablar de esa reunión —por cuya causa Bessudo ha recibido en las redes toda clase de improperios y cartas provenientes de representantes de la extrema derecha—, vale la pena ilustrar la dimensión del drama que, por la discriminación, el racismo y la falta de tolerancia, padecieron los padres de Estela en la época de Hitler, por el solo hecho de ser judíos. Resulta que ellos, quienes pasaron la guerra escondiéndose en Polonia, en esa época tuvieron un niño. Y el “amigo” que los escondía sintió tanto miedo de que los nazis los descubrieran en su casa, que mató al bebé.

Ya entenderán ustedes por qué a Goldstein la afecta tanto la falta de tolerancia que se ha expandido en Colombia, a tal punto que se arme semejante escándalo porque un grupo de judíos se reúne con el candidato de la izquierda, quien puntea en las encuestas y es considerado por la derecha como una especie de Satanás. Sin embargo, como dice uno de los asistentes a la reunión, no fueron la comunidad judía ni el Estado de Israel los que validaron a Petro, sino la sociedad colombiana, que lo eligió alcalde de Bogotá, que le dio ocho millones de votos y que lo tiene como senador con un sueldo pagado por el Estado. De manera que, como afirma la fuente, “las acusaciones son ridículas. Además, si uno se encuentra con alguien, no significa que apoye sus ideas”. Y, como dice Bessudo, “la polarización sólo conduce al odio y a la violencia; la única manera de bajarle a la violencia y a la polarización es conociéndonos los unos y los otros. Por otra parte, en mi colegio, el Liceo Francés, me enseñaron a formarme mi propia opinión”.

Para formarse su propia opinión, la comunidad judía escuchó a Petro, como acostumbra hacerlo con otros candidatos. Los Bessudo prestaron su casa para ello y les sirvieron a las 34 personas presentes (22 integrantes de la comunidad, Petro, tres acompañantes suyos y ocho miembros de la familia Bessudo) un almuerzo compuesto por lomo a la pimienta, pollo barbecue, papas con paprika, ensalada, flan de chocolate con almendras y buen vino.

La reunión no era fácil para nadie. Pero después de hora y media, durante la cual Petro habló de las relaciones con Israel, del desarrollo agrícola e industrial, del carbón y el petróleo, de la necesidad de que la Policía se convierta en un cuerpo civil que no dependa del Ministerio de Defensa, el almuerzo terminó de manera cordial. Unos “quedaron inconformes y otros interesados”, afirma Estela Goldstein, quien salió contenta de haber asistido a ese encuentro que, según ella, constituyó “una muestra de democracia, de apertura y de tolerancia”. Así les haya sabido a cacho a los campeones de la polarización, como el periodista Gustavo Rugeles y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Además, no solo es importante que los empresarios conozcan a Petro, quien tiene chances de convertirse en presidente, sino que Petro escuche a los empresarios, pues no hay nada más difícil que construir y mantener una empresa. Y nada más fácil que destruirla.

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Patricia Lara Salive

Mayo 13 de 2021

Hipócrita y desleal

Como diría la escritora Laura Restrepo, esta es la “historia de una traición”. Pero además es la prueba del manejo irresponsable, hipócrita y desleal que el gobierno de Duque les ha dado a las relaciones con Cuba. Para corroborarlo, no es sino mirar esta cronología:

1) El 17 de enero de 2019, el Eln explota un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá y asesina a 22 cadetes. Entonces, con toda razón, Duque rompe los diálogos con esa guerrilla.

2) Cinco días después, Duque le solicita a Cuba que extradite a los miembros de la Delegación de Paz del Eln que están en La Habana, desconociendo así los protocolos que, en caso de ruptura, rigen entre el Estado colombiano y el Eln, de los cuales Noruega y Cuba son garantes.

3) Durante 2019, Duque le insiste a Cuba en su pedido de extradición de los elenos.

4) El 17 de noviembre, Colombia se abstiene, por primera vez en muchos años, de condenar en la Asamblea General de la ONU el bloqueo de EE. UU. a Cuba. El canciller Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.) dice que la abstención de Colombia obedece a que Cuba alberga a terroristas.

5) Un mes después (hace 17 meses, según reciente entrevista del comisionado de Paz, Miguel Ceballos), comienzan “las exploraciones” con miras a reanudar los diálogos entre el gobierno de Duque y el Eln. Dice él que en ese período se han realizado 28 encuentros, 22 en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bogotá y seis en la Casa de Nariño con la participación de Duque, además de cuatro viajes a La Habana.

6) El 18 de febrero de 2020, con la aprobación de Colombia, el representante del Vaticano, padre Darío Echeverri, y el del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, viajan a La Habana en vuelo privado para hablar con Pablo Beltrán y otros miembros del Eln.

7) El 14 de mayo, el comisionado Ceballos celebra la inclusión de Cuba, por parte de EE. UU., en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, y afirma que dicha inclusión constituye “un espaldarazo del gobierno de EE. UU. a Colombia”.

8) El 20 de mayo, con el mismo propósito, Ruiz Massieu y el padre Darío Echeverri vuelven a viajar a La Habana.

9) El 1° de junio, la Cancillería cubana emite un comunicado en el que rechaza las declaraciones de Ceballos y le pide a Colombia que aclare “si la afirmación formulada por (él) constituye la posición oficial” del gobierno de Duque.

10) El 8 de septiembre repiten el viaje a La Habana el padre Darío Echeverri y Ruiz Massieu con el fin de dialogar con los elenos.

11) El 11 de enero de 2021, el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, con lo cual se intensifica el bloqueo y se ocasionan millonarios perjuicios económicos a la isla y a sus pobladores.

12) El 11 de febrero, viajan de nuevo a La Habana, para hablar con el Eln, Ruiz Massieu y el padre Darío Echeverri, con el beneplácito del gobierno de Duque. Como me dijeron ambos, esas visitas no hubieran sido posibles sin el apoyo de Cuba.

13) El 7 de mayo, Colombia expulsa al diplomático cubano Omar García, quien se ocupaba de las relaciones de la Embajada de Cuba con los partidos políticos, con las organizaciones sociales y con el Movimiento de Solidaridad con Cuba, y les hacía propaganda por Twitter a las vacunas cubanas contra el COVID-19.

Si ese no ha sido un manejo desleal, hipócrita e irresponsable de las relaciones del gobierno de Duque con Cuba, ¿de qué otra forma puede calificarse?

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Patricia Lara Salive

06 de mayo de 2021

La misma pendejada

En este paro, el presidente Iván Duque está haciendo la misma pendejada que hizo en el paro de noviembre del 2019, pero peor. Por una parte, retiró su esperpento de reforma tributaria después de cuatro días de paro, cuando ya habían matado a raíz de las protestas, según Indepaz, a 31 personas, entre ellas a un capitán; ya la Policía había cometido 170 agresiones contra la población civil, y ya habían desaparecido a 89 personas. Por otra parte —al igual que en el paro del 2019, cuando Duque se inventó la tal conversación nacional que terminó en nada y excluyó, en la práctica, al Comité del Paro—, el presidente convocó a un diálogo difuso, en el que aparentará que hablará con todos para no hablar con nadie. Y ahora también, en lugar de liderar el diálogo él, como tiene que ser, pues el primer deber de un presidente es conseguir que el país no se desintegre en sus manos, puso a liderarlo no a Diego Molano, hoy ministro de Defensa, quien mostraba tener cierta capacidad de concertación, sino a Miguel Ceballos, el comisionado de Guerra —mas no de Paz—, pues allí donde él mete las narices desbarata cualquier posibilidad de consenso o de acuerdo entre las partes en conflicto.

Es que la agenda pero sobre todo las fechas del diálogo darían risa, si no fuera por lo angustioso de la situación. Hoy, miércoles, cuando escribo esta columna, Bogotá amanece con la noticia de que la víspera hubo 91 heridos, entre ellos 19 policías, y que en Usme se llegó a la barbarie de incendiar un CAI con 10 policías adentro que por fortuna escaparon. En Cali se habla de que ha habido cerca de 30 muertos, 125 policías heridos y el alcalde convoca a una marcha para garantizar un corredor humanitario que facilite el abastecimiento de alimentos y medicinas. Y el expresidente Uribe incita con trinos a la violencia o muestra a policías desmoralizados y en llanto. Mientras tanto, el comisionado Ceballos esperará hasta el lunes para reunirse con el Comité del Paro. (¿Quedará país el 10 de mayo, presidente?). Hoy, 5 de mayo, cuando escribo esta columna, el paro sigue. Y sólo hasta el 7 Ceballos empezará a dialogar con alcaldes de capitales; el 8, con gobernadores; el 10, con el Comité del Paro; el 12, con estudiantes; el 13, con los alcaldes de los municipios PDET; el 14, con los partidos políticos; el 17, con los transportadores; el 18, con representantes de la Acción Comunal, y el 20, con los gremios.

¡Por Dios, presidente Duque! ¿No le parece que usted, en persona, debe reunirse de inmediato con Gustavo Petro, el líder de la oposición, y con los jefes de los demás partidos y grupos que se opusieron a su reforma tributaria? ¿No cree que debe hablar usted, también, con el Comité del Paro? ¿Y no piensa que tiene que convocar a los expresidentes, incluido Juan Manuel Santos, quien se ofreció a ayudarle a superar esta crisis?

Deje de seguir utilizando el sistema de dialogar yo con yo, porque con él está llevando el país al abismo, presidente. Un gobernante llega a acuerdos con sus opositores, no con sus áulicos. Recuerde al presidente Carlos Lleras cuando estando ad portas de un paro enorme citó a Palacio a los dirigentes de todas las centrales obreras y les dijo: de aquí no salen hasta que no lleguemos a un acuerdo. Así fue: luego de dos extenuantes días y noches sin dormir, presidente y centrales lograron un acuerdo. Y no hubo paro.

¡Gobierne, presidente!

Posdata. Si declara la conmoción interior, todo será peor, presidente.

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Patricia Lara Salive

Abril 22 de 2021

Nadie se conmueve

Aquí parece que nadie se conmueve, o se conmueven pocos… Porque la noticia de que el 92 % de los ex-Farc asesinados han sido comparecientes ante la JEP tendría que alarmarnos a todos, empezando por el presidente y su fiscal general (porque es suyo no más). Pero aquí no pasa eso. Aquí Yamid Amat le pregunta a Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, si eso significa que a quien comparezca ante ese tribunal lo matan, y él responde que la paz peligra, porque si los comparecientes son asesinados y no terminan de aportar su verdad, sus compañeros y las víctimas temerán hacerlo, y tampoco casi nadie se conmueve.

Lo más grave es que si el 92 % de los asesinados de las antiguas Farc han sido comparecientes ante la JEP, eso significa, ni más ni menos, que lo más seguro es que el móvil de esos crímenes haya sido evitar que revelen la verdad, y no, como han dicho fiscales y ministros de Defensa, líos de faldas, venganzas, disputas familiares o el regreso de los exguerrilleros a sus antiguos malos pasos. Obviamente, en ocasiones, esos móviles deben existir. Pero ese 92 % es demasiado alto como para no pensar que el propósito principal de esos homicidios haya sido silenciar y amedrentar a los comparecientes.

Ante esa situación, un verdadero fiscal general y un verdadero comisionado de Paz actuarían de inmediato. Y un defensor del Pueblo comprometido con su misión hubiera asistido de manera presencial, no virtual, a la reunión que realizaron los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad, y los directores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Unidad de Investigación y Acusación, acompañados por los presidentes de las altas cortes y por varios funcionarios de Naciones Unidas.

El defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, tenía la obligación de asistir, porque el propósito de semejante reunión era entregarle una carta de 55 páginas en la que le exponen la situación de los asesinatos de defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc. También le solicitan que emita, a propósito de ese genocidio, una resolución defensorial, principal herramienta que tiene la Defensoría del Pueblo para denunciar vulneraciones a los derechos humanos y que constituye un mandato moral para que el Gobierno actúe. Pero no: el defensor emitió por Zoom una declaración babosa, en la que no increpa al Gobierno ni se compromete en concreto a nada. Tampoco intercambió opiniones con tan importantes asistentes ni participó, ni siquiera virtualmente, en la rueda de prensa que hubo a continuación. Es decir, no demostró la voluntad política que tenía Carlos Alfonso Negret, su antecesor, para defender la paz.

Y un presidente de verdad interesado en detener las muertes de excombatientes y defensores de derechos humanos tendría funcionando a todo vapor la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, para desmantelar las conductas y los grupos criminales, incluidos los herederos del paramilitarismo. Pero como Cifuentes le dijo a Yamid, esa Comisión, que se debe reunir mensualmente, no está actuando. Quien la preside, de manera indelegable, es el presidente de la República, que en sus 32 meses de mandato solo ha asistido a seis de sus reuniones.

Entonces, dadas estas consideraciones, abundan las razones para que la Corte Constitucional declare que, efectivamente, existe una vulneración masiva del Acuerdo de Paz.

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Patricia Lara Salive

abril 15 de 2021

Presidente y minsalud, entren en razón

Ahora que el coronavirus en Colombia se torna angustioso, hay demoras en los envíos de la vacuna Sinovac y EE. UU. recomienda suspender la vacuna de Johnson & Johnson —como ocurre en Alemania con la de AstraZeneca para menores de 60 años—, ha llegado el momento de que el presidente Iván Duque abandone su sectarismo, componga la relación con Cuba e importe sus vacunas, para que termine de inmunizar este año a toda nuestra población. Y, además, para que esté en capacidad de volver a vacunarla en un tiempo, pues no se sabe aún cuánto durará la inmunidad generada por las vacunas.

El presidente debe pensar que lo que importa no es que la vacuna sea “castrochavista”, sino que salve vidas de colombianos y, de paso, que salve la economía, pues esta no terminará de recuperarse mientras haya gente que tema salir de su casa. Ese miedo solo desaparecerá cuando la población entera esté vacunada. A decir verdad, nuestras perspectivas no son tan halagüeñas como las pinta Duque, quien ha dicho que al final del año habrá vacunado a 35 millones de colombianos. La realidad epidemiológica es que terminar esta etapa de vacunación en Colombia demorará 687 días —casi dos años—, según calcula el portal Timetoherd.com, que tiene en cuenta variables como la disponibilidad y producción de vacunas, las compras realizadas y la capacidad de los países.

Pero miremos qué puede ofrecernos Cuba: por una parte, el envío, a un precio razonable, probablemente en el próximo semestre, de un gran número de vacunas Soberana 02 y Abdala, que pronto terminarán la fase III de ensayo clínico y ya están en ensayo de intervención poblacional controlado, lo que significa que superaron la etapa del placebo y están siendo aplicadas al personal médico de primera línea y a los científicos. (La meta de Cuba es producir este año 100 millones de vacunas, inmunizar a toda la población y a los turistas, y exportar vacunas a países que han manifestado interés). La Soberana Plus entró en fase II y sería ideal para aplicarla a niños, mayores de 80 años y convalecientes de COVID-19, para que estos aumenten su respuesta inmunológica. Y la Mambisa y la Soberana 01 están en fase I.

Pero lo más interesante es que Cuba puede transferir a Colombia, en muy poco tiempo, la tecnología para montar su propia producción de vacunas en la fase final, a partir del ingrediente farmacéutico que le suministraría la isla, como se hará en Irán y Venezuela, que pronto empezará a producir dos millones mensuales de dosis.

Además, las vacunas cubanas tienen la ventaja de que se pueden almacenar en neveras a una temperatura que oscila entre 2 °C y 8 °C, lo cual reduce los costos y complicaciones logísticas.

Ahora, hay que decir que ese desarrollo de las vacunas cubanas no es gratuito pues, debido al bloqueo económico, Fidel Castro se empeñó en convertir la isla en una potencia biotecnológica. Por eso inventaron vacunas contra la meningitis b, la hepatitis b, la Haemophilus influenzae tipo b y, según The New York Times, fabrican ocho de las 12 vacunas que se les aplican a los niños.

Así que es muy urgente que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ahora se llene de paciencia y valor, y convenza al presidente de que deje la pendejada, se acerque a Cuba y haga una buena negociación para que nos venda las vacunas contra el COVID-19 que vamos a necesitar por muchos años.

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Patricia Lara Salive

Abril 08 de 2021

El caso Fajardo, vergüenza para la Fiscalía

El plan del fiscal Francisco Barbosa de llevar a la cárcel al exgobernador Sergio Fajardo, el candidato presidencial más opcionado de la coalición de centro, por no haber previsto que el dólar podría subir (como también hubiera podido bajar) al contraer en el 2013 una deuda de US$77 millones para la Gobernación de Antioquia, es un despropósito de tal magnitud que denota, por una parte, una ignorancia inmensa en asuntos económicos y penales y, por otra, una torcida intención política del fiscal.

Veamos: en cuanto al aspecto económico, vale la pena recordar la opinión que en este diario dio el economista Salomón Kalmanovitz. Según él, adquirir deudas en dólares tiene ventajas porque, por lo general, las tasas de interés son más bajas que en el mercado bancario colombiano y los plazos son más largos. Claro que existe el riesgo de cambio, pero “en general los beneficios de un crédito externo superan sus posibles desventajas”. Y claro que Fajardo hubiera podido tomar un seguro cambiario, pero esos seguros son costosos. Si el dólar hubiera bajado, a lo mejor lo hubieran acusado de detrimento patrimonial.

Y en cuanto al aspecto político, la intención torcida del fiscal es evidente: por una parte, a un año de las elecciones presidenciales, desengavetó una investigación que llevaba dormida cinco años y que había sido solicitada a la Fiscalía por un funcionario del sucesor de Fajardo en la Gobernación, su enemigo Luis Pérez. Por otra, son varios los ejemplos de que el fiscal no utiliza la misma vara para medir los actos de los funcionarios. Es decir, los acusa o no según sus preferencias políticas. Por ejemplo, Noticias Uno recordó cómo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el 2004, cuando también era ministro de Hacienda pero de Álvaro Uribe, hizo una transacción por US$500 millones a una tasa cercana a los $2.700, pero tres años después el dólar cayó por debajo de los $1.800. Si se hubiera esperado, el fisco se habría ahorrado cerca de $400.000 millones. Pero por ese caso la Fiscalía no le ha imputado cargos a Carrasquilla. Como bien lo dice Kalmanovitz, “cuando comenzó el gobierno Duque, la deuda pública era del 47 % del PIB y en su tercer año supera el 64 %. En 2020, casi dos tercios de la deuda del Gobierno central correspondían a obligaciones en dólares. ¿Por qué el fiscal no les abre cargos a Iván Duque y Alberto Carrasquilla por haberse endeudado de esa manera, en momentos de intensa penuria fiscal, sin prever que el dólar subiría más de $300 en el primer trimestre de 2021? (…) Si Fajardo termina en la cárcel e inhabilitado para participar en la justa presidencial de 2022”, concluye Kalmanovitz, “Duque y Carrasquilla deberían ser destituidos y enjuiciados”.

En verdad, no hay derecho a que mientras se han cometido más de 1.000 asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, cuyos autores intelectuales es indispensable que la Fiscalía descubra, esta se dedique a desperdiciar sus recursos inculpando a inocentes y persiguiendo a los opositores y rivales políticos del presidente y sus amigos.

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Patricia Lara Salive

marzo 25 de 2021

Uribe, a la baja

Parece que la historia está comenzando a hacer justicia: mientras que la imagen positiva del expresidente Álvaro Uribe se deteriora, la de su sucesor, Juan Manuel Santos, muestra un claro ascenso, a tal punto que, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM&, Santos es el expresidente con mejor imagen. La percepción positiva de Santos sobrepasa la de Uribe en 10 puntos, cuando hace un tiempo ocurría lo contrario. Y mientras la imagen favorable de Santos (54 %) está 16 puntos por encima de su imagen desfavorable (38 %), la imagen negativa de Uribe (47 %) supera en tres puntos su imagen favorable (44 %).

Las razones de que esto esté ocurriendo son obvias: por una parte, mientras Santos ha mantenido una actitud discreta con respecto al gobierno del uribista Iván Duque y lo ha dejado gobernar sin interferir en su gestión ni hacerle esa oposición virulenta que a él tocó aguantarle a Uribe, este ha seguido atacando a Santos, lanzándole dardos envenenados al proceso de paz e inventándose toda clase de propuestas para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que tanto le preocupa y lo atormenta. Pero ya, por fortuna, parece que la gente se mamó de la peleadera.

Sin embargo, lo que más ha perjudicado a Uribe es el espectáculo de manipulación de la justicia que han dado tanto él como sus defensores: primero fue su renuncia al Senado para evadir su juicio ante la Corte Suprema y ponerse en manos de la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, un compinche de juventud del presidente Duque. No obstante, tiempo atrás, el propio Uribe había dicho que la Corte era la competente para juzgarlo: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados al tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, escribió en Twitter hace casi tres años, luego de su primera renuncia al Senado, ocurrida inmediatamente después de que la Corte lo llamó a indagatoria (pero pronto se arrepintió y volvió al Congreso).

Más tarde fue el show que armó, estando en su hacienda El Ubérrimo, con la publicación de la foto con el cartel de preso número tal y la complaciente entrevista que le hicieron dos reconocidas periodistas, en la cual asumió el papel de víctima. Más adelante, ocurrió el desfile de noticias sobre los testigos que Uribe y compañía han querido voltear a su favor y poner en contra de su contendor en el proceso, el senador Iván Cepeda. Pero el remate fue el espectáculo que dieron en la Fiscalía el abogado Iván Cancino y su defendido Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, preso por los delitos por los que se acusa al expresidente. Cadena, quien antes se había autodenominado “abogánster”, fue regañado en plena audiencia por Cancino, pues respondió espontáneamente, de una manera que podría incriminarlos tanto a él como a Uribe, un par de preguntas de la Fiscalía. Y ante el regaño de su defensor, Cadena cambió las respuestas, hecho que fue amparado por la actitud cómplice del fiscal del caso, como lo vimos en un video publicado por El Espectador.

Ahora vendrá la decisión del fiscal Gabriel Jaimes, quien seguramente va a precluir la investigación. Sin embargo, la mayoría del país no creerá en la inocencia de Uribe. Son demasiados los indicios de que ahí hay más de un gato encerrado. Por eso, su imagen seguirá cayendo.

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Patricia Lara Salive

18 de marzo de 2021

Perdón, Jineth Bedoya

No se sabe qué es peor: si el secuestro y las torturas que sufrió la periodista Jineth Bedoya a las puertas de la cárcel La Modelo y la violación masiva de que fue víctima después, el 25 de mayo del 2000, o el empeño del Estado colombiano en ocultar su responsabilidad en el caso, para lo cual, el pasado lunes, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recusó por supuesta parcialidad a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apenas habían interrogado a la periodista.

El testimonio de Jineth ante la Corte fue conmovedor y lo único que hicieron los jueces fue expresarle su empatía como personas: con lágrimas, ella contó cómo, luego de recibir amenazas por sus informes sobre tráfico de armas y compra y venta de secuestrados en la cárcel La Modelo de Bogotá, por recomendación de funcionarios de Inteligencia de la Policía acudió a la prisión en compañía de un fotógrafo y de Jorge Cardona, editor de este diario, donde ella trabajaba en ese momento, para hablar con el jefe paramilitar de la cárcel y ver si era posible que cesaran las amenazas. (Para entonces, ella y su madre ya habían sido víctimas de un atentado). No obstante que la boleta de ingreso estuvo lista, la entrevista no se dio porque, mientras Cardona fue a buscar al fotógrafo para entrar a La Modelo, Jineth fue abordada por un hombre y una mujer y encañonada con una pistola 9 mm. Luego de pasar frente a una patrulla de Policía, fue llevada a un sitio cercano, golpeada y, después de una larga travesía en la que afrontó toda clase de torturas, violada masivamente en un lugar donde había uniformados. Después fue abandonada, casi muerta, en una carretera. En el trayecto, le repitieron que todo eso se lo hacían para que la prensa escarmentara, “porque los periodistas se metían donde no debían”.

Interrogada sobre las investigaciones realizadas al respecto por la justicia colombiana, Jineth contó que, inicialmente, los periodistas allegaron pruebas e hicieron grabaciones a autores materiales en compañía del CTI de la Fiscalía. Pero después se perdió parte del expediente y el proceso estuvo paralizado 11 años. La investigación solo se reactivó cuando la Fundación para la Libertad de Prensa denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos años después, gracias a investigaciones periodísticas y declaraciones de paramilitares, se estableció que quien les habría pedido a esos delincuentes que secuestraran a Jineth habría sido un exgeneral de la Policía. Sin embargo, después de semejante inculpación, nada pasó: la investigación siguió congelada. Ahora que la asumió la Corte Interamericana, el Estado colombiano, en lugar de pedirle perdón a Jineth y brindarle una reparación, recusó a los jueces, se retiró de la audiencia y optó por encubrir semejante atrocidad que atentó no solo contra Jineth, sino contra toda la prensa.

Con esos hechos del 25 de mayo del 2000, como ella lo dijo, a Jineth Bedoya le acabaron la vida. Y con la actuación, el pasado 15 de marzo, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Colombia le acabaron la dignidad.

Nota. Felicitaciones al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, a quien respeto y en quien confío, por la reforma que planea para la institución: educar a los policías en derechos humanos y ponerles microcámaras que filmen permanentemente sus actuaciones hará la diferencia. ¡Gracias, general!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 11 DE 2021

Que retumbe la verdad

Parece que el 18 de marzo se realizará, ante la Comisión de la Verdad, la tan solicitada audiencia pública entre los excomandantes de las Autodefensas y los antiguos jefes de las Farc.

Desde fines del año pasado, varios exparamilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, y excomandantes de las Farc, como Pastor Alape y Rodrigo Londoño, le habían insistido a la Comisión de la Verdad que los escuchara de manera conjunta en una audiencia a la que también asistieran medios de comunicación nacionales e internacionales, ONG y organizaciones sociales.

El 27 de febrero, en una carta que Mancuso le envió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el exparamilitar explicó por qué es tan importante que ese encuentro sea de cara al país: según él, Justicia y Paz fue un proceso valioso, en el cual comenzó a contarse la verdad sobre el conflicto armado, pero ese trabajo fue limitado, “pues el mismo Estado colombiano es juez y parte y, obviamente, no desea que se conozcan y trasciendan las verdades para poder eludir su responsabilidad en el conflicto”. Agregó que “en dicha justicia transicional, al igual que en la justicia ordinaria, muchas verdades quedaron perdidas”. Por eso Mancuso pidió que además se escuche a terceros civiles, miembros de la Fuerza Pública activos y no activos, agentes del Estado, políticos, etc., de modo que se conozca la verdad completa.

Si bien la Comisión de la Verdad no tiene funciones jurisdiccionales, es muy importante que ella realice cuanto antes ese encuentro de verdad conjunta, el cual, como lo dijo Pacho de Roux, aportará “una verdad nueva (…) que entrega la complejidad del conflicto armado colombiano, donde los que al final disparaban para matar o cavaban las tumbas eran ejecutores de órdenes de otros, que estaban detrás y que a su vez dependían de un enjambre de relaciones que involucraban a miembros de instituciones, a terceros políticos o financiadores. Esta verdad compleja es indispensable”, afirma el padre De Roux, porque “es obvio que hay responsabilidades políticas, históricas y éticas que no pueden callarse”.

Cuando se conozcan y se acepten esas responsabilidades, por fin, podrá empezar la verdadera reconciliación.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 04 DE 2021

Bienvenido el regaño de la JEP

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regañó de manera severa al Gobierno porque no está haciendo los esfuerzos suficientes para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc. Ese regaño, que seguramente será cuestionado por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, no podía ser más justo y necesario. Los hechos son tozudos: van 249 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, diez de los cuales han sido sacrificados en los dos primeros meses de este año. Según la JEP, si continúa la tendencia actual, en diciembre del 2026 los ex-Farc asesinados serán 1.600. Un verdadero genocidio que se acercaría al de la Unión Patriótica; una tragedia inenarrable para este país que se empeña en continuar en guerra y, por eso, castiga sin misericordia a quienes entregaron las armas ilusionados con la idea de construir su vida en paz.

Pero el pronunciamiento de la JEP no se limita a regañar al Gobierno, sino que emite órdenes muy concretas: luego de señalar que en los 280 procesos iniciados por homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de reincorporados de las Farc solo se han proferido 33 sentencias, y de decir que es muy poco lo que se ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales de los crímenes, la JEP le advierte al consejero Archila que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Al ministro de Defensa le pide que apoye a la Fiscalía para que avance en las investigaciones en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo. A la Defensoría del Pueblo le solicita que fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas. Al Ministerio del Interior le exige que responda rápidamente a esas alertas. Y al comisionado Ceballos le da 15 días para que envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Es a ese funcionario al que la JEP le dirige su más fuerte llamado de atención, pues, en su condición de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Ceballos es uno de los mayores responsables por la demora en la adopción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales pactada en el Acuerdo de Paz.

“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de dos años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dice la JEP. Agrega, además, que en julio de 2020 ya le había ordenado al alto comisionado que remitiera los lineamientos y el plan de acción de esa política pública, y “ni siquiera con esta orden la Comisión Nacional de Garantías ha finalizado los lineamientos”.

Sin embargo, ese justo regaño de la JEP al alto comisionado de Paz se debería hacer extensivo al presidente de la República, pues es él quien debe presidir las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se deben realizar mensualmente, pero en realidad son muy pocas las que se han celebrado en este Gobierno.

¿Por qué? ¿Será que así de poco les importan los asesinatos de excombatientes y líderes sociales? Por eso, mientras el Gobierno decide actuar, por favor, que la JEP lo siga regañando.

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PATRICIA LARA SALIVE

febrero 25 de 2021

Y si hubiera sido Tomás?

Expresidente Uribe:

En el 2008, su hijo Tomás y Fair Leonardo Porras Bernal tenían 26 años. Pero mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre. En enero del 2008, mientras Tomás hacía crecer sus negocios, Fair Leonardo era engañado por alguien a quien le pagaron $200.000 para que lo llevara a Ocaña, donde miembros del Ejército le cambiaron la ropa, lo asesinaron, le pusieron un arma nueve milímetros en la mano derecha, fotografiaron el cadáver, escribieron en el informe que era jefe de un grupo narcoterrorista y lo arrojaron a una fosa común.

Después de buscarlo sin descanso durante ocho meses en hospitales, morgues, calles, Fiscalía y Medicina Legal, a su madre, Luz Marina Bernal, la llamaron de esa institución a la que había acudido semanalmente a preguntar por su hijo, para que identificara nombres de un listado. El primero que escuchó fue el de Fair Leonardo.

“¡Es mi hijo!”, exclamó.

Cuando dio el número de su cédula, apareció en el computador de la funcionaria el rostro de su muchacho, desfigurado por dos impactos de bala: uno le había desprendido la mandíbula y otro le había destruido casi media cara.

Días después, Luz Marina, su marido y su hijo mayor fueron a Ocaña y asistieron a la exhumación no solo de Fair Leonardo, sino de otros jóvenes que habían corrido la misma suerte. Estando en ello, según dijo Luz Marina en el testimonio que publiqué en la última edición de Las mujeres en la guerra, 24 militares interrumpieron para pedir información. “Somos una delegación enviada por el señor presidente, Álvaro Uribe Vélez”, dijeron.

Tres semanas más tarde, expresidente Uribe, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, usted dijo que los jóvenes de Soacha no habían ido precisamente a coger café, sino que tenían propósitos delincuenciales.

Y ahora, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que esos asesinatos, atroces crímenes de guerra sin antecedentes en la historia, no habían sido 2.248, como dijo la Fiscalía, sino mínimo 6.402, ocurridos en varias zonas del país y la inmensa mayoría en los seis primeros años de su gobierno, usted descalificó a la JEP y dijo que se trataba de una persecución en su contra.

No, expresidente. Como afirmó en un editorial el diario El País, de España, usted tiene que responder: se trata nada menos que de 6.402 jóvenes inocentes que fueron ultimados y disfrazados como guerrilleros por miembros del Ejército a los que su gobierno les pagó y les dio prebendas por mostrar resultados, es decir, por matar guerrilleros, pero estos muchachos no lo eran. Como tampoco lo era su hijo Tomás.

Una pregunta final, expresidente Uribe: ¿qué habría hecho usted si el que hubiera aparecido en la fosa común no hubiera sido Fair Leonardo sino Tomás? ¿No hubiera exigido que juzgaran a los responsables? ¿No hubiera agradecido que, por lo menos, el presidente de la República de entonces le hubiera ofrecido una disculpa?

Nota. Un lector se molestó porque en mi anterior columna describí a uno de los inquilinos tramposos mostrados por el programa Séptimo Día como un “inmigrante obeso”. Ofrezco disculpas.

 

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Patricia Lara Salive

Febrero 18 de 2021

El calvario de los arrendadores

Cuando el domingo vi en el programa Séptimo Día a la señora María Buitrago, en llanto, contando que un tal Renzo Guyún habitaba en su vivienda desde hacía más de un año sin que le pagara un solo peso de arriendo, me dije: “No estoy sola”. Luego, cuando en el mismo programa de TV vi a la señora Sandra Suárez (quien, por supuesto, no es la misma gerente de una revista que de un día para otro se convirtió en una vergüenza) reclamando con desesperación que su inquilino, César Vívenes, un inmigrante obeso con pinta de tinterillo, llevaba ocho meses viviendo gratis en su apartamento, concluí que el calvario que padezco es el mismo de muchísimos colombianos.​ 

Pues bien, mi caso se parece a los de doña María y doña Sandra, pero con algunas diferencias. Por una parte, sus arrendatarios, si bien no les pagaron, ya les liberaron sus viviendas; en cambio el mío, Luis Fernando Bermúdez Rivera —a quien, un año antes de que empezara la pandemia, le arrendé un apartamento que, con la idea de habitarlo un día, compré en Barranquilla, la tierra de mi madre—, vive en él desde hace dos años, ha pagado solamente un mes de arriendo y de administración, y ahí sigue fresco, cual lechuga. Pero, además, como si eso fuera poco, nuestra justicia santanderista ha actuado de una manera tan absurda que parece que se hubiera convertido en su cómplice. Después de que el pasado 4 de agosto el Juzgado 14 de Pequeñas Causas de Barranquilla profirió un auto en que dio por terminado el contrato de arriendo y ordenó que si Bermúdez no entregaba el inmueble voluntariamente se procediera a su lanzamiento, diez días después se echó para atrás y dejó sin efecto la sentencia. El argumento es que el inquilino había alegado que el contrato de arrendamiento de ese lindo apartamento —ubicado en un decimonoveno piso, con dos habitaciones, dos baños, sala-comedor y balcón con vista al río Magdalena, que él usufructúa gratis desde hace 22 meses— indica unos metros más de los que realmente tiene el inmueble, que por supuesto se arrendó como cuerpo cierto.

Aunque mi abogado hizo el alegato pertinente y en noviembre le solicitó al Juzgado que profiriera sentencia anticipada ordenando la restitución del inmueble, por cuanto la causal invocada era mora y el demandado no podía ser escuchado por el juez sin que el inquilino consignara los cánones adeudados, el juez no se ha pronunciado y Bermúdez continúa ahí, feliz, disfrutando de la vista al Magdalena, la piscina y demás comodidades del edificio, sin pagar un peso de arriendo ni de administración.

A propósito del tema que afecta a tantos arrendadores que padecen semejante calvario, la periodista de Séptimo Día entrevistó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Y su respuesta fue que los jueces estaban desbordados de trabajo y no daban abasto. Pero en el caso que me incumbe el juez, después de proferir la única sentencia posible, retrocedió y se echó más trabajo encima, con lo cual benefició a un inquilino sinvergüenza. ¿Por qué?

***

Dijo un editorial de El Espectador que si la administración Duque dejara un poco “su resistencia a los procesos de paz y su animosidad hacia el presidente pasado, podría ver que Cuba es un aliado útil (…) y dejar de defender tesis extrañas sobre cómo operan los Estados”. ¿Pero qué puede esperarse de un presidente que tomó la pueril decisión de no mencionar por su nombre a su antecesor? ¿Creerá que así borra su existencia?

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 11 DE 2021

Deslealtad y torpeza

Más tardó el embajador cubano, José Luis Ponce, en llegar a su casa luego de entregarle al vicecanciller, Francisco Echeverri, el memorando donde decía que en la Embajada habían recibido información sobre “un supuesto ataque militar del Frente Oriental de Guerra del Eln para los próximos días en Bogotá”, que la noticia en filtrarse a la prensa y el Gobierno en salir a demeritar el gesto de Cuba, en vez de agradecerlo.

En realidad, se trataba de una información que debía manejarse con cautela, de modo que los servicios de inteligencia colombianos pudieran hacer las averiguaciones del caso y prevenir el atentado, sin infundirles miedo a los bogotanos ni alertar a esa estructura del Eln. Pero no, el gobierno del presidente Iván Duque optó por revelarla de inmediato y, como ya es su costumbre, atacar a Cuba. También exigió que la isla incumpliera los protocolos firmados por solicitud del Estado colombiano, como país garante del proceso de paz con el Eln, y que extraditara a los miembros de la delegación de paz que están en La Habana, quienes, según le dijeron al gobierno cubano, desconocían esa información.

De inmediato, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió a decir que ese no era un tema nuevo y que el Gobierno reiteraba su firme decisión “de desmantelar” el Eln como “único mecanismo para prevenir que siga con sus actos terroristas en diferentes regiones del país”. Eso estaría muy bien. Sin embargo, en lo que va de la administración Duque solamente hemos visto que han caído un par de cabecillas y que se desmovilizó un grupito, pero la guerra en los territorios continúa y la matazón y el sufrimiento de sus habitantes aumentan, mientras estos claman que, por favor, se reanude el proceso de paz con el Eln, pues cuando hay diálogos los matan menos.

Si bien el comisionado de Paz, Miguel Ceballos —quien más bien debería llamarse comisionado de Guerra—, reconoció el gesto de Cuba y dijo que ese país había cumplido con sus obligaciones como firmante de tratados sobre lucha contra el terrorismo, por otra parte, insistió en que la isla incumpliera sus compromisos internacionales y extraditara a los miembros de la delegación del Eln, cuya presencia ya le sabe a cacho al gobierno cubano.

Como si la contradicción fuera poca, el comisionado le añadió a su galimatías una burrada más: según él, si los guerrilleros del Eln que están en Cuba desconocían la información sobre los supuestos planes para realizar ataques terroristas en Bogotá, no se puede llevar a cabo un proceso de paz con dicho grupo porque eso demuestra que no tienen mando o están divididos.

Pero si es verdad que el Eln está fragmentado, ¿no sería mucho más sensato creer que al dialogar con ellos se debilitarían los sectores militaristas de esa organización? ¿No se dan cuenta el comisionado Ceballos y el presidente Duque de que si cierran sistemáticamente las puertas del diálogo lo que hacen es fortalecer el ala militarista del Eln, porque les envían el mensaje de que la única opción que tienen es la guerra? Si emprendieran una nueva negociación y al final constataran que podría pactarse la paz sólo con un sector de la guerrilla, ¿no sería eso mejor para Colombia y que disminuyera así el número de efectivos en armas?

Esas serían las preguntas que muy seguramente se haría un Gobierno que quisiera la paz, pero como no sabemos si este lo que quiere es la guerra...

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

Febrero 04 de 2021

El desafío del ministro de Defensa

El reto del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, es monumental. Recibe una cartera que, por omisión, es responsable de que el año pasado hubiera, según Naciones Unidas, 66 masacres con un saldo de 250 víctimas, la cifra más alta desde el 2011; que 120 líderes sociales fueran asesinados; que en el primer mes de este año llevemos siete masacres, 19 líderes sociales y cinco excombatientes acribillados, según Indepaz, y que desde la firma del Acuerdo de Paz vayan, según esa institución, 254 excombatientes asesinados.

Todo ello obedece, sin duda, a que el Estado no controla el territorio. De modo que la principal tarea del ministro Molano es diseñar y ejecutar una política de seguridad coherente con la que se logre ejercer control en todo el territorio, para que cesen los enfrentamientos entre las bandas armadas que luchan por ser el único poder en sus respectivas zonas. Para conseguir ese propósito se requiere, ante todo, entender el problema, es decir, estar convencidos de que la situación cambió. Ya no se trata de combatir una organización político-militar empeñada en tomarse el poder por las armas, sino de derrotar organizaciones mafiosas enquistadas en los poderes locales y, en muchos casos, apoyadas por sectores de ellos, las cuales, a veces, cuentan también con la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública.

Además, el ministro Molano encuentra unas fuerzas armadas que han sido cuestionadas por actos de corrupción, el escándalo de las “chuzadas”, las denuncias de brutalidad policial, asesinatos como el del ex-Farc Dimar Torres, delitos sexuales y peleas internas, como la que ocasionó la salida del anterior director de la Policía.

Como si todo esto fuera poco, Molano llega a dirigir una institución profundamente dividida, cuya unidad es indispensable para conseguir el que debe ser su propósito principal: consolidar el monopolio de la fuerza, de manera que en todo el territorio reinen la paz y la seguridad ciudadana. Para obtener esa meta tan ambiciosa en el año y medio de gobierno que queda, el ministro tendría que ejercer un liderazgo contundente sobre las fuerzas armadas, que no lo tiene ni el presidente de la República.

En pocas palabras, lo que debe conseguir Molano es que terminen de depurarse las fuerzas armadas, que salgan de sus filas quienes hayan cometido delitos o abusos, que se recupere su credibilidad y que no acabe de fracasar la política de seguridad democrática en la era de Iván Duque, porque, paradójicamente, este gobierno uribista en lo que más ha fallado es en consolidar la principal bandera de su jefe.

¡Menuda tarea la que tiene por delante el ministro Molano!

***

La salida de Roberto Pombo de la dirección de El Tiempo es una mala noticia para el periodismo y para el país. Su profesionalismo, don de gentes y sentido del humor lograron llevar al periódico por una senda de equilibrio en momentos en que ocurrían grandes cambios internos: el tránsito del poder accionario de los Santos, una familia de periodistas, a Planeta, una empresa editorial, y finalmente a Luis Carlos Sarmiento, principal dueño de la banca en el país. Esperamos que quien reemplace a Roberto sea un periodista idóneo como él, que garantice la calidad y la credibilidad del periódico.

@patricialarasa

Patricia Lara Salive 

Enero 28 de 2021

Torpeza en política exterior repercute en vacunas

Luego de más de 52.000 muertos por COVID-19, el Gobierno por fin comunicó un cronograma de llegada de las vacunas. En febrero se esperan 850.000 dosis y entre abril y junio se completarían 17’441.800, que alcanzarían para inmunizar a los primeros dos grupos: el personal de salud y los mayores de 60 años. En el resto del año se completarían las vacunas para 29 millones de colombianos.

Por otra parte, el presidente ha dicho que a más tardar la semana entrante dirá cuándo llegarán las primeras dosis y cuándo se empezará a vacunar. Ojalá sea cierto. Sin embargo, en este tema fundamental han reinado el secreto y la confusión. Y hay una pregunta que ronda: ¿por qué, siendo Colombia la tercera economía de América Latina, hace semanas comenzaron a vacunar en Chile, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Panamá, pero aquí no?

Entre tanta opacidad, no es fácil responder esa pregunta. No obstante, vale la pena reproducir los comentarios que la experta Claudia Vaca hizo en el programa Sin corbata, del columnista Gabriel Cifuentes.

“Pfizer está jugando un juego duro”, y no solo tiene problemas de producción, sino que trata “de presionar al Gobierno con solicitudes que serían inaceptables”. Por ejemplo, dijo, se ha anunciado para la próxima semana la visita de un delegado de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) para hablar sobre una agenda de cambio de reglamentaciones locales, como el control de precios de medicamentos o la posibilidad de establecer una regulación para remedios nuevos muy costosos. “De pronto, lo que le están pidiendo al Gobierno sería ceder en estas materias”, dijo Vaca. Según ella, Pfizer les está haciendo esas mismas exigencias a otros países, “pero Colombia ha puesto un hermetismo peligroso”. Ese secretismo le permite al Gobierno dejarse manipular sin consecuencias o ceder a condiciones leoninas.

Ante el interrogante de por qué, si hay nueve vacunas en el mercado, no se negoció con otros, como los rusos, la experta explicó la razón por la cual Colombia eligió a la farmacéutica más agresiva y a las que no estaban listas, en lugar de unirse a Argentina y Brasil para acceder a otras vacunas. De acuerdo con Vaca, eso tiene que ver con la política internacional del Gobierno, que no está concentrada en la pandemia: “El problema de Venezuela o de la lucha contra las drogas desatiende el problema de salud pública más importante”, dijo.La salida hubiera sido “tener un portafolio más amplio, no solo Covax, de manera que se tuviera un plan B y se le pudiera decir, por ejemplo, a Pfizer: si no me entrega vacunas, me voy con Sputnik, o si no son transparentes me voy en bloque con China y Brasil”. Como Argentina tenía ese plan B, según ella, después de leer en el contrato de Pfizer cláusulas inaceptables, les dijo: “Muchas gracias, pero me voy con Sputnik. Y hoy ya tiene 400.000 dosis aplicadas, con una tecnología que aprobó la agencia sanitaria argentina y que es la misma que utiliza Oxford-AstraZeneca”.

Para la experta, Colombia hubiera podido hacer un bloque de países del sur y aliarse con Sudáfrica, India, Brasil y otros en el marco de Organización Mundial del Comercio, pero decidió irse sola en una negociación bilateral, en condiciones desiguales, que la tienen en el peor de los mundos, pues somos de los países más retrasados en la vacunación, a pesar de que esta hubiera podido anticiparse con otra estrategia.

¡Y todo es debido a la política exterior sin norte de este Gobierno!

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA 

ENERO  14 DE 2021

Pacho Santos, ¿embajador hasta cuándo?               

 

“¿Cuándo fue privatizada la libertad de expresión? Twitter y Facebook han tomado un peligroso camino”, escribió en inglés, en su cuenta de twitter, en protesta por el cierre de las cuentas del Presidente Trump, Pacho Santos, Embajador de Colombia en Washington, luego de que las turbas trumpistas, impulsadas por Trump, se tomaran el Capitolio, dejando un saldo de cinco muertos y más de noventa heridos.

Nuestro embajador emitió ese trino justo cuando el nuevo presidente, Joe Biden, dijo que “quien haya intervenido en la desinformación en las elecciones de E.U. enfrentará consecuencias” (recuérdense las acusaciones a Biden de ser “castrochavista”); cuando en los círculos demócratas se habla de que el Congreso investigará a los que intervinieron en las elecciones; y cuando se dice que Colombia ocupará uno de los primeros lugares en esa investigación.

Y si bien el embajador Santos, que es uno de los acusados de haber querido interferir durante la campaña para favorecer a Trump, borró el trino, el hecho de que lo haya puesto es no sólo una imprudencia, sino la prueba de que el Presidente Iván Duque tendría que enviar ya, como embajador en Washington, a alguien que pudiera reconstruir las maltrechas relaciones que, por más de que lo nieguen, tiene el gobierno de Duque con los demócratas quienes, a partir de la semana entrante, mandarán en E.U.

Pero no sólo fue Pacho Santos el que trinó para protestar porque las redes sociales censuraron a Trump. Lo hicieron igualmente senadores del partido de gobierno, encabezados por su jefe, Álvaro Uribe. Sin embargo ellos no protestaron por la toma violenta del Congreso por parte de los trumpistas. Esa doble moral del jefe de Duque y de su partido, poco le ayudan a su gobierno.

Ahora, otra cosa es el debate sobre las redes sociales y la libertad de expresión: así como en los medios tradicionales hay un director que responde por la veracidad de lo que se publica, en las redes cualquiera dice lo que le da la gana.

Claro que la posibilidad de que todos podamos expresarnos públicamente es un avance para la democracia. Pero ¿qué pasa si quien utiliza las redes es un loco que gobierna al país más poderoso del mundo, y cuyas mentiras, opiniones e incitaciones pueden llevar a la violencia y al delito?

Según The Washington Post, desde que se posesionó, el Presidente Trump ha dicho un promedio de 14,6 mentiras al día. Después de su derrota electoral, el promedio subió porque se dedicó a repetir, sin una sola prueba, que había habido fraude y que el ganador de las elecciones era él. Esa afirmación, repetida por Trump en las redes, puede poner a E.U al borde de la guerra civil. De manera que la decisión de clausurar sus cuentas, no puede ser más acertada.

Por otra parte, la traumática experiencia del gobierno de Trump, debería llevar a los parlamentos, empezando por el nuestro, a aprobar una ley que obligara a todos los candidatos presidenciales, antes de inscribir su candidatura, a someterse a una evaluación siquiátrica, para determinar si están mentalmente habilitados para ejercer el poder.

¡Cuántas tragedias nos hubiéramos ahorrado, y cuántas nos ahorraríamos, si esa ley existiera!

Conocí a Virgilio Barco: era un liberal de convicciones profundas, un demócrata. Él jamás, como presidente,  hubiera mandado a exterminar a un partido político. Su memoria no puede mancillarse cuando ya Barco, y quienes podían defenderlo, están muertos.

@patricialarasa

PATRICIA LARA 

ENERO  07 DE 2021

Cinco libros

Las vacaciones permiten leer los libros que el trajín de los oficios va dejando relegados en la pila de obras pendientes. Hoy quiero hablarles de cinco textos espléndidos que pude abordar:

El primero, Cartas a Antonia, del inolvidable Alfredo Molano Bravo, un libro lleno de ternura y sabiduría que él empezó a escribir casi desde el nacimiento del amor de su vida, su nieta Antonia Rodríguez Molano, y terminó diez días antes de su propia muerte, ocurrida el 31 de octubre de 2019, cuando ella tenía 13 años. En esas cartas, el autor se retrata de cuerpo entero: Alfredo Molano fue no solo un gran sociólogo y cronista que quiso profundamente a su país, estudió a fondo su historia, lo recorrió a pie y a caballo, se compenetró con su gente y con su sufrimiento, conoció la guerra y siempre trabajó para detenerla. También fue un ser humano de una honestidad a toda prueba, una conmovedora ternura y una inmensa capacidad de amar quien, a propósito de su nieta, confesó: “Morirme sería como dejarla sola atravesando un río (…) Me sentí culpable por el daño de haberla querido tanto”.

El segundo libro, Otro fin del mundo es posible, escrito por Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, es un texto muy interesante. Aunque se refiere al pensamiento de un filósofo y escritor (británico) como es Aldous Huxley, es fácil de leer y mantiene un sentido del suspenso. Popularizar la obra de un intelectual importante y complejo, aterrizar su pensamiento en Colombia y mostrar el absurdo manejo que se le ha dado al problema del narcotráfico y de las drogas son los méritos principales de este libro.

El tercero es la biografía que la periodista Ana Cristina Restrepo escribió sobre el maestro Carlos Gaviria, que tituló El hereje, para la cual investigó durante cerca de seis años. Se trata de una semblanza rigurosa, que retrata todas las facetas del personaje: desde la del jurista, el magistrado, el intelectual, el académico y el político, hasta la del ser humano que sufrió el trauma del suicidio de su padre y la del bohemio coqueto, amante del tango y de la poesía. Como bien lo dice la autora en el primer párrafo, el libro “es la historia de un hereje en tierra de mojigatos”. ¡Y cómo habrán brincado los mojigatos con esta gran biografía del maestro!

El cuarto es Río Muerto, la última novela de ese gran escritor que es Ricardo Silva Romero, un libro indispensable donde se aborda el tema de la violencia sin fin que hemos vivido en este país. Una violencia de facetas extremas, como la muestra el autor de este texto cuyo protagonista, Salomón Palacios, un mudo buena persona, es asesinado porque sí, como asesinan a la mayoría de los muertos en esta tierra inverosímil donde, como dice Silva y como ocurre tantas veces, “los vecinos les hacen café a los asesinos”.

Y el quinto libro es El fin del océano Pacífico, la última novela de Tomás González, autor de La luz difícil, obra inigualable de este escritor perfeccionista y tímido, que cada vez nos sorprende con textos extraordinarios como este, donde retrata, en medio de la exuberancia y la belleza del Pacífico chocoano, a unos personajes complejos y aborda de manera profunda la proximidad de la muerte.

Son, pues, cinco libros. Vale la pena no dejar de leer.

@patricialarasa

PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 17 DE 2020

Una obra imperdible

 

Ahora, cuando uno se pregunta qué regalar y qué regalarse de Navidad, encuentro una obra monumental, espléndida, escrita por la artista e investigadora Beatriz González, y editada por Villegas Editores: Historia de la caricatura en Colombia, que en tres tomos que suman 1.049 páginas retrata nuestra realidad, desde la Independencia hasta la era de Iván Duque, a través del dibujo artístico y lleno de humor de los más brillantes caricaturistas. “Es la historia de Colombia contada por la oposición”, como dice Benjamín Villegas, ese quijote de los libros que, desde hace 47 años, ha mantenido una editorial que ha publicado cerca de 600 obras, 300 de gran formato, de las cuales más de 200 han ganado, por su calidad, premios internacionales.

Historia de la caricatura en Colombia comenzó a ser elaborada hace 15 años, cuando González visitó a Villegas para indagar por su abuelo materno, el periodista Manuel José Jiménez, quien, en la primera mitad del siglo pasado, fue director y propietario de los semanarios Fantoches y Sal y Pimienta, donde las caricaturas ocupaban un espacio importante.

Villegas se enamoró del proyecto, durante tres lustros apoyó a González y, ahora, publicó esta obra, la cual, además de incluir los dibujos, da el contexto histórico en el que fueron hechos.

De manera que uno entiende por qué, en 1928, el maestro Ricardo Rendón, a raíz de la masacre de las bananeras, dibujó a Ignacio Rengifo, ministro de Guerra de Miguel Abadía Méndez, como una gran calavera que llevaba terciados un revólver, un machete, una daga y una botella, y sobre su frente tenía dibujado el símbolo del aborrecido Partido Comunista. Por qué, en 1949, Adolfo Samper pintó otra caricatura, La danza macabra, en la que un director de orquesta, cuyo sacoleva tenía un letrero que decía: “Directorio Conservador”, conducía una agrupación de calaveras que llevaban espadas con la leyenda “chulavitas”. Por qué una portada de la primera revista Semana, en 1946, traía un dibujo hecho por Jorge Franklin del presidente Ospina Pérez, con el signo pesos al fondo y una frase que decía: “Distribución equitativa del descontento”. Por qué Antonio Caballero, en 1978, pintó a Alberto Santofimio vestido a rayas, junto a una leyenda que rezaba: “Cárcel que no mata engorda”. Por qué Osuna, en 1988, dibujó una jirafa que miraba para los lados y decía: “No me imaginé que hubiera tanto laboratorio por ahí”, mientras que un rinoceronte casi la embestía y afirmaba: “Bueno, yo sí me había dado cuenta”. O por qué Matador, en el 2017, tituló una caricatura: “Lobo con piel de Duque”, y en ella un marrano con los rasgos del candidato, acaballado sobre un lobo feroz, se disponía a bajar una cuesta en la que una flecha indicaba: 2018.

De modo que esta obra, que trae además textos de Daniel Samper Pizano, Eduardo Arias y Juan David Giraldo, es no solo indispensable e interesante, sino entretenida. Es decir que puede convertirse en la mejor compañía para estas vacaciones en confinamiento.

Y a propósito de la Navidad, les regalo, queridos lectores, esta canción de Marta Gómez, Para la guerra nada, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y cantada no solo por Marta, sino también por un grupo de colombianos refugiados en Canadá y por el Coro Reconciliación, integrado por víctimas del conflicto y excombatientes de las Farc, del Eln y de las Autodefensas. Porque en la música se hace posible la paz: https://youtu.be/sKb34myhS30.

¡Feliz Navidad!

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PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 10 DE 2020

 

Al oído de Fajardo y de Petro

Ahora que está de moda el extremo centro y, ¡oh, sorpresa!, se declaran de esa corriente tanto el presidente Iván Duque como el periodista Enrique Santos Calderón, recuerdo al expresidente Carlos Lleras Restrepo cuando insistía en que el Partido Liberal no era un partido de centro y menos de extremo centro, sino “una coalición de matices de izquierda” (incluso así se definía en sus estatutos). En efecto, en el viejo Partido Liberal cabían desde Luis Carlos Galán, un liberal de centro, hasta Apolinar Díaz Callejas, un liberal de izquierda radical. Pero luego se desdibujaron los viejos partidos Liberal y Conservador y comenzaron a surgir otros. Y a ellos se sumaron las subdivisiones y los movimientos por firmas.

Ahora tenemos un montón de partidos y movimientos, pero en el fondo lo que hay es una montonera de políticos que aspiran a ser presidentes de la República. Entre ellos están los que conforman los matices de derecha, que el expresidente Álvaro Uribe sabrá cohesionar para que lleguen a la primera vuelta con un solo candidato: el que diga él. Están los de izquierda que, aprovechando las elecciones parlamentarias, concurrirán en marzo del 2022 a una consulta que ganará Gustavo Petro. Y, finalmente, está la aglomeración de los aspirantes del centro, que también planean competir en una consulta en marzo. Tal vez la ganará Sergio Fajardo, quien, como algunos del centro, ha dicho que jamás hará una alianza con Gustavo Petro. En cambio, a los que conforman los matices de derecha nunca se les oye decir que jamás harán una alianza, por ejemplo, con María Fernanda Cabal.

Es un error muy grave el que comete el centro, sobre todo porque estamos en un momento crucial, pues si la derecha extrema gana en el 2022, como ganó en el 2018, el proceso de paz se acabará definitivamente, el país terminará de incendiarse de violencia y el autoritarismo arrasará con casi todas las libertades. De manera que los del centro deben ser conscientes de su responsabilidad histórica y abrirle la puerta a una alianza con los diversos matices de la izquierda, para que en la primera vuelta lleguen unidos en torno a un candidato y a un programa. ¿O acaso creen que, en el 2014, Juan Manuel Santos hubiera podido derrotar a la derecha si no lo hubiera apoyado la izquierda en la segunda vuelta?

Petro, especialmente y por su parte, también debe ser consciente de su responsabilidad histórica y abonar el terreno para que se dé esa posible alianza, para lo cual, ante todo, no solo debe dejar ya de atacar e insultar a Fajardo y a la alcaldesa Claudia López, sino además disculparse públicamente con ellos.

De manera, pues, señores Sergio Fajardo, Gustavo Petro y compañía, que les llegó la hora de la grandeza. ¿No sería mucho más sensato que el centro y la izquierda acordaran que el sector cuyos candidatos sumados obtuvieran más votos en las consultas de marzo pusiera el candidato presidencial y, luego, se hiciera un acuerdo programático entre ambas corrientes (por el estilo del que se ha hecho en España) para que llegaran juntos a la primera vuelta?

Así el progresismo sería imbatible y el próximo presidente, seguramente, pertenecería al centro, pues el centro es mayoría en el país. Además, se elegiría en la primera vuelta.

¿Por qué no entran en razón, señores? ¿Por qué se empeñan en hacerle correr a Colombia semejante riesgo?

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PATRICIA LARA 

DICIEMBRE 03 DE 2020

La traición de Néstor Humberto

Si la paz con las Farc “resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto y la DEA, aparentemente resiste todo (...) Hay que llegar al fondo de este sórdido asunto”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos sobre quien fuera el fiscal general ternado por él, Néstor Humberto Martínez. (¡Aunque bien valdría la pena averiguar si el jefe de NHM era entonces el expresidente Álvaro Uribe, obsesionado con acabar el proceso de paz, a lo cual él se dedicó a ayudarle!).
Es muy grave que Santos diga que el fiscal general de entonces mintió, mejor dicho, que es un mentiroso; que entrampó la paz e hizo lo posible por tirarse el proceso, a tal punto que le puso cáscaras de plátano a Santrich para que se resbalara en el narcotráfico, o permitió que la DEA se las pusiera; y que “hay que llegar al fondo de este sórdido asunto”, es decir, que no descansará hasta que se descubra cuál es la verdad de semejantes marrullas antipaz hechas por el binomio NHM-DEA, porque, como me dijo una fuente muy conocedora, “la DEA no se mete en una operación de esas sin tener una solicitud de asistencia judicial”. En otras palabras, no puede ser cierto que NHM no supiera lo que estaba ocurriendo, como le dijo a María Jimena Duzán en una entrevista, a quien además maltrató de manera inaceptable, y como lo había afirmado en otra entrevista con Yolanda Ruiz, realizada en mayo del 2019. Así que el exfiscal no ha hecho más que contradecirse y enredarlo todo.

Pero sí hay una cosa que no pudo enredar ni negarle a María Jimena: que él le ocultó al presidente Santos lo que estaba pasando, o sea que lo traicionó de manera imperdonable. ¿Y cuál era el propósito? No podía ser otro que darle jaque mate a su legado: el proceso de paz.

Por eso Santos, aunque no es un hombre de grandes pasiones y, como dice su señora Tutina, no le corre sangre sino agua aromática por las venas, tiene que estar muy dolido con NHM. Porque es inaudito que desde el 1° de noviembre del 2017, cuando se produjo “la famosa transacción de los cinco kilos de coca”, como el exfiscal lo afirmó, él le hubiera ocultado el hecho al presidente, y que incluso hubiera guardado silencio sobre ese punto el 8 de abril de 2018, cuando estuvo en la casa privada hasta cerca de las diez de la noche hablando con Santos sobre otros temas, para llamarlo a las seis de la mañana del día siguiente y decirle que tenía algo muy urgente que contarle.
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“Ahora estoy haciendo ejercicio. ¿Tiene que ser ya?”, le preguntó el presidente.

“Sí, es muy urgente”, le respondió NHM, quien en minutos llegó a la Casa de Nariño con el cuento de que estaba en proceso una operación para capturar a Santrich con fines de extradición. Y cuando Santos le reclamó por qué no le había contado la noche anterior, NHM salió con disculpas, al igual que lo hizo el embajador estadounidense de la época, Kevin Whitaker.

Además, con el caso Santrich NHM se voló los procedimientos regulares: normalmente, las solicitudes de extradición se tramitan vía Cancillería y esta le informa al presidente; sin embargo, en este caso, los estadounidenses le pasaron la circular roja a la Fiscalía para que detuviera a Santrich, a espaldas de la canciller y del presidente.

Definitivamente, además de las otras zancadillas de NHM al proceso de paz, que darían para otra columna, algo muy sórdido se tejió tras este episodio. Ya será el gobierno Biden el que ayude a descubrirlo...


@patricialarasa

 

PATRICIA LARA 

NOVIEMBRE 26 DE 2020

Lo que no esperábamos es que un gobierno del Centro Democrático fuera a hacer las cosas tan mal en materia de seguridad”, manifestó, a los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, Sergio Jaramillo, exmiembro del equipo negociador del gobierno Santos con las Farc.

Si se piensa en lo que pasa en los territorios —y si se compara esa situación con lo que ocurre en la esquina de la calle 94 con carrera séptima de Bogotá, donde los ladrones, sin temor alguno, atracan sistemáticamente—, se concluye que Sergio Jaramillo tiene toda la razón. Según la Fundación Ideas para la Paz, las masacres casi se han cuadruplicado; las acciones de grupos armados distintos de las Farc —que ya no existen— han aumentado en un 65 %; los homicidios se han incrementado en un 39 %; los asesinatos de líderes sociales han pasado de 82, antes de la firma del Acuerdo, a 128 en el último año; los homicidios de excombatientes de las Farc alcanzaron en el 2019 la cifra récord de 78, y este año ya van en 18.

Es que, según Jaramillo, si bien el proceso de paz con las Farc se ha mantenido, entre otras razones, porque la política de reincorporación de Duque, dirigida por Emilio Archila, ha sido un éxito, “el derrumbe de la seguridad en las regiones” constituye “la mayor amenaza a la paz”. Ello se debe a que “algunas personas pueden comenzar, ante el riesgo, a titubear y preferir meterse bajo la sombrilla de alguna organización ilegal para protegerse de los asesinatos”.

Sin embargo, tan preocupante como lo anterior es su comentario sobre la pugna que hay en esas zonas por el control territorial: “La pregunta, más bien, es por qué el Estado ha sido tan ineficaz en su respuesta. ¿Cómo es posible que en el Cauca maten a un líder cada tres días y el Gobierno se comporte como un espectador parado en una esquina frente a un accidente de tránsito?”.
El mismo Jaramillo da la razón: “Primero”, dice, este “es un Gobierno que (…) no sabe leer la realidad. Actúan como si estuvieran enfrentando a las Farc (…), cuando la realidad es que la gran guerra militar en Colombia se acabó”. Ya lo que hay son “muchas pequeñas organizaciones ejerciendo otro tipo de control, más basado en asesinatos selectivos y plata. De ahí las masacres”.

Y agrega algo peor: hay una “ausencia total de lucha contra la corrupción en las propias filas (…). No es posible que se mueva la droga como se está moviendo (…) sin que haya mucha gente comprada dejando pasar. Eso funciona así, tristemente. Y la gente lo ve, lo que rompe la confianza en la protección de la fuerza pública. Si no limpian la casa por dentro, no hay nada que hacer”.

Eso es exactamente lo mismo que sucede en la calle 94 con carrera séptima: todos saben que ahí operan los ladrones, pero miran para el lado opuesto. Como preguntaba hace poco Julio Sánchez Cristo: ¿por qué no se sube a un árbol, ahí, un policía vestido de paisano y acaba con los robos?

Por la misma razón que en los territorios, en las narices de la fuerza pública, matan líderes sociales y excombatientes, procesan y transportan droga, y las retroexcavadoras amarillas y gigantescas explotan ilegalmente las minas sin que nadie “vea”.

Definitivamente, como dice Sergio Jaramillo, lo primero que hay que hacer es limpiar la casa…

Nota. Le envío un abrazo de felicitación a Jorge Cardona por su Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista, ese gran editor general que le ha entregado buena parte de su vida a El Espectador.

¡Muy merecido!

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

PATRICIA LARA 

NOVIEMBRE 19 DE 2020

Carta a Alejandro Santo Domingo


Aun cuando a usted no lo conozco, hoy le repito lo que le dije en mi correo del 9 de julio: gracias por su decisión de mantener El Espectador. Entonces usted me respondió: “Seguiremos invirtiendo en El Espectador para que siga siendo un medio de alcance nacional, independiente, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de Colombia”.

Es admirable que un empresario como usted tenga ese talante liberal, que le permite rendirle culto a la libertad de expresión y respetar la independencia de sus columnistas, su director y sus periodistas, así en ocasiones esta vaya contra los intereses de su grupo económico, como fue el caso de una vieja columna de Salomón Kalmanovitz. Nada ha hecho tambalear su convicción de que la misión de El Espectador es defender la libertad de expresión y la buena marcha de las instituciones. Y mucho menos lo intimidan las llamadas que a cada rato le hacen para protestar por informes del periódico o por el tan cacareado “riesgo del castrochavismo” que, de manera ridícula, hasta Trump llegó a esgrimir.

Es justamente ese talante liberal, que usted demuestra al permitir que El Espectador denuncie cualquier abuso de poder, el que lo hace tan digno de respeto y admiración.

Desafortunadamente, y eso es grave para nuestra democracia, otro medio escrito que antes era un referente en América Latina ha caído en manos de un empresario inmaduro, desequilibrado e ignorante, al que solo le interesa ganar dinero y hacerle venias al poder de turno para que lo invite a almorzar el fiscal hoy o el presidente mañana.

De modo que, una vez asesinada la verdadera revista Semana, solo queda El Espectador como medio escrito independiente.

Afortunadamente usted, Alejandro Santo Domingo, un historiador graduado de la Universidad de Harvard, ha sabido honrar la amistad que tuvieron su padre y Gabriel García Márquez, a quien, según la leyenda, él le prometió que nunca cerraría El Espectador, diario que cumplió 133 años de existencia y cuyo legado, desde su fundador, don Fidel Cano, usted ha sabido mantener.

Por todo ello estoy convencida de que, a pesar de la crisis económica desatada por la pandemia, El Espectador se mantendrá vivo, pues cuenta no solo con el apoyo de sus fieles lectores y el enorme respaldo económico que le dan usted y su grupo, sino con esa decisión política que usted tomó de apostarle a que en Colombia exista un periódico independiente. Uno que, de la mano de su director, Fidel Cano, se la juegue por mostrar la verdad desde sus distintos ángulos, contribuir a la paz y a la reconciliación que tanta falta le hacen al país, y dejar que columnistas representantes de todo el espectro político opinen sin limitación alguna.

Ese es el pluralismo que Colombia necesita. Gracias por permitirlo y estimularlo, así le ocasione pérdidas. Esa actitud suya enseña qué es tener principios y qué es defender la libertad de expresión. Es obvio que un día el periódico tendrá que cambiar y adaptarse a la nueva realidad de los medios. ¡Pero El Espectador no puede desaparecer! Colombia no merecería quedarse en manos de unos medios manipulados por dueños que carecen de eso que a usted le sobra: el talante liberal que estimula la convivencia pacífica y la construcción de un país donde quepamos todos...

 

Gracias, señor…

PATRICIA LARA 

NOV 12 DE 2020

Gracias, Felipe

Se acabó Semana. Es muy triste aceptarlo: llegó a su fin esa revista, la nuestra, la que reflejaba el pensamiento de un gran sector del país, el de las ideas liberales, el que esperaba que los medios fiscalizaran el poder y no se arrodillaran ante él.

Terminó ese sueño. No solo se acabó porque renunció su director, Ricardo Calderón. Lo fue solo por un mes, pero antes había sido director de investigaciones durante 20 años; se ganó, entre otros, dos de los principales premios de periodismo en el mundo —el Rey de España y el Maria Moors Cabot—; resistió toda clase de amenazas y sobrevivió a un atentado; publicó las más documentadas investigaciones, entre ellas la de las chuzadas, la del intento de resurrección de los falsos positivos por parte del anterior comandante del Ejército, la de corrupción en sus filas... en fin, informes que pusieron a temblar al poder.

Y no solo se acabó porque además renunció Alejandro Santos, también Premio Maria Moors Cabot, quien dirigió la revista de manera acertada durante 20 años. Y porque después renunciaron muchos redactores y se retiraron el irremplazable Antonio Caballero; la valiente María Jimena Duzán; el brillante caricaturista Vladdo; el director editorial, Rodrigo Pardo, y el editor general, Mauricio Sáenz, como antes había renunciado Daniel Samper Ospina. Y porque la gerente uribista había botado a Daniel Coronell, el mejor columnista del país, y a ese gran investigador que es Ariel Ávila. Se acabó, ante todo, porque se va Felipe López, ese genio del periodismo y de las relaciones que se lo inventó todo, ese psicólogo perspicaz capaz de captar el secreto más profundo que esconde cada personaje, llámese entrevistado, empleado o amigo.

Se va Felipe, el creador del equipo, el fundador y el sostenedor de ese sueño. Se retira Felipe, el alma de esa publicación y de esa empresa que durante 36 años sostuvo solo, primero aguantando las pérdidas en los tiempos iniciales y luego disfrutando las mieles de la bonanza. Pero hace menos de dos años, consciente de cómo la crisis de los medios, especialmente de los impresos, amenazaba con hacer desaparecer su revista —esa a la que le entregó su vida y, hasta el martes, le dedicó todo su tiempo, toda su inteligencia, que es asombrosa, y toda su energía—, encontró un socio al que le vendió la mitad de la empresa, con la condición de que no interviniera en la parte editorial de la revista y solo se ocupara del nuevo proyecto digital. Sin embargo, esos territorios sagrados fueron invadidos. La marca de la revista, algo tan sagrado, tan difícil de conservar, tan intangible pero tan importante, se fue deteriorando y llegó un día —el pasado martes— en que todo explotó y de Semana solo quedó el recuerdo.

Hoy me resta no más decirle a Felipe: ¡gracias! Gracias por haber construido ese emporio periodístico liberal, como lo fue su padre. Gracias por haberlo mantenido él solo durante 36 años. Y gracias por haber sabido renunciar a tiempo.

Nota. Ahora que ganó Biden la Presidencia de EE. UU., el presidente Duque tendrá que replantear su política interna, cual camaleón: ya no podrá seguir poniéndole zancadillas al proceso de paz, haciéndose el de la vista gorda con la parte de la implementación que no le gusta y aplicando solo la que le gusta; ya tendrá que priorizar el respeto a los derechos humanos; ya va a tener que deshacerse de su Juan Guaidó, porque lo probable es que Biden busque una salida negociada en Venezuela, en fin, ya va a tener que ver cómo cambia de piel sin que se le note tanto...

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 22 DE 2020

Presidente en fuga

Que Duque no hubiera ido a Cali ni al Cauca a reunirse con los indígenas, y que hubiera viajado al Chocó a ocuparse del orden público (lo cual ha debido hacer hace muchos meses), justo cuando la minga llegaba a Bogotá para hablar con el presidente, primordialmente, del derecho de los indígenas a la vida porque los están matando en sus territorios, no es solo un acto de la mayor descortesía y una actitud que denota desprecio hacia ellos, sino la muestra de una peligrosa inseguridad.

Lo mismo ocurrió el año pasado: la minga estaba en la plaza de Condoto y el presidente se encontraba encerrado a 100 metros de distancia. Luego de unas horas se fue y no habló con la minga, dizque porque habían descubierto un plan para atentar contra su vida. ¡Nadie va a atentar contra Duque! Mucho menos los indígenas, que justo esta semana demostraron cómo se protesta de manera pacífica.

Algo parecido ocurrió con el comité del paro el año pasado: se reunió tres horas con él. Pero el Gobierno planteó que en los encuentros tenían que participar los entes de control, los gremios y los empresarios. El comité del paro no aceptó y se diluyó la posibilidad de concertación directa. A cambio, el presidente se inventó la tal conversación nacional, que no terminó en nada.

Y, al momento de escribir esta columna, parece que con este paro va a pasar lo mismo: el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, dijo que el presidente no pensaba reunirse con los organizadores del paro, y Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que las protestas persistirán hasta que el presidente se “baje del pedestal”.

Pero mientras Duque continúa encaramado en su pedestal o, mejor, fugado o encerrado para ocultar su inseguridad, el malestar social crece y la ciudadanía siente que el país se desbarata.

¡Qué lejos están los tiempos de los grandes líderes! Es famoso, por ejemplo, ese episodio ocurrido en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que bien relata Jaime Aponte, su secretario privado, en su libro Confidencias del poder: a raíz de un alza en el transporte, a comienzos de 1969, se preparaba un gran paro nacional que amenazaba con paralizar el país y tornarse violento. Entonces Lleras citó a las centrales obreras a una reunión para analizar las propuestas del Gobierno. Fueron dos días de discusiones casi ininterrumpidas. La última terminó a las seis de la mañana. Los asistentes salieron extenuados y convencidos de que había que desistir del movimiento. Meses después, Lleras nombró al sindicalista Antonio Díaz ministro de Comunicaciones. Pero esos eran otros tiempos. Y otros líderes…

Nota. El martes asesinaron a dos dirigentes de Colombia Humana: Eduardo Alarcón, exconcejal en Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el Cauca. Y el domingo acribillaron en La Uribe, Meta, a Jesús Monroy Ayala, líder ex-Farc conocido como Albeiro Suárez, quien dirigía el proceso de reincorporación en el departamento. Él es el excombatiente número 234 asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Tres dirigentes políticos de oposición baleados en tres días!

Presidente, por favor, detenga la matazón. No puede seguir con el cuento de que va a hacer y va a tornar, y se va a reunir y va a investigar. No más palabras huecas. Se requiere que muestre resultados ya.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 15 DE 2020

Llegó la hora de las verdades

Ya sabemos que Tirofijo y el antiguo Secretariado de las Farc son los responsables de los atroces asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el parlamentario Pablo Emilio Guarín y los disidentes de las Farc Hernando Pizarro y José Fedor Rey.

Pero aún nos falta saber quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Quiénes, dentro del Estado y la clase política, fueron cómplices de los magnicidios del candidato Luis Carlos Galán; del ministro de Justicia Rodrigo Lara; del periodista y humorista Jaime Garzón; del director de El Espectador Guillermo Cano; del periodista Jorge Enrique Pulido; del senador Jorge Cristo; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; de los parlamentarios de la Unión Patriótica Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; del líder José Antequera; del abogado José Eduardo Umaña y de quién sabe cuántos más que se me escapan de la memoria. Muertos a los cuales hay que sumarles los miles de asesinados en masacres inenarrables, todo ello ocurrido en esos años 80, 90 y la primera década de este siglo, que constituyen una pesadilla macabra a la que no podemos regresar.

En esa lista entra el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que fue la chispa que encendió la guerra y cuyos autores intelectuales se desconocen aún, 72 años después de ocurrido, todo lo cual no solo demuestra el fracaso de la justicia ordinaria en este país de leyes, sino la imperiosa necesidad que tenemos de cambiar de ruta para no seguir ahogados en el fracaso.

Esa nueva ruta no es otra que consolidar la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales —a diferencia de la justicia ordinaria, donde los pleitos, si es que se resuelven, duran hasta 20 o 30 años— ya han comenzado a dar frutos, como se ha visto en la carta del antiguo Secretariado de las Farc donde asumen la responsabilidad por los secuestros y se avergüenzan de ellos, en el reconocimiento que hicieron de los crímenes mencionados arriba y en avances logrados en los procesos de falsos positivos y reclutamiento de menores de edad.

Pero aún falta mucho. Y lo que más falta, aun cuando suene extraño decirlo, es que a los otros actores del conflicto, los paramilitares, les permitan decir la verdad. Empezando por Salvatore Mancuso, responsable de tantos asesinatos y guardián de tantos secretos, que quiere hablar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, como se lo dijo en una carta a Álvaro Leyva. Solo pide a cambio que haya garantías de seguridad para él y su familia. Y parece que Jorge 40 y otros también quieren hacerlo.

Es un deber del presidente Duque propiciar que los paramilitares también digan la verdad. Porque este país, más que justicia, lo que necesita es verdad, para que sepamos cuáles fueron los caminos que nos llevaron a esa guerra absurda y entender qué debemos hacer para no repetirla.

Por eso es muy importante impulsar el Movimiento por la Verdad que plantea Álvaro Leyva. Porque todos los actores del conflicto deben decir la verdad, así sea tan dura y dolorosa como la dicha por los autores del asesinato de Álvaro Gómez.

Decir las distintas verdades, escucharlas y asimilarlas es el único camino que tenemos para superar el conflicto. Después de hacerlo, nos sentiremos livianos. Después de saberlas, poco a poco, dejaremos de estar anclados en el odio… y en la guerra.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 08 DE 2020

Por qué creo que las Farc sí mataron a Álvaro Gómez

Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, dejen de buscar el ahogado aguas arriba”, escribió Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC, respecto al homicidio de Álvaro Gómez. Y el senador Julián Gallo (antes Carlos Antonio Lozada), exjefe de la red urbana, dijo que la orden de matarlo la recibió de su superior directo, el Mono Jojoy, y que él se la transmitió a “un comando de cuatro personas”. Es decir que Gallo afirmó ser el responsable del crimen.

No obstante, la familia de Álvaro Gómez, empeñada en acusar al expresidente Ernesto Samper y a su entonces ministro Horacio Serpa de ser los responsables, duda de la versión de los ex-Farc. Hasta el propio Samper, que insistía en una hipótesis que involucraba a militares en el magnicidio, se muestra sorprendido y, como es lógico, todos dicen que los ex-Farc tienen que probar ante la JEP que fueron ellos los autores del magnicidio.

Sin embargo, como dice un amigo mío, “lo único lógico es la verdad”. Entonces, examinemos las teorías:

¿Es lógico, como dicen los Gómez, que las críticas de Álvaro Gómez y sus editoriales en El Siglo tuvieran en jaque al gobierno de Samper y que, por ello, él y Serpa quisieran eliminarlo? No es lógico, primero, porque tres de los ministros de Samper eran alvaristas. Segundo, porque el gobierno tenía opositores de alto calibre, que aparecían en medios con mucha más audiencia que El Siglo. Y, tercero, porque Samper y Serpa pueden tener muchos defectos, pero no han sido ni serán asesinos.

¿Es lógica la teoría de Samper que apunta a que como Gómez se habría negado a participar en un golpe de Estado en su contra, algunos militares lo habrían matado porque, al estar informado del plan, si seguía vivo, quedaba un cabo suelto sobre la conspiración? No es lógico, porque Álvaro Gómez era el político más querido y admirado por los militares, y no es creíble que quisieran asesinar a su inspirador.

¿Es lógica la versión de los ex-Farc de que ellos mataron a Álvaro Gómez? Por una parte, no debe ser fácil, y más para un senador como Julián Gallo, declararse culpable de tan atroz crimen. Por otra parte, si se tiene en cuenta el móvil que dicen que hubo, esto es, el discurso de Gómez en el parlamento, que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a bombardear las que Gómez llamó “repúblicas independientes”, lo cual, según Gallo, “fue el detonante (de) una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos”; si se piensa que los ex-Farc perderían los beneficios y tendrían que pagar muchos años de cárcel si fueran falsas sus declaraciones ante la JEP; si se considera que los ex-Farc no tendrían razones para beneficiar a Samper, y si se tiene en cuenta el libro Cartas y documentos, de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998), mencionado por el uribista José Obdulio Gaviria en dos columnas publicadas en El Tiempo en julio de 2012, donde hay varias referencias de Tirofijo al homicidio de Gómez Hurtado, entonces la hipótesis de que a Álvaro Gómez lo mataron las Farc suena como la más lógica.

Ahora, quedan varias preguntas: ¿por qué si José Obdulio, en una de sus columnas, citó esta frase de Tirofijo: “Lo de la muerte del señor de las ‘repúblicas independientes’ creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber”, no denunció entonces a las Farc como autoras del magnicidio? ¿Por qué la Fiscalía del 2012 nunca investigó lo revelado por Gaviria? ¿Por qué lo callaron? ¿O no se enteraron?

Llegó la hora de que todos digan la verdad.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

OCT 02 DE 2020

El mundo no ha olvidado el Acuerdo de Paz

El apoyo internacional al Acuerdo de Paz es aún tan contundente, que al presidente Duque le queda muy mal seguir manteniendo una doble actitud al respecto.

Dicho apoyo fue evidente en la conferencia “El mundo exige paz”, organizada por Defendamos la Paz, donde participaron cuatro premios nobel, representantes de la ONU, la Unión Europea, los países garantes, los notables y delegados de Georgetown University y de los parlamentos de Alemania, España y EE. UU.

He aquí algunos extractos de sus palabras.

Premios nobel de Paz:

José Ramos-Horta, Timor Oriental: “Se cuán difícil es perdonar y reconciliarse con aquellos que asesinaron a nuestros hermanos, violaron a nuestras hermanas, torturaron a nuestros parientes, desaparecieron a nuestros hijos (…) Pero (…) cuanto más dure el conflicto, más profundas serán las cicatrices del alma y por lo tanto más difícil borrar las pesadillas, los recuerdos”.

Jimmy Carter, EE. UU.: “No existe mayor obligación tanto para un gobierno como para sus ciudadanos que cumplir la promesa de terminar con la violencia”.

Denis Mukwege, República Democrática del Congo: “La paz y la democracia corren peligro cuando se intimida y asesina a los que defienden los derechos de los demás”.

Juan Manuel Santos, Colombia: “La paz, por encima de los partidos”.

Unión Europea:

Eamon Gilmore, enviado especial para el proceso de paz: “El Acuerdo fue apenas el principio. Como ha ocurrido en otros procesos de paz, el verdadero trabajo comienza después de la firma”.

Naciones Unidas:

Carlos Ruiz Massieu, representante en Colombia del secretario general: “Desde la ONU insistimos en más y mejores mecanismos de prevención, protección y seguridad, muchos de ellos previstos en el Acuerdo de Paz (...) (Este) se firmó como una apuesta integral (…) en la que la interconexión de sus puntos es la que permitirá que el avance en el desarrollo rural consolide el proceso de reincorporación; que las víctimas, además de satisfacer sus derechos, puedan tener mejores oportunidades económicas o participen en política; o que la presencia integral del Estado sea la mejor estrategia para la no repetición”.

Los garantes:

José Luis Ponce, embajador de Cuba: “Mi gobierno (…) reitera su compromiso con la búsqueda de una solución a las interrumpidas negociaciones entre el Estado colombiano y el Eln”.

Dag Nagoda, ministro consejero de la Embajada de Noruega: “Los acuerdos representan una totalidad que hay que implementar integralmente (...) Hoy día, lo que más nos duele son los asesinatos de los líderes sociales y de los excombatientes (...) Como país garante, para Noruega, es insoportable que en el medio de la implementación de los acuerdos se sigue matando a quienes los firmaron (…) La producción de víctimas tiene que parar (...) En el fondo, de esto se trata la implementación del Acuerdo de Paz.”

Los notables:

Felipe González, España, sobre las disidencias: “Se trata de gente que traicionó su compromiso con la implementación, pero es una mínima parte. El 95 % sigue con el esfuerzo de paz y algunos lo han pagado con su vida”.

Pepe Mujica, Uruguay: “Este proceso tiene muchas dificultades (…) Es grandioso lo que se ha logrado y grandioso lo que queda por hacer (…) El narcotráfico no se va a arreglar solo con fumigaciones. Se tiene que enfrentar con alternativas y las alternativas son todo lo que dispuso el Acuerdo de La Habana sobre la tierra (…) No se puede tener la mezquindad de torpedearlo”.

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 25 DE 2020

Terquedad antidemocrática

No puede llegar en mejor momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la protesta pacífica y en contra de los abusos (léanse asesinatos y golpizas), que la policía y el Esmad han cometido contra algunos manifestantes. Porque dos policías sometieron a punta de descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez y lo mataron a golpes en un CAI, en presencia de cinco policías más; y cerca de diez jóvenes murieron en la capital, seguramente por las balas perdidas disparadas a la loca por los policías en las protestas que ocurrieron a raíz de la rabia despertada en la población por el asesinato de Ordóñez. Y justo pocos días después de eso, el presidente Iván Duque no solo no se solidarizó de manera inmediata con las víctimas, sino que apoyó a la Policía y al ministro de Defensa: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy —dijo—, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la Policía, sino también del señor ministro de la Defensa”, etc. Como si no bastara semejante declaración hecha en medio del dolor de las víctimas y de la ira de buena parte del país, Duque salió en los noticieros disfrazado de policía, con lo cual avaló, de manera subliminal, los atropellos que estaban cometiendo. De manera que, en este momento, la sentencia de la Corte es un freno al Gobierno en su carrera hacia el recorte de las libertades y la restricción de la democracia.

Porque la Corte fue muy clara en que el Esmad debe suspender el uso de escopetas calibre 12, en que de parte de este y del Gobierno ha habido “sistemáticas agresiones” que amenazan el derecho a manifestarse, y en que el ministro de Defensa debe pedir perdón por los abusos cometidos en las protestas de noviembre del año pasado, cuando un policía asesinó al joven Dilan Cruz. Y eso que la Corte no analizó el asesinato de Ordóñez ni las muertes por balas perdidas ocurridas este mes.

Sin embargo, al cierre de esta columna, el Gobierno insistió en su odiosa y provocadora terquedad, pues en una declaración dada desde la Casa de Nariño por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien apareció acompañado por el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, se anunció que el ministro no solo no va a pedir perdón, sino que el Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo de la Corte Suprema porque, según dice, el Esmad como institución no comete excesos, pues actúa con base en protocolos, sino que ocurren casos puntuales en los que sus miembros incumplen las normas.

O sea que siguen montados en el mismo cuento de las manzanas podridas, cuando es evidente que en la Policía hay, por lo menos, una falla grave en la selección de sus miembros, su formación y los principios que les inculcan.

Si el presidente Duque y su ministro de Defensa siguen diciéndose mentiras y ocultando el sol con las manos, el país va a explotar. Y ellos continuarán preguntándose por qué, si a sus ojos todo anda divinamente.

Nota. Los invito mañana sábado, entre 8:30 a.m. y 1 p.m., a la conferencia “El mundo exige paz”. Hablarán, entre otros, además de miembros del Gobierno y de los equipos negociadores, los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad y cuatro premios nobel de Paz, incluido Juan Manuel Santos, quien dialogará con los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González. ¡No se la pierdan! Facebook Live, YouTube, @Defendamoslapaz y La Línea del Medio.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 18 DE 2020

Íngrid y Pacho de Roux lograron el milagro

A los cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz, por fin los dirigentes del partido FARC entendieron y, lo más importante, sintieron el inmenso dolor y el mal tan hondo que les causaron a sus víctimas y a la sociedad colombiana con el secuestro.

El milagro lo produjo la entrevista que, con su enorme profundidad espiritual, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le hizo a Íngrid Betancourt, quien duró seis años y medio secuestrada por las Farc, encadenada gran parte del tiempo, humillada y privada no solo de su libertad sino de su dignidad.

El choque que en la conciencia de los ex-Farc produjeron las profundas preguntas de Pacho de Roux y las brillantes, humanas y filosóficas respuestas de Íngrid se constata en la declaración que emitieron sus dirigentes una vez vieron la entrevista, pues en ese texto, por primera vez, llaman las cosas por su nombre y no justifican el secuestro con la disculpa de que era un arma de la guerra.

Así como hace poco escribí una dura columna en la que criticaba la renuencia de los ex-Farc a reconocer el reclutamiento de menores de edad y los abusos sexuales cometidos por algunos, hoy destaco que en su declaración sobre el secuestro hicieron afirmaciones como estas:

“Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”.

“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad (…) Tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de (…) cada uno de nosotros”.

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre”.

Finalmente, los dirigentes del partido FARC se comprometen a “rendir cuentas ante la justicia” y a “invertir cada día del resto de (sus) vidas (en) recomponer el mapa de los desaparecidos y buscar sus restos para entregarlos a sus seres queridos”.

Ese lenguaje sin arrogancia y ese arrepentimiento son lo que el país espera en las declaraciones y actitudes de los ex-Farc. Pero aún les queda un largo camino por recorrer: aun cuando parece que ya algunos comenzaron a hacerlo, todavía deben reconocer y aceptar ante sí mismos, con igual arrepentimiento, el dolor y el mal tan grande que les causaron a tantos niños y niñas que, por una razón u otra, con una justificación u otra, ellos permitieron que se involucraran en la guerra. Reconocer esa verdad que tanto les cuesta, porque en muchos casos atenta contra sus propios principios, no les hace daño. Al contrario: los enaltece y los libera. Por eso vale la pena recordar lo que uno de los firmantes de la declaración le dijo a Pacho de Roux, según le contó él a Yamid Amat: “Siento que nosotros, los de las Farc, al firmar este documento nos hemos salido de una cárcel de alambre en la que nosotros mismos estábamos metidos. Estábamos encerrados en el pasado y hoy nos hemos abierto hacia el futuro con una enorme decisión”.

Por ello es importante reconocer el gesto de los dirigentes del partido FARC, impulsarlos a que sigan por ese camino, a ver si un día, por fin, las víctimas y el país consiguen perdonarlos. Y hay que darles las gracias por haber obrado el milagro a Íngrid Betancourt, a la Comisión de la Verdad y a Francisco de Roux, a quien el país no imagina aún cuánto tendrá que agradecerle en el futuro.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 11 DE 2020

Ojo a la propuesta de Santos

No podemos ser tan idiotas como para ignorar la propuesta hecha por el expresidente Juan Manuel Santos —tanto en su interesante libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis, como en las entrevistas que ha dado a propósito de la publicación del mismo— de abrir un diálogo constructivo con el expresidente Álvaro Uribe y con el presidente Iván Duque, con miras a lograr un gran acuerdo nacional sobre los temas claves del país. Este acuerdo sería apoyado por la oposición y por los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical, y permitiría superar la polarización, condición indispensable para avanzar después de esta pandemia que ha hecho retroceder a Colombia 20 años en sus indicadores de pobreza y desempleo. Y, además, para atajar de nuevo la violencia, que en este año ha crecido de manera galopante por la inacción del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz y por su falta de comprensión de las causas del problema.

La propuesta de Santos, por demás sencilla —si Uribe se despojara de su odio, y si Duque superara su inseguridad y dejara, por ejemplo, esa bobada de no mencionar por su nombre a Santos (único nobel colombiano vivo, además)—, consiste en encontrar comunes denominadores sobre temas como los siguientes: la reforma política, la reforma electoral y el primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con el desarrollo rural, pues es en el campo donde están concentradas la violencia y la pobreza.

Dice el expresidente que lo anterior ambientaría la posibilidad de realizar acuerdos adicionales, por ejemplo, sobre una reforma tributaria progresiva que se va a necesitar, o sobre la necesidad de no basar el desarrollo, de ahora en adelante, en los combustibles fósiles, sino en lograr que este sea sostenible.

Santos insiste en que “si el presidente Duque quiere dejar un legado, tiene que unir al país”. Y eso es obvio. En su libro explica que la causa con la que puede lograrlo es la paz, esto es, el cumplimiento del Acuerdo, con lo cual, según lo ha repetido Duque, está comprometido.

Ese acuerdo, dice Santos, no solo tendría el respaldo de la inmensa mayoría de las vertientes políticas y de la comunidad internacional, sino que permitiría arreglar los problemas del campo y de los cultivos ilícitos, “generaría apoyo para una reforma política que abarque la justicia y el régimen electoral”, facilitaría “avanzar hacia un país más igualitario” y “sentaría las bases para una transición rápida y efectiva —muy necesaria— hacia una economía justa, verde y sostenible”.

Para conseguir semejante milagro, solo se necesitaría que los dos, Santos y Uribe, acompañados por Duque y ayudados por un buen terapista de pareja, se sentaran a dialogar…

¡Ojalá la Virgen de Chiquinquirá nos concediera el milagrito! Porque si no, el país seguiría por el despeñadero, en caída libre, como va…

A propósito del libro de Santos, cuya lectura recomiendo, vale la pena destacar que, en la mayor parte del texto, el autor actúa como periodista y entrevista a especialistas destacados en los diferentes temas, que le dan objetividad al libro: Ana María Ibáñez en pobreza, Salomón Kalmanovitz en economía, Moisés Wasserman en educación, Alejandro Gaviria en salud, Julio Carrizosa en medio ambiente y a Rodrigo Londoño le pregunta sobre la paz. Volver a encontrar al Santos periodista, para mí, es de las cosas más interesante de ese libro.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

SEPT 04 DE 2020

Una pregunta para el fiscal Barbosa

La vieja y entrañable amistad que existe entre el presidente Iván Duque y el fiscal Francisco Barbosa se describe bien en el interesante libro Iván Duque. De frente y a fondo, de Diana Calderón. Allí, en una larga entrevista, la periodista logra que Duque se muestre como es, un personaje incoloro, lleno de lugares comunes, con nula capacidad de autocrítica, muy religioso (su oficina está llena de imágenes de la Virgen), apasionado desde niño por la política y los discursos, muy cercano a su padre, estudioso y amante del rock: “Escucho rock de todo tipo, aunque me gustan la salsa, los vallenatos, el pop, las rancheras, el tango”, dice. “En fin, soy un melómano empedernido y mis hijos me han enseñado a disfrutar mucho el reguetón”, agrega. (¡Melómano, pero, por lo visto, no se le ocurre oír a Beethoven, ni a Mozart, ni a Bach…).

Sobre la larga amistad entre el presidente y el fiscal general, Diana Calderón nos cuenta que, todos los días, a las 5:20 a.m., Duque recogía a Barbosa, a quien cariñosamente llama Pacho, para ir a la ahora famosa Universidad Sergio Arboleda, seleccionar un buen puesto y, en el camino, escuchar discursos de John F. Kennedy, Jorge Eliécer Gaitán, Alberto Lleras, Luis Carlos Galán y Alberto Santofimio. Pero no todo lo que oían era tan “intelectual”: “A veces le metíamos musiquita”, cuenta el presidente.

El libro revela, además, la idolatría que siente Duque por su jefe. Sobre él dice: “Para mí la definición de Álvaro Uribe es honorabilidad”.

Y sobre el proceso contra Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, que cuando se escribió el libro estaba en la Corte Suprema, el presidente afirma: “Como colombiano siempre he creído que la presunción de inocencia parte de la base de poder defenderse en libertad, mucho más cuando se ha demostrado en vida su entrega al país, incluyendo sus dos gobiernos, donde Colombia recuperó su viabilidad institucional gracias a la Seguridad Democrática”. “Una medida de aseguramiento, en mi opinión, debe ser excepcional y para personas cuya criminalidad probada represente una amenaza a la justicia, a la sociedad. Me duele, y por eso invito a la reflexión”.

¿No sería mucho más conveniente para el país, para la credibilidad de la justicia y para usted mismo que se deshiciera de esa papa caliente y se declarara impedido?

Piénselo, doctor Barbosa.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

AGOSTO 28 DE 2020

 

A Duque le quedó grande

Ahora que las masacres van en un ascenso vertiginoso, a pesar de que el presidente Duque niegue la evidencia, recuerdo el único encuentro que, sin yo buscarlo, tuve con Carlos Castaño, el temido jefe de los paramilitares y ordenador de la mayoría de las masacres que ocurrían en el país, las cuales sus colaboradores llamaban “objetivos militares múltiples”, así como Duque las denomina “homicidios colectivos”.

Sucedió a mediados de septiembre del 2002, cuando gobernaba Álvaro Uribe. Yo había viajado a Córdoba invitada por una antigua presa de las Autodefensas a quien había entrevistado para mi libro Las mujeres en la guerra, pues quería que me llevara a conversar con adolescentes paramilitares, ya que estaba investigando por qué los niños se iban a la guerra. Me acompañaban la actriz Carlota Llano y la fotógrafa Claudia Rubio. Cuando estaba realizando los reportajes en un hospital paramilitar localizado al frente de una escuela de Tierralta, me interrumpió mi anfitriona y me dijo: “Tenemos que irnos: el jefe quiere verla”.

Me dio pánico: años antes, yo había estado en varias listas de amenazados, seguramente elaboradas por él. Le pedí que me permitiera antes hacer una llamada. Me comuniqué con Carlos, mi compañero, le conté lo que iba a ocurrir y le dije:

“Si esta noche no he aparecido, ya sabes dónde estoy”.

Castaño nos recibió en la finca que tenía por la ruta hacia San Pedro de Urabá. Llevaba jeans y camisa Lacoste roja. Con él estaban su guardia personal y un coronel retirado de la Policía. Conversamos dos horas. Me reclamó por varios artículos que yo había escrito. Entre las muchas cosas que me dijo, afirmó:

Obviamente, hoy el fenómeno es distinto: sucede que después de la desmovilización de las Farc, que ejercían control en esas zonas, se creó en ellas un vacío de poder que no llenó el Estado, y entonces permitió que allí llegaran bandas que se disputan el control territorial de los negocios del narcotráfico y de la explotación del oro, el cual, con los altos precios que ha alcanzado, está a punto de desbancar al negocio de la coca.

Pero es curioso que donde ocurren la mayoría de masacres (Nariño, Cauca, Catatumbo) y donde más líderes sociales matan es donde hay más presencia militar y policial. ¿Entonces qué sucede? ¿Será que la fuerza pública vive divorciada de la población, aislada y encerrada en sus cuarteles? (Ahora recuerdo a un policía que en Cáceres, Bajo Cauca, me dijo el año pasado que a ellos ni siquiera les vendía arepas la señora del mercado). ¿O será que sí saben quiénes son y dónde están los jefes de las bandas en sus zonas, pero se hacen los locos, bien sea por miedo, porque sienten que no tienen garantías jurídicas o porque han sido sobornados? ¿O será que el Gobierno no ha diseñado una estrategia para combatir el fenómeno porque sencillamente no entiende lo que pasa en el país y se quedó en la película de que todo es culpa de “la Far”?
Yo no sé. Pero lo que es innegable es que Duque perdió el control, sencillamente no sabe en qué país vive y menos aún cómo es el país que debe gobernar.

Le quedó grande.

@patricialarasa

 

PATRICIA LARA

AGOSTO 14 DE 2020

 

AL OÍDO DEL PARTIDO FARC

Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso. Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.

Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.

En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.
Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.
Además de ser la actual ministra de Justicia, Cabello pasó por la Corte Suprema de Justicia. La elección de Procurador ahora queda en terrenos del Congreso
Margarita Cabello es la candidata de Iván Duque para la Procuraduría
El expresidente anunció que ya había superado la enfermedad. Además, lanzó duros comentarios en contra de magistrados.
“No entiendo por qué la Corte no ha llamado al Tuso Sierra”: exagente de la CIA sobre caso Uribe
Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.

Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

AGOSTO 07 DE 2020

 

EL QUE LAS HACE SE LAS IMAGINA

 

La justicia es para los de ruana, dice el dicho. Sin embargo, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, dictada por unanimidad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal, parece contradecir ese adagio popular. Digo parece porque con esa decisión —basada, según afirmó la Sala en su comunicado, en abundantes pruebas que son parte de la reserva del sumario— se ha formado tal alboroto, que el Centro Democrático no se resigna y hará todo lo posible para deslegitimar la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte, inventándose infundios tan absurdos como que se trata de una conspiración de la izquierda y del resultado de un pacto celebrado entre el gobierno de Santos y las Farc. Entonces, como en este caso no les conviene, no acatan la institucionalidad y salen con el absurdo de que van a promover la convocatoria de una constituyente para reformar la justicia, cuando, esta vez, lo único que sucedió fue que la justicia funcionó de acuerdo con la ley.

Pero miremos los hechos: en primer lugar, el proceso contra Uribe se produjo porque él demandó al senador Iván Cepeda por soborno de testigos a raíz de un debate que Cepeda le hizo en el Congreso. La Corte no encontró méritos, dictó auto inhibitorio y, en cambio, halló indicios de que quien podría estar sobornando testigos era Uribe contra Cepeda. Es lo que en psicoanálisis se llama proyección: que el que las hace se las imagina.

En segundo lugar, los magistrados de la Sala que dictaron la medida contra Uribe fueron elegidos por la Corte durante el gobierno del presidente Iván Duque y son funcionarios de trayectoria en la Rama Judicial. Nada que ver con Santos. El magistrado César Augusto Reyes, por ejemplo, ponente en este caso, es especialista en derecho penal de la Universidad Nacional; doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires; formado en EE. UU. y Puerto Rico en sistema acusatorio, juicio oral y metodología de la enseñanza; fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22, defensor público por 13 y coordinador académico de barras de defensores públicos. Los otros cuatro magistrados tienen hojas de vida similares.
Ahora, que a la senadora Paloma Valencia le quepa en la cabeza que un hombre tan respetable como Humberto de la Calle hubiera podido pactar en La Habana que las Farc firmaran el Acuerdo de Paz a cambio de que Uribe fuera a prisión (¡que no es prisión, es El Ubérrimo o su casa de Rionegro!) es un disparate descomunal que sólo puede ocurrírsele a los fanáticos.
Un tema pendiente a dos años de la presidencia de Iván Duque es el tema del Eln, además no hay signos de resolución.
El presidente Duque y el Eln
El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramienton en contra del expresidente quien es investigado por soborno y fraude procesal
Álvaro Uribe solicita a la Corte Suprema que todo su expediente sea público
El presidente se niega a borrar su mensaje sobre la Virgen y el Tribunal de Cali insiste en que lo haga. 
Polémica por trino de Duque sobre Virgen de Chiquinquirá llega a la Comisión de Acusación
Con este caso de Uribe no pasó nada especial. Como lo dijo un editorial de El Espectador, “la pregunta jurídica es sencilla, aunque el ruido del debate público quiera oscurecerla: ¿tuvo algo que ver el expresidente con el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal concluirá en una condena por fraude procesal. Si es negativa, el expresidente será absuelto. ¿Por qué tantos aspavientos frente a un proceso judicial apenas natural?”.

No obstruyan las instituciones, señores del Centro Democrático. Dejen que la justicia funcione.

*

Hoy se conmemora el centenario del nacimiento del gran Otto Morales Benítez, escritor prolífico, liberal de convicción, varias veces ministro, parlamentario, testigo de todas las violencias, ser humano como pocos, amigo de verdad. Cómo hacen de falta sus tertulias, sus opiniones inteligentes, su sonora carcajada…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 24 DE 2020

La propuesta de Humberto

En una columna titulada “Centroizquierda”, el excandidato Humberto de la Calle lanzó el domingo la única propuesta que podría impedir que el arca de Noé en la que navegan los divididos sectores de centro y de izquierda naufrague en las elecciones del 2022 y, con ellos, se hunda durante décadas la posibilidad de conseguir la paz completa.

En resumen, De la Calle plantea que, para las elecciones del 2022, se construya una coalición con un programa compartido, que aleje los riesgos de que Colombia caiga en los extremos. Humberto dice, primero, que los posibles integrantes de esa coalición de centro y de izquierda moderada señalen sus líneas rojas; esto es, sus puntos no negociables. Después, que fijen las metas concretas de un gobierno de coalición; es decir, que elaboren un programa conjunto, el cual no es tan difícil construir. Luego, que se comprometan ante la opinión a que el candidato, cualquiera que sea, gobernará con ese programa y lo ejecutará colectivamente con los miembros de la coalición. Y, finalmente, que determinen las reglas para elegir al candidato.

Esa propuesta es interesante porque permite morigerar el tema de los egos de los aspirantes, que es lo que de verdad torpedea las posibilidades de unión del espectro del centro y del centroizquierda. Lo que haría falta es que los precandidatos dieran el primer paso, el más difícil de todos, que consiste en que decidan si están dispuestos a pensar en el país antes que en sí mismos y a comprometerse a impulsar un programa común, así cada uno de ellos no sea el que resulte ungido como candidato único de ese sector mayoritario de la opinión.

Ahora lo urgente es diseñar la mecánica para poner a marchar la propuesta. Primero, podría conformarse una comisión en la que participaran algunos precandidatos o sus delegados y buscar a un experto facilitador, ojalá extranjero, que estaría presente en las reuniones. Sería estupendo, por ejemplo, que pudieran reunirse, inicialmente, Sergio Fajardo o un delegado suyo (como Iván Marulanda), De la Calle, Alejandro Gaviria, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo, quienes determinarían a qué otros precandidatos invitarían a participar en la construcción del programa común: por ejemplo, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Carlos Amaya, Antonio Sanguino, Jorge Londoño, Clara López, Mauricio Cárdenas, Fernando Carrillo, en fin… Luego, todos elegirían una subcomisión que compaginaría las distintas propuestas programáticas. Una vez acordado el programa común, se discutiría cómo se escogería al candidato: si mediante consultas interpartidistas, rondas de encuestas, etc. En ese momento, los electores ya no escogerían entre las propuestas, porque todos tendrían el mismo programa, sino entre las condiciones de cada uno: su inteligencia, simpatía, confiabilidad, conocimiento de los temas, etc.

Es urgente trabajar en esa dirección. No se puede perder tiempo. De lo contrario Álvaro Uribe, con su gran habilidad política, encontraría la forma de hacer converger a los candidatos de extrema derecha (Paloma Valencia, Rafael Nieto, Paola Holguín, etc.) y a los de la derecha (Marta Lucía Ramírez, Álex Char, Federico Gutiérrez y demás), para derrotar, otra vez, a Gustavo Petro, quien sería el que pasaría a segunda vuelta si esa gran mayoría, compuesta por el centro y la izquierda moderada, no es capaz de presentarse con un solo candidato a la primera vuelta.

Así que apúrense.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 17 DE 2020 

¡Respeto para Francisco de Roux!

 

 

Los últimos ataques a la Comisión de la Verdad y a su presidente, el padre Francisco de Roux, revelan un plan para minar su credibilidad.


Primero fue el calumnioso trino de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien luego de haber sido parte de la construcción del Acuerdo de Paz, en la medida en que ocupó, durante siete años, cargos claves en los gobiernos de Santos —secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador en Washington—, renunció para lanzar su candidatura presidencial y lo traicionó.

En ese trino, Pinzón afirmó nada menos que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, una calumnia que estigmatizó a sus miembros y que puso en peligro su vida. A propósito, vale la pena que Pinzón recuerde al presidente Alberto Lleras, cuando decía que un discurso en el parlamento equivale a 20.000 muertos en las veredas.

Y lo segundo fue la grosera petición de Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que Francisco de Roux renuncie a la Presidencia de la Comisión de la Verdad. Miren el irrespetuoso tonito que utiliza: “Padre Francisco de Roux, si usted no puede con esto, apártese del cargo, pero necesitamos que le diga la verdad al país”.

En primer lugar, seguro el representante Rodríguez no sabe que la función principal de la Comisión de la Verdad es rendirle al país, al final de su mandato, en diciembre del 2021, un informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado para que, una vez conocidos los hechos y sus razones, no los repitamos. De manera que mal pueden pedirle ahora resultados a la Comisión de la Verdad. Solo será a finales del año entrante, una vez rendido el informe, cuando se podrá evaluar su gestión.

Y, en segundo lugar, seguro el representante Rodríguez tampoco sabe que el padre De Roux es un hombre cultísimo, graduado en Filosofía y Letras y Economía, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado en Economía de la Universidad La Sorbona, de París. Fue, además, Premio Nacional de Paz y jefe de los jesuitas en Colombia. De modo que sus credenciales académicas, su conocimiento del país y su inmensa calidad humana lo hacen el mejor presidente posible de la Comisión de la Verdad.

Así que más vale que Rodríguez compare su hoja de vida con la de Francisco de Roux y guarde silencio. Y más vale que Pinzón tenga en cuenta, como exministro de Defensa, la sangre que, por culpa de las estigmatizaciones, se ha derramado en Colombia y rectifique.

Notas. Felicitaciones a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, por su muy merecido y prestigioso premio Maria Moors Cabot. Gracias a sus investigaciones, se han destapado las “chuzadas”, la corrupción en sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Ese, el de Ricardo, es el periodismo que Colombia necesita.

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PATRICIA LARA

JULIO 10 DE 2020 

Presidente, no desperdicie esta oportunidad de paz

Más tardaron el Consejo de Seguridad de la ONU, el papa y hasta el Eln en proponer un cese al fuego de tres meses por razones humanitarias, que el presidente, Iván Duque, en responder que no.

Esas salidas destempladas de Duque ante las pequeñas ventanas que se le abren a la paz completa son ya un leitmotiv de su retórica. Sin embargo, vale la pena recordar la cronología de los hechos e insistir en que tanto Duque como el Eln entren en razón.

El 1° de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, expidió una resolución en la que insta a un cese general e inmediato de las hostilidades en todas las situaciones, y “exhorta a todas las partes en los conflictos armados para que se comprometan inmediatamente en una pausa humanitaria duradera, durante al menos 90 días consecutivos, a fin de permitir la prestación de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad, sin obstáculos y de forma sostenida”.

El 2 de julio, Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expidió un comunicado en el que recuerda que el cese unilateral declarado por el Eln en abril, “junto con la ausencia de operaciones militares contra ese grupo por parte de la fuerza pública, resultó en la reducción de la violencia en algunas zonas del país y, por lo tanto, en un alivio en las condiciones de muchas poblaciones afectadas por el conflicto”, y agregó que “la resolución del Consejo de Seguridad brinda una nueva oportunidad para redoblar los esfuerzos en esta dirección”.

El 5 de julio, el papa calificó de “encomiable el llamamiento a una cesación del fuego, que permitiría la paz y la seguridad indispensables para prestar la asistencia humanitaria que se necesita con tanta urgencia”, y afirmó “que esta resolución del Consejo de Seguridad puede convertirse en un valiente primer paso para el futuro de paz”.


Colombia cuenta con 1.200 intensivistas que, antes de la emergencia, ya atendían 5.346 camas de 390 unidades de cuidados intensivos. Con la emergencia sanitaria, y la falta de personal calificado, se pusieron en marcha capacitaciones a otros especialistas para apoyar los servicios de cuidado crítico.
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El 7 de julio, el Comando Central del Eln, en respuesta a los llamados del Consejo de Seguridad de la ONU y del papa, le propuso a Duque “pactar un cese al fuego bilateral por 90 días” y agregó que en caso “de pactarse este cese bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Eln”.

Pero horas después de expedido el comunicado, Duque respondió con un trino: “Nuestro Gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El Eln es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas. Colombia les exige que liberen a los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”.

Es decir, guerra y más guerra.

Ya es hora de que tanto el Eln como el presidente recapaciten: si bien es cierto que el primero ha empezado a recibir golpes contundentes del Ejército (la muerte, hace semanas, de un importante comandante de esa organización y la captura de varios responsables del atentado a la Escuela de Policía General Santander), también lo es que el Eln tiene una gran capacidad de hacerle daño al país y al Gobierno, y que, en los territorios, la gente clama porque se dé ese cese al fuego, para que los pocos recursos del Estado puedan dedicarse a controlar la pandemia.

De modo que a ambos les conviene dejar la terquedad y pactar ese cese al fuego humanitario y bilateral, que debería ser también un cese a las hostilidades, con lo cual el Eln tendría que dejar de secuestrar y reclutar menores.

Pero deberían pactarlo ya.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JULIO 03 DE 2020 

¿Manzanas podridas o sociedad podrida?

 

“¿Qué fallas hay en la cultura colombiana y en la educación que brinda el Ejército a sus miembros como para que por lo menos siete soldados participen en la violación de una niña de 12 años?”, preguntaba la semana pasada El Espectador en un editorial titulado “Dejemos de hablar de monstruos y vamos al fondo”, escrito a propósito de la violación de una niña embera chamí, ocurrida hace poco en Risaralda.

Y ahora, luego de conocida la revelación hecha por Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV, sobre el caso de una indígena nukak de 15 años que en septiembre pasado, en Guaviare, habría sido secuestrada y violentada sexualmente durante cuatro días por “integrantes del Ejército que la llevaron al sitio del campamento” y, sin que le dieran “de comer ni de beber, luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera”, según dice el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, El Espectador tendría que repetir su pregunta, pero con más contundencia: ¿qué aberraciones hay en nuestra sociedad y en la formación que el Ejército les da a sus miembros para que esos horrores sucedan?

Lo primero que hay que decir es que la violación denunciada por Ávila se suma a cuatro casos más de niñas indígenas presuntamente violadas por soldados en Guaviare. Los hechos los investigó la Defensoría del Pueblo debido a denuncias que la comunidad hizo sobre el comportamiento de soldados con niñas del resguardo de la comunidad nukak.
Los interesados podrán ser parte del programa ofrecido por APPS.CO, del Mintic. Mediante este recibirán asesorías personalizadas, herramientas digitales y talleres de relacionamiento virtual, entre otros beneficios.
Emprendedores tienen hasta el 10 de julio para inscribirse a asesorías virtuales y gratuitas
Francisco Barbosa confirmó que estuvo en San Andrés con su hija y una amiga cercana de ella, ambas menores de edad. Dijo que él cubrió los gastos del viaje y que está dispuesto a responder ante la Comisión de Acusación.


Tres respuestas que dio el fiscal Francisco Barbosa sobre su viaje a San Andrés
El exdelantero de Santa Fe fue diagnosticado hace unas semanas con COVID-19 y se encuentra hospitalizado y luchando contra el virus. Esta anécdota, de hace seis años, resume la personalidad del argentino campeón con el cuadro cardenal en 1975.
Juan Carlos Sarnari y una tarde de fútbol y asado
Por lo visto, es frecuente que las víctimas de violación sean niñas indígenas y que los violadores sean soldados. Ello no significa que paramilitares, guerrilleros y disidentes no lo sean también. Según le dijo a W Radio el líder embera Gerardo Jumí, “el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, pero es invisibilizado y silenciado”.

Es decir que en esta sociedad machista, patriarcal y racista, que desprecia a los indígenas, en el fondo no es tan mal visto violar a niñas indígenas… De ahí que los delitos sexuales contra ellas sean silenciados o minimizados, sobre todo si quienes los cometen son miembros del Ejército.

Si no fuera así, ¿cómo se explica que luego de diez meses de que la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Procuraduría conocieran la denuncia de la violación de la niña nukak, aún hoy repose en la Fiscalía Segunda de San José del Guaviare sin que se haya avanzado en la investigación y sin que hayan capturado a ninguno de los militares responsables de los hechos

¿Y cómo se explica que en el caso de la violación de la niña embera la Fiscalía haya procesado a sus autores solo por acceso carnal abusivo y no por secuestro y acceso carnal violento, y que los violadores se encuentren recluidos en el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, y no en una cárcel común, como si el delito que se les imputa hubiera sido propio del servicio?

Se equivocan quienes pretenden minimizar y silenciar estos hechos tan graves cometidos por miembros del Ejército; lo que las autoridades deben hacer es justamente lo contrario: denunciar a los responsables no solo ante la justicia, sino ante la opinión y destituirlos de manera pública y fulminante, de manera que se produzca un escarmiento y una sanción social que comience a cambiar los patrones culturales que conducen a que esos horrores sucedan.

Porque si bien es muy grave que cualquiera viole a un menor, lo es mucho más si la víctima es una indígena discriminada y si los violadores son miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 26 DE 2020 

Las vergonzosas perlas del libro de Bolton

El capítulo sobre Venezuela del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra el irrespeto de Trump a la soberanía latinoamericana, el fracaso de su política hacia nuestro país vecino, su falta de simpatía por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, la apuesta equivocada de Colombia con respecto a Maduro y el arrodillamiento del gobierno de Iván Duque ante Trump, con una excepción, equivocada también: cuando en una reunión Trump planteó que le gustaría reunirse con Maduro, Duque le dijo que sería un error hacerlo.

El hecho de que la soberanía de Venezuela y, por ende, de los demás países de América Latina le importa un carajo al actual presidente de EE. UU. se evidencia en esta frase de Bolton: “Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y, luego, quedársela porque ‘es realmente parte de los Estados Unidos’”.

Semejante frase no puede pasar desapercibida. Los países de la región, incluidos los del Grupo de Lima y de la OEA, tendrían que protestar, pues una cosa es que rechacen el gobierno ilegítimo de Maduro y otra muy distinta que estén de acuerdo con la intención de Trump de anexarle a EE. UU. una nación latinoamericana.

Bolton reconoce el fracaso de la política estadounidense en Venezuela cuando dice, por ejemplo: “Llegué a la conclusión de que estos generales nunca tuvieron la intención de desertar”; o cuando, refiriéndose al fallido intento de levantamiento del 30 de abril del año pasado, comenta: “En Venezuela, ese día, todo se fue por la borda”.


El gobierno de Nicolás Maduro elevó ante la Corte Penal Internacional sus reclamos por las sanciones que Washington ha aplicado contra su país “en medio de la pandemia” del coronavirus.
Venezuela amplía su denuncia ante CPI por sanciones de Estados Unidos
Las memorias del exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca describen una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleno de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y a la eficacia de la estrategia que lideró Colombia contra Maduro.
Colombia y Venezuela, protagonistas en el libro de John Bolton
El presidente de Estados Unidos afirmó en una entrevista publicada ayer que estaría dispuesto a un diálogo con Nicolás Maduro. Las declaraciones suponen un giro inesperado en su política de máxima presión hacia Venezuela.

Trump, entre un posible diálogo con Maduro y la confianza parcial en Juan Guaidó
También es evidente la falta de simpatía de Trump por el autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Él no tiene lo que hace falta… Apártate un poco, no te involucres mucho”, que era como decir: “No te comprometas mucho”, cuenta Bolton que le dijo Trump. Y agrega que Trump “pensaba que Guaidó era débil, en comparación con Maduro, que era fuerte”.

De otra parte, la apuesta equivocada de Duque con respecto a Maduro se muestra a lo largo del capítulo, pues se ve cómo Colombia ha asumido un papel protagónico en la conspiración para tumbar al mandatario venezolano, lo cual ha vuelto mucho más difíciles nuestras relaciones, de por sí complicadas, con el país vecino, y ha dejado libres las manos de Maduro para que les dé albergue a los del Eln y a los disidentes de las Farc.

El arrodillamiento de Duque ante EE. UU. no tiene nombre. Dice Bolton que Trump “preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta”.

Ante esa afirmación del libro y ante la filtración, en esa época, de la anotación de las “5.000 tropas para Colombia” en la libreta amarilla de Bolton, ni Duque ni nadie del Gobierno de Colombia protestó, sino que el canciller de entonces, como gran chiste, le llevó de regalo a Bolton una libreta amarilla como la que había aparecido en las cámaras. No se les ocurrió pensar que con esa frase el gobierno de Trump atentaba contra la soberanía de Colombia, ni que para que ingresen tropas extranjeras al país se requiere la autorización del Congreso. ¡Nada!

En coyunturas tan difíciles como las que ha habido con Venezuela, Duque ni siquiera ha convocado una vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Todas las burradas las hace solo. Por ejemplo, ahora, rompió la tradición y apoyó al candidato de EE. UU. para la presidencia del BID, cuando siempre los presidentes del BID habían sido latinoamericanos.

Definitivamente, la política exterior de Colombia en tiempos de Duque ha sido una vergüenza.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 19 DE 2020

Sí se puede

                         

El viernes ocurrió algo que hubiera sido imposible antes del Acuerdo de Paz: en un encuentro virtual, el ex soldado Jimmy Ramírez, quien quedó en silla de ruedas para siempre a raíz de que en septiembre de 1.994 fue emboscado por las FARC en Ciudad Bolívar en Bogotá, se reunió, en compañía de su madre y de otras víctimas, con los antiguos comandantes de las Farc, Timochenko y Carlos Antonio Lozada, para celebrar que el partido Farc hubiera ganado la tutela que interpuso para que el Estado le reconociera a Ramírez el derecho a la salud, que le había sido vulnerado en los últimos 25 años porque otra persona lo había suplantado.

Que hayan sido las Farc las que lograran que ese ex soldado vaya a recibir la atención en salud a la que tiene derecho, no puede pasar desapercibido en este país donde tantos insisten en exaltar los defectos del acuerdo de paz y en ocultar y minimizar sus logros.

En el Encuentro Transformador del viernes participaron también el Presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco De Roux, y la promotora de esos Encuentros Transformadores, Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado de las Farc contra el Club El Nogal, donde se fracturó la columna a nivel cervical y perdió la movilidad de todo su cuerpo, salvo de tres dedos de su mano izquierda. Entonces tuvo que someterse, por más de un año, a un intenso tratamiento de seis horas diarias de fisioterapia y aprendió a caminar de nuevo. Luego viajó a Boston, pues su marido era profesor de educación en la Universidad de Harvard, y allí, dado que había perdido quince kilos y sólo dormía dos horas diarias, no sólo continuó con la fisioterapia intensiva, sino que durante seis años hizo un tratamiento de una hora diaria con una sicóloga de Bosnia que había vivido la guerra, para superar el stress post traumático que le había sido diagnosticado en máximo grado.

 

Así, con ese trauma a cuestas, hace ocho años, Bertha Lucía, en lugar de invertir sus energías en odiar, empezó a invertirlas en tratar de entender. Y en sus viajes a Colombia comenzó a encontrarse con reinsertados de las Farc, del ELN, de los paramilitares y, sin decirles que era víctima, les hacía dos preguntas: la primera, por qué habían entrado a la guerrilla y la respuesta era siempre porque no tenían más alternativas de subsistencia, porque huían del maltrato familiar, etc. Y la segunda, si se encontraran con una víctima qué le dirían, y todos respondían lo mismo: que le pedirían perdón. Entonces Bertha Lucía comenzó a reunirse con las víctimas de El Nogal. Y luego del plebiscito, las Farc la invitaron a La Habana para hablar sobre el Acuerdo de Paz. Ella les dijo que asistiría si se comprometían a contar por qué hicieron lo que hicieron y a encontrarse con las víctimas de El Nogal. Las Farc aceptaron y designaron a Carlos Antonio Lozada como interlocutor de Bertha Lucía. Así empezaron esos Encuentros Transformadores en los que las víctimas, la mayoría humildes como el soldado Jimmy Ramírez, o como los meseros y ascensoristas del Club El Nogal, vencían sus reticencias y se enfrentaban con sus victimarios, les reclamaban los horrores que habían cometido, lloraban, y ellos les pedían perdón.

 

Hoy a Bertha Lucía no le alcanza el tiempo para organizar los  encuentros que madres de asesinados en los llamados falsos positivos, soldados mutilados u otras víctimas, le ruegan que haga para que ellos puedan perdonar, pues están agotados de que el odio que sienten les haga daño.  

Con mil Bertha Lucías más, este país sería un paraíso…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 12 DE 2020

Si fuéramos capaces de despertar…

Las cifras de los asesinatos de líderes sociales, solas, se convierten en una estadística que no muestra la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, por iniciativa de esa enamorada de la paz que es Gloria Arias, un grupo de columnistas, encabezados por Humberto de la Calle y Rodrigo Uprimny, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos, que terminaron asesinados en esta Colombia sobre la que Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, afirmó que es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.

Para corroborarlo basta recordar, por ejemplo, los gritos que el 21 de junio de 2019 daba ese niño que, enloquecido, corría por las calles de Tierralta, Córdoba, pidiendo ayuda para salvar a su madre, María del Pilar Hurtado, quien acababa de ser acribillada en la puerta de su casa.

María del Pilar, de 34 años, madre de cuatro hijos, ejercía su liderazgo social en un asentamiento de lotes de invasión. Había llegado allí un año antes, desplazada de Puerto Tejada, Cauca, donde, a través de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza, había denunciado redes de narcotráfico y “casas de pique”.

En Tierralta vivía del reciclaje y, con otras familias, había ocupado lotes y terrenos en desuso, entre los cuales se encontraba uno del padre del alcalde. María del Pilar se había convertido en vocera de las familias ante los dueños de los terrenos y la Alcaldía.

A raíz de su papel como líder, fue amenazada de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La amenaza iba dirigida únicamente a los pobladores de la “invasión”. Días después, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta la asesinaron frente a su casa en presencia de ese hijo; al ver a su madre muerta, empezó a correr y a dar esos alaridos de dolor que quedaron grabados en un video que, por unos días, conmovió a los colombianos. Pero, después, nos olvidamos de María del Pilar y, probablemente, la investigación sobre su crimen, del cual se dijo que era sospechoso el padre del alcalde de Tierralta, llegó a la Fiscalía a poblar los anaqueles del olvido.

También el 22 de diciembre de ese año nefasto fue abaleada, en Saravena, Martha Cecilia Pérez Giraldo, de 40 años, miembro de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) y de la Red Departamental de Mujeres Emprendedoras. Martha Cecilia defendía los derechos de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar. Como casi siempre ocurre, quien figura como responsable del crimen es un “desconocido”. Y como si su muerte no hubiera bastado, ese mismo día, en Saravena, también su hermana fue asesinada.

Al día siguiente, en Nariño, Lucy Villarreal, de 32 años, activista cultural e integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, impulsora del Carnaval de Negros y Blancos, madre de dos niñas, quien resaltaba la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio, fue asesinada en el corregimiento de Llorente, cuando salía de dictar un taller de arte para niños.

A manera de despedida, una de sus hijas escribió en las redes sociales: “Te vas siendo la mejor persona, la que llenaba con su sonrisa el alma de cualquier persona. Me haces mucha falta, mi mamita”.

¿Hasta cuándo seguiremos inconmovibles ante los asesinatos de los líderes sociales? ¿Cuándo seremos capaces de despertar y darnos cuenta del horror del que nuestro silencio nos hace cómplices?

@patricialarasa

PATRICIA LARA

JUNIO 05 DE 2020

Lecciones desde EE. UU.

Luego de décadas, es más, de siglos… de un racismo que parece indomable, Estados Unidos despertó por fin. Y con rabia… El hecho de que en millones de celulares y de televisores los ciudadanos de ese país hayan visto morir al afroamericano George Floyd, después de que durante ocho minutos y medio le repitiera al policía blanco de Mineápolis Derek Chauvin que no podía respirar, pues la rodilla que le mantenía clavada en el cuello le impedía hacerlo, ha generado la mayor ola de protestas que ha habido en Estados Unidos desde 1968, cuando fue asesinado Martin Luther King. Y las protestas, que ya llevan más de una semana, han sido tan masivas y violentas, que en Washington, Nueva York, Boston y otras ciudades importantes, ha habido toque de queda, no obstante lo cual almacenes emblemáticos como Apple, Coach, Chanel, Louis Vuiton y otros han sido saqueados.

Esos asesinatos cometidos por policías blancos contra negros acusados de cualquier tontería (a Floyd lo acusaban de que supuestamente había pagado un paquete de cigarrillos con un billete falso), son frecuentes en ese país: recuerdo que en 2015, durante una temporada que pasé allá, se dieron disturbios en Baltimore a raíz de las protestas desatadas luego del funeral de Freddie Gray, un afroamericano muerto porque un policía blanco le rompió la columna vertebral. Y hacía poco había ocurrido la muerte de Eric Gardner, un corpulento negro de 27 años, asmático y padre de seis hijos, quien en Staten Island, Nueva York, desarmado, había discutido con un policía porque fue acusado de vender cigarrillos en la calle de manera ilegal, y cuando forcejeaba para evitar que lo esposaran, fue asfixiado por el agente Daniel Pantaleo, no obstante que Gardner también había dicho con insistencia, igual que Floyd, “no puedo respirar”. El policía no fue procesado por su muerte, como tampoco lo fue el agente blanco Darren Wilson, quien un mes después, en Fergusson, Misuri, mató a tiros a Michael Brown, un negro de 18 años que, desarmado, fue baleado por robarse unos cigarrillos. Como estos, ha habido muchos casos.

Pero el asesinato de Floyd se dio en un momento distinto, justo cuando la mayor proporción de los más de 100.000 muertos dejados por el coronavirus está conformada por negros y latinos; justo cuando la crisis económica generada por la pandemia ha dejado 20 millones de desempleados, y justo cuando hay un presidente cercano a los supremacistas blancos que está en plan de reelección y quien, en lugar de apaciguar a la gente, se ha dedicado a echarle leña al fuego y a amenazar con sacar al ejército a la calle.

¿Qué pasará? Seguro las protestas acabarán por apaciguarse. Pero si la lógica política funciona, con lo que ha ocurrido y con los desaciertos de Trump en el manejo de la pandemia, tendría que hundirse su reelección, caso en el cual Colombia quedaría muy mal parada por haberse ligado exclusivamente con los republicanos y haberse olvidado de los demócratas.

Y a propósito de Colombia: ¿por qué aquí nos enteramos de que en Puerto Tejada un policía mató a bolillazos en la cabeza al joven negro Ánderson Arboleda por salir a la calle en medio de la cuarentena, y no pasa nada? ¿Por qué vemos que este año han matado a 117 líderes sociales y no reaccionamos? La violencia nos ha vuelto ciegos…

Nota. Por fin reaccionó Cuba de manera drástica ante la ingratitud de Colombia. Por fin le cantó la tabla al gobierno de Iván Duque por tanta deslealtad, por tanta manipulación, por tanta ignorancia, por tanta perfidia…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 22 DE 2020

Vergüenza

Vergüenza y pesar produce hoy la política internacional de Colombia. Después de que el país se había ganado el mayor respeto mundial, en el último año y medio se ha perfilado como una nación que no tiene palabra, que incumple sus compromisos internacionales y que es incapaz de diseñar una política exterior que beneficie a sus ciudadanos, porque está arrodillada ante el ala radical del partido de gobierno, Centro Democrático, y ante los caprichos e intereses electorales de Donald Trump.

Es así como el presidente Duque, en cuanto se posesionó y para complacer a Trump, insistió en que se reanudara la fumigación de la coca con glifosato y se fue olvidando de los compromisos sobre sustitución de cultivos adquiridos con los campesinos, única forma inteligente de enfrentar el problema. Se empeñó en que su prioridad era tumbar a Nicolás Maduro y, en lugar de acordar un mecanismo de comunicación mínima con un vecino conflictivo con el que se comparten más de 2.000 kilómetros de una frontera llena de problemas, apoyó hasta el ridículo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, un señor sin poder alguno y cada vez más cuestionado. Duque ordenó que, por primera vez en la historia, Colombia se abstuviera de condenar el bloqueo de EE. UU. co