PATRICIA LARA

MAYO 22 DE 2020

Vergüenza

Vergüenza y pesar produce hoy la política internacional de Colombia. Después de que el país se había ganado el mayor respeto mundial, en el último año y medio se ha perfilado como una nación que no tiene palabra, que incumple sus compromisos internacionales y que es incapaz de diseñar una política exterior que beneficie a sus ciudadanos, porque está arrodillada ante el ala radical del partido de gobierno, Centro Democrático, y ante los caprichos e intereses electorales de Donald Trump.

Es así como el presidente Duque, en cuanto se posesionó y para complacer a Trump, insistió en que se reanudara la fumigación de la coca con glifosato y se fue olvidando de los compromisos sobre sustitución de cultivos adquiridos con los campesinos, única forma inteligente de enfrentar el problema. Se empeñó en que su prioridad era tumbar a Nicolás Maduro y, en lugar de acordar un mecanismo de comunicación mínima con un vecino conflictivo con el que se comparten más de 2.000 kilómetros de una frontera llena de problemas, apoyó hasta el ridículo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, un señor sin poder alguno y cada vez más cuestionado. Duque ordenó que, por primera vez en la historia, Colombia se abstuviera de condenar el bloqueo de EE. UU. contra Cuba en la Asamblea de la ONU y, lo que es peor, indujo a ese país, según lo dio a entender el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, a que incluyera a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, todo porque Cuba ha cumplido su compromiso como país garante del proceso de paz con el Eln y se ha negado a extraditar a los miembros de la delegación de diálogo que llegaron a la isla por solicitud del Estado colombiano, porque existe un protocolo que debe aplicarse en caso de ruptura de los diálogos y que estipula cómo deben regresar los guerrilleros a Colombia.

Esa actuación del gobierno de Duque dio al traste no solo con la posibilidad de que se negocie la paz con el Eln, sino también puso en peligro cualquier negociación de paz de otros países, porque ninguna nación va a querer servir de garante de un proceso si corre el riesgo de que, por hacerlo, la incluyan en la lista de países que apoyan el terrorismo.

(Y de que Cuba esté en esa encrucijada, también es responsable el Eln. Pero ese será tema de otra columna).

Por ahora, lo único que nos queda es ofrecerle disculpas a Cuba y decirle gracias de todo corazón.

***

Señor presidente, una amenaza en la que el “Bloque Capital (Reorganizado)” nos declara “objetivos militares” al exministro Carlos Bula, al senador Alexánder López, al sindicalista Hernando Hernández y a mí, por promover la reanudación del proceso de paz con el Eln, dice: “No somos una organización fantasma ni tenemos que utilizar seudónimos estúpidos. Fuimos fundados hace algunos años por importantes personalidades del país. Nos disolvimos cuando la ofensiva comunista del gobierno Santos impidió nuestro funcionamiento. Hoy con un gobierno distinto nos estamos reorganizando”.

¿Usted qué opina de que hagan esas afirmaciones, presidente? ¿Por qué ese bloque paramilitar siente que tiene licencia para reorganizarse durante su gobierno?

Respetuosamente le solicito que, de manera pública y contundente, descalifique al Bloque Capital, rechace sus afirmaciones y anuncie que los perseguirá de modo implacable. De lo contrario, creeremos que es cierto lo que dicen: que Santos les impidió funcionar, pero que, en su gobierno, tienen licencia para reorganizarse y para amenazar, por ahora…

 @patricialarasa

 

Patricia Lara 

Mayo 15 de 2020

Sin política de paz

“Este Gobierno no tiene una política de paz”, dice monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, en una entrevista con El Espectador en la que hace tres afirmaciones claves:

1. Que el Gobierno “habla de paz con legalidad; es decir, que le cuelga la paz a la ley”, cuando la cosa es al revés: que en esta sociedad “hay que conseguir la legalidad por medio de la paz”, porque la ley no vale para mucha gente. Y es cierto: si no hay paz en vastas zonas, se impone la ley del más fuerte, opuesta a la legalidad que promueve el presidente Duque, porque en esos territorios gobiernan los grupos armados, mientras que el Ejército, por carecer de metas y filosofía claras, se desgasta en corruptelas y peleas internas, y despilfarra sus recursos en espiar a la oposición, en vez de usarlos para capturar a los capos del narcotráfico y a los jefes de las bandas armadas.

2. Que el Decreto 601, que autoriza al alto comisionado para la Paz a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, “es regresivo” e implica un retroceso, pues vuelve al concepto de sujeción individual y está planteado “en términos inferiores a (…) la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo”.

3. Que “lo único bueno” que tiene el Decreto 601 es que le reconoce carácter político al Eln, lo cual es, sin embargo, contradictorio, pues, como “no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz” y “al Eln no le queda sino el sometimiento”.

Por supuesto que en esas condiciones, más allá de la desmovilización de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln, es difícil que ese decreto tenga efectos positivos, pues los grupos armados deben verlo como un retroceso, sobre todo si se tiene en cuenta, por una parte, que el cese bilateral con el Eln estuvo acordado, pero un antiguo líder de izquierda, convertido al uribismo, convenció a los elenos de que no lo firmaran con un gobierno que estaba por terminar y lo hicieran con el del nuevo presidente, Iván Duque, quien no movió un dedo para reanudar de inmediato los diálogos de La Habana y, cinco meses después, el Eln atentó contra la Escuela de Policía en Bogotá. Y, por otra, si se piensa, como lo cuenta monseñor, que durante el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas, al final del gobierno Santos, se tenía todo listo para el sometimiento colectivo, e incluso se había adaptado como lugar de reclusión un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia), pero el proceso no siguió porque no se contemplaron “los porcentajes patrimoniales de supervivencia” que les permitieran vivir con sus familias.

La conclusión de monseñor no puede ser más desoladora: “Le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz (…) presentara una política alternativa (…). Pero el Gobierno (…) rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso” distinta del sometimiento. Entonces todo ha sido inútil.

¡Qué desesperación produce saber que mientras el tiempo pasa y el Gobierno no actúa, la gente se muere en los territorios!

Nota. Cerrada esta columna, me entero de que EE. UU. incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, por no aceptarle a Duque extraditar a la delegación de diálogo del Eln y violar así los protocolos que, como país garante, se comprometió a hacer cumplir. ¡Qué injusticia la de Trump y qué ingratitud la de Duque!

Esta columna reaparecerá en dos semanas.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 08 DE 2020

Resultados, no investigaciones

Con las investigaciones ordenadas por los altos mandos a raíz de las chuzadas reveladas una y otra vez por ese riguroso y valiente periodista que es Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, puede pasar lo mismo que con Edipo, quien ordenó que se averiguara quién había sido el asesino de Layo, hasta que descubrió que el asesino había sido él mismo y que Layo era su propio padre.

Porque, como lo afirmó uno de los chuzados, nada menos que Jorge Mario Eastman, ex secretario general de la Presidencia de Iván Duque, hoy embajador ante el Vaticano, “esa decisión no la toma cualquier persona de bajo rango”. Por eso Eastman no cree en la teoría de las manzanas podridas, como tampoco muchos creemos en ella. Es que no es posible que cada cierto tiempo la prensa haga nuevas denuncias, que siempre el ministro de Defensa y el presidente se rasguen las vestiduras y digan que se van a realizar investigaciones exhaustivas, que luego caiga uno que otro militar, pero, en el fondo, nada cambie, porque no cambian ni la filosofía ni los valores que inspiran y avalan ese proceder, que se puso tan de moda en el gobierno de Álvaro Uribe a raíz de las famosas chuzadas del DAS, denunciadas por el mismo Ricardo Calderón.

No es sino recordar que, por ejemplo, en agosto pasado, Semana publicó apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes a la cabeza del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y se estableció que, por orden del anterior comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se dio una persecución dentro de la institución para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y a Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la práctica de los falsos positivos. Pero el general Martínez negó que esa persecución hubiera existido y se hizo el loco ante la revelación de que él había dado la orden, hecha por el general Quirós, quien hoy es uno de los caídos con el nuevo escándalo.

Y ahora el general Nicacio Martínez le dice a la prensa que se siente víctima, que “la inteligencia se rige por una ley”, que “hay una junta de inteligencia en la que se reúnen todos los jefes de inteligencia de la institución y el ministro de la Defensa”, que “hay unas políticas claras”, que él no ordenó chuzadas contra periodistas, magistrados, políticos o contra el Gobierno, y que “todo lo que hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares”.

En fin, sigue el carrusel de Tongo le dio a Borondongo, y de Borondongo le dio a Bernabé…

Por eso, para evitarlo, es indispensable que cuanto antes, y para bien del mismo Ejército, el ministro de Defensa, en virtud del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, le entregue a la Comisión de la Verdad, como dice el pronunciamiento de su presidente, el padre Francisco de Roux, “los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.

A ver si, por fin, se erradican esos procedimientos para siempre...

Y una pregunta: ¿cómo piensan lidiar con la rabia que, con toda razón, deben sentir los gringos porque en lugar de usar sus fondos para perseguir el narcotráfico, el Gobierno los utilizó para espiar a los periodistas de su propio país?

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

MAYO 01 DE 2020

Un médico en mi lugar

Hoy cedo mi lugar al monteriano Javier Romero Ogaza, neurorradiólogo del Hospital de Massachusetts y profesor de la Universidad de Harvard, quien, en esta emergencia, ha tratado pacientes con coronavirus.

En Colombia, donde la insolidaridad ha llevado a que se discrimine a los médicos y hasta se les amenace para que abandonen sus viviendas, vale la pena conocer el calvario que padece uno que atiende la pandemia con la protección adecuada. Imagínense ustedes cómo será el que han vivido tantos que aquí han tenido contacto con los contagiados sin disponer siquiera de guantes ni tapabocas.

***

Al llegar del hospital pensaba en Santos, de 56 años, contagiada de coronavirus, a quien le había explicado que si se deterioraba, tendríamos que entubarla para ayudarla a respirar. Limpié con paños de Clorox mi celular, mi carné de médico, el bíper y las llaves. Ese ritual lo practico siempre que llego a casa: así reduzco las posibilidades de contagiar a mi familia.

Los ojos de Santos, abotagados y saltones, y su sonrisa al oír que trataríamos de evitarle la entubación volvieron a mi mente.

Introduje en la lavadora mi vestido de cirugía, las medias y los pantaloncillos. Pensando que así mataría el virus de inmediato, vertí más detergente del necesario. Observé cómo se lavaba la ropa: imaginé que un virus gigante, rojo, agonizante, gritaba de dolor cuando le caía el jabón adicional. Recordé de nuevo a Santos: ¿podría regresar a su casa? Me había contado que vivía con unas ocho o doce personas en un apartamento de dos cuartos con camarotes que alquilaban a inmigrantes. Compartían un solo un baño y la cocina. Recordé La metamorfosis, de Kafka, e imaginé un virus gigantesco, rojo, irregular, que se reía y crecía a medida que Santos describía las condiciones de su hogar, que parecían un carnaval para la proliferación del virus. Creo que se dio cuenta de mi distracción, y exclamó: “Doctor, ¿se encuentra bien?”.

 

“Sí, Santos, pensaba que, para evitar el contagio, tendría que enviarla a un hotel adecuado para aislar a quienes no pueden aislarse en su casa”.

“Gracias por todo lo que hace por mí”, afirmó.

En lo más profundo escuché una voz que me decía: “Lo que haces no va a ser suficiente para salvarlos a todos”.

 

Oí que mi señora, en el baño adyacente, abría el agua caliente para que me duchara.

“Gracias, amor”, le dije, y me di cuenta del amor de mi esposa, quien lo arriesgaba todo al estar junto a mí. Pensé que no me perdonaría si llegase a contagiar a alguien de mi familia. Caminé hacia la ducha en puntas de pies, sin tocar las superficies del baño. Agarré la manija de la puerta. El temor de contagiar a alguien me produjo un huracán de adrenalina en las venas. Después de limpiarla, recordé que había tocado la ropa quirúrgica. Limpié todo de nuevo. Me duché. Me enjaboné. Me restregué con fuerza.

Cuando me secaba, el sonido del bíper rompió el silencio: “Santos necesita entubación respiratoria”. Me senté en el borde de la cama, semidesnudo, en silencio. Sabía que los estudios chinos determinan que el 80 % de los que necesitan conectarse a un ventilador fallecen.

A los cuatro días recibí un mensaje que me indicaba que ordenara el traslado a cuidados intermedios de Santos Cabrales.

Entonces me dije: “Amo lo que hago. A pesar de las dudas, de las tribulaciones, del dolor humano, siempre estamos acompañados por el trabajo incesante de los colegas y por nuestro Señor, que nos ilumina en este difícil camino”.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 24 DE 2020

Genocidio anunciado


¡No hay derecho!, en el sentido literal de la expresión. O lo hay tanto, hay tantas leyes, instancias, decretos y organismos de control, en este país heredero del nefasto general Santander, que aquí el derecho no sirve o, lo que es peor, sirve para enredarlo todo.

Veamos un ejemplo: el 21 de marzo hubo protestas en varias cárceles del país para exigir medidas de prevención de contagio de coronavirus, con un resultado de 23 muertos y 82 heridos en La Modelo, de Bogotá. Dos días después, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el director del Inpec, general Norberto Mujica, decretaron la emergencia carcelaria con el fin de “trabajar por la salud y la seguridad” de los presos, los funcionarios y sus familias, pero aclararon que esa medida no les permitía hacer excarcelaciones, ya que estas eran de competencia de los jueces. Diez días más tarde, la ministra anunció que trabajaba en un decreto para disminuir el hacinamiento y reducir las posibilidades de contagio del coronavirus en las prisiones. Y mientras ella pensaba y consultaba a sus asesores jurídicos, estalló la bomba sin que, en la práctica, el Estado hubiera hecho nada para evitarla: el 5 de abril murió el primer infectado de coronavirus en una cárcel colombiana, la de Villavicencio. El 11 de abril, el Inpec confirmó la muerte por coronavirus de un recluso de 78 años que, en esa misma cárcel, padecía enfermedad respiratoria. Ese mismo día se conoció el contagio de otro preso que estaba hospitalizado allí.

Mientras tanto, continuaban los interminables estudios jurídicos del borrador de decreto de excarcelación, primero por parte del Consejo Superior de la Judicatura y después por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, quien le puso tantos peros y le hizo tantos recortes, que lo volvió inoperante, y la ministra aceptó sus objeciones.

Entonces, por fin, el 14 de abril, el Gobierno expidió el famoso Decreto 546 de 2020, que establece condiciones para conceder medidas transitorias de prisión domiciliaria a los reclusos, “con el fin de evitar el contagio de la enfermedad coronavirus”. Y agrega que la duración máxima de la medida será de seis meses. Es decir: luego de que, con el tal decreto, salgan cerca de 4.000 presos (en lugar de los 40.000 que deberían salir para aliviar el hacinamiento), a los seis meses tendrán que regresar a las cárceles.

Pero como las cosas en la justicia marchan a paso de tortuga paralítica, es la hora en que no ha salido el primer recluso, porque la decisión final sobre su libertad depende de los jueces de ejecución de penas, que son pocos y no dan abasto.

A todas estas, el coronavirus ya llegó a las cárceles Las Heliconias, de Florencia, y La Picota, de Bogotá. A la hora de escribir esta columna, se sabe de 74 contagiados entre presos y guardianes. Y dado el 54 % de hacinamiento que hay en las prisiones del país, aunque en cárceles como la de Santa Marta este índice es del 300 %, la velocidad de propagación del virus será inimaginable.

Entonces, mientras discuten nuevas adiciones y modificaciones al decreto, se producirá el “genocidio carcelario”, como lo advierten en un comunicado decenas de docentes e investigadores de derecho penal y criminología. Luego vendrán las multimillonarias demandas que, con toda razón, interpondrán y ganarán los familiares de los presos muertos por la negligencia del Estado en este genocidio anunciado.

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 17 DE 2020

 

A enamorarlos, Claudia

Que quien maneja la capital, durante una crisis tan difícil como la que está viviendo y la que vivirá Bogotá, sea la hija de una maestra, criada en Ciudad Bolívar, que se graduó a punto de becas en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York y terminó un doctorado en ciencia política en la Universidad de Northwestern en Chicago, es algo que, de verdad, tranquiliza.

 

Con una calificación de 8.1, la más alta entre todos los alcaldes del país, según encuesta realizada a comienzos de mes por el CNC, Claudia López se ha convertido, en sus primeros cien días de gobierno, en la principal líder nacional, hasta el punto de que ya es el blanco tanto de los ataques de la extrema derecha, como de Gustavo Petro, quien no le perdona que no haya necesitado su apoyo para ganar la alcaldía y no pierde oportunidad para atacarla por cualquier motivo. Incluso hay quienes dicen que Petro cree que Claudia renunciaría el año entrante para lanzar su candidatura presidencial y arrasar con él, algo que, seguro, a ella no se le ha pasado por la cabeza. Pero lo que sí va a ocurrir es que Claudia López termine su alcaldía con un enorme reconocimiento y que, en el 2.026, se lance como candidata presidencial con el apoyo de una amplísima coalición de centro y centro izquierda y se convierta, enhorabuena, en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

 

Pero, para que eso sea posible, Claudia tiene que hacer un gobierno estelar en Bogotá, en medio de los más difíciles retos: por el momento, el más urgente, es lograr ya que las ayudas que prometió para los más pobres, en efecto lleguen a sus destinatarios, lo cual constituye un desafío gerencial, especialmente en este país tan dado a dictar leyes y decretos que no se cumplen y que, por ende, en la práctica no sirven para nada.

 

El otro gran reto es lograr mantener controlada la curva del coronavirus de modo que el sistema de salud pueda adecuar su capacidad para atender el gran número de contagiados que van a seguir llegándole, sin desatender a los usuarios que se presenten con otras enfermedades y, al mismo tiempo, controlar la curva del desempleo o, por lo menos, tener listos subsidios para que las familias de los desempleados, empujadas por el hambre, no asalten masivamente los supermercados, etc.

 

Para conseguir ese milagro, la alcaldesa tiene no sólo que seguir impulsando su programa de donaciones a www.bogotasolidariaencasa.gov.co, sino enamorar a unos cuantos empresarios.

 

Y, viéndolo bien, el asunto no es tan difícil: con que los 4 colombianos más ricos donen el 10 por ciento de su patrimonio, se obtendrían cerca de 2.000 millones de dólares (no más entre Luis Carlos Sarmiento, Jaime Guillinsky, los hermanos Santo Domingo y Carlos Ardila, sobrepasan los 20.000 millones de dólares). Es decir que, sólo con ellos, que deberían sentir, al estilo de Bill Gates y Warren Buffet, que su deber es retribuir lo mucho que han recibido, se obtendrían 2.000 millones de dólares que, si se dividen en subsidios de 450.000 pesos mensuales, alcanzarían para sostener, durante 6 meses, a cerca de 2. 900.000 familias, cuando en Colombia hay aproximadamente dos y medio millones de familias en pobreza, y la alcaldesa apenas aspira a subsidiar 500.000.  

 

De manera, Claudia, que láncese a enamorarlos... A ellos y a unos cuantos más…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ABRIL 3 DE 2020

 

Ya lo hizo el ELN, ahora le toca al gobierno    

                  

“Si los grupos violentos tuvieran un poquito de generosidad y pararan, el final de esta crisis podría ser el principio de una verdadera paz”, trinó el Senador Álvaro Uribe el pasado 28 de Marzo.

Coincidencialmente, ese día, el Comando Central del ELN respondió el llamado que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, les hizo a los grupos armados para que, debido a la pandemia que azota a la humanidad, decretaran un “alto al fuego inmediato” en todos los rincones del mundo.

Entonces, después de liberar a cuatro secuestrados, los comandantes del ELN, incluidos los duros y los blandos, ordenaron “un cese unilateral activo por un mes,” desde el 1 hasta el 30 de abril. Ello significa que, en ese lapso, no harán acciones ofensivas.

Así, el ELN paró, como lo pidieron, además del Secretario General de la ONU y del Senador Uribe, las comunidades y sectores de la sociedad civil. Pero ese cese al fuego es demasiado corto: ojalá lo prorroguen. Sin embargo, la pelota está hoy en la cancha del gobierno. Y si le interesa la paz, tiene que moverse rápido porque un mes pasa volando.

Hasta ahora, el gobierno no ha dado señales positivas, porque si bien Uribe logró que el Presidente Duque nombrara Promotores de Paz a los antiguos miembros del ELN, Felipe Torres y Pacho Galán, y que liberara a éste último, quien salió de la cárcel luego de escribirle directamente a Uribe y de recibir asistencia de la Defensoría del Pueblo, el gobierno no ha respondido bien al cese al fuego decretado por el ELN pues, por un lado, Galán y Torres hoy no juegan ningún papel en esa organización; y, por otro, el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en lugar de calificar positivamente los gestos del ELN, dijo que el cese al fuego fue tardío, e insistió en que las condiciones del Gobierno para sentarse a conversar con ellos siguen siendo las mismas: el cese de los ataques y la entrega de los secuestrados. Y, por su parte, el ELN insiste en que esos temas sólo los discute en la mesa de negociación. Mientras tanto, en medio de esa terquedad de unos y de otros, la gente sigue desplazándose y muriéndose en los territorios, por el fuego cruzado de las partes en guerra, enredadas, desde el comienzo de este gobierno, en un cruel diálogo de sordos.

 

Un gesto o paso positivo del gobierno podría ser, obviamente, valorar el cese unilateral del ELN; otro, sería liberar al antiguo gestor de paz, Juan Carlos Cuellar, quien sí es miembro activo de ese movimiento y serviría de puente efectivo con el Comando Central. Otro fundamental sería que el gobierno permitiera que se hicieran acuerdos humanitarios en los territorios. Y uno más podría ser que excarcelara a los presos que hayan cumplido más del 70 % de la pena, a los mayores de 65 años y a los que padezcan enfermedades terminales. Así, además, se deshacinarían un poco las cárceles y se disminuiría el riesgo de contagio en ellas del coronavirus. Y el ELN, por su parte, debería detener ya el reclutamiento de menores, como tanto lo ha pedido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

 

Ahora, si Duque se empeña en no dar su brazo a torcer con el ELN, en tiempos de coronavirus, por lo menos podría decretar un cese general y unilateral de hostilidades con carácter humanitario, dejando claro que respondería a cualquier agresión de los grupos armados.

 

A ver si así avanzamos hacia la paz completa... Porque no hay derecho a que a tantos muertos por la peste le añadamos ahora más muertos por la guerra.

                     *   *   *


Nota: ¡Qué falta van a hacer en Semana los dos Danieles! ¡No hay derecho!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 27 DE 2020

Coronavirus carcelario: una bomba de tiempo

Cuando el coronavirus entre a las cárceles del país –y va a entrar-, estallará como un incendio que llegue a una bomba de gasolina, afirma Julián Urrutia, doctor en políticas públicas de salud de la Universidad de Harvard, graduado con una tesis sobre la salud en el sistema penitenciario colombiano.

 

Nuestras cárceles son un medio de cultivo ideal para el coronavirus, por la combinación de hacinamiento más higiene y sanidad pésimas, dice.

La consecuencia, añade, va a ser una plaga de proporciones bíblicas que primero arrasará con los presos, luego con los guardias, después con sus familias y, finalmente, con las nuestras. Tal vez ese sea nuestro castigo como sociedad, por nuestros excesos en el uso de la privación de la libertad para lidiar con cualquier crimen, grave o leve.

Es que la nuestra es una sociedad punitiva y carcelera: “el que la hace la paga”, repite el Presidente de la República. Hay que cambiar de chip: ¡bienvenida la JEP! Porque si persistimos en esa obsesión, va a aumentar la criminalidad y a empeorar la seguridad del país.

Miremos no más las cifras de nuestro absurdo sistema carcelario: según el abogado Manuel Iturralde, miembro del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, de acuerdo con el Inpec, hay 123.472 presos en el país. Sin embargo deben agregarse los hacinados en estaciones de policía, que están en condiciones aun peores y no se sabe cuántos son; y los que están en las cárceles distritales, que no dependen el Inpec. De los del Inpec, cerca del 70 por ciento está condenado, y casi el 30 por ciento está sindicado sin haber recibido sentencia.

 

Y examinemos los casos: según el libro Cómo se negoció la paz de Víctor De Currea-Lugo (próximo a salir), en Diciembre había 330 presos de las FARC que, por haber sido amnistiados, han debido liberar desde fines del 2.016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Además, hay ¡quién sabe cuántos! que ya tienen derecho a libertad condicional, porque han cumplido las tres quintas partes de la pena y han completado el proceso de resocialización, pero el juez de ejecución de penas no les ha autorizado la salida, y pueden pasar meses y hasta años esperando su libertad. Y también hay muchos sindicados que llevan más de dos años sin que les resuelvan su situación y, por ello, tienen derecho a que los suelten, pero no los liberan por la misma razón. E, incluso, hay presos que hace rato pagaron su pena y siguen en la cárcel.

 

Así, según Iturralde, si hubiera voluntad política y se cumpliera la ley, se podría especular que el hacinamiento carcelario disminuiría en un 20 o 30 por ciento. Y a eso habría que agregarle cerca del 10 o 12 por ciento que el gobierno dice que liberará por la emergencia carcelaria declarada a raíz de la epidemia de coronavirus. Pero es que esas personas, por razones humanitarias, no tendrían por qué estar en detención intra mural: se trata de los presos por delitos menores con penas hasta de 5 años, de los acusados de delitos culposos, de los mayores de 60, de los que padecen enfermedades crónicas o tienen movilidad reducida, y de las madres gestantes o con hijos menores de 3 años que viven con ellos en prisión.

 

Con esas medidas y cumpliendo la ley, se acabaría el hacinamiento. Se controlarían los motines y las matanzas en las prisiones. Y se desactivaría la bomba de tiempo del coronavirus carcelario.

 ¡Pero tienen que hacerlo ya!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 20 DE 2020

¡Feliz encierro!

El 13 de marzo, cuando había 24 pacientes diagnosticados con coronavirus, volé a Bucaramanga para realizar una entrevista. Salvo la dependiente de Avianca que, en El Dorado, se desinfectó las manos, no vi que en el aeropuerto o en el avión se tomara alguna precaución o se indujera a los pasajeros a hacerlo. El 16, cuando había 57 casos de coronavirus confirmados, regresé a Bogotá y tampoco observé medidas de protección. Hoy 18 de marzo, al escribir esta columna, ya hay 93 casos de coronavirus. Entonces converso con mi ahijado Juan Pablo, quien hace una semana regresó de Tailandia, Vietnam y España, y me cuenta que en el aeropuerto se limitaron a tomarle la temperatura. Él está en confinamiento voluntario pues nadie le dijo que lo hiciera y tampoco nadie de los servicios de salud lo ha llamado para verificar si ha presentado síntomas. Lo mismo me dice mi amiga Lila, quien regresó de Madrid y París el pasado sábado, con la diferencia de que a ella sí le recomendaron que se confinara.

Es de esperar que con el llamado de atención de la Procuraduría y con la renuncia del gerente de la empresa operadora de El Dorado hayan mejorado los controles. Sin embargo, es indudable que ese aeropuerto constituye la principal puerta de entrada de la pandemia y cerrarlo por unos días podría ser la medida apropiada en este momento en que se requiere contener como sea ese virus que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa en este país donde hay pocas camas y los servicios de urgencias no están preparados para atender una emergencia de las dimensiones que esta podría tener.

 

Y porque hay que hacer hasta lo imposible para evitar la propagación del virus, transcribo algunas de las recomendaciones que mi amigo, el médico y escritor Víctor de Currea Lugo, ha pedido que divulguemos:

 

Dice él que, además de no salir de la casa, hay que evitar recibir visitas, compartir cubiertos, platos, toallas y otros elementos de uso personal; tocarse las manos, la nariz y la boca; asistir a lugares de alto flujo de personas; movilizarse en transporte público y acariciar mascotas. Además, hay que lavarse las manos constantemente frotándose las palmas, los nudillos y los dedos y secándose con toallas desechables; hay que usar pañuelos desechables y meterlos en una bolsa antes de botarlos; usar mascarillas y no reutilizarlas; medirse diariamente la temperatura y llevar un registro; observar si se respira más rápido de lo normal; si suena o duele el pecho al respirar; si se tiene fiebre por más de 24 horas y si no se controla fácilmente con antipiréticos; si se presentan convulsiones o decaimiento; si se duerme mucho; y si se tiene dificultad para respirar. Hay que lograr una limpieza adecuada de todos los entornos mezclando 500 ml de agua y 5 ml de blanqueador; hay que usar toallas desechables humedecidas con alcohol antiséptico y limpiar con ellas los aparatos eléctricos. A los pacientes se les recomienda permanecer aislados en una habitación con ventanas abiertas, puerta cerrada y baño de uso exclusivo; y a los familiares mantenerse alejados y, si van a darles medicamentos o comida, utilizar tapabocas.

 

Espero que mis lectores me excusen por ocupar este espacio con estas recomendaciones, pero este no es el momento para discusiones políticas, sino para adoptar medidas de prevención de la pandemia.

 

¡Feliz encierro!

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 13 DE 2020

Fracasos en serie

Además del fracaso de la política de empleo del gobierno de Duque, de la matazón de líderes sociales, del aumento de las masacres, del escándalo de la Ñeñepolítica —del cual puede resultar que su campaña presidencial compró votos con dineros non sanctos—, de los escasos resultados de la tal Conversación Nacional y de las gravísimas implicaciones que para la economía puede tener la reducción a la mitad de los precios del petróleo, este Gobierno ha sufrido un fracaso mayúsculo, que ha pasado casi inadvertido para los columnistas: la absoluta ineficacia de su política antidrogas.

Después de que con bombos y platillos el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunciara en septiembre, luego de cumplirse el primer año de la administración Duque, que se habían erradicado 98.200 hectáreas de coca (83.142 mediante erradicación manual, 11.411 por sustitución voluntaria de cultivos y 3.693 mediante el sistema de formalización de títulos de tierras), y después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciara a comienzos de diciembre que la meta de erradicación de 2019 no solo se había alcanzado sino que se había superado, porque se habían erradicado 81.305 hectáreas, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca anunció que las hectáreas sembradas con coca habían pasado, en 2019, de 208.000 a 212.000, es decir, que habían aumentado un 1,92 %, y que la cocaína “exportada” había alcanzado la cifra récord de 951 toneladas, o sea que se había incrementado en un 8 %.

Esa revelación tendría que haber suscitado reacciones: por ejemplo, si el Gobierno estaba seguro de que sus datos eran ciertos, ha debido protestar por la inexactitud de las cifras de los gringos. Así lo hizo por lo menos cuando el representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2019.

Ahora, si no desmentía las cifras, era porque estaba convencido de que los datos gringos eran ciertos. Entonces, se ha debido hacer un llamado al comisionado de Paz y al ministro de Defensa para que aclararan de dónde sacaban sus cifras y por qué eran tan diferentes a las del gobierno de Trump. Porque si se acepta, como dijo en septiembre el comisionado Ceballos, que a las hectáreas erradicadas hay que restarles la resiembra, la cual, según la ONU, oscila entre el 50 y el 67 %, deberíamos tener máximo 169.594 hectáreas de coca. Y si se aceptan los datos del ministro, deberíamos tener máximo 175.170.

Entonces, ¿qué pasa con las cifras sobre cultivos ilícitos? ¿Por qué hay discrepancias entre las que suministra el comisionado y las que da el ministro? ¿Son ellos los que mienten o a ellos les dan información falsa? ¿O será que en Colombia la resiembra no es, como dice la ONU, del 67 %, sino que es de más del 103 %?

Cualquiera de las respuestas anteriores es grave. Y de ellas no puede desprenderse sino una conclusión: que la política antidrogas del gobierno de Duque es un fracaso.

Y una pregunta final: ¿por qué tienen casi abandonada la sustitución voluntaria de cultivos, en la cual la resiembra, según la ONU, es menor del 1 %? ¿Será que les huele a política santista? Como dice Eduardo Díaz Uribe, experto en el tema, en este caso el Gobierno lo que hace es pedalear en bicicleta estática...

@patricialarasa

PATRICIA LARA

MARZO 6 DE 2020

Triste record 

_Duque no acepta críticas. Todo su círculo lo aplaude. Incluso Uribe tenía gente a su alrededor que le hablaba con franqueza. Pero Duque no_, dijo una fuente cercana a la Casa de Nariño.

Ello explica su aislamiento y su salida desproporcionada ante las verdades que sobre el deterioro de los derechos humanos en el país esbozó Alberto Brunoni, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet.

Son verdades que Duque, al igual que lo hizo Maduro cuando Bachelet emitió su informe sobre el lamentable estado de los derechos humanos en Venezuela, se niega a ver y a oir. Pero, en cambio, sí las vio y oyó cuando se referían al deterioro de esos derechos en Venezuela, y las utilizó para criticar las actitudes dictatoriales de Maduro.

Miremos los principales comentarios que, sobre lo ocurrido en el 2.019, consignó el informe de ACNUDH: persistieron “altos niveles de violencia que generaron graves violaciones de derechos humanos”; en el 2.019 hubo “36 masacres que implicaron la muerte de 136 personas, la cifra más alta registrada” desde 2.014; el ELN “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”; grupos criminales como las “Autodefensas Gaitanistas (…) emplearon extrema violencia en las disputas por el control de economías ilícitas”; “los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado (…) incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular en zonas rurales”; en el 2019 hubo protestas, y ACNUDH “notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”; en el 2.019 documentaron “108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos”; “los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2.019”; “subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones” contra defensores de derechos humanos”; “la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia”; se documentaron casos de “presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros del ejército y la policía”; en virtud de estándares internacionales, “la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos”; “según datos de la policía”, en varios municipios “se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”; se documentaron “15 casos de privaciones arbitrarias de la vida” y “en 13 casos se observó que las muertes habían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”; se documentaron “casos de presunta tortura y malos tratos cometidos por la policía”; etc.

Duque descalificó el informe con el argumento de que no se reconocieron los avances del país (lo cual es falso) y que se entrometieron en los asuntos internos de Colombia al recomendar que “se transfiera la supervisión de la policía al ministerio del Interior”, como ocurre en tantos países.

Pero el gobierno no puede tapar el sol con las manos: es factible que haya discrepancias en alguna cifra, pero la mayoría de las afirmaciones  son ciertas.. Y lo que Duque tampoco puede desconocer, es que Colombia es el país de América Latina donde asesinan más defensores, y especialmente defensoras, de derechos humanos.

Triste record…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 28 DE 2020

 Chocó: “el gobierno sigue ciego, sordo y mudo”                    

_La paz no llegó al Chocó_, dijo un delegado de la Diócesis de Quibdó. _Antes había un solo actor, las FARC. Pero cuando se fueron y entraron el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas (AGC), se recrudeció la violencia.

 

En reunión con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, durante la gira realizada por ese Chocó tan bello y tan rico, pero inmerso en la miseria y la violencia, los delegados de la Diócesis de Quibdó explicaron los horrores que los chocoanos padecen a diario: el reclutamiento de menores, en el que es campeón el ELN; el confinamiento en que viven muchas poblaciones debido a que los grupos armados minan los territorios y la gente no puede salir a coger plátano, a pescar, o a acudir a un médico; los asesinatos; las desapariciones; el desplazamiento generado por el pánico que producen principalmente las AGC, que viven buscando colaboradores del ELN para matarlos, y colaboradores son todos porque todas las comunidades están doblegadas por los violentos de turno y se encuentran en un sándwich de horror ya que saben, por ejemplo, que si les venden un producto a los unos los matan los otros, y viceversa…

 

_Por eso insistimos en que la única salida es que se sienten a dialogar el gobierno y el ELN_, afirmó otro delegado de la Diócesis. _Pero la terquedad de los dos es tremenda. Los obispos han firmado cartas y el gobierno sigue, como dice Shakira, ciego, sordo y mudo. Esperamos que algún día entiendan que la guerra engendra más guerra y que esto no se acaba con armas y con violencia. Todos tienen que ceder. Esta es una guerra que la están pagando los campesinos y, como Diócesis, vamos a seguir denunciando_, manifestó.

 

Entonces añadió algo aterrador: _hay una sistematicidad para desalojar a los chocoanos de los sitios donde hay megaproyectos. En esas zonas el conflicto es más agudo. Y los grupos armados operan como instrumentos. El ELN se ha prostituido y le juega al mejor postor. Muchos venezolanos han sido cooptados por los grupos armados. Y el paramilitarismo está enquistado en el territorio. Vayan a Vigía del Fuerte y vean… Nosotros hemos denunciado la connivencia de la Fuerza Pública con ellos. Pero esa relación no la quiere ver el gobierno...

 

Y en otra reunión con el Defensor del Pueblo, un líder de Dos Bocas dijo: _si me van a matar, que me maten… Pero lo digo: para nadie es un secreto que aquí la Armada está trabajando conjuntamente con las Autodefensas. Los ven pasar, y ni los miran... En cambio a nosotros nos requisan a más no poder... Yo nunca escucho que en las noticias digan: “vamos a acabar con las Autodefensas”. Dicen “vamos a acabar con la guerrilla”. Por eso nunca se va a resolver el problema de orden público en Juradó. Y ahora, en algunos lugares, andan juntos el ELN y las AGC…

 

En ese atroz sancocho de violencias que hay en ese vasto territorio localizado en una selva indomable, pueden entrar diez o veinte mil soldados a controlar el narcotráfico o la guerra, y no lograrán mayores resultados. Por eso, como dijeron los delegados de la Diócesis,  las únicas salidas son que el gobierno y el ELN negocien la paz; que se reviva el plan de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, hoy AGC, el cual, como el cese bilateral del fuego con el ELN, estuvo de un cacho al final del gobierno anterior; y que se haga un enorme plan de inversión para que los chocoanos, todavía inexplicablemente alegres, salgan de la miseria.

 

Lo demás es bla bla bla.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 21 DE 2020

Chocó, donde mata más la desidia que la guerra

“Si es difícil viajar al Chocó desde cualquier lugar del país, es más difícil viajar dentro del Chocó”, escribió Gabriel García Márquez en su serie “El Chocó que Colombia desconoce”, publicada en El Espectador en 1954.

Hoy sigue igual su desconexión. Solo ha mejorado la comunicación aérea, pues el gobierno anterior inauguró la ampliación del aeropuerto de Quibdó. Pero aun hoy es difícil salir del Chocó por carretera: solo hay un par de vías a medio hacer de Quibdó a Medellín y Pereira, no obstante que el gobierno Santos dejó cerca de $420.000 millones para terminarlas. Y viajar dentro del departamento es imposible, a no ser que sea por lancha o avioncitos, pagando pasajes carísimos. Ello significa que, por la dificultad del transporte, los alimentos son muy costosos y los pacientes con enfermedades medianamente graves se mueren en el camino, pues no pueden llegar a tiempo hasta el único hospital de segundo nivel que hay en el departamento, el San Francisco de Asís de Quibdó, el cual, además, está en huelga porque lo han saqueado varias veces y no hay con qué pagarles a los médicos, etc.

De ahí que Luis Murillo, defensor del Pueblo para Chocó, diga que allá la precaria atención en salud mata más gente que la guerra. Y es verdad, porque en ese departamento de belleza y riqueza inconmensurables la gente muere más que por la violencia y el narcotráfico, que son atroces, que por el abandono, la corrupción y la desidia de las autoridades locales. Cómo será esta, que después de que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, realizó un recorrido por Nuquí, Tribugá, Juradó, Jaqué, Bahía Solano y Quibdó, y escuchó a los habitantes de esos municipios y de las comunidades aledañas, el gobernador del Chocó y el alcalde de Quibdó no hallaron un espacio en sus agendas para dialogar con él. Es que les importa un bledo lo que les pasa a los chocoanos, que de hecho es muy grave. Escuchémoslos:

“En Tribugá no tenemos acueducto. Hay un pozo donde lavan ropa y utilizan esa agua para todo”, dice la profesora. Y agrega: “Aquí los niños hacen sus necesidades donde puedan. Tienen problemas gastrointestinales y malaria. Hay pozos repletos de zancudos. Aquí no hay centro de salud. Solo en Nuquí (a una hora en lancha por un mar difícil) hay un centro con dos médicos para 16.000 habitantes. En la escuela no hay baños. El techo se va a caer. Además, necesitamos una pequeña biblioteca, computadores, materiales, capacitación”.

“Es muy duro ver morir a la gente porque no hay una lancha para sacarla”, dice la alcaldesa de Juradó. “Y a veces, cuando la hay, se encrespa el mar y tampoco se puede salir”.

“Juradó era una despensa agrícola y ganadera. Ahora, por el orden público, no estamos produciendo nada. Hoy, si no nos traen los alimentos de Buenaventura, no comemos”, afirma Felipa Murillo, presidenta del Consejo Comunitario de Juradó.

“Necesitamos un carné, un Sisbén o algo que nos permita acceder a la salud en Colombia. Desde aquí hay que ir en avión a ciudad de Panamá y allá la salud es muy cara”, implora Flor Alba, una líder de Jaqué, el primer municipio panameño luego de pasar la frontera, a donde se han desplazado varias comunidades chocoanas en busca de paz.

Y otro líder de Jaqué, Vianor Hurtado, le dice al defensor Negret: “Le damos gracias a Dios porque por primera vez viene un funcionario de su nivel, que va a llevar el clamor de esta gente que salió del país por culpa del Gobierno, al que el problema se le salió de las manos”.

Continuará…

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

FEBRERO 14 DE 2020

 

Chocó, sitiado por el miedo

                       

_Tenemos miedo. ¿Quién va a protegernos?,_ preguntó un indígena embera en Tribugá, a donde acompañamos al único funcionario que escucha en los territorios a la Colombia profunda, esa donde las amenazas, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, el reclutamiento de niños, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la disputa por el territorio entre los grupos de paramilitares y guerrillas, todo facilitado por la ausencia del Estado, son el pan de cada día.

 

A esa Colombia aterrorizada y pobre se desplaza el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, acompañado por su equipo, no importa si para hacerlo tiene que viajar a lomo de mula, o a pie, o en canoa o en avioneta destartalada: él va, mira, oye y lanza alertas tempranas en las que le advierte al gobierno las tragedias que se avecinan. Pero pocos trabajan para minimizar los riesgos advertidos. Entonces sobrevienen las desgracias profetizadas por él.

 

En esta ocasión el recorrido fue en una lancha que saltaba sobre las olas del Pacífico encrespado, desde Nuquí hasta Tribugá, Juradó (último pueblo antes de la frontera), Jaqué, en territorio de Panamá, Bahía Solano, y finalmente Quibdó, a donde fuimos en avión, porque a la capital del Chocó, no obstante que apenas está a 68 kilómetros del mar, no puede llegarse por carretera.

 

El Chocó vive, en efecto, atemorizado: el pánico de ese indígena embera que en enero se desplazó con los 126 miembros de su comunidad que abandonaron sus casas, cultivos y animales, porque las Autodefensas Gaitanistas (AGC) preguntaron por un joven a quien acusaban de tener vínculos con el ELN, y como no lo encontraron, mataron al tío, es igual al miedo que describieron la alcaldesa de Juradó, los miembros de otras comunidades y hasta los delegados de la Diócesis.

 

_En el casco urbano de Juradó, en el 92, hubo primero una toma guerrillera y ocurrió el primer desplazamiento_, dijo la alcaldesa del municipio. Y agregó: -en el 96, los paras sacaron a los hombres de las casas y los fusilaron; mi papá se salvó porque estaba en la finca. En el 99, durante una toma guerrillera, murieron muchos militares. En el 2.001, la guerrilla asesinó al alcalde. En el pueblo también murieron muchos civiles porque los paras los sacaban de sus casas y los mataban. Los niños, en los juegos, gritaban lo que ocurría... Aquí hay 2.116 víctimas registradas. La gente quiere regresar a sus territorios y volver a pescar, pero los amenazan y se van de nuevo. En Juradó vivimos con miedo porque este es un corredor de grupos armados que hacen presencia: AGC y ELN. Y no hay confianza en los militares…

 

La frase de la alcaldesa me quedó sonando…

 

_¿En Juradó quiénes son más fuertes, las AGC o el ELN?_, le pregunté a un soldado que, amablemente, me llevó la maleta.

 

_Las AGC_, dijo.

 

_¿Y la gente es cercana a ustedes?

 

_Poco_, respondió.

 

Y en Nuquí un oficial amable que comanda la base naval me contó que allí tienen 72 infantes de marina y 13 policías.

 

_¿Y la gente los apoya?_, le pregunté.

 

_Depende.

 

_¿Depende de qué?

 

_Por ejemplo, si ha caído un cargamento de droga nos gritan cosas.

 

_¿Buenas?_, le dije.

 

_No, nos insultan.

 

Es que en ese Chocó de selva cerrada, biodiversidad asombrosa y paisajes preciosos, poblado en su mayoría por negros e indígenas empobrecidos por la violencia y la corrupción, no hay salud, ni vías, ni paz para cultivar, ni de qué vivir a excepción de la pesca. Pero los peces, por lo general, no hay cómo distribuirlos. En cambio la coca sí…

 

Continuará…

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 31 DE 2020

 

Merlano y la diplomacia del absurdo

La captura de la exparlamentaria conservadora Aída Merlano en Venezuela puso en evidencia el manejo absurdo que el presidente Iván Duque le ha dado a las cruciales y difíciles relaciones con ese país vecino, con el que compartimos 2.219 kilómetros de una frontera llena de conflictos y desgobierno.

Y el manejo ha sido absurdo porque, por más terrible que nos parezca el presidente de Venezuela, no podemos romper la comunicación con un vecino, máxime si es tan conflictivo como Maduro. Incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe —quien tuvo períodos de luna de miel con Chávez—, cuando las relaciones se rompieron y Chávez se le volvió a Uribe su “nuevo peor enemigo”, Colombia y Venezuela mantuvieron abierto un canal por la vía de Julio Londoño Paredes, embajador de Colombia en Cuba, quien a través del gobierno de Fidel Castro se comunicaba con el de Chávez.

Pero ahora el diálogo con Venezuela es nulo y las relaciones con Cuba están frías, por cuenta de la abstención de Colombia en la votación de la última Asamblea General de la ONU contra el bloqueo de EE. UU. a la isla y del desconocimiento por parte de Duque de los protocolos que deben hacer cumplir los países garantes, como Cuba y Noruega, en caso del rompimiento de la negociación con el Eln. Entonces, por cuenta de esa actitud infantil de Duque, no solo nos quedamos sin comunicación con Venezuela, sino que herimos a las palomas mensajeras que podían llevarle razones a un vecino capaz de generarnos problemas tan complicados como el estímulo a la migración masiva y la protección abierta a los disidentes de las Farc y del Eln, organización con la que en este gobierno parece cancelada toda posibilidad de paz, lo que constituye otro error; sin embargo, ese tema corresponde a otra columna.

Pero la situación es grave no solo por la incomunicación, sino porque Duque se ha dedicado a torear a Maduro insistiendo por más de un año en que no reconoce a su gobierno, sino al del autodenominado presidente Juan Guaidó, que si bien cuenta con cierto apoyo internacional, no manda ni controla en Venezuela.

Duque debe comprender que el cerco diplomático que él ha encabezado contra esa nación puede liderarlo cualquier otro, salvo el presidente de Colombia, precisamente porque somos vecinos y tenemos delicados problemas en común, que solo podemos solucionar si dialogamos.

El caso de Merlano tiene que hacer que Duque y su canciller entiendan que el presidente de un país es el que duerme en el palacio presidencial y tiene el control del Ejército y la Policía. Y esas condiciones las cumple Maduro, pero no Guaidó.

Sin embargo, ahora, cuando se presenta la oportunidad de revisar esa política y de pedirle a Maduro la extradición de Merlano, el gobierno de Duque sale con el risible disparate de decir que la extradición se la pedirá a Guaidó, quien nada puede hacer.

Duque debe aterrizar en la realidad: el presidente de Venezuela es Maduro. Y él es el único que puede enviarnos a Merlano.

¿O será más bien que el Gobierno hizo el papelón de pedírsela en extradición a Guaidó porque sabe que él no la puede extraditar y no quiere que Aída Merlano llegue a Colombia y, bajo juramento, delate ante un juez la red de corrupción electoral en la Costa, la cual involucra no solo a los Gerlein, sino que salpica al clan Char, que aspira presidir el Senado y convertirse en uno de los principales aliados de Duque?

Siguiente pregunta…

Nota. Por viaje, esta columna reaparecerá en dos semanas.

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 24 DE 2020

Al oído de Carlos Holmes Trujillo

“La gran pregunta en el poder es a quién creerle”, dijo Gabriel García Márquez en El olor de la guayaba. Y en el título de su prólogo para La guerra por la paz, libro de Enrique Santos Calderón, se preguntó: “¿A quién le cree el presidente?”.

Es que el aislamiento y la soledad de los poderosos eran obsesión para nuestro primer premio Nobel. Y esa debería ser también la preocupación de quienes están en el poder. Pero casi nunca lo es, pues ellos viven rodeados de áulicos que los desinforman según sus intereses y les dicen no la verdad, sino lo que quieren oír, así como al patriarca de El otoño le imprimían un periódico especial para que solo él lo leyera.

Pues bien, como lo ha visto el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Ejército y en la Policía están ocurriendo cosas muy graves, las cuales, por fortuna, han salido a la luz gracias al valor y el profesionalismo de los investigadores de la revista Semana y a la indignación que a los militares y policías honestos, que afortunadamente aún son la mayoría, les produce ver manchado el honor de sus queridas instituciones.

Con seguridad faltan más hechos bochornosos por salir a la luz. ¡Y eso es bueno para el Ejército, porque equivale a reventarle un forúnculo dañino y doloroso! Pero si esos hechos se publican y no pasa nada, es decir, si el presidente y el ministro se limitan a dar declaraciones tibias y no destituyen fulminantemente a los sospechosos, sin esperar a que pasen años hasta que la justicia decida si son culpables o no, el mal ejemplo cunde. Los militares y policías que no sean absolutamente honestos acabarán sintiéndose autorizados para enriquecerse a base de desviar hacia sus bolsillos fondos reservados y cosas por el estilo; o, lo que es peor, a base de hacerse los locos para que los mafiosos, los mineros ilegales o los que se oponen a los reclamantes de tierras hagan sus fechorías, entre ellas, asesinar a los “estorbosos” líderes sociales.

Creo que desde el punto de vista humano no hay que ser tan severos con esos uniformados que andan por los territorios, porque los delincuentes los ponen en una difícil disyuntiva: o no les cooperan y los matan; o les cooperan y, a cambio, les llenan los bolsillos de plata. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, sí hay que ser muy severos porque, de lo contrario, el Ejército y la Policía se desintegran y el país queda entonces en manos de las mafias. Es lo mismo que sucede en las familias: si un hijo comete un delito menor y, de inmediato, sus padres no lo frenan y sancionan ejemplarmente, el muchacho se siente autorizado para cometer faltas cada vez más graves y, al cabo del tiempo, se convierte en delincuente.

Ahora, además de los investigados, ¿a quiénes hay que sacar del Ejército y la Policía? Para saberlo, ministro, usted debe hablar con muchas fuentes, no solo militares, policiales, gubernamentales o políticas; también busque fuentes independientes, confiables, bien informadas...

Usted tiene en sus manos una gran tarea y una oportunidad de oro: limpiar ya el Ejército y la Policía. Si no la hace, pasará por el Ministerio sin pena ni gloria y el país pagará las consecuencias de su inacción. Pero si saca a los pillos, se consagrará, los militares y los policías honestos se lo agradecerán, el país lo admirará y, a lo mejor, por gratitud y reconocimiento, hasta cumpla su sueño en el 2022.

¡Piénselo, ministro!

Y una buena noticia: me dicen que el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, es honesto.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 17 DE 2020

 

Demasiadas manzanas podridas

Son tantas las manzanas podridas que ya parece como si el podrido fuera un buen pedazo del Ejército, una institución tan importante para el país.

 

Como lo anotó un editorial de El Espectador, refiriéndose a las revelaciones de la revista Semana, “miembros del Ejército Nacional le han mentido al país, han interceptado ilegalmente las comunicaciones de magistrados, políticos y periodistas, han hecho trampas para cubrir sus rastros frente a las investigaciones de los entes de control y han enviado amenazas para que no fueran puestos en descubierto”.

 

Y añado otros descubrimientos de Semana: han interceptado a quien ha llevado la investigación en la Corte contra el Senador Álvaro Uribe; le han pasado la información obtenida ilegalmente a un miembro del partido de gobierno; se han lucrado con recursos públicos; han asesinado a ex combatientes como Dímar Torres; han establecido directrices que podían conducir al regreso de los falsos positivos y que gracias a la denuncia del New York Times echaron para atrás; han ofrecido dinero y realizado pruebas de polígrafo con el fin de ubicar a las manzanas no podridas que le informan a la prensa los horrores que pasan; han desviado recursos para sufragar gastos personales; han recibido plata a cambio de entregar salvoconductos para porte de armas; han desviado combustible, etc. ¿Y qué ha pasado? Que, en muchos casos, como lo estableció la Silla Vacía, algunos de los responsables han sido ascendidos por el Presidente Duque.

 

Pero todavía siguen sucediendo cosas: el sábado, una hora antes de que Duque llegara a Bojayá, el Coronel Darío Fernando Cardona, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, le envió al líder social Leyner Palacio, quien denunció que en el Atrato hay connivencia entre ciertos militares y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un derecho de petición en el que le plantea, entre otros temas, que le dé los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que hayan practicado la connivencia y el lugar donde hayan ocurrido los ilícitos. Y añade que indique las comunidades que, según Leyner, se encuentran en confinamiento por la presencia de grupos ilegales en la zona.

 

Para interponer ese derecho, el Coronel invoca la Constitución que dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades”. ¿Pero cómo puede hacerlo? Eso lo que significa es que, quien podría interponerlo, sería Leyner, para preguntarle al coronel por qué su unidad no es eficaz en la lucha contra las AGC. No él.

 

Ese derecho de petición del Coronel Cardona es ilegal e intimidatorio, pues en el futuro la población va a tener miedo de denunciar. Y es preocupante porque él parece sentirse muy sobradito y respaldado por sus superiores…

 

¿Qué hará Duque con ese coronel ineficaz que intimidó así a ese líder social a quien él quiere proteger de manera especial? ¿Y qué va a hacer con los demás militares implicados en los delitos destapados por Semana?

 

Para salvar a su querido paciente, un buen médico extirparía el cáncer de inmediato, sin dejarle una sola célula mala. El Presidente no puede esperar a que las autoridades tarden años en condenar a los culpables. Al menor indicio de corrupción o criminalidad, Duque debe destituir a los sospechosos. Porque si se sienten apoyados, o si el Presidente ignora la gravedad de los hechos y no practica ya la delicada cirugía que se requiere, el cáncer hará metástasis y el querido Ejército y el país colapsarán.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA

ENERO 10 DE 2020

¡Bien, Claudia! ¡Ojo, Petro!

El comienzo de la gestión de Claudia López augura no solo un gobierno incluyente y, contra todo pronóstico, tranquilo, no obstante el temperamento confrontativo que había exhibido antes, sino también que ella llenará el vacío de liderazgo que existe porque, ante situaciones delicadas, el presidente Duque guarda silencio o asume posiciones contrarias a lo que la gente quiere y siente. Así ocurrió con el descubrimiento del bombardeo de los niños, cuando ni siquiera tuvo una palabra de condolencia para sus madres; con el hallazgo de la fosa en Dabeiba colmada de cadáveres de falsos positivos, horror sobre el que no se pronunció, y con el paro y los cacerolazos, ante los cuales, en lugar de escuchar a sus líderes, armó una conversación nacional que probablemente no pare en nada. Mientras tanto, Claudia López dijo lo que la gente necesitaba oír: que el presidente debía escuchar primero a los líderes de la protesta y que el diálogo no era “para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales y para comunicarlas mejor”, sino “para, con humildad, reconocer errores, hacer cambios y hacer concesiones”.

Y como gobernante, Claudia pronunció un discurso con cinco objetivos que, si logra cumplir, aun cuando sea en parte, hará una alcaldía que se recordará por años: poder vivir sin miedo; garantizar la educación superior gratuita con conexión al empleo; liberar más tiempo para la familia y las actividades lúdicas y no para el trancón; hacer reverdecer la ciudad, y lograr que Bogotá Región se convierta en el mejor hogar para los colombianos.

Además escogió un gabinete con criterios técnicos y de transparencia, ajenos a clientelismos y corruptelas, y tomó medidas que muestran su liderazgo: por ejemplo, designó como veedor a Guillermo Rivera, un hombre inteligente, estudioso, exministro del Interior del gobierno anterior, quien, con seguridad, atajará con perspicacia los goles de corrupción que quieran meterle al Distrito. Le pidió al Partido Verde que le cediera la presidencia del Concejo a Carlos Fernando Galán, su contendor en la lucha por la Alcaldía, pues representa a más de un millón de votantes y la alcaldesa cree que tiene, con él, más afinidades que diferencias, actitud que demuestra que seguro Claudia hará un gobierno capaz de reunir las mayorías necesarias en el Cabildo y evitará confrontaciones políticas innecesarias. Y ratificó por un tiempo a Andrés Escobar, gerente del Metro puesto por el exalcalde Peñalosa y acusado por algunos de corrupción (¿con qué fundamentos?), pues consideró que, primero, debía conocer a fondo ese complejo proyecto, apenas en ciernes, para después nombrar frente a él a una persona nueva.

Pero esas sensatas medidas, paradójicamente, despertaron la ira de su antiguo amigo Gustavo Petro, quien no le perdona que, siendo candidata, dijera que cumpliría el contrato del metro de Peñalosa; haría el metro elevado en vez del subterráneo que quería Petro, pues el incumplimiento del contrato le generaría a Bogotá enormes costos, y construiría sobre lo construido, única actitud que garantiza que las ciudades progresen.

Así que ¡va bien, Claudia!

Pero ¡ojo, Gustavo Petro! Debería recapacitar sobre su actitud hacia Claudia López, porque a base de atacarla y enviar trinos contra cada decisión de su exaliada está pareciéndose cada vez más a quien tal vez menos quisiera parecerse: Álvaro Uribe, que no logró aceptar que él ya no es el presidente, como tampoco usted ha logrado aceptar que ya no es el alcalde.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ENERO 3 DE 2020

Tenemos miedo

Mariana Garcés, ministra de Cultura durante los ocho años del gobierno anterior, compartió un texto que parece un alarido de angustia en el chat de Defendamos la Paz, ese movimiento convertido en el gran motor político de Colombia, porque reúne y coordina a líderes sociales, periodistas, trabajadores de la cultura, empresarios y miembros de todos los partidos, con excepción de los enemigos del Acuerdo de Paz, y que van desde representantes de la oposición, incluidos militantes del partido FARC, hasta parlamentarios y políticos de los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical.

Mariana mandó el escrito después del asesinato, en Tumaco, de Lucy Villarreal, una joven madre y líder social y cultural que promovía el Carnaval de Blancos y Negros y, en vísperas de Navidad, fue acribillada al salir de dictar un taller para niños; y del asesinato, cerca a Santa Marta, de la pareja de ambientalistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, quienes pasaban su luna de miel.

Con autorización de su autora y del escritor Ethan Frank, con quien Mariana intercambia esas ideas, reproduzco ese texto que pone el dedo en la llaga, puede hacernos despertar y, de pronto, logre el milagro de que el presidente escuche y se ponga del lado de la gente.

A continuación, el escrito:

“Asesinados un antropólogo, una ecologista y una artista escénica experta en educación popular. Tengo miedo, en Colombia se persigue a la diversidad, a la diferencia y ahora al conocimiento. En este momento, todos estamos en riesgo. Los asesinos han puesto la mira en aquellos que trabajan en pro de las comunidades, del entendimiento de los territorios y la felicidad de las poblaciones. El odio por el que «sabe, conoce o estudia» lo he vivido en los más diversos entornos, ámbitos y momentos, pero siempre se expresó con dinámicas de exclusión o segregación. Pero ahora alcanza límites de eliminación directa. La brutalidad se ha enardecido y los bestiales han empezado su versión de la limpia. Estamos ante ese momento que muchos temíamos: el de la conversión de la ignorancia no solo en una obligación, sino en un valor. Siento miedo, por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, que han creído que se puede hacer vida lejos de los esquemas y las propuestas de las mafias. Siento miedo por la vida de todos los que lograron localizarse en perspectivas que hacen posible imaginar un futuro de dignidad y libertad. El odio y la desconfianza por el saber ha tomado casi todos los escenarios en los que la idea de la legitimidad se hace concreta, el brutismo se impone cual poética, ya no es posible distinguir entre indiferencia y pánico. Nos inocularon sus formas traquetas hasta el tuétano, celebramos con sus músicas, nuestro avituallamiento lo dispusieron ellos, las viandas son las que sus caprichos proveyeron.

“Quieren que dejemos de saber, nos obligan a la ignorancia de nuestros propios muertos, de nuestras tragedias. Hemos pasado del desalojo a la sujeción.

“Demasiada tristeza… ¿Qué razón puede existir para quitarle la vida a la pareja de recién casados? ¿A los líderes? ¿A los desmovilizados? Una sociedad muy enferma es esta.

“Y un Gobierno que no oye. Que se remite a decir que la economía va bien. Y que le importa muy poco la gente... Si a esos jóvenes los matan como los mataron, todos estamos en riesgo solo por el hecho de existir. Las lógicas son otras y no tenemos quién nos defienda. El Estado no existe porque no está del lado de la gente”.

¿Escuchó, presidente Duque?

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 27 DE 2019

Lo que deja el año viejo

A pesar de que en este año no cesaron los asesinatos de líderes sociales, desmovilizados, indígenas y afros, el 2019 deja avances muy importantes para el desarrollo de la paz y de las fuerzas progresistas: por una parte, en el Congreso, la bancada por la paz, que reúne a la oposición y a los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical, funcionó coordinadamente y pasó por encima de sus diferencias ideológicas con el solo propósito de defender el Acuerdo de Paz. Fue así como tapó todos los goles que el presidente Iván Duque y el Centro Democrático quisieron meterle al Acuerdo. Detuvo primero el de las objeciones presidenciales a la JEP. Derrotó la proposición que dispersaba los recursos de los PDET para dárselos a otras regiones. Y consiguió prorrogar la Ley de Víctimas sin los micos que pretendía meterle el uribismo.

 

Por otra parte, en las elecciones locales los sectores independientes y progresistas obtuvieron un triunfo sin precedentes, como fue la elección de alcaldes del Partido Verde y de coaliciones alternativas e independientes en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Santa Marta y Popayán, entre otras. La presencia de esos mandatarios locales en la política le va a dar un impulso indiscutible a las fuerzas progresistas.

 

Y, por último, la protesta social hizo explosión en las calles con una dimensión que no imaginaron ni los mismos convocantes del paro nacional, a pesar de la campaña de miedo que desarrolló el Gobierno para que la gente no saliera a las calles: centenas de miles de personas, especialmente jóvenes, marcharon en ciudades del país, no un día sino varios, y muchísimos más hicieron sonar sus cacerolas y protestaron por múltiples motivos, los principales de ellos, tal vez, la desigualdad y la desesperanza. Y esa protesta generó que el Gobierno tomara algunas medidas, sin que reconociera por qué lo hacía: redujo los aportes de salud de los pensionados; casi duplicó el subsidio a los adultos mayores; firmó el Acuerdo de Escazú; e impulsó la aprobación de algunos puntos de la ley anticorrupción.

 

Sin embargo, ese movimiento de masas contundente y antes impensable, que continuará en el 2020, corre el riesgo de diluirse si el Comité Nacional de Paro no actúa con sabiduría y si sigue haciendo demandas tan numerosas que se diluyen y desvirtúan, permitiéndole al Gobierno seguir ignorando olímpicamente sus peticiones. Como el que mucho abarca poco aprieta, sólo tendría que hacer tres o cuatro: que el Acuerdo de Paz se cumpla en su totalidad y de manera integral, no a pedazos, como quiere Duque; que se cumplan los compromisos que el Gobierno adquirió con los estudiantes, indígenas y demás sectores; que se garantice a cabalidad el derecho a la protesta social; y que rápidamente todas las políticas del gobierno se encaminen a alcanzar los puntos señalados en la hoja de ruta trazada por el Comité de Sabios, conformado por el propio Gobierno y a las cuales, por esa razón, él no puede oponerse: que este sea “un país donde todos los niños puedan estudiar; en donde podamos tomar agua del río; en donde las personas sean alegres y vivan en paz; un país libre de violencia y en donde se pueda salir de la casa sin miedo; en donde (…) no haya hambre; (…) en donde todos tengan los mismos derechos” y un etcétera de propuestas hechas por los sabios que, si se cumplieran, harían de Colombia el mejor de los paraísos.

 

Y ahora, queridos lectores, ¡les deseo un 2020 muy feliz!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 20 DE 2019

Superintendente de Salud, ¡por favor, actúe!

Édison España, portero del edificio donde habito, de 46 años, oriundo de El Banco (Magdalena), vino a Bogotá en busca de un trabajo que le permitiera mantener a sus padres. Se empleó en una empresa de vigilancia. Hoy gana $1’320.000 y le descuentan, como ordena la ley, 4 % ($52.800) del salario para pagar su seguro de salud.

En agosto de 2016 lo atacó un dolor brutal y acudió a la clínica Méderi, adscrita a la Nueva EPS. Le descubrieron tres cálculos en el riñón izquierdo, le extrajeron uno y le colocaron un catéter. Seis meses más tarde, debido a otro dolor, los médicos le retiraron otro cálculo y le dejaron el catéter. El 17 de enero de 2018, a raíz de una dolorosa punzada, regresó a la clínica y le dijeron que lo habían limpiado y le habían cambiado el catéter.

Un año después, el 3 de enero de 2019, regresó a urgencias de la clínica Méderi con inflamación y dolor insoportables. Lo mandaron a la sala de espera y, luego de dejarlo tres días sentado en un asiento de palo en un corredor helado, el urólogo de turno se negó a retirarle el catéter o a practicarle otro procedimiento con el argumento de que eso tenían que programarlo.

Édison le envió una queja a la Superintendencia de Salud, la cual, al parecer, le ordenó a la Nueva EPS que se ocupara del caso. ¡Pero el 30 de abril de este año la Nueva EPS ordenó que le practicaran una cirugía en una fecha del año pasado!

El 25 de junio Édison regresó a la Nueva EPS para que le asignaran la fecha correcta y le dijeron que tenía que programar la cirugía. Entonces interpuso un derecho de petición ante el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, solicitándole que le pidiera a la Nueva EPS “expedir de manera prioritaria la orden de consulta con el urólogo”, para que le diagnosticaran su “problema real de salud”, le explicaran “las posibles soluciones” y “el tratamiento adecuado”, y para que, “de forma prioritaria”, expidieran la orden para efectuar el procedimiento necesario en la clínica Méderi o en otro centro especializado”.

La Superintendencia le ordenó a la EPS que actuara de inmediato. Pero solo hasta mediados de noviembre se dio la orden para que se le realizara una “operación quirúrgica urgente”. El 27 de noviembre Édison volvió a la clínica con otro dolor agudo y estuvo hospitalizado dos días. Le diagnosticaron infección en las vías urinarias, le recomendaron continuar con los trámites para retirar el catéter, le practicaron una tomografía computarizada, le hallaron varios cálculos y lo despacharon con el argumento de que no había urólogo disponible y que programara la cirugía para retirar el catéter y los cálculos.

“He sufrido mucho con todo esto, doctora”, me dice. “La anterior empresa de vigilancia donde trabajaba me amenazaba con echarme, porque me daban incapacidades, y me decían que si me volvían a operar me botaban. Y me descontaban el sueldo… Lo que necesito es que me solucionen mi problema y me reprogramen la cirugía… ¡Pero dicen que me van a llamar y nada!”.

Durante este calvario de Édison España (C.C. N° 14.251.788), similar al que padecen miles de colombianos, de milagro no se ha muerto por una infección provocada por ese viejo catéter. Hasta le prohibieron ir a baños públicos para evitarse una infección.

¿Será que el superintendente de Salud ahora sí es capaz de lograr que le obedezcan y que, por fin, operen a Édison?

¡Por esas cosas es que marcha la gente, señor presidente!

¡Feliz Navidad, queridos lectores!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 13 DE 2019

Carta al Eln

Señores miembros del Comando Central del Eln:

Desde hace tiempo he querido preguntarles qué significa para ustedes la lealtad.

Lo digo porque luego de que Cuba acogió con toda generosidad a la delegación de paz del Eln, facilitó que se dieran los diálogos entre el Gobierno de Colombia y su organización, y ustedes cometieron el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, lo cual llevó al presidente Iván Duque a romper las negociaciones y a desconocer, de una manera absurda, los protocolos pactados para aplicarlos en un caso semejante, ustedes no han hecho nada para facilitarle a Cuba la salida del enredo en que la metieron. Y es un enredo mayúsculo que puede costarle a la isla que EE. UU. vuelva a incluirla, de una manera muy injusta y perjudicial para esa nación, en la lista de países que auspician el terrorismo. Si ello ocurre, ustedes serían los responsables.

Me explico: el lío de los protocolos tiene las siguientes salidas: que Cuba acepte extraditar a los negociadores del Eln, lo cual no va a ocurrir, pues la isla, como país garante que es del proceso, no va a desconocer los protocolos; que Duque acepte que se equivocó, pida que se apliquen los protocolos y acuerde con el Eln y con los países garantes los detalles del regreso de la delegación del Eln a Colombia, enmarcados en lo establecido por los tales protocolos, lo que parece muy improbable que suceda, pues Duque ha demostrado no tener el más mínimo sentido de la autocrítica; o que el Eln facilite la reanudación de los diálogos de paz, tema en el cual han dicho estar interesados, pero no han movido un dedo para que esto suceda.

Porque mover un dedo sería, por ejemplo, atender el llamado del arzobispo de Cali y de los obispos de Quibdó, Apartadó e Istmina para que liberen a tres secuestrados. Y mover un dedo sería decretar un cese unilateral del fuego y las hostilidades por varios meses, lo cual implicaría suspender, mientras dure dicho cese, el secuestro, las voladuras de oleoductos y demás acciones violentas. Y ese mover un dedo por parte del Eln, en este momento, tendría que llevar al Gobierno a reanudar la negociación con ustedes, no solo porque así se lo están pidiendo a las partes varios sectores de la sociedad civil, sino también porque EE. UU. lo vería con buenos ojos, y porque al dar ese paso, Duque tomaría ese nuevo aire político que tanta falta le está haciendo.

Y si los diálogos de paz se reanudan, automáticamente Cuba saldría del lío de los protocolos, porque seguramente, después, se acordaría que continuaran las conversaciones en otro país, pues luego de palpar la deslealtad que le han demostrado tanto el Eln como el Gobierno de Colombia, probablemente Cuba no tendría interés en que los diálogos siguieran en su territorio.

Señores del COCE, les pido que reflexionen sobre esos puntos. No es posible que en momentos en que el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, había manifestado que había “un ambiente positivo” para que se retomaran los diálogos de paz con el Eln, ustedes hayan quemado seis vehículos en el Bajo Cauca y le hayan dado a Duque argumentos para decir que “con este tipo de actos el Eln se aleja cada vez más de la mesa de negociaciones”.

Obviamente que el presidente debe entender que no puede obligar al Eln a que antes de negociar acabe por completo la guerra y se desmovilice. Pero ustedes, señores del Eln, también deben comprender que tienen una deuda de gratitud con Cuba y que deben darle una mínima prueba de lealtad.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 6 DE 2019

El paro también es con ustedes, congresistas

Es una provocación que luego de dos semanas de paro, y en vísperas de la jornada de protesta del miércoles, en un solo día, el Congreso hubiera rechazado la propuesta de reducir los sueldos de los congresistas, hecha por el presidente del Senado, el liberal Lidio García; hubiera hundido el proyecto que establece un concurso de méritos para los candidatos a fiscal general promovido, entre otros, por los parlamentarios José Daniel López, de Cambio Radical, y Angélica Lozano, del Partido Verde; hubiera aprobado la llamada Ley Arias que crea la segunda instancia para su caso y, de paso, garantiza la impunidad para muchos, y le hubiera dado un pupitrazo al proyecto de reforma tributaria, cuyo retiro es uno de los 13 puntos presentados al Gobierno por el Comité del Paro.

Como ocurrió con el Acuerdo de Paz, cuando el Congreso hizo todo lo posible para hundir las 16 curules para las víctimas, modificar aspectos sustanciales del Acuerdo y no hacer nada para impulsar la reforma rural integral, ahora el parlamento, con la excepción de gran parte de la Bancada de la Paz, también está haciendo lo posible por exacerbar los ánimos de los colombianos que ven con simpatía el paro nacional.

Y, ojo, ni el Gobierno ni el Congreso pueden equivocarse: el país apoya la protesta. Ella no es asunto de unos extremistas fletados por el Foro de São Paulo, como lo han afirmado el senador Álvaro Uribe y su combo. No. Para probarlo, no es sino mirar las calles repletas de gente de todos los sectores, ponerles atención a los espontáneos cacerolazos que resuenan en las calles y ver las cifras de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría: 55% de los colombianos tienen una imagen positiva del paro. Y si el dato se desagrega por edades, se obtiene que el 70% de los menores de 25 años y 60% de los que oscilan entre 25 y 40 años lo ven con buenos ojos. Es decir, que los jóvenes de este país, que en su mayoría viven en la desesperanza, apoyan masivamente la protesta. Y si bien el 60% de los colombianos quieren el regreso a la normalidad, el 72% cree que el país va por mal camino y el 73% considera que el manejo que el presidente Iván Duque le ha dado al paro ha sido desacertado.

Porque ocurre que la gente aquí no es boba y se ha dado cuenta de la táctica mamagallista del Gobierno. Y si el presidente persiste en diluir el paro a base de buscar atomizarlo, dividir a sus dirigentes y hablar con todos con el fin de no dialogar con nadie, a comienzos del próximo año la protesta va a tomarse las calles de una manera contundente, porque además, si comienzan las fumigaciones a los cultivos de coca, como planea el Gobierno, a las manifestaciones van a sumarse decenas de miles de campesinos cocaleros que llegarán a la capital para hacer oír su voz.

Y ahí la protesta será a otro precio.

Entonces, ¿por qué no desactivar de una vez la bomba social? ¿Por qué no sintonizarse con la gente? ¿Por qué no tener la humildad de reconocer lo evidente, por ejemplo, que el Esmad cometió muchos abusos que quedaron grabados en vivo y en directo, uno de los cuales desembocó en el asesinato de Dilan Cruz? ¿Por qué no aceptar, por lo menos, que ese organismo necesita reformas?

Es que a este presidente le falta sentido de la autocrítica. Y de la humildad. Y generosidad. Y sintonía, especialmente con esa Colombia joven que no imagina un futuro. Ojalá Duque salga pronto de su torre de marfil. Porque si no, nos hundimos…

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 29 DE 2019

Dialogar con todos para no dialogar con nadie

El asesinato por parte del Esmad del joven Dilan Cruz, a quien le llegó la muerte cuando protestaba pacíficamente, unido a las innumerables imágenes de abusos del Esmad contra miles de manifestantes cuyo “delito” había sido golpear cacerolas o gritar consignas, todo ello precedido por la indignación que causó la muerte de ocho niños en un bombardeo del Ejército, caldeó aún más los ánimos de cientos de miles de personas que, hace una semana, realizaron la mayor manifestación que haya tenido lugar contra un gobierno en los últimos 40 años.

Y el presidente Iván Duque, en lugar de dar de inmediato una respuesta adecuada y concreta, se inventó una “conversación nacional” con Raimundo y todo el mundo para ponerle un paño de agua tibia a la explosiva situación, atomizar el diálogo, desconocer el liderazgo de los organizadores del paro y tratar de dividirlos. Es así como el martes, después de que dio vueltas y vueltas para no reunirse con los dirigentes de la protesta, por fin se sentó con el Comité Nacional del Paro, pero en lugar de oírlos salió con el chorro de babas de que tenía que sentarse a dialogar con los empresarios, los gremios y los organismos de control. Ahí paró la conversación porque, según uno de los asistentes, el presidente tenía otras cosas que hacer. Entonces los miembros del Comité se fueron, le dejaron sus propuestas y esperan su respuesta por escrito.

Así el diálogo no funciona. Ese manejo no es serio. El presidente lo que tendría que haber hecho era coger el toro por los cachos y citar desde el principio al Comité del Paro para acordar los caminos del diálogo y, de común acuerdo con ellos, buscar la forma de escuchar a esa otra Colombia que espontáneamente se unió a la protesta. Lo que tenía que haber hecho era aceptar que hay un gran descontento con su gobierno y no centrarse en el orden público, como lo hizo en su primera alocución. Lo que tenía que haber hecho era reconocer a los líderes visibles de la movilización y no tratar de diluirlos, como ha intentado hacerlo.

Como se lo sugirió con gran lucidez la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Duque tiene que revestirse de una gran humildad que hasta ahora no se le ha visto en lo absoluto, reconocer que hay cosas que van mal (por ejemplo, el Esmad) y que ha habido “errores inaceptables como el que niños y jóvenes estén nuevamente muriendo en una guerra absolutamente prevenible e indeseable”, entender que el diálogo no es “para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales” sino para hacer cambios y concesiones, y unir a Colombia, no en torno a los poderes desgastados que carecen de legitimidad, sino a temas que verdaderamente convoquen a la ciudadanía, como puede ser la realización de un pacto por los jóvenes y por la inclusión de la Colombia rural y profunda que sigue viviendo en medio del conflicto, la exclusión y la pobreza extrema.

Sin embargo, todavía es tiempo de que el presidente rectifique su camino; que decida fortalecer la implementación de todo el Acuerdo de Paz y no de una sola parte, como lo ha hecho hasta ahora; que reanude las conversaciones con el Eln, como le ha insistido su amiga María Isabel Rueda, y que emprenda este diálogo con honestidad, sin ponerle zancadillas y sin mamarle gallo al paro, porque si continúa jugando a que pase el tiempo, llegue Navidad y el diálogo se atomice, va a generar una inmensa frustración que, después, puede desembocar en una protesta mucho mayor, esa sí, de consecuencias imprevisibles.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 22 DE 2019

¿Qué le estará pasando a María Isabel?

¿Qué le estará pasando a María Isabel?, es lo que muchos nos preguntamos cuando leímos su sorprendente columna del domingo, en la que planteó que llegó “la hora de que el gobierno de Duque cometa un acto de audacia y anuncie su intención de iniciar una mesa preliminar exploratoria con la guerrilla del Eln”.

Y María Isabel, que ha sido tan crítica del expresidente Juan Manual Santos y de su proceso de paz, y tan defensora del presidente Duque, agregó que Santos “tuvo la inmensa habilidad de gobernar con un libreto” del cual carece Duque. Por eso le sugirió que, como se está clamando que se abra a otras fuerzas políticas, convoque “los fervores más opuestos a él y a lo que representa”, y se lance “a invitar al Eln a que se siente a explorar una manera de entenderse con este Gobierno”.

Como cosa rara, esta vez estoy de acuerdo con esa columnista a quien aprecio, pero con quien casi siempre estoy en desacuerdo. ¡Eso es lo que justamente tiene que hacer Duque! Y eso es lo que con insistencia la bancada de la paz, mayoritaria en el Congreso, le plantea desde hace tiempos: que haga un gran pacto político para impulsar la implementación completa del Acuerdo de Paz con las Farc y que reanude el diálogo con el Eln.

Pero lo más interesante de la columna de María Isabel es que dice que Estados Unidos vería con buenos ojos la reapertura de los diálogos con el Eln y que el embajador Philip Goldberg, en una entrevista que le hizo, soltó esta perla: “Tenemos simpatía política con la idea de que haya líderes del Eln que estén presentes en La Habana”.

¿Eso qué significa? ¿Acaso lo que ocurre es que, al insistir en que Cuba como país garante del proceso con el Eln incumpla los protocolos y extradite a los negociadores de esa guerrilla, el presidente Duque y su antiguo canciller han seguido los lineamientos no del Departamento de Estado, sino del amigo de Duque, el senador Marco Rubio, quien quiere tumbar a toda costa al gobierno cubano y seguramente se pondría feliz de que la isla volviera a ingresar a la lista de países que apoyan el terrorismo? ¿Eso era lo que había detrás de esa terquedad del excanciller que ni escuchaba a los países europeos ni a los juristas expertos que le insistían en que estaba equivocado? ¿Eso es lo que se ha estado jugando? Si así fuera, no solo sería vergonzoso sino muy desleal con Cuba, un país que se ha empeñado en ayudar a que Colombia consiga la paz.

En todo caso, la afirmación del embajador, unida a otra que indica que para EE. UU., como para todos los conocedores del tema, tienen validez los protocolos (“entendemos la razón de que Colombia pida una acción cubana. Pero (…) hay razones legales que se involucran también en el asunto”), debe ser tenida muy en cuenta por la nueva canciller, Claudia Blum, una mujer capaz y con experiencia en asuntos multilaterales como embajadora que fue ante la ONU, quien no puede seguir equivocándose en el manejo de la política exterior como se equivocó su antecesor en el trato que le dio al tema de Cuba y al de Venezuela, donde casi sería factible que Trump acabará negociando con Maduro, como lo hizo con Corea, y Colombia se quedará viendo un chispero.

¡Así que ojo, presidente Duque, y ojo, canciller: bien vale la pena que, en este caso, escuchen lo que se está preguntando María Isabel!

Nota. Ojalá el paro de ayer se haya convertido en una masiva y pacífica presencia que haga reflexionar al presidente sobre la urgencia de que convoque a las otras fuerzas políticas y cambie de rumbo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 15 DE 2019

 

Por qué marcharé el 21

Porque en un bombardeo murieron ocho niños o más y el Gobierno no solo ocultó el hecho, sino que, una vez conocido, el presidente ni siquiera se disculpó ante las madres de esas criaturas llevadas a la fuerza por las bandas armadas y después desmembradas por las bombas del Estado, ni tuvo para con ellas una palabra o un gesto de condolencia, voy a marchar el 21 en paz.

 

Porque a los indígenas los están matando por oponerse al narcotráfico que se pasea por el departamento del Cauca vigilado por cerca de siete batallones, la mayoría de cuyos miembros, cuando pasan los cargamentos de droga, probablemente miran para otro lado, voy a marchar el 21.

 

Porque van 247 líderes sociales y 90 excombatientes de las Farc asesinados durante el mandato del presidente Duque, y el Gobierno no ha tomado medidas efectivas y concertadas con las comunidades para detener la matanza, voy a marchar el 21.

 

Porque el Gobierno parece no oír el clamor de las comunidades en riesgo que desde los territorios le piden que cumpla el Acuerdo de Paz, voy a marchar el 21.

 

Porque el presidente no escucha a los partidos mayoritarios del Congreso que, desde hace tiempo, le están solicitando que haga un acuerdo político para desbloquear y sacar adelante al país, y sigue en las mismas y con los mismos, voy a marchar el 21.

 

Porque el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU la resolución en la que 187 países pidieron que se levante el bloqueo de EE. UU. a Cuba, con el argumento de que se trata de una censura política porque la isla les sirve de refugio a los miembros del Eln que están allá por solicitud del Estado colombiano, cuando la verdad es que el gobierno Duque no ha querido acordar los detalles de su regreso al país como lo establecen los protocolos acordados para los casos de rompimiento de las negociaciones, ni tampoco ha buscado negociar otro protocolo, voy a marchar el 21.

 

Porque con esa actitud el presidente Duque está cerrando las puertas para que en el futuro, durante otros gobiernos, algún país quiera servirnos de garante en la negociación de otros inevitables procesos de paz, voy a marchar el 21.

 

Porque la paz está en peligro y creo que tengo el deber de defenderla, voy a marchar el 21.

 

Porque en este Gobierno el desempleo regresó a los dos dígitos, voy a marchar el 21.

 

Porque al llegar casi a la tercera parte de su gobierno es la hora en que el presidente Duque no ha logrado que entendamos cuál es el rumbo que quiere darle al mismo, voy a marchar el 21.

 

Porque el país no parece gobernarlo el presidente, sino el jefe del partido de gobierno, voy a marchar el 21.

 

Porque me uno al malestar que tienen los distintos sectores que convocan el paro —estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres, indígenas, docentes, pensionados, sindicatos, partidos políticos y comunidades afros y LGBT—, voy a marchar el 21.

 

Porque quiero un Gobierno que haga de Colombia un país incluyente, justo y en paz, voy a marchar el 21.

 

Porque estoy hasta la coronilla de las torpezas del Gobierno, voy a marchar el 21.

 

Porque todas esas razones, más las otras que ustedes tengan, son más que suficientes, los invito el 21 a rechazar la violencia y a marchar en paz.

 

Nota. Ojalá el alcalde Peñalosa recapacite y le aumente el presupuesto a la Casa de Poesía Silva a un nivel que le permita subsistir. Sería muy triste que, además de todo, su alcaldía terminara con el inri de haber matado esa casa que fundó la querida poeta María Mercedes Carranza y que tanto estimula la poesía.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 7 DE 2019

No sólo es Botero

El bombardeo, en agosto, de un campamento de disidentes de las FARC en Caquetá, en el que murieron ocho niños, entre ellos una niña de doce años, y el ocultamiento del hecho por parte del ministro de Defensa y del Comandante del Ejército, quienes presentaron el suceso como un exitoso operativo militar en el que fallecieron 14 criminales, según lo denunció el Senador Roy Barreras en su debate para promover la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero (a quien aprecio porque fuimos compañeros en la universidad), serían suficientes motivos no sólo para que renunciara el ministro, sino también el Comandante del Ejército. Y si el Presidente Iván Duque justifica el hecho, o guarda silencio ante el mismo, también tendría que caerse él.

 

Es que lo que está pasando con la política de defensa es muy grave. Y dicha política no sólo la dicta el ministro sino, principalmente, el Presidente, que es el Comandante de las Fuerzas Armadas.

 

Miremos ejemplos: no para la matanza de líderes sociales; van cerca de 170 desmovilizados de las FARC asesinados, uno de ellos dentro de una zona resguardada por la fuerza pública; el descubrimiento, por parte de The New York Times, de directrices, dentro del Ejército, que podrían generar el regreso a los falsos positivos, las cuales fueron retiradas de los instructivos militares después del escándalo; las revelaciones de la revista Semana sobre órdenes dadas por el Comandante del Ejército para hacer polígrafos dentro de la institución con el fin de ubicar a los oficiales que le suministraron la información al diario estadounidense, y el mutismo del General Nicasio Martínez ante la denuncia de ese hecho que él había negado sistemáticamente; el homicidio del desmovilizado Dimar Torres por orden de un coronel del Ejército, muerte que al principio fue presentada por el Ministro de Defensa como si hubiera obedecido a un forcejeo entre la víctima y el cabo que ejecutó la acción y, luego, su censura al General que le pidió perdón a la comunidad por el asesinato de Torres; el homicidio, al parecer por la espalda, del campesino Flower Trompeta; la pérdida de imagen ante la opinión pública de las Fuerzas Militares; los constantes asesinatos de indígenas en el Cauca, hasta el punto de que la semana pasada mataron a 16 en ese departamento donde hay siete batallones, y está claro que lo hicieron porque son los indígenas, y no los militares, los que se oponen a los narcotraficantes en la zona... Además, como lo dijo el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien visitó el Cauca, “se perciben los soldados en las vías de manera muy estática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están dedicadas a asesinar a los a indígenas, especialmente a la guardia indígena. Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo que lo primero es que se concerte con los indígenas una acción rápida y de fondo(…), de modo que no resulte siendo una ofensa más para ellos”.
 

En fin, son demasiados los hechos que indican la necesidad de que Duque le dé un revolcón a su doctrina militar, y que nombre a una cúpula y a un ministro de su confianza, que no se guíe por directrices ajenas.

 

Pero, eso si, tiene que quedar claro que así el ministro sea un fusible al que el Presidente puede remover en cualquier momento, quien de verdad debe responder por la seguridad en el país y porque en Colombia se respeten la vida, honra y bienes de los ciudadanos, es el Presidente de la República.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 1 DE 2019

Mensajes electorales

 

El triunfo de Claudia López en Bogotá, luchadora incansable contra la corrupción y la parapolítica, y de Daniel Quintero en Medellín, brillante líder progresista quien solito derrotó a Uribe en su casa, más la victoria de los alcaldes de Cartagena, Cúcuta, Villavicencio y Manizales, y la de los otros elegidos en alianza con el Partido de Verde, empezando por Jorge Iván Ospina en Cali, demuestran que el país no es el que el presidente Iván Duque cree: Colombia ya no es el país de extrema derecha que le come cuento a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, pues su principal partido es hoy el Verde. Eligió en sus grandes ciudades a alcaldes comprometidos con el Acuerdo de Paz. Se hartó de la polarización encarnada por el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, los derrotados de las pasadas elecciones. Quiere superar la politiquería y caminar hacia la modernidad. Y no desea seguir hundida en la guerra.

 

Llegó la hora de que esos mensajes de las elecciones los escuchen varios:

 

Primero, debe oírlos el presidente Duque quien, a partir de los resultados electorales, tiene todo el aval para buscar una alianza en el Congreso con la Bancada de la Paz (Partido Verde, Liberal, de la U, Polo Democrático, Cambio Radical, Decentes y FARC), y así superar el estancamiento político y sacar adelante sus proyectos.

 

Después, debe oírlos el Eln, con el fin de que deje su empeño en continuar la guerra, entienda que le dan más frutos los caminos democráticos, busque un acuerdo con el Gobierno y reinicie las conversaciones de paz.

 

También debe escucharlos Gustavo Petro, quien tiene que entender que ya él no es el gran jefe de la izquierda, pues las principales mujeres de su Colombia Humana (Ángela María Robledo, María José Pizarro y María Mercedes Maldonado), como era lógico, apoyaron a Claudia López y buena parte de su electorado votó en enhorabuena por la alcaldesa.

 

Tiene que oírlos además el senador Uribe, quien debe darse cuenta de que ya es hora de que se dedique a sus nietos y a sus caballos y deje a este país en paz, porque Colombia anhela nuevos liderazgos.

 

Y tiene que volverlos a escuchar el presidente Duque, quien debe sintonizarse con ese nuevo país, cambiar su política de defensa, obligar a las tropas a regresar al respeto a los derechos humanos y empeñarse en la consolidación y conquista de la paz completa.

 

Y, por supuesto, deben escucharlos los nuevos alcaldes, que disponen de todo el apoyo ciudadano para hacer de sus ciudades urbes incluyentes, alejadas de la polarización, con espacios democráticos, prósperas y listas a apoyar la implementación completa del Acuerdo de Paz.

Para finalizar, quiero preguntarle al alcalde Enrique Peñalosa: ¿no es mucho más elegante, sensato y respetuoso de la democracia, que se siente de nuevo con la alcaldesa, que discuta con ella sus objeciones al POT, las incorpore y expida un POT fruto del consenso?

 

Nota. Me dicen que el presidente Duque está inclinado a ordenar que el próximo jueves Colombia vote en la ONU a favor del bloqueo a Cuba o que al menos se abstenga de hacerlo. ¡Esa sería la mayor afrenta a la tradición internacional del país, que nunca, ni siquiera en épocas de Uribe, asumió semejantes posiciones! Además, iría en contra de las corrientes mayoritarias que se expresaron el domingo en las urnas. ¡Por favor recapacite, presidente!

 

                                                                                  ***

 

Adiós, querido Alfredo Molano. ¡Qué falta van a hacer tus reportajes! ¡Qué falta vas a hacernos a tus amigos! Paz en tu tumba.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 25 DE 2019

Mi deuda con Perry

—¿Le mando mi libro y le hace un comentario? —me escribió a comienzos de agosto Guillermo Perry—. En él la menciono.

 

—Claro —le dije—. ¿Y por qué me menciona?

—No me acuerdo. ¡Le va tocar leerlo todo! —repuso muerto de la risa ese gran amigo por más de 40 años.

 

El 8 de agosto, en un almuerzo en mi casa, se veía feliz: la semana siguiente presentaría su libro Decidí contarlo, un texto de 530 páginas en el que relata la historia económica y política del país en los últimos 50 años, como testigo de ella en su condición de economista graduado de MIT, primero en Planeación Nacional durante los gobiernos de Carlos Lleras y Misael Pastrana, luego en la Dirección de Impuestos bajo Alfonso López, después como consultor de varios gobiernos, ministro de Minas y Energía de Virgilio Barco, senador, constituyente, ministro de Hacienda de Ernesto Samper y, finalmente, como observador de los gobiernos siguientes. En la mesa, Perry se refirió a anécdotas picantes del libro, entre otras, una del presidente Misael Pastrana, a quien dejaba muy mal parado.

 

El 13 de agosto, al terminar la presentación en la atiborrada biblioteca del Gimnasio Moderno, me acerqué a felicitarlo. ¡Cómo iba a imaginarme que esa sería la última vez que lo vería! ¡Cómo iba a pensar que después de haberle ganado la batalla a un cáncer de vejiga, mes y medio más tarde su corazón se detendría súbitamente!

 

Perry ya no puede leer esta nota, pero le cumplo la promesa. Y lo hago un mes después de su muerte, porque no quería escribirla sin leerme cada una de las 530 páginas de este libro interesante, didáctico, ilustrativo, que muestra de manera amena y crítica la historia económica —siempre tan árida— de este país convulsionado, inserta en medio del acontecer político, comenzando al final del Frente Nacional y terminando en el gobierno de Duque.

 

Definitivamente, Decidí contarlo, una especie de memoria de la vida de Colombia y de la de Perry, hecha como si él hubiera presentido la cercanía de la muerte, es un texto que tanto expertos como legos en economía debemos leer.

 

Sin embargo, no refleja a su autor en toda su dimensión: lo retrata solo como el gran economista y el importante consultor internacional que fue, como el político, como el hombre interesado en la defensa de la ética pública y como el padre que amó a sus hijos y vivió enamorado de Claudia, su mujer… Pero no lo muestra como ese ser multifacético, aventurero, interesado por todo —los viajes, los amigos—, apasionado por la cultura, por el teatro, la literatura, la poesía, la música, hasta el punto de que sin tener oído musical escribió vallenatos y un bolero, este musicalizado por nuestro inolvidable amigo Mario Ochoa (q.e.p.d.), que en un par de apartes dice:

 

“Yo no sé si es verdad o es mentira lo que yo te digo, / pero sé que en la noche profunda me muero de amor (…) / Yo no quiero que llegue mañana ni la luz del día, / yo prefiero vivir en tinieblas sintiendo tu amor / y extraviarme en caminos sin rumbo por tu cuerpo lento / y perderme en un instante eterno de loca pasión”.

 

¡Ay, Perry, qué falta que va a hacernos!

 

Elecciones. Mis candidatos al Concejo: Clara López (Colombia Renaciente), Marisol Gómez (Bogotá para la Gente), Jorge Rojas (FARC), Ana Teresa Bernal (Colombia Humana), Diego Cancino (Alianza Verde).

 

Y en la Alcaldía, aunque con estilos diferentes, tanto Carlos Fernando Galán como Claudia López lo harían muy bien. En Medellín votaría por Daniel Quintero y en Cali por Jorge Iván Ospina.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 18 DE 2019

El fenómeno Galán

Carlos Fernando Galán se ha convertido en un fenómeno político: con su discurso no polarizante y la insistencia en mantener su independencia de los partidos, se ha sintonizado con el sentir de buena parte de la opinión que está mamada con la peleadera de Uribe y de Petro, y a la que el estilo de frecuente confrontación que caracteriza a Claudia López le suena a lo mismo, no obstante que está bien capacitada para ser alcaldesa.

Esa actitud de independencia de Galán no es nueva. Por una parte, debió aprenderla de su padre, el carismático Luis Carlos Galán, quien creó el movimiento disidente Nuevo Liberalismo para oponerse a las prácticas clientelistas y corruptas del Partido Liberal. Por otra, la demostró primero en el 2015, cuando renunció a la presidencia de Cambio Radical porque ese partido apoyó para la Gobernación de la Guajira a Oneida Pinto, quien estaba investigada por corrupción en adjudicación de contratos, y a Luis Pérez, que quería la Gobernación de Antioquia y estaba cuestionado por sus aliados políticos. Después, en diciembre del 2017, Galán dijo que no aspiraría a su reelección en el Senado por Cambio Radical porque no estaba de acuerdo con el criterio usado para conformar la lista, que de nuevo incluyó a candidatos cuestionados. Y, finalmente, en el 2018, luego de que Cambio Radical apoyó a Iván Duque en la segunda vuelta, Galán renunció al Senado y al partido pues consideró que seguir ahí no era coherente con sus principios, y votó en blanco en la segunda vuelta.

Pero antes de retirarse del Senado, protagonizó un duro enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe porque, en un debate de control político sobre supuestos actos de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Galán puso en duda la legalidad de la participación de los hijos de Uribe en un proyecto que tienen en Mosquera (Cundinamarca). Uribe reaccionó a los gritos y Galán no se le quedó atrás, enfrentando al energúmeno senador.

Y ahora, como candidato a la Alcaldía de Bogotá, se ha posicionado como el vocero del centro, y ha presentado un equipo serio, integrado, entre otros, por tres exministros del gobierno de Santos: el de Justicia, Yesid Reyes; el de las TIC, David Luna, y el de Ambiente, Carlos Costa. También, por un exministro de Desarrollo de Pastrana, Eduardo Pizano; por Frank Pearl, miembro del equipo negociador con las Farc y el Eln; por la excandidata uribista a la Alcaldía, Ángela Garzón, destituida por Uribe; por Claudia Parias, reconocida gestora cultural, quien fuera directora de la Orquesta Filarmónica, y por su mano derecha, su hermano el exsenador Juan Manuel Galán. Con ese equipo capacitado, bajo su dirección reposada e inteligente, Galán puede hacer una alcaldía que logre en el Concejo los consensos necesarios para ejecutar sus planes de gobierno.

Pero a Carlos Fernando no sólo lo han favorecido su campaña tranquila, su política de independencia y su buena pinta, sino también las celebraciones que hubo con motivo de la conmemoración de los 30 años del asesinato de su padre, abaleado por el narcotráfico con el apoyo de políticos corruptos. Entonces, muchos bogotanos se sintieron en deuda con Luis Carlos Galán y decidieron votar por su hijo menor para la Alcaldía. Y Carlos Fernando se disparó en las encuestas.

Aún quedan 10 días y todo puede pasar. Pero si las cosas siguen como van y si Claudia y Petro no se unen, el alcalde será Galán.

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 11 DE 2019

Uribe: “Fue a mis espaldas”

Siempre he pensado que el caso del senador Álvaro Uribe debe ser igual al de Eusebio, el marido de Custodia, mi antigua empleada: él, como tantos maridos, llega borracho en las madrugadas a pegarle a su mujer dizque porque anda con otros hombres, cuando justamente quien llega de acostarse con otras es Eusebio.

 

Eso, en psicoanálisis, se llama proyección. Y en lenguaje popular se define con el dicho de “el ladrón juzga por su condición”.

 

Pues ocurrió que, en el 2012, el senador Iván Cepeda le hizo un debate a Uribe en el cual dijo que él y su hermano Santiago habían estado involucrados en paramilitarismo y en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después, Cepeda denunció a Uribe. Y el expresidente denunció a su vez a Cepeda porque supuestamente había sobornado a falsos testigos para que lo incriminaran. Sin embargo, luego de una investigación de cerca de seis años, la Corte absolvió a Cepeda y, en cambio, compulsó copias para investigar a Uribe, ya que encontró que había indicios para pensar que era él quien supuestamente había sobornado testigos. Así, en febrero del 2018, le abrió investigación al expresidente por soborno y fraude procesal.

 

A paso lento, como se mueve la justicia, la investigación continuó y, el martes, se produjo la indagatoria de Uribe. De ella, como es su deber, porque hay que respetar la reserva del sumario, la Corte no dijo nada, salvo que el expresidente “contará siempre con plenas garantías” y que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”. En cambio, Uribe habló, durante casi hora y media, de lo divino y lo humano. Y reconoció que su cuestionado abogado Diego Cadena —quien no solo ha sido apoderado suyo sino también de narcotraficantes como alias Don Diego, Don Mario y Diego Rastrojo— le dio $2 millones o $7 millones (no está claro, porque Uribe habló primero de dos y luego de siete) al testigo Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que primero acusó a Cepeda pero que, a comienzos de septiembre, afirmó que lo había contactado Cadena para buscar testigos y planear una campaña de falsas declaraciones contra Cepeda.

 

No obstante, a pesar de su confesión, el exmandatario aseguró que le había dicho a Cadena: “Hombre, si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”.

 

Es decir, Uribe aceptó que su abogado le hizo un pago a un testigo, pero sostuvo que fue a sus espaldas.

 

Al día siguiente, Cadena dijo que no le había consultado ese pago a Uribe porque no había considerado que fuera necesario hacerlo. Es decir, en principio aceptó la tesis del senador. Sin embargo, se sabe que hay soportes de $9 millones más de pagos al testigo. (¿Esos tampoco los habrá consultado Cadena con su cliente?). Y el testigo, en entrevista con la revista Semana, dijo que él o allegados suyos habían recibido pagos por $40 millones.

 

De modo que aún queda mucha tela que cortar. Mientras el magistrado del caso, que ya vinculó formalmente a Uribe al proceso, decide si lo llama a juicio o no, yo sigo en mi teoría: el caso de Uribe debe ser igualito al de Eusebio, el marido de Custodia…

 

Nota. La semana pasada le dijimos adiós al inolvidable Guillermo Perry. Esta semana despedimos a Javier Darío Restrepo, periodista riguroso y recto, experto en la ética de esta profesión que cada día necesita más de voces como la suya. ¡Paz en su tumba, maestro!

 

@patriacialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 4 DE 2019

No se equivoque más, Presidente

La amenaza del Presidente Duque a Cuba en el sentido de que las relaciones se romperían si en 6 meses la isla no extradita a los miembros de la Delegación de Paz del ELN que están allá por petición del estado colombiano, es no sólo una equivocación, sino una evidencia de la poca confianza que él tiene en la capacidad del Ejército para capturar a los insurgentes luego de que, una vez cumplido el protocolo acordado para su regreso en caso de ruptura del proceso de paz, ingresen al país.

 

Es una equivocación por estas razones: 1. En la práctica, Colombia está diciéndole a Cuba que si no viola un compromiso internacional -el protocolo que firmó como país garante del proceso de paz-, rompe relaciones. 2. Ese protocolo, como dijo el jurista Rodrigo Uprimy, “es un acto internacional de Colombia frente a los Estados garantes, por lo cual gobiernos posteriores deben cumplirlo de buena fe o deben modificar expresamente ese compromiso”, cosa que no ha buscado hacer el gobierno de Duque, ya que su posición es que se viole el protocolo, y punto. 3. Colombia no puede aplicarle a Cuba la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual establece los compromisos de los Estados contra el terrorismo, como dice Duque, porque Cuba no alberga a los miembros del ELN por voluntad propia sino en virtud de un compromiso internacional como garante. 4. “Si un Estado ofrece garantías a su enemigo para negociar y luego las desconoce para capturar o matar a los negociadores, como dijo Uprimy, incurre en una grave violación al derecho internacional humanitario, que es la perfidia”. 5. El incumplimiento del protocolo sería un precedente inaceptable no solo para Colombia, sino para cualquier proceso de paz en el mundo, ya que deben existir reglas fiables si la negociación fracasa, como dijo el ministro de Estado alemán Michael Roth. 6. Con su actitud, Duque nos cierra las puertas de la paz, porque ningún país va a aceptar ser garante de un proceso que emprenda un Estado que no cumple sus compromisos. Y 7, si Colombia rompe con Cuba por esa razón, manchará su imagen internacional.

 

Y es una falta de confianza en la capacidad de nuestro Ejército, porque el protocolo establece que, por 72 horas, rija un cese el fuego en un área acordada, que tradicionalmente ha sido de unos 50 Kms cuadrados. Esa área podría rodearla el Ejército. Ahí, en ese lapso, los tipos del ELN aterrizarían en un helicóptero de la Cruz Roja, en el que viajarían con delegados de los garantes y de Colombia. Vencidas las 72 horas, el Ejército podría y debería perseguirlos, capturarlos y entregarlos a la justicia.

 

Como me decía un importante General: “si de mi dependiera, yo haría cumplir el protocolo y le diría al Comandante del Ejército: le doy un mes para que coja a esos tipos, y si no, se va”.

 

¿Por qué no lo ha hecho así el gobierno? Aún pueden hacerlo. Así nos ahorraríamos ese desgaste internacional y los elenos, pronto, acabarían presos o muertos. Como quiere Duque.

 

(¿Y por qué la ONU no nos ayuda a superar este impase?)

Nota: ¡Qué dolor produce la muerte de Guillermo Perry, amigo por más de 40 años! Lo vi por última vez el día del lanzamiento de su libro, Decidí contarlo, un compendio de su vida y obra, escrito como si hubiera tenido la premonición de que su vida llegaba a su fin…¡Estaba radiante!

¡Quién iba a imaginar que mes y medio después estaría muerto! ¡Qué falta vas a hacernos, Perry!

Les mando a Claudia, a Juana y a Antonio, un abrazo fuerte y largo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 27 DE 2019

La explosiva verdad de Char

La declaración ante la JEP del exsenador David Char —que apenas comienza— ha pasado desapercibida. Pero es de gran trascendencia porque deja al descubierto no sólo las relaciones que un vasto sector de la clase política ha tenido con los paras, sino que revela, en la propia voz de un miembro de uno de los más influyentes clanes políticos, cómo ha funcionado la compra de votos y hasta dónde cohabitan la corrupción y la política local.

Hasta la semana pasada Char, que fue acusado por la Corte Suprema de recibir para su campaña dinero del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de prestar carros a esa organización criminal, de reunirse con jefes paras para efectos electorales, de aportarles plata por medio de la empresa Acodensa perteneciente a la familia Char, y de suministrarles una caja de munición explosiva, ha dicho varias cosas a la JEP, donde fue aceptado porque se comprometió a revelar una verdad mayor a la dada en la justicia ordinaria, a reparar a las víctimas y a contribuir a la no repetición. Char ha dicho que, mientras en Soledad y Malambo los paras instalaron su poder a base de usar el miedo y la violencia, en Barranquilla lo hicieron a través de alianzas con políticos, entre otros el exalcalde Guillermo Hoenigsberg, que fue apoyado por el dirigente liberal José Name Terán. Agregó que las Auc tenían lobistas que se les aproximaban a los congresistas de Sucre, Córdoba, Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Añadió que “las tres casas más importantes del Atlántico” eran las de los Name, Gerlein y Char y que “si alguien quería participar en política a nivel de Gobernación y Alcaldía necesitaba tener el aval de alguna de estas tres familias”. Dijo que allá las Auc se consolidaron porque lograron elegir a Rosa Stella Ibáñez en la Alcaldía de Soledad y, “a través de ella, consiguieron que les adjudicaran el Hospital Materno Infantil, que fue su fortín”. Contó que alcanzaron también la Alcaldía de Malambo y que, a través de esas alcaldías, trataron de cooptar la contratación y los puestos del departamento. Y ahondó en cómo funcionaba la compra de votos, que según Char tenía tres modalidades: se hacía a través del cambio de materiales de construcción por votos, de la compra en efectivo del voto y de lo que llamaban “carrusel de la votación”, en el que se contaba con la complicidad de la Registraduría para aumentar la votación en las mesas.

 

Char dijo que no participó en esa última modalidad de compra de votos, pero sí en las demás; reconoció que apoyó “a un grupo paramilitar que causó daños en la sociedad en todos sus niveles” y se comprometió a reparar a las víctimas haciendo un proyecto cooperativo y sostenible de siembra y comercialización de maíz y de ají, que incluye construir y dotar un colegio para más de 100 alumnos, y brindar asesoría psicosocial de especialistas en posconflicto.

 

La confesión de Char no sólo es un ejemplo de los beneficios que traerá la JEP, sino también una voz de alarma de lo que pasa en las regiones: porque lo que él dice que ocurría hace 13 años es lo mismo que sucede ahora: la disputa de las distintas mafias por el dominio político de los poderes locales. Por eso esta campaña ha sido tan violenta.

 

Y el Gobierno se ha hecho el loco ante la verdadera causa de esta violencia, que no es otra que la retoma del país por el paramilitarismo. ¿Hasta cuándo el presidente Duque seguirá cerrándole los ojos a esa peligrosa realidad?

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 6 DE 2019

¡Qué torpes!

La decisión de Márquez y Santrich de reiniciar la lucha armada después de firmar la paz demuestra su torpeza política y su infinita incapacidad de entender el país y de percibir cuáles son los sentimientos de su gente; pero también denota su egoísmo y su narcisismo descomunal. Porque independientemente de que la implementación del Acuerdo de Paz haya sido lenta; de que la reforma rural integral, las 16 curules para las víctimas y la reforma política contempladas en el Acuerdo estén en cero; de que los programas de sustitución de cultivos ilícitos no sean prioridad de esta administración, y de que el partido de gobierno y el presidente Duque hayan insistido, afortunadamente sin éxito, en modificar la JEP y otros aspectos del pacto de paz, lo cual pudo infundirles inseguridad jurídica, la motivación fundamental de la decisión de Márquez y Santrichparece corresponder más a la necesidad de solucionar un problema personal que a un asunto político: Santrich sintió muy probablemente que la Corte Suprema iba a dictarle orden de captura y se escapó antes de rendir indagatoria, a pesar de las promesas que le había hecho al país de que se sometería a la justicia y acataría sus decisiones. Y Márquez, que no ha podido explicar la relación con su sobrino Marlon Marín, involucrado en narcotráfico y convertido en informante de la DEA, sintió también pasos de animal grande y, en lugar de acogerse a la JEP y aclarar su situación, decidió crear una nueva guerrilla y, para satisfacer su ego, se volvió jefe de otra aventura armada, sin importarle las nuevas víctimas que deje en el camino, ni el perjuicio que con su decisión les cause a los cerca de 10.000 excombatientes que siguen apostándole a la paz, ni el impacto negativo que su decisión tenga en la consolidación de la democracia en el país. Pero es tal el rechazo que ha generado su notificación del regreso a la guerra, que por más de que ejecuten unas cuantas acciones urbanas, la posibilidad de que tengan audiencia o interlocución política es nula.

 

Dicho esto, hay que enfatizar en que si bien el Gobierno debe garantizar que los militares demuestren eficiencia no solo en la persecución a la nueva guerrilla sino también a los demás grupos y bandas armadas, la prioridad del presidente tiene que ser, ahora sí de verdad y con toda celeridad, cumplir el Acuerdo de Paz como un todo. No se trata, como tantas veces lo ha dicho él, de cumplirles a quienes han cumplido. No. Se trata de cumplir el Acuerdo y punto. Los que han incumplido están por fuera del Acuerdo, y sobre eso no hay discusión. Pero el Acuerdo es mucho más que lo que concibe este Gobierno, cuyo comisionado Archila está dedicado a demostrar su eficiencia en la implementación de los proyectos productivos, etc. Y eso está muy bien. Pero el Acuerdo es bastante más que eso, porque su propósito fundamental es garantizar la no repetición de nuestra tragedia; es decir, lograr que las condiciones de inequidad, atraso y exclusión que reinan en la mayor parte del campo colombiano se superen, y conseguir que el Estado haga presencia y garantice la seguridad en todo el territorio, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia y el narcotráfico.

 

Ahora el presidente Duque tiene la gran oportunidad de unir al país, dejar sin argumentos a los violentos y lograr que regrese la paz. Ojalá la aproveche, porque lo más triste que podría sucederle sería que la paz muriera en sus manos.

 

Nota. Por viaje, esta columna reaparecerá el 27 de septiembre.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 30 DE 2019

El comandante del Ejército tiene la palabra

En su artículo de portada, la revista Semana reveló apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes al mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y contra su segundo, el teniente coronel William Roberto Medina. Allí se establece que ellos lideraron una persecución dentro del Ejército para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la criminal práctica de los falsos positivos y que, enhorabuena, fueron retiradas de la institución, así como quiénes habían cometido actos de corrupción dentro de ella. Es decir que, para ellos, lo malo sería no que esos crímenes y delitos se produjeran, sino que se supieran.

 

Sin embargo, lo que es más grave es que en sus testimonios queda claro que la orden para realizar esas operaciones de consecución de información se las dio el comandante del Ejército, quien ha negado sistemáticamente que esa “cacería” se haya producido.

 

Dice Semana que “los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer ‘faltas gravísimas’, que implican una sanción de más de diez años”.

 

¿Y qué proceso tendría que enfrentar el que dio la orden, que todo parece indicar habría sido el jefe del Ejército, si además se tiene en cuenta que él le habría mentido al país?

Como afirmó un editorial de El Espectador, “esta situación es gravísima y las respuestas del Ejército y el Ministerio de Defensa no pueden ser sus usuales evasivas”.

 

Pero así han sido, por lo menos hasta ahora, pues el Comando del Ejército se ha limitado a publicar un comunicado en el que no desmiente lo dicho por Semana y en el que agrega que, a partir de las publicaciones, “se efectuaron (…) las acciones administrativas pertinentes, con el propósito de esclarecer las circunstancias [… y] los responsables de las presuntas irregularidades”, y en el que se insta a los medios y a las autoridades a respetar la reserva legal de las investigaciones.

 

El Comando del Ejército se equivoca en materia grave en su forma de afrontar esta gravísima situación, no solo por hacerse el loco ante semejante denuncia que afecta directamente a la cabeza de la institución, sino por creer que los periodistas debemos silenciar informaciones obtenidas de los procesos. ¡No, señores! Al contrario. Nuestro deber es divulgarlas. Investigarlas hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Y, en este caso, quien tendría que caer sería el comandante del Ejército, a no ser que él pueda demostrar que lo dicho a la Procuraduría por el general Quirós y el teniente coronel Medina es falso.

 

Y, a todas estas, ¿qué opinan del caso los jefes inmediatos del comandante del Ejército: el ministro de Defensa y el presidente?

 

Porque después de tantos cuestionamientos, la moralidad de varios miembros de esa importante institución está en entredicho. Y ahora, al estarlo también la credibilidad del comandante del Ejército, si el ministro y el presidente no hacen que se aclaren las cosas o no actúan en consecuencia en caso de que no puedan aclararse, estaría también en entredicho la credibilidad de la institución como un todo. Y, de paso, la de la política de legalidad que, con tanta insistencia, enarbola como bandera de su gobierno el presidente Duque.

 

Ahora, el general y sus jefes tienen la palabra…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 23 DE 2019

Escuche a la gente, presidente

Lo que se comenta de las encuestas se limita normalmente al tema de si la popularidad del presidente subió o bajó. Pero, a veces, de ellas se desprenden datos interesantes que quedan sepultados por la superficialidad habitual. Es lo que ocurre con una encuesta realizada a comienzos de mes por el Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM&, la cual le puede dar luces a Iván Duque sobre cómo y por dónde enrutar este país tan necesitado de que su presidente le fije un rumbo claro.

 

Primero hay que destacar que, según ese sondeo, el 93 % de los colombianos quiere que a Duque le vaya bien y el 88 % cree que el presidente es una persona serena. Pero el estado de ánimo de la gente no es bueno: el 58 % piensa que el país va por mal camino y solo el 39 % opina que va bien.

Sin embargo, hay un tema, el más interesante de la encuesta, que, si el presidente lo analizara y lograra despojarse de su terquedad y, tal vez, de su soberbia, podría señalarle un camino muy positivo al país: y es el camino de la inclusión, que tanta falta nos ha hecho y por cuya ausencia se han librado tantas guerras en esta tierra. En concreto, la encuesta pregunta: “Este primer año el presidente Duque ha gobernado con su partido, el Centro Democrático y el MIRA. ¿Qué considera más conveniente, que siga apoyado en su partido o debe abrir colaboración a otros partidos?”. Pues casi las tres cuartas partes de los encuestados, el 70 %, desean que Duque abra la posibilidad de colaborar con otros partidos. Y tan solo el 25 % se opone a ello.

 

Y a la pregunta de si “considera que el presidente Duque en un futuro debe ser más cercano a los demás partidos”, el 58 % dice que sí, el 24 % opina que debe ser más autónomo y solo el 14 % quiere que sea más cercano al Centro Democrático y al expresidente Uribe.

 

De manera que no es sino que el presidente ponga en práctica su propósito de buscar la unidad del país, esbozado desde su discurso de posesión y reiterado, solo en palabras, a lo largo de su mandato, pues hubo únicamente una oportunidad en la que Duque dio un paso concreto para buscarla: aquella en la que convocó a la Casa de Nariño a todas las fuerzas políticas, incluido el jefe del partido FARC, para acordar lo relacionado con los proyectos anticorrupción, que casi en su totalidad naufragaron luego. Y la mayoría del país se alegró con ese intento de concertación. Pero este no continuó porque, según me han dicho, al día siguiente de celebrarla, de su partido le llovieron rayos y centellas.

 

Sin embargo, el presidente quiere lograr la unidad. No más este martes, durante la ceremonia que realizó en la Casa de Nariño para honrar la memoria de Luis Carlos Galán, afirmó: “Necesitamos superar las divisiones de la pequeña política para avanzar en la construcción de un mejor país”.

Pero, para superarlas, el presidente tiene que proclamar su independencia, dar el primer paso y buscar la unidad, por ejemplo, aceptando la invitación que un grupo de parlamentarios de los partidos independientes y de oposición —mayoritarios en el Congreso— le hizo con el fin de crear “una mesa multipartidista para sacar adelante los proyectos de ley y la reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

Eso el país se lo agradecería… Y así daría el primer gran salto hacia la unidad y lograría “avanzar en la construcción de un mejor país”.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 16 DE 2019

¡A responder, Gobierno!

Veinte parlamentarios de las bancadas de paz, liderados por Juanita Goebertus, representante del Partido Verde, presentaron un informe de 120 páginas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el primer año de Duque. Sus puntos deberían ser contestados uno a uno por el Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que el documento lo firman parlamentarios de los partidos que hacen mayoría en el Congreso: el Liberal, la U, Cambio Radical, Verde, Polo Democrático y Movimiento Decentes.

El informe anota que el 57 % de las normas indispensables para implementar el Acuerdo de Paz no se han presentado al Congreso; que la meta del Acuerdo de Paz es entregar y formalizar 10 millones de hectáreas a campesinos, pero que solo “se han dotado y formalizado 73.000 hectáreas”, lo que representa un 8,7 % de lo que se debería estar haciendo; que según el Plan Marco, la implementación del Acuerdo le costaría al país alrededor de $139 billones en los próximos 15 años y que el presidente Duque “propone como proyecto de presupuesto para el 2020 la inversión de $9,8 billones para temas de paz”, pero que al ver el presupuesto se observa que “alrededor del 40 % tiene que ver con programas de interés general, de impacto social, pero no focalizados” en el tema de la paz; que a las principales agencias e instituciones para transformar los territorios se les ha disminuido el presupuesto entre el 17 y 7 %; que se deberían haber invertido mínimo $4,6 billones para cumplir las metas de desarrollo en los PDET y solo se han invertido $56.000 millones; que no se han creado las 16 curules que debían darles representación a las víctimas en el Congreso; que no ha habido una reforma integral del sistema político, ni tampoco se han implantado las medidas para impulsar el voto rural; que el 83 % de los combatientes que hicieron dejación de armas hoy no tienen acceso a proyectos productivos; que el 94 % de las 99.097 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cumplieron con la erradicación concertada, pero apenas el 0,7 % de dichas familias tuvieron la posibilidad de acceder a proyectos productivos; que se ha disminuido el desminado, fundamental para continuar con un proceso serio de erradicación manual; y que durante este año del Gobierno de Duque se repararon 56 % menos víctimas que el promedio anual reparado desde cuando se promulgó la Ley 1448.

 

Todas son observaciones fundamentales. Además, el documento hace una propuesta importante, la cual merece ser atendida por el Gobierno de inmediato: crear “una mesa multipartidista para sacar adelante los proyectos de ley y la reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

 

¿Por qué el presidente Duque no atiende esa propuesta de la bancada mayoritaria del Congreso, se sienta en la mesa de concertación y empieza a tejer de verdad esa unidad a la que tanto ha convocado? ¿No sería esta la oportunidad de hacerlo?

 

Notas. Doña Cecilia Caballero de López nos deja un lindo recuerdo: inteligente, amable, comprometida, discreta, liberal, dulce, siempre sonriente, fue no solo una gran primera dama, sino una madre excepcional. Les envío mi abrazo estrecho a sus hijos Felipe, Alfonso y Juan Manuel, a María y demás nietos. ¡Paz en su tumba!

Veinte años sin Jaime Garzón y 30 sin Luis Carlos Galán, dos colombianos de otra dimensión, dos grandes amigos… ¡Qué falta le hacen a este país! La justicia tiene el deber de no dejar sus crímenes en la impunidad.

 

 @patricialarasa

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 9 DE 2019

“Los tebanos”, una obra fundamental

Solo a Ricardo Camacho, fundador y director del Teatro Libre desde hace más de 45 años, obsesivo genial del teatro clásico, podía ocurrírsele realizar Los tebanos, que reúne en una sola obra cuatro de las tragedias principales del teatro griego: Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona, de Sófocles, y Los siete contra Tebas, de Esquilo.

 

Adaptada con inteligencia y conocimiento de las claves del teatro por Patricia Jaramillo, Los tebanos cuenta la historia completa de Edipo, rey de Tebas, y de su descendencia; su alzamiento para salvar la ciudad de la maldición de la Esfinge; su trágico descubrimiento de ser, sin saberlo, el asesino de su padre y, luego, el marido de su madre y el padre de sus propios hermanos; el suicidio de Yocasta, su madre y esposa, desesperada al darse cuenta de su vida incestuosa; la decisión de Edipo de sacarse los ojos atribulado por la culpa; su abandono del trono; su deambular desterrado acompañado por su hija Antígona; la maldición que Edipo profiere contra sus hijos, Eteocles y Polinices, cuando se entera por su otra hija, Ismene, de que ellos se disputan el trono de Tebas y el primero logra desterrar a su hermano de la ciudad; la muerte de los dos hermanos en lucha fratricida por el poder; la decisión de Creonte, convertido en rey de Tebas, de que Eteocles reciba sepultura y honras fúnebres por haber defendido al pueblo mientras Polinices debe ser arrojado al campo para que lo devoren las alimañas y las aves de rapiña; la decisión de Antígona de desobedecer al rey y enterrar a su hermano; su condena a ser sepultada viva, y su suicidio seguido por los de su prometido y su madre.

 

Esta obra, que parece una locura por lo ambiciosa, según Patricia Jaramillo, le fue propuesta al Teatro Libre por Ricardo Camacho, quien “había venido cavilando en los últimos años (para) contar en una sola obra la historia de Edipo, rey de Tebas, condenado por los dioses a envilecer no solo su vida sino la de su pueblo y la de sus descendientes (...) La propuesta implicaba ensamblar las obras de los dos dramaturgos (Sófocles y Esquilo), tratando de superar las diferencias de estilo y de lenguaje teatral, pero también era la ocasión para aproximarse al mundo griego con una nueva mirada, puesto que ya, en 1999, el Teatro Libre había montado La orestíada y en esa ocasión se habían desentrañado las lecciones cardinales de los padres del teatro”.

 

Según Ricardo Camacho, la mayor dificultad de hacer Los tebanos “fue encontrar la especificidad de cada obra y, luego, la de integrarlas en un espectáculo orgánico y coherente. Y este proyecto solo ha sido posible porque se trata de un grupo permanente y estable, que ha desterrado el temor de caminar por el borde de la cornisa”.

Y sí, Los tebanos demuestra que el hecho de que Camacho y su grupo hayan perdido el miedo a caminar por el borde del abismo, siempre haciendo el mejor teatro con las uñas y contra viento y marea, ha valido la pena y ha permitido que en Colombia podamos disfrutar de un buen teatro clásico.

 

No se pierdan, pues, Los tebanos, que estará en cartelera hasta mañana en el Teatro Libre de Chapinero y hasta el 14 de septiembre en la sede del centro (calle 12B n.° 2-44).

 

Y no puedo terminar esta columna sin darles mi más sentido abrazo de condolencia a Ricardo y a todo el grupo del Teatro Libre por la muerte, esta semana, de Héctor Bayona, uno de sus grandes actores de siempre. Paz en su tumba.

 

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 2 DE 2019

¿Hacia un fiscal de bolsillo?

Se sabe que la terna de candidatos a fiscal, que el presidente le enviaría a la Corte Suprema de Justicia para que de ella escoja al sucesor de Néstor Humberto Martínez, estaría conformada por tres personas muy cercanas a él: Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia; Miguel Ceballos, comisionado de Paz, y Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos. Es decir que el fiscal sería, en la práctica, un subalterno del presidente Duque; un fiscal de bolsillo cuyas actuaciones, de antemano, tendrían una sombra de duda. Podría resultar algo parecido a lo que ocurre en Venezuela, donde la Fiscalía obra de acuerdo con los deseos del presidente. Y no habría nada más perjudicial que eso para este país azotado por esa polarización que lo tiene estancado y no lo deja ocuparse de temas que le permitan progresar.

Para evitar que ese disparate se repita (si no se logra que Duque se olvide de cometer esa burrada, como le dijo él a Maduro), hay que darle la bienvenida al proyecto de ley presentado por la senadora Angélica Lozano, el cual establece que la Corte elija al fiscal general de una terna conformada a partir “de un proceso de selección público de mérito (…), garantizando (…) publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género. La terna deberá estar conformada por candidatos que se hayan ubicado en los diez primeros puestos de calificación y no podrán incluirse nombres por fuera de estos”.

Si la senadora Lozano saca adelante su proyecto, la transparencia de nuestro sistema de justicia daría un salto adelante. ¡Ojalá lo logre!

 

***

 

Y una pregunta: al ver la descalificación que el exalcalde Gustavo Petro le hizo a la candidata Claudia López por no casarse con su proyecto de metro subterráneo y decir que si el alcalde Peñalosa deja firmado el contrato del metro elevado ella lo respetaría, y al recordar cómo también Peñalosa desestimó los estudios del metro subterráneo que dejó hechos Petro, los cuales, según dicen, eran serios, ¿no sería una buena idea hacer una reforma para que Bogotá tuviera una junta de planificación urbana, con similar independencia del alcalde a la que tiene del presidente la Junta del Banco de la República, que tuviera la función de garantizar un desarrollo coherente de la ciudad, no sujeto a los caprichos, simpatías, antipatías o intereses del alcalde de turno?

 

El presidente Carlos Lleras decía que a ningún presidente le gusta su antecesor ni su sucesor. Lo mismo ocurre con los alcaldes. Y esta ciudad no resiste más que el alcalde que llega, movido por el prurito de contradecir a su antecesor, haga lo posible por desbaratar o no continuar la obra del alcalde anterior. No puede ser que desde comienzos de los años 40, cuando Carlos Sanz de Santamaría fue alcalde de Bogotá, se estén haciendo estudios para construir un metro y, después de más de 75 años, sigamos en las mismas, pero cada vez más atascados y con menos posibilidades de transportarnos de una manera humana y rápida.

 

La Junta del Banco de la República tiene siete miembros y el presidente, en su período, solo puede escoger a dos de ellos. De manera que actúa con bastante independencia del Gobierno y así ha conseguido, por ejemplo, mantener a raya la inflación, que es uno de sus principales objetivos.

 

¿No podrá Bogotá inventarse una institución similar, cuya función sea conseguir que en esta ciudad sea grato vivir, que nos podamos mover con facilidad y respirar un aire que no nos mate?

 

 @patricialarasa

 

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 26 DE 2019

Hoy es el día

¡Hoy es el día de gritar “No más”! ¡No más atentados contra mujeres, madres la mayoría, que han tenido el valor de defender a sus comunidades del robo de tierras, de la corrupción política, de la minería ilegal; que han promovido la sustitución de los cultivos de coca! ¡No más asesinatos a líderes sociales! ¡No más huérfanos!

Hoy es el día de salir a la calle, a las cinco de la tarde, para gritar a favor de la vida e invitar con contundencia al presidente Iván Duque a que priorice esta situación, como acción fundamental de su gobierno, pues debe ponerle fin a la matazón de líderes sociales y excombatientes que han optado por la paz. En su discurso del 20 de julio, él apenas mencionó el tema. Y lo hizo apoyado en generalidades.

 

Y no es tan difícil detener el genocidio, si se tiene la voluntad política de hacerlo, porque esa violencia atroz está concentrada en unas pocas regiones. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el 80 % de los homicidios se ha presentado en municipios advertidos como potenciales escenarios de violencia según las alertas tempranas. Y los asesinatos se han producido solo en 99 de los 1.122 municipios que hay en Colombia. ¿Entonces por qué el presidente Duque no ordena concentrar la acción y la presencia del Estado en esos municipios?

Pero ocurre que a esos lugares casi nunca va un gobernador; en ellos la Policía es escasa y, lo que es peor, allá la población tiene la sensación de que las autoridades locales están cooptadas por las bandas criminales y los grupos armados.

 

Además hay otro problema grave: el presidente y su Gobierno parecen tener un diagnóstico errado de la situación, porque dan a entender que a los líderes sociales los están matando los grupos armados. Y eso no es sino parcialmente cierto: según el investigador Ariel Ávila, si bien el 30 % de esos asesinatos los cometen grupos armados y miembros de las disidencias, el 70 % los han perpetrado autores particulares; es decir, sicarios contratados para matar a los líderes.

Así que las respuestas que deben darnos cuanto antes el presidente y su Gobierno son: ¿quién está contratando a los sicarios? ¿Quién está mandando a matar a los líderes sociales? Hasta ahora, que se sepa, no han descubierto a un solo autor intelectual de alguno de esos asesinatos. ¡Y eso es una vergüenza!

De modo que salir a marchar hoy es fundamental: no podemos preferir quedarnos en casa por más lluvia o frío que haya. Tenemos que salir... No podemos dejar pasar esta oportunidad de demostrarles a los violentos que el país no tolera su violencia ni está dispuesto a dejarse arrebatar la paz; no podemos dejar pasar esta circunstancia para decirle al presidente que percibimos su pasividad ante la muerte de exguerrilleros y líderes sociales, y que le exigimos que actúe y defienda la vida de esas personas, como se lo ordena la Constitución. No podemos desaprovechar este 26 de julio para convidar a Iván Duque a que se una con su Gobierno a esta causa, la de parar la guerra, y la de gritar “no más”, un “no más” que se escuche en todos los rincones del país, porque lo peor que le puede pasar a Colombia, y a él como presidente, es que en estos tres años que le quedan de mandato, en lugar de consolidarse la paz, regrese la guerra.

 

Nos vemos a las cinco de la tarde de hoy, para marchar desde el Centro de Memoria Histórica (calle 26 con carrera 19B) y gritar: ¡no más muerte! ¡No más!

 

@patricialarasa

 

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 19 DE 2019

El 26 grite con nosotros, presidente

“Nos están matando el futuro. Están matando las oportunidades de nuestros niños y niñas. Están matando el campo, donde crecen las cosas buenas del país. Están matando la tolerancia. Están matando el amor que nos debemos tener unos a otros. Están matando el respeto por nuestra bandera. Están matando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Están matándonos la esperanza de tener una sola Colombia cada vez mejor. Están matando las voces de centenares de colombianos para callarlas. Y seguimos indiferentes… Se nos olvidó que en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un país en paz. Y estamos pasmados dejando que la maten. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Y los siguen matando. ¡Despertemos!”, dice una voz profunda mientras sobre un fondo negro, al ritmo de cada frase, desfilan las fotografías y los nombres de algunos líderes sociales y excombatientes asesinados: Temístocles Machado, Emilsen Manyoma, Maritza Quiroz Leyva, Gilberto Valencia, Ana María Cáceres, Dalmyro Reyes, Gilberto Zuloaga, Yadira Sucerquía, José Víctor Ceballos, Dimar Torres…

Se trata del escalofriante video que aportaron los publicistas Francisco Samper y Carlos Rodríguez a la campaña para promover la gran caminata que bajo el nombre de El Grito (#Julio26ElGrito) realizaremos en todos los lugares de Colombia y del exterior para gritar ¡no más asesinatos a líderes sociales, no más homicidios de excombatientes que se acogieron a la paz, no más muertes, no más dolor, no más! Ese día, a las cinco de la tarde, todos los que sentimos y queremos a Colombia, en cualquier lugar donde nos encontremos, lanzaremos nuestro grito de desesperación, un grito que va a acompañar al emitido por el niño de María del Pilar Hurtado, quien, al ver el cadáver de su madre acribillada a su lado, corría y daba vueltas gritando su desesperación, su desamparo, su soledad… Un grito que se va a juntar con el de todos los niños huérfanos de sus madres, porque ahora los asesinos andan con la moda de matar mujeres, líderes valientes que promueven la sustitución de cultivos de coca o que defienden sus territorios de quienes se quieren robar la tierra, el oro, los presupuestos públicos locales, en últimas, de quienes quieren asesinar la paz.

Este próximo viernes 26, en Bogotá, nos reuniremos a las 5 p.m. en el Centro de Memoria Histórica (calle 26 con carrera 19B), subiremos por la 26 hasta la carrera décima, seguiremos hasta la calle 13, iremos hasta la carrera séptima y nos concentraremos en la Plaza de Bolívar para gritar nuestra angustia y dar un grito que no solo esperamos que escuche el presidente Duque, sino que también lance él como primera autoridad de Colombia.

Presidente, lo invitamos a gritar con nosotros porque usted, como primera autoridad del país, tiene que ser el colombiano más preocupado por el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales. Pero su preocupación no ha sido expresada con la suficiente fuerza y eficacia como para que los asesinos la sientan como una orden suya de parar ya de matar.

Por eso es muy importante que usted, presidente Duque, este 26 de julio, encabece la caminata que haremos legiones de colombianos y que nos acompañe a gritar ¡no más muertes, se acabó el genocidio, basta ya!

Nota: a las cinco de la tarde, en Cali, el plantón será en la Plazoleta San Francisco; en Medellín, será en el Parque San Antonio, y en Barranquilla la caminata saldrá del Parque Esthercita Forero hasta llegar a la Plaza de la Paz.

#NoLasDejamosSolas

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 12 DE 2019

Respuesta de la vicepresidenta

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió una carta —que por falta de espacio no transcribo completa—, en la que dice que responde las preguntas de mi columna titulada “La mala fe del Gobierno”, donde hablaba de las respuestas torcidas que le dieron a las declaraciones del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y en la que le pedía que contestaran algunas preguntas, entre otras las hechas por él sobre ¿por qué el Gobierno está haciendo tan poco para cumplir los puntos diseñados para garantizar la no repetición de la violencia?

En su carta, la vicepresidenta no respondió los puntos en concreto, sino que mencionó diez acciones que, según ella, ha impulsado el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo de Paz, a saber:

1. “El lanzamiento y vigencia de la política de estabilización ‘paz con legalidad’, para cerrar la brecha urbana-rural”.

2. La culminación de “la etapa de formulación de 14 de los 16 planes de acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.

3. “En un trabajo conjunto con las comunidades, se han entregado 400 obras PDET de infraestructura comunitaria, relacionadas con salud, vivienda, educación y deporte, que benefician a 76.000 familias de zonas rurales”.

4. “Con una inversión de $247.000 millones, mediante Obras por impuestos” (…) en 2019 41 empresas han ejecutado “42 proyectos en 57 municipios, de los cuales 28 son PDET”.

5. “Pese a que los acuerdos determinaban el mes de agosto de 2019 como fecha final de la figura jurídica transitoria de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR), donde están más de 3.000 excombatientes de las Farc con sus familias, el Gobierno Nacional resolvió mantener la atención, la renta básica y las garantías de reincorporación, por el tiempo que sea necesario, a fin de garantizar su vinculación a la vida civil en un marco de legalidad”.

6. “Se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos que vinculan a 1.567 personas en proceso de reincorporación con un valor de $17.430 millones. Del total de aprobados, se han desembolsado recursos a 17 proyectos que vinculan a 1.216 excombatientes”, por $12.798 millones.

7. “Se han aprobado y desembolsado 162 proyectos productivos e individuales que benefician a 190 personas”, por $1.479 millones.

8. “Se cuenta con 1.137 personas contratadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en la ARN se tienen contratados 35 excombatientes”.

9. “Se han vinculado 30.000 familias al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.

10. “Existen aproximadamente 100.000 personas vinculadas al Programa PNIS. Los campesinos han arrancado de raíz casi 35.000 hectáreas de hoja de coca (…) Este programa transforma en la práctica las condiciones de vida de los campesinos que le apostaron a la legalidad”.

A pesar de su pastoral, la vicepresidenta dejó de responder en concreto estas preguntas: ¿en qué va la implementación de la reforma rural integral? ¿Cuántas hectáreas se han distribuido a los campesinos de los tres millones que, según el Acuerdo, hay que repartir? ¿Cuántas se han formalizado de los siete millones que hay que formalizar? ¿Y cuáles son los resultados en cuanto a la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes de las Farc, la cual debería traducirse en ausencia de muertos?

Seguimos esperando que el Gobierno, cuya vocería en este caso la tomó la vicepresidenta, responda en concreto esas preguntas.

Nota. ¡No se pierdan El sendero de la anaconda, de Alessandro Angulo! Es un documental espléndido con una cámara magistral.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 5 DE 2019

No más “Santrich”

El país no puede seguir girando en torno a Santrich. Aquí hay problemas y prioridades que no se atienden por el embeleco de insistir en temas que hace rato han debido chulearse: el primer semestre del año se perdió, por ejemplo, en el debate de las objeciones presidenciales a la JEP, con el que Duque recibió una derrota contundente y se retrasó, en el parlamento y en el Gobierno, la atención a temas fundamentales como el ascenso del desempleo y de la pobreza, y la reinstalación del paramilitarismo en ciertas zonas como Córdoba, Montes de María y Bajo Cauca, asunto ante el cual el Gobierno cierra los ojos. Y durante el viaje a Londres, en lugar de oír al presidente hablar de temas de interés internacional, lo escuchamos dando declaraciones sobre Santrich, ¡por Dios!

Y el proceso de paz tampoco puede depender de Santrich. Como bien lo dijo esta semana un editorial de El Espectador, “Jesús Santrich no es la paz”. Y “su comportamiento desafiante”, agregó este diario, “no debería opacar el cumplimiento que tantos otros excombatientes han hecho de lo pactado”. En efecto, más de 10.000 exguerrilleros, de cerca de 13.000, se han reincorporado, han cumplido los acuerdos, están dedicados a desarrollar proyectos agrícolas, turísticos, artesanales, de confección, y cultivan la ilusión de consolidar nuevas familias y desarrollar una vida en la legalidad.

Y tampoco debería opacarse el cumplimiento que de las obligaciones desprendidas del Acuerdo han hecho otros dirigentes del partido FARC, como los que ocupan curules en el Senado, comenzando por su jefe, Rodrigo Londoño (Timochenko), Griselda Lobo (Sandra Ramírez, viuda del fundador de las Farc, Manuel Marulanda), Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Judith Simanca (Victoria Sandino), quienes no solo han asistido puntualmente a sus citas con la Jurisdicción Especial para la Paz y han aguantado con estoicismo las andanadas del Centro Democrático, sino que también han enviado con frecuencia mensajes de reconciliación e, incluso, como lo hizo la senadora Lobo, han llegado hasta regalarle al senador Uribe una matica con motivo del final del año.

Justamente lo que queríamos era ver a esos antiguos combatientes echando lengua en vez de bala —como diría el maestro Darío Echandía—, desarrollando su vida de manera normal y haciendo aportes positivos al país. Y esos logros, que no solo son del gobierno anterior sino también de este, no vamos a permitir que los echen para atrás los Márquez, los Paisas, los Romañas y, ahora, Santrich.

Sin embargo, hay que insistir en que Santrich, si no ha salido del país, para lo cual requiere autorización de la JEP, todavía no ha entrado en falta, pues no hay contra él una orden de captura.

Pero si este martes no cumple su cita para rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, quedará convertido en prófugo de la justicia, le caerá todo el peso de la ley y, lo que es peor, habrá faltado a su palabra, habrá perdido su credibilidad; habrá defraudado a la institucionalidad, que lo ha rodeado de garantías; les habrá fallado a las víctimas, a quienes les debe verdad, y a su partido, al que le debe lealtad, y les habrá dado a los enemigos del Acuerdo de Paz toda clase de argumentos para atacarlo.

No obstante, como Santrich no es la paz, los partidarios del Acuerdo haremos lo necesario para defenderlo. Por eso saldremos a las calles el próximo 26 de julio para gritar al unísono: ¡no más asesinatos de líderes sociales! ¡Adelante la paz!

 @patricialarasa

 

#NoMasGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 28 DE 2019

¿Quién mata a los líderes sociales?

El investigador Ariel Ávila, autor del estupendo libro Detrás de la guerra en Colombia, nos da varias pistas: según él, el 60 % de los líderes asesinados son reclamantes de tierras, como es el caso de María del Pilar Hurtado, recién acribillada en Tierralta, Córdoba, ante la mirada atónita de su niño que, infructuosamente, buscaba ayuda y daba alaridos de dolor; reclamantes de verdad o miembros de las juntas de acción comunal que se oponen a la siembra de coca u otras economías ilegales; o personas que participan en política con banderas de lucha contra la corrupción local.

Después, por fuera de ese 60 %, hay otras categorías de líderes asesinados, como la de los que hacen control ambiental, que van en aumento.

Y la Fiscalía, que ha hecho investigaciones sobre los autores materiales de los crímenes, no sabe nada (o no nos ha comunicado nada) sobre quiénes son los autores intelectuales. ¡Y sus nombres son los que de verdad importa descubrir!

Encontrarlos no debe ser tan difícil: lo más probable es que los autores intelectuales sean los ocupantes de las tierras que están siendo reclamadas; los narcotraficantes de las zonas, cuyos nombres, en esos sitios, todo el mundo conoce; los poderes locales que usufructúan la corrupción, llámense alcaldes, contratistas, concejales, o quienes se benefician con obras que acaban con el medio ambiente, como es el caso de la minería, etc.

Y estos personajes, autores intelectuales de los asesinatos, se lucran de un Estado autoritario a escala local; tienen ejércitos a su servicio o contratan sicarios para que eliminen a aquellos que se les atraviesan a sus intereses y, de paso, así, aterrorizan a la población con el fin de que a nadie se le ocurra seguir su ejemplo.

¿Y a todas estas los alcaldes qué hacen?, le pregunto a Ariel Ávila. “A los alcaldes no les gustan los líderes sociales porque les mandan derechos de petición”, dice. Es decir, no les gustan porque les hacen control político. Por eso los estigmatizan, y algunos dicen que son comunistas o cercanos a las Farc, estimulan la persecución contra ellos y no reaccionan con contundencia ante sus asesinatos. ¿O será que, a veces, hasta se alegran con su muerte?

La verdad es que todo el que se oponga a la corrupción local es susceptible de ser asesinado, especialmente en esos territorios donde el Gobierno no ha sido capaz de hacer presencia con todas sus instituciones (escuelas, hospitales, vías, etc.) ni de llegar con un Ejército y una Policía que, en esas zonas, garanticen que todos sus miembros no actúen como cómplices de las bandas armadas. Como dice Ávila, “al que levante la cabeza a nivel local se la quitan”.

Hay que pensar, también, que las estadísticas señalan que los crímenes contra líderes sociales aumentan en vísperas electorales. Ello significa que hay personas interesadas en sacarlos del juego político porque les estorban.

¿Y a todas estas el Gobierno qué hace? Pues tal vez hace muchas cosas, pero con cero resultados. Porque a los líderes los están matando a un ritmo de uno cada dos días, según la Defensoría del Pueblo, o de uno cada cuatro días, según el Gobierno.

Así las cosas, la única solución que existe es que el Gobierno decida encarar el problema, desnudando a esos poderes locales mafiosos, judicializándolos y desbaratándoles su feudos, así caiga quien caiga y así el Gobierno central pierda sus apoyos locales.

Todo lo demás es cerrar los ojos ante las verdaderas causas de la matazón.

@patricialarasa

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 21 DE 2019

La mala fe del Gobierno

Han estado plagadas de mala fe las respuestas del Gobierno a las entrevistas que en CNN y Blu Radio dio Sergio Jaramillo, uno de los más duros negociadores con las Farc.

Mientras que el alto consejero, Emilio Archila, señaló que “si la investigación contra Santrich por narcotráfico fue un ‘entrampamiento’, como lo afirmó Sergio Jaramillo, que presente las pruebas que tiene ante la Fiscalía General”, Jaramillo lo que dijo fue que el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en entrevista con Yolanda Ruiz (que vale la pena escuchar), “reconoció que (la de Santrich fue) una operación de entrampamiento” y que “la Fiscalía no participó en la principal operación donde recogieron la evidencia”, lo cual “es completamente ilegal en Colombia”.

De modo que a quien debe pedirle Archila que presente esas pruebas es a NHM, y no a Jaramillo.

Y mientras la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, refiriéndose a Jaramillo, afirmó que “hay personas que nos están contando hoy su cercanía personal con el señor Santrich y siguen convencidos de que es una santa paloma”, Jaramillo lo que dijo fue: “Supongamos que Santriches culpable y que todo lo que está diciendo la DEA es cierto...”. Eso sí, preguntó: “¿Por qué los americanos no realizaron esa operación con los grupos que la DEA tiene para eso en Colombia, en cooperación con el CTI de la Fiscalía General y con la Policía Judicial? ¿Y quién fue el que decidió que había que realizar una operación de entrampamiento contra Santrich?”.

Apreciada vicepresidenta, por favor conteste esas preguntas concretas porque ¡sospecho que tienen que ver con eso que llaman soberanía nacional!

Y después Jaramillo agregó: “Uno hace una operación de entrampamiento contra una organización de crimen impenetrable, cuando quiere derrumbarla y no consigue la evidencia para hacerlo. Pero Santrich no había estado en el tema de la droga, jugó un papel muy menor en el conflicto y subió su perfil por el papel muy importante que jugó en la negociación”. Y añadió: “Si uno sabía cómo funcionaban las Farc, era obvio que el efecto que iba a tener esa operación iba a ser devastador sobre la estabilidad del proceso, porque la gente de las Farc que, a diferencia de Santrich, sí estaba en la guerra y sí estaba metida en los asuntos de la coca iba a pensar: ‘Oiga, si a Santrich le metieron semejante operación, entonces imagínense a nosotros’. Y claro, vino el pánico, y media docena de comandantes de primer nivel salieron corriendo”.

¿Entonces quiénes querían hacer volar en pedazos el proceso de paz, doctores Archila y Ramírez?

Esa es la pregunta que las autoridades están obligadas a responder.

Y lo otro que hay que contestarle a Jaramillo es ¿por qué el Gobierno está haciendo tan poco para cumplir los puntos diseñados para garantizar la no repetición de la violencia? ¿En qué va la implementación de la reforma rural integral? ¿Cuántas hectáreas se han distribuido a los campesinos de los tres millones que, según el Acuerdo, hay que repartir? ¿Y cuántas se han formalizado de los siete millones que hay que formalizar?

El presidente Duque le respondió a Jaramillo que “ante la calumnia la mejor respuesta son los resultados”. ¿Cuáles son los resultados sobre esos puntos, presidente? ¿Y cuáles son los que se refieren a la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes de las Farc (han asesinado a siete en la última semana), la cual debería traducirse en ausencia de muertos?

Esperamos sus respuestas concretas, presidente.

 

@patricialarasa

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 14 DE 2019

Las lideresas somos porque las otras están

Por Audes Jiménez González*

Escribo no solo en mi nombre, sino en el de todas las compañeras de la Red de Mujeres del Caribe (RMC) y de la Red de Mujeres Afrocaribes, donde trabajamos por construir una región y un país que reconozcan la riqueza de nuestra diversidad y de nuestros aportes al desarrollo del territorio, el bienestar y la convivencia.

Trabajamos por una región Caribe y una Colombia justas, humanas y solidarias. Muchas llevamos entre tres y treinta años de experiencia en la RMC. Ha sido un trabajo arduo para avanzar en la construcción del modelo de sociedad con el que soñamos.

Para lograrlo, nos hemos preparado académicamente, hemos reflexionado y hemos entendido la democracia como un estilo de vida que debemos practicar en la forma de relacionarnos con las otras personas. Creamos encuentros anuales denominados Congresos por la Regionalización del Caribe Colombiano, que tienen una perspectiva de género, etnia y derechos humanos, donde trabajamos para rescatar nuestras costumbres ancestrales y practicamos estrategias para sanar colectivamente los duelos y traumas padecidos. Los congresos, desarrollados bajo el paraguas de la RMC, le apuestan, principalmente, al desarrollo de la autonomía regional y se proponen crear un plan piloto en la región del Caribe colombiano que repercuta en todo el país.

Quisimos impulsar una ley orgánica de ordenamiento territorial, pero lamentablemente el proyecto no pasó por falta de apoyo político. Este impase no nos desanimó; por el contrario, nos fortaleció: a partir de ahí, trabajamos con mayor contundencia en fortalecer los procesos locales, con miras a desarrollar liderazgos sociales y políticos. Es así como creamos la Red de Mujeres Afrocaribes, que hoy es un referente para la interlocución con diferentes actores políticos y sociales sobre las reivindicaciones de las mujeres negras, afros, raizales y palenqueras. El mismo trabajo se ha realizado con jóvenes de diferentes municipios y departamentos, donde se han creado organizaciones y se han promovido redes que trabajan desde el arte procesos que promueven la cultura de paz.

A partir del 2016 denominamos nuestro espacio Encuentro Polifónico de Mujeres y Paz. Para desarrollarlo, realizamos alianzas con la Universidad del Atlántico, la Nacional sede Caribe, la de los Andes y la Corporación Colombiana de Teatro.

A través de nuestro Encuentro Polifónico interactuamos con más de diez mil mujeres de diferentes edades y sectores de la región. Por ello hemos podido resistir todas las violencias que se ejercen contra nosotras. Por ello no han logrado silenciarnos ni invisibilizarnos. Por ello no podrán acallar nuestras voces.

Por una voz que callen sembrarán cien y mil más: aun cuando quieran matarnos, seremos semilla. Por eso les proponemos a los violentos que hagamos un pacto por la vida y por un territorio en paz, donde tengamos vida en abundancia.

* Nota de Patricia Lara Salive: es un honor cederle mi espacio hoy a la docente Audes Jiménez González, asesora de la Red de Mujeres del Caribe, directora ejecutiva de la Asociación Prodesarrollo de Familias e integrante del movimiento de mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

***

¡Felicitaciones y gracias, Doris Salcedo y Comisión de la Verdad, por estrujar la conciencia de Colombia para que detengamos el exterminio de los líderes sociales!¡Y felicitaciones y gracias, revista “Semana” por corregir el rumbo y lograr que regrese el indispensable columnista Daniel Coronell!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 6 DE 2019

Sobre la responsabilidad política

                  

Poco se conoce aquí el significado de responsabilidad política. Para descubrirlo, vale la pena recordar el escándalo que estalló en Francia en 1.991, cuando el ex primer ministro Laurent Fabius renunció a su inmunidad parlamentaria para que lo juzgaran por “atentar involuntariamente contra la vida” de los pacientes de un hospital que, durante su mandato, se contagiaron de SIDA por recibir transfusiones de sangre contaminada. Entonces se consideró que la demora en tomar medidas preventivas causó la tragedia. Al explotar el escándalo, Francois Mitterrand, Presidente al ocurrir el suceso, declaró que los ministros debían “rendir cuentas de sus actos.” El ex ministro de Salud, Edmond Hervé, fue condenado. Y Fabius, no obstante que la Corte lo absolvió, ostenta en su hoja de vida el poco honorífico calificativo de haber sido “considerado responsable, pero no culpable” del hecho.

 

Sin embargo, en Colombia, ¿quién asume la responsabilidad política por tantos horrores, por ejemplo, el asesinato e intento de desaparición del cadáver del ex FARC Dimar Torres por parte de un miembro del Ejército? ¿Quién responde por los homicidios de 20 líderes sociales en mayo, de los cerca de 500 acribillados desde la firma de los Acuerdos de Paz y del asesinato, después de la misma firma, de 135 ex combatientes de las FARC? ¿Y quién por el hecho de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos y demás bandas de narcotraficantes se paseen como Pedro por su casa por territorios en los cuales los pobladores desconfían de la mayoría de los policías y soldados pues piensan que protegen a los mafiosos? ¿Y quién responde porque las antiguas zonas de las FARC estén copadas tanto por ellos como por el ELN y los desertores de esa guerrilla? ¿Y quién porque el mes pasado, en el Bajo Cauca, durante varios días, los Caparrapos dispararon indiscriminadamente, desde sus motos, contra casas y locales comerciales sin que nada pasara? ¿Quién responde por las amenazas de las Águilas Negras contra defensoras de derechos humanos y por la estigmatización de los líderes sociales la cual propicia que los maten, según dicen ellos? ¿Quién responde por la falta de protección efectiva de esos líderes, por el lenguaje incendiario y, en ocasiones, con tono de justificación, utilizado por el Ministro de Defensa, y por su falta de condenas contundentes de los asesinatos y atentados contra los líderes sociales? ¿Quién responde porque, como por fortuna lo denunció The New York Times, en el Ejército se regresara a los estímulos por cadáveres en vez de establecer estímulos por disminución de asesinatos en las zonas? ¿Quién responde por tanto horror?

 

Por lo menos, deberían responder los Comandantes del Ejército y de la Policía, como directos responsables de lo que se haga y deje de hacer para salvaguardar la paz y la seguridad en el país; y el ministro de Defensa, como responsable político de todo lo que ocurra o deje de ocurrir en las instituciones bajo su mando.

                                  

                                      *   *   *

Ante el despido de Daniel Coronell de la revista Semana, y los desafortunados hechos que lo rodearon, no puedo menos que expresarle mi respeto y mi solidaridad a ese columnista irremplazable. Ojalá los implicados en los hechos reflexionen, recapaciten y rectifiquen el rumbo, y los lectores de Semana, revista que se ha distinguido por destapar los peores entuertos de los poderosos, podamos volver a tener el privilegio de leer en sus páginas las columna de Coronell.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 31 DE 2019

Miren la paz

De tantas noticias, incluso la irrefutable sepultura que la Corte Constitucional les dio a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la más transcendental, por la certeza que genera de que la reconciliación es posible, fue el foro “Hablemos de verdad”, convocado por El Espectador.

Bajo la tutela de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y después de escucharle al fotógrafo Jesús Abad Colorado sus relatos de esta guerra que él ha retratado por años, y luego de oír a Andrea Echeverri cantar “todas somos mamitas / y no debemos parir / para en esta guerra / nuestros hijos ver morir. / Todos somos hijitos / hermanitos de Caín / refresquemos la memoria / pa que no se vuelva a repetir”, los enemigos de ayer respondieron la pregunta de la periodista Gloria Castrillón: “¿Por qué es tan difícil contar la verdad?”.

Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante de las Farc, dijo que le daba miedo contarla porque al ver los resultados de esa lucha que emprendieron convencidos de que defendían al pueblo, siente vergüenza.

 

Luis Eduardo Cifuentes, el Águila, excomandante del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas (Auc), quien pagó 11 años de cárcel, pidió perdón: “Nada justifica nuestro accionar”; afirmó que le cumplieron a la justicia pero a las víctimas lo que les interesa es saber dónde están y qué pasó con sus seres queridos; se quejó de que a muchos de las Auc los han matado y agregó: “Ni las víctimas han sido reparadas por el Estado ni a los reinsertados se les ha dado una oportunidad para reinsertarse en la sociedad”.

El general (r) Rafael Colón, uno de los duros en el combate, quien participó en el desminado humanitario, dijo que “cuesta decir la verdad porque se pueden perder” estatus y responsabilidades; habló de esa concepción que hubo en sectores del Ejército sobre que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la cual llevó a no combatir el paramilitarismo en algunas zonas; afirmó: “Hay que preguntarles también a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las Auc, y a los ganaderos, por qué las Auc llegaban a sus fincas”, y concluyó: “Las verdades hay que contarlas como son… Tenemos que contar la verdad de los falsos positivos para deshacernos de esa cruz”.

Jorge Ballén, presidente de Panaca, cuyo hermano secuestró la guerrilla y quien como empresario sufrió muchas extorsiones en Urabá, confesó que a él le tocó “comprar vida” y pidió que se construya una nueva verdad.

Luego hablaron las víctimas: representantes de las comunidades negras que han sido asesinadas, de los indígenas que han sido discriminados, de las mujeres que han sido violadas... Todos claman por que se cumpla ya el Acuerdo de Paz para que no los maten ni se extingan sus territorios.

De último habló el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. También contó su verdad: “Me metí de cura después de ser abogado para buscar una verdad. Y me salí. Y trabajé como secretario de la Comisión de Conciliación. Y tuve que trabajar con el Eln. Y fui señalado como guerrillero. Y luego fui viceministro de Uribe y me acusaron de extraditar a los paras. La más difícil es la verdad personal”.

Al final, resonaron las palabras del general Colón: “Necesitamos construir confianza: Duque y sus ministros tienen que decir al unísono si apoyan el Acuerdo de Paz o no”.

Y, en la conciencia, se estampó el ruego de Aída Quilcué, indígena del norte del Cauca, quien pidió respeto para quienes piensan distinto e imploró:

“Que la paz no nos cueste la vida”.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 24 DE 2019

¡Más generosidad, presidente!

Hay que abonarle al presidente Iván Duque que, a pesar de todas las presiones, no se ha dejado imponer del senador Uribe y de la extrema derecha del Centro Democrático la peligrosa idea de decretar el estado de conmoción interior para extraditar a Santrich. Ello equivaldría, ni más ni menos, a brincarse las cortes y los procedimientos judiciales y, así, dar un golpe de Estado camuflado que, sin lugar a dudas, se hundiría por inconstitucional, pues carecería de los requisitos para decretarse, pero facilitaría la extradición inmediata de Santrich y, así, haría volar en pedazos lo que queda del proceso de paz, ya que los miembros del partido FARC consideran que las pruebas contra Santrich son un montaje y que la estabilidad jurídica de toda la guerrillerada tambalea. ¡Y no les faltan indicios para pensarlo!

Dicho lo anterior, hay que alertar a la opinión porque ese riesgo no ha desaparecido del todo, no obstante que cada vez es más evidente que no hay crisis institucional, como se dijo, porque la institucionalidad está funcionando a la perfección: al fiscal renunciado ya la Corte le aceptó la renuncia y será reemplazado, a la ministra de Justicia también el presidente le nombró reemplazo, el fallo de la JEP que le otorgó el beneficio de no extradición a Santrich fue apelado por el procurador. Ese fallo será confirmado o revocado por la Sala de Revisión de la JEP; si lo revoca, pasará a estudio de la Corte Suprema de Justicia y ella será la que determine si Santrich debe ser extraditado o no. Si la Corte decide que sí, finalmente sería el presidente quien tendría la última palabra y diría si por razones de conveniencia nacional lo extradita o no.

Pero el peligro de que se decrete la conmoción interior se mantiene aún puesto que, según le dijo a este diario el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, quien asistió a la reunión de Duque con el Centro Democrático y los partidos aliados, el plan es que si la Corte Constitucional hunde las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, si la JEP no resuelve a favor la apelación de la no extradición de Santrich y si no se logra el consenso de los partidos en torno a los caprichos del Gobierno, decretarían la conmoción interior. O sea que si el gran consenso nacional, en vez de concertarse con los partidos, incluidos los de oposición como debe ser, no se convierte en un pupitrazo para hacer lo que al Gobierno le dé la gana, el Centro Democrático presionará para que se decrete ni más ni menos que una dictadura al estilo de Maduro.

Sin embargo, eso no es lo que le conviene a este país. Ni tampoco le conviene al presidente Duque, que lleva un año perdido, patrocinando una pelea que no es suya y a quien sólo le quedan un poco más de tres años para construir su legado.

En cambio, si el presidente se apoyara en el bloque mayoritario de partidos que está dispuesto a construir con él un acuerdo para detener el genocidio de los líderes sociales, disparado por el incremento inusitado del paramilitarismo, y a impulsar la implementación del Acuerdo de Paz, Iván Duque podría escribir aún una página importante de nuestra historia. Pero, para hacerlo, se requeriría que tuviera motivaciones positivas: por ejemplo, que, en vez de insistir en que “el que la hace la paga”, repitiera algo así como “todos unidos construiremos una Colombia mejor”. No obstante, para hacer eso, necesitaría disponer de mucha más generosidad…

#AdiósALaGuerra

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 17 DE 2019

No nos dejaremos morir

 

Nota: Para mi, Patricia Lara, autora habitual de esta columna, es un honor cederle mi espacio hoy a Sofía Garzón, economista caucana que se encontraba con Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman al Medio Ambiente, cuando atentaron contra su vida los inacabables “enemigos agazapados de la paz”.

¡Tenemos que frenar el genocidio como sea! Por eso me uno a la campaña #UnLiderEnMiLugar iniciada por el periodista Daniel Samper Ospina, que busca mostrarle al país el rostro de esos líderes sociales a quienes están matando y que no son, como muchos creen, indios y negros estúpidos y “castrochavistas”, sino dirigentes comunitarios brillantes y cultos que luchan para impedir que las bandas armadas y las economías ilegales acaben con sus territorios.

 

Por Sofía Garzón

Esta columna ofrece su voz a La Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, un proceso que en el 2014 movilizó alrededor de 100 personas, entre mujeres negras y guardia cimarrona, con la decisión de  proteger al río Ovejas, afluente del río Cauca, de la minería ilegal la cual, para nosotras, es la que se hace con maquinaria pesada y títulos entregados a multinacionales, sin que haya existido una consulta previa, libre e informada.

Para proteger el río, caminamos hasta Bogotá y le contamos a la gente que el agua que corre por el Cauca está contaminada con cianuro y mercurio; que especies de peces que antes había no existen más; que nos estábamos enfermando de beber esa agua envenenada y de lavar nuestra ropa con ella; y que queríamos, a toda costa, cuidar el Río Ovejas, porque ese río es parte de nuestra comunidad; es más, es el río que nos ha hecho comunidad. Ovejas está vivo por el cuidado de nuestros abuelos que lucharon para no dejarlo desviar: es nuestra responsabilidad dejarlo sano y libre para nuestros renacientes.

Acordamos caminar hasta llegar a Bogotá en una asamblea comunitaria. Y aun cuando al iniciar la marcha, muchas de nosotras ni nos hablábamos, nuestro amor por el río estaba por encima de cualquier desavenencia. Además, estábamos muy cansadas de tocar tantas puertas: las de las alcaldías, la gobernación, la corporación ambiental, la Procuraduría, las altas cortes y hasta Naciones Unidas.

La caminata nos tomó más de una semana: recorrimos casi 500 kilómetros y nos abrieron las puertas y los oídos las mujeres de los corteros de caña, los colectivos de mujeres negras, las redes de académicas, los colectivos de estudiantes, ambientalistas, sindicalistas, periodistas, personas que, además de escuchar, vieron que es justa nuestra causa de cuidar la casa, y que cuidaron de nosotras con respeto. Caminar hasta Bogotá fue aprender que no estábamos tan solas.

Vimos la fuerza que tenemos para detener esa manera dañina de hacer minería. Cuando nos movilizamos, más del 50% del departamento del Cauca estaba solicitado para hacer explotación minera. Esas peticiones siguen vigentes. Pero, en ese año, sólo en el norte del Cauca, había alrededor de 200 retroexcavadoras que ya no están porque fuimos a ponerles el pecho a las que había en el Río Ovejas. Y las sacamos. Y luego aumentaron las amenazas: no han dejado de llegar… Algunas decían que ya sabían en dónde estudian nuestros hijos. Así también pasó cuando regresamos de Bogotá, decepcionadas, porque el Gobierno no nos escuchó. 

¡Sin embargo, seguimos! Somos Mujeres Negras del Norte del Cauca. Somos líderesas sociales. Somos constructoras de paz… No nos dejaremos morir porque el territorio es la vida. La vida no se vende. La vida se ama. La vida se defiende.

@patricialarasa

 

#AdiósALaGuerra

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 10 DE 2019

¡Ya está bueno de tanta sangre!

Como dice en su columna de Semana Álvaro Jiménez, citando a Francia Márquez, “ya está bueno de tanta sangre”.

(Francia, ganadora en el 2018 del llamado Premio Nobel del Medio Ambiente dado por la Fundación Goldman, es la líder que el viernes se salvó, por fortuna, del atroz atentado perpetrado por desconocidos en Santander de Quilichao contra ella y demás dirigentes de la comunidad negra que, en ese momento, preparaba la reunión que tendrán con el Gobierno a raíz de los compromisos salidos de la minga. Como Francia, 462 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Dirigentes locales y nacionales los han tildado a veces de estar cerca del Eln y de las Farc para así tal vez justificar su muerte. En su página web, la Fundación Goldman describe a Francia como “una formidable líder de la comunidad afrocolombiana”, que “organizó a las mujeres de La Toma y detuvo la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales”).

Pero sí, ¡basta ya de tanta sangre! Hoy hablaré más bien de poesía: me referiré al poemario Perder el tiempo de Eduardo Camacho Guizado, el gran profesor de literatura de toda una generación de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, fallecido a los 82 años en España, el pasado enero.

Como homenaje a su memoria, varios de sus alumnos y familiares nos unimos para hacer posible la publicación de su poesía, inédita, hoy reunida en este precioso libro editado por Ícono. En la última página se halla la lista de alumnos contribuyentes: las escritoras Laura Restrepo y Piedad Bonnett, por ejemplo; los periodistas Enrique Santos Calderón y María Elvira Samper; los directores de teatro Ricardo Camacho y Jorge Plata; críticos literarios, editoras, profesores, en fin, toda una generación de intelectuales que marcó a Colombia, país herido en el que pensamos cada instante; país por el que lloramos y batallamos pues no nos resignamos a que lo destruyan quienes quieren saquearlo e incendiarlo y, para ello, asesinan a la mejor gente de sus territorios.

Esa Colombia es la que evoca desde lejos el inolvidable profesor Camacho en este poema suyo que les comparto hoy:

Aquí lejos

La tarde plomiza,

propensa, propicia,

deposita su manta gris sobre los incipientes

retoños de marzo, y la nostalgia,

aguda y suave, pérfida y mimosa,

ha venido,

vestida, como siempre, de melancolía:

ah, tardes de la sabana como esta,

de eucaliptus y alisos y vacas impasibles;

seres queridos que viven sin mí, allá,

lejos, en las laderas de suave kikuyo, hoy

un país sangrante, ayer la juventud,

aquello que he perdido.

Duele desde aquí, desde lejos,

duele cerca, muy cerca, muy dentro.

Musita su adiós el país del ayer,

cielos azules, calor de amigos y de patria, hoy

olores de ceniza, lejanía.

País mío: aunque quieras

hacerte extraño a mí, ajeno,

me parió tu trágica belleza.

Desde mis confusiones, hoy vuelvo a ti;

jamás podré alejarme de tu mano rugosa,

de tu aire sobre el que solo queda el cielo,

de la tibia brisa de tus mares,

de aquella luz que ardía

en la ventana de mi casa

entre el ladrido jubiloso de los perros

y el final estornudo del caballo.

País mío: no quiero morir

sin morir entre la riqueza de tu aroma,

sin temblar en el temblor de aquel abrazo.

Con el cabello ceniciento vuelvo

al azote de aquel viento, allá,

lejos, en la colina de la infancia,

hoy extraña y sin embargo tierra mía

con toda su ceniza.

#AdiósALaGuerra

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 3 DE 2019

Se necesita un presidente

El espectáculo liderado por el senador Uribe ha sido lamentable: después de que el 8 de abril fueron derrotadas en la Cámara las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP por 110 votos contra 44, el 30 de abril, luego de dilaciones orquestadas, el Senado por fin pudo votar y las hundió por 47 votos contra 34.

Entonces, con argucias, el uribismo se empeñó en aumentar el quorumcon dos senadores que nunca se posesionaron, Iván Márquez y Aída Merlano, para decir que el total de habilitados para votar era de 108 y no de 106, cuando la ley es clara al respecto. Si a esos 106 posesionados se les restan los 14 impedidos, el quorum es 92. Y la mayoría indiscutible es 47.

De modo que el entierro de las objeciones es incuestionable tanto jurídica como matemáticamente. Y políticamente sí que es evidente pues, para llegar a ese resultado tan dañino para la paz y la imagen del país, Uribe, Duque y su combo han pasado por encima de la ética: han enloquecido a los jefes de las bancadas liberal, de la U y de Cambio Radical: César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Aurelio Iragorri, para que modifiquen su posición digna y vertical en defensa del Acuerdo de Paz; y han tratado de seducir a los senadores de esos partidos con el fin de que se volteen contra sus bancadas —lo cual acarrea sanciones— o no asistan a las votaciones, tal como ocurrió cuando el presidente Uribe logró cambiar el “articulito” que, en el 2006, le permitió reelegirse y por lo cual su ministro del Interior, Sabas Pretelt, y los parlamentarios Teodolindo Avendaño y Yidis Medina acabaron en la cárcel. Ese podría llegar a ser el caso de la senadora de la U Maritza Martínez, quien anunció que votaría contra las objeciones por disciplina de bancada, pero huyó del recinto antes de votar. Luego se supo que el 26 de abril el presidente y su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, mediante el Decreto 734, nombraron representante de Duque ante el Consejo Directivo de Cormacarena a Orlando Barbosa Villalba, uno de los financiadores de la senadora Martínez. Todo indica que el caso pararía en la justicia y, probablemente, enredaría a los firmantes del decreto y a la senadora, quien tendría que demostrar que su fuga no fue estimulada por la mermelada presidencial.

Ya es hora de que el presidente Duque entienda que esa obsesión de Uribe contra la JEP daña no sólo a este país que no avanza por culpa de esa pelea perdida, sino su imagen, pues ya aparece claro que él actúa como títere de ese a quien llamó “presidente eterno”. Y perjudica demasiado el prestigio internacional de Colombia, porque el mundo, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, no entendería que el presidente pudiera resultar acusado de cometer cohecho para hacer trizas la paz.

Reflexione, presidente Duque, aún le queda una oportunidad: detener el circo, aceptar el resultado limpio de la votación, sancionar sin dilaciones la ley estatutaria de la JEP, buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas empezando por los líderes del partido FARC —los otros firmantes del Acuerdo de Paz— y doblar la página para determinar, entre todos los sectores, cuál es la Colombia grande que queremos construir, e impulsar al país a trabajar unido para alcanzarlo. Así, usted se crecería y podría gobernar solito.

Pero, para lograrlo, como Freud descubrió que les ocurre a los hombres, tiene que desmarcarse de esa figura castradora de autoridad y, de una manera simbólica, en lenguaje sicoanalítico, matar al padre.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ABRIL 26 DE 2019

Senador Uribe: Gaviria y Vargas Lleras no son unos peleles

 

Sin reparar en que ya existe un acuerdo de la mayoría del Senado, el senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, haciendo gala de su omnipotencia, les pidió a los demás partidos “un tiempo” para alcanzar un “acuerdo mayoritario en el Senado” con el fin de “por lo menos aprobar” dos de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la Ley Estatutaria de la JEP: la que tiene que ver con la extradición y la de los supuestos colados.

Para lograr su propósito, Uribe, quien tiene como norma ese dicho que le repetía su mamá: “La constancia vence lo que la dicha no alcanza”, anunció una ofensiva para enloquecer al jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y al excandidato Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, con el fin de que vuelvan a reunir a sus bancadas para que cambien su decisión y aprueben las objeciones.

Pero ¿qué está creyendo el expresidente Uribe? ¿Que Gaviria y Vargas Lleras son unos peleles a quienes él puede manipular a su antojo? ¡No, señor! César Gaviria es tan expresidente como Uribe; es un convencido de las bondades del Acuerdo de Paz y está decidido a defenderlo. Y Vargas Lleras, quien antes de que se aprobara la Ley Estatutaria de la JEP tuvo algunos reparos que fueron corregidos, quedó satisfecho con el texto y se comprometió, junto con su bancada, a negar las objeciones, como lo hicieron también Aurelio Iragorri, jefe del Partido de la U, y su bancada. Y los tres están decididos a cumplir su palabra porque este, además de ser un tema de principios y de defensa del Estado de derecho pues la constitucionalidad de esa ley ya había sido revisada por la Corte, también es un asunto de dignidad.

Y es que lo que está en discusión puede tener una repercusión enorme en el país: es, nada menos, la de que nunca se conozca la verdad de lo ocurrido en el conflicto, porque lo que pretende el Centro Democrático con su empeño en salvar la objeción de la extradición es que se facilite que se sepulte en las cárceles de EE. UU. a los jefes de las Farc y a ciertos militares sometidos a la JEP, de modo que no hablen, como hizo el gobierno de Uribe con los jefes paramilitares, y como se está haciendo ahora con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, extraditado por aceptar un sobornito de 10.000 dólares, cuando él es el que sabe, y quiere revelar, los secretos del andamiaje de la corrupción en nuestra justicia.

Y la otra objeción que desean salvar es la que pretende que sea el comisionado de Paz, y no la JEP —una entidad respetable con toda la capacidad investigativa—, el que rechace o conceda las garantías de no extradición. Es decir, el que en últimas determine o manipule quién entra a la JEP y quién no.

De manera que queda claro que lo que está en juego es el propósito desesperado de Uribe y su Centro Democrático de impedir que se conozca la verdad. Pero ni Gaviria, ni Vargas Lleras, ni Iragorri le van a jalar al asunto, ni se van a dejar presionar, ni van a permitir que les pisoteen su dignidad.

Y lo otro que queda claro es el poco compromiso del presidente Duque con las reglas del juego democrático: si presentó las objeciones para que el Congreso decidiera, en lugar de quedarse impávido viendo o promoviendo dilaciones para que no decida, lo que lo enaltecería como líder sería que promoviera que se votaran cuanto antes, de modo que, una vez chuleado el tema, por fin pudiera empezar a gobernar… Por fin…

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ABRIL 5 DE 2019

¿Ad portas de un acuerdo sobre lo fundamental?

 

Que Germán Vargas Lleras, César Gaviria y Aurelio Iragorri, jefes de los partidos Cambio Radical, Liberal y de la U, asuman una posición vertical como bancada y como personas que respetan el Estado de derecho, en contra de las objeciones presentadas por el presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, es un hecho político que genera optimismo sobre la posibilidad de que esos dirigentes, que tienen la mayoría del Congreso en alianza con la oposición, enderecen el rumbo violento, torcido y peligroso que está tomando este país que en mala hora cayó en manos de un improvisado presidente del Centro Democrático, que está enrutando de nuevo a Colombia por el atroz camino de la guerra.

¡Felicitaciones a los tres! Todos ellos han sido víctimas del conflicto. Igual que lo han sido otros que trabajan por la misma causa, como el senador Iván Cepeda y el exministro Juan Fernando Cristo; el uno, dirigente del Polo Democrático, y el otro, líder del movimiento En Marcha, disidente del Partido Liberal. Y hay otros como el senador Antanas Mockus y la representante Juanita Goebertus, miembros del Partido Verde, que trabajan de la mano de los miembros del Polo, de la Unión Patriótica, de Colombia Humana, del partido FARC, de Cambio Radical, del Partido de la U y del Partido Liberal para sacar adelante el mismo propósito: hundir las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP con el fin de que ella pueda marchar por fin a todo vapor y sin más zancadillas.

Y de esa alianza tan significativa, esos jefes políticos que representan cerca del 80 % del Congreso podrían fácilmente pasar a comprometerse con algo más amplio que, de hecho, ya los tiene reunidos: sacar adelante el Acuerdo de Paz, ponerle vapor a la tarea legislativa que aún queda por hacerse, especialmente en lo relacionado con la reforma rural integral, consolidar la paz y volver a convertirla en un propósito nacional.

Entonces habríamos llegado a lo que el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) llamaba un acuerdo sobre lo fundamental, que en este caso comenzaría con un punto básico: que las partes del tratado, por un lado el Estado como un todo (incluidos el Congreso, las Cortes y el Gobierno), y por otro las Farc, se unen en el propósito sincero de no ponerle conejo al Acuerdo de Paz.

En ese instante, Colombia habría dado un salto adelante, porque comenzaría a sentirse más la paz en los territorios, ya que los desmovilizados recobrarían la confianza; se les daría empuje a puntos del Acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos, indispensable para que haya paz; los loquitos guerreristas se quedarían peleando solos, sin eco y sin fuerza, y se desdibujaría esa polarización que nos tiene atrapados y que neutraliza y estanca al país.

Por eso es tan interesante la iniciativa de los exministros Cristo y Guillermo Rivera y del senador Cepeda de crear el grupo Defendamos la Paz: ya hay capítulos en varias regiones, y participamos, unidos en torno a nuestro acuerdo sobre lo fundamental —defender la paz—, congresistas de los partidos Cambio Radical, Liberal, la U, Polo Democrático (el senador Robledo incluido), Verde, FARC, movimiento Colombia Humana, exgenerales, obispos, indígenas, sindicalistas, líderes sociales, artistas, columnistas, en fin, una miscelánea que, si se mantiene unida, endereza el país.

¡Bienvenida esa alianza!

Vamos bien: Defendamos la Paz.

Nota. Por vacaciones, esta columna reaparecerá el 26 de abril.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 29 DE 2019

Lenguaje que se traduce en muertos

Esta semana Antioquia apareció sembrada de vallas con mensaje diabólico:

“Tú, ¿de qué lado estás?”, preguntaban las vallas en letras blancas resaltadas sobre un fondo azul dividido por una raya vertical que separaba las dos posibles respuestas: la una decía “víctimas” y debajo “no JEP”, y la otra decía “victimarios” y debajo “JEP”. Y más abajo, en el centro, sobre un fondo blanco, sobresalían los logotipos del Centro Democrático y de un grupo denominado los Paolos, liderado por la senadora antioqueña Paola Holguín, miembro del partido uribista, quien para denominar su grupo utiliza un nombre, los Paolos, similar a los usados por bandas armadas como los Pitufos o los Urabeños, etc.

La intención del mensaje de los Paolos no puede estar más clara: por un lado, desprestigiar la Justicia Especial para la Paz y estigmatizarla al regar el cuento mentiroso de que está hecha para beneficiar a los malos (los victimarios), y por otro, polarizar de nuevo al país y dividirlo entre el bando de los buenos y el bando de los malos.

Y quizás no hay cosa que abone más el terreno de la violencia que dividir el mundo entre buenos y malos o, lo que es lo mismo, tener una visión maniquea de la realidad y de la historia.

Así me lo explicaron durante una extensa entrevista que les hice para la revista Cambio 16 Colombia, hace más de 20 años, los doctores Otto y Paulina Kernberg, considerados entonces los expertos mundiales en las llamadas personalidades fronterizas, correspondientes a personas que son más proclives a involucrarse en la violencia. Según los doctores Kernberg, quienes han sufrido en su infancia, primero maltrato físico, luego sicológico y después sexual, tienen mayores probabilidades de ser violentos después. Pero esas posibilidades se potencian si se vive en una sociedad donde está extendida la creencia de que el mundo se divide entre buenos y malos.

Y es lógico que el maniqueísmo abone la violencia. Porque si cada cual piensa que como está con los buenos tiene el derecho y hasta el deber de proteger a los suyos de los malos, es muy fácil que decida después que, para conseguirlo, debe acabar con los malos del mundo. Entonces se enciende la chispa de la violencia y se llega a lo que Humberto de la Calle, con razón, considera en su reciente libro como algo inaceptable: que haya una violencia buena y una mala.

Pero el efecto del maniqueísmo se vuelve devastador si quienes lo practican y estimulan son los líderes de la sociedad. De ahí la pertinencia de la carta que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le envió al senador Álvaro Uribe, en su condición de expresidente y jefe del Centro Democrático, para solicitarle a él y, por intermedio suyo, a los miembros de su partido que cumplan el artículo 22 de la Constitución que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Agrega Linares que ese deber se intensifica si se trata de funcionarios del Estado que no deben acudir a estrategias de desprestigio y agresión contra quienes tienen la difícil tarea de administrar justicia transicional. “La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje (…) sincero y conciliador”, concluye.

Pero más tardó ella en escribir la carta que Uribe en trinar que seguirá atacando la JEP y Holguín en exhibir en el Senado una sonrisita de satisfacción al reconocer que fue ella la responsable de las vallas.

¡Ojalá entiendan algún día Uribe y su bancada que su lenguaje incendiario puede traducirse en votos, pero también en muertos!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 22 DE 2019

A la fuerza no es

“Todos los días hay muertos: hay que estar dando para el cofre y no tenemos con qué”, comenta la alcaldesa encargada de Cáceres en una reunión sostenida hace unos días entre el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y los alcaldes de los municipios del Bajo Cauca.

Esta semana, la violencia, que en esa región es una pesadilla diaria, se volvió noticia nacional porque en la noche del lunes, en la zona rural de Tarazá, Antioquia, bandas armadas detuvieron siete vehículos de carga y, ante la reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, quemaron dos en la huida.

En el Bajo Cauca, como sucede en las regiones donde la coca es fuente principal de sustento de los campesinos, el Estado no ha sido capaz de hacer presencia, por lo cual el Eln y antiguos paramilitares, muchos de los cuales trabajan hoy para los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, se disputan territorios que ocupaban las Farc; y el Gobierno ha incumplido los compromisos con los campesinos que optaron por la sustitución de cultivos y ha desestimulado los planes de sustitución voluntaria. En cambio, ha priorizado la erradicación forzada y, si la Corte lo permite, fumigará con glifosato.

Y si el Gobierno opta por esas soluciones de fuerza, ¿cuál será el efecto? Los propios habitantes de la zona dan la respuesta:

“Si a la gente le erradican, al otro día está sembrando coca porque no tiene nada más que hacer”, dice la alcaldesa encargada de Tarazá.

“Nos dijeron que la sustitución de cultivos no va más y que sólo habrá erradicación forzada; si llegan a erradicar, lo más probable es que se incrementen los cultivos”, afirma un líder de El Bagre.

“Como el Gobierno no cumplió con la sustitución de cultivos, la gente está aguantando hambre”, dice un campesino de San José de Uré, quien añade: “Los proyectos productivos no llegaron y, para buscarse la comida, la gente va a tener que volver a sembrar coca”.

“La sustitución de cultivos está estancada porque la gente no tiene tierra dónde sembrar”, comenta otro líder del municipio.

“Los campesinos cumplimos, pero la plata no llegó”, afirma uno más.

“Con la implementación del Acuerdo de Paz no ha pasado nada y ya estamos en marzo”, dice un campesino de San José de Uré.

“Todos los escenarios que logró abrir el proceso de paz se están cerrando con Duque”, afirma un líder de El Bagre.

“Íbamos por buen camino en la conquista de la paz estable y duradera, pero retrocedimos a los años 90”, comenta otro.

“En el sur de Córdoba nos están matando y el Gobierno no está haciendo nada; en cambio sí está cerrando los canales que se habían abierto”, dice otro líder del Bajo Cauca.

“La ruptura de las negociaciones con el Eln ha aumentado los problemas: hay más violencia y más desapariciones”, afirma el personero de Zaragoza.

Mientras todo eso sucede en los territorios —la estadística muestra que la resiembra de coca en caso de erradicación voluntaria es del 0,6 %, y se eleva al 35 % en los casos de erradicación forzada—, el presidente se dedica a promover la erradicación forzada, para complacer a los gringos. ¿No es ese el mundo al revés?

Nota. Los bajos, injustos y mal intencionados ataques a la Corte Constitucional intentan minar una institución que es motivo de orgullo y de tranquilidad de los demócratas de Colombia, porque ella garantiza que se respete la Constitución y se salvaguarde nuestro Estado social de derecho. ¡Mi apoyo y respeto a la Corte y a todas sus decisiones!

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 15 DE 2019

Se le dijo, se le advirtió…

El presidente Duque logró lo impensable: con sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP no sólo unificó a la oposición, que nombró como vocera a la parlamentaria del Partido Verde Juanita Goebertus, sino que también unió a los excandidatos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro, quienes, si se hubieran aliado antes, hubieran derrotado a Duque en primera vuelta.

Los tres —además de casi 150.000 personas entre las cuales hay miembros de los dos equipos negociadores de paz y de la recién nombrada Misión de Sabios, exministros, congresistas, escritores, exrectores universitarios, académicos, periodistas, juristas, artistas, economistas, empresarios, líderes sociales, generales retirados y hasta un arzobispo— firmaron la carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas en la que, entre otras cosas, dicen:

1. Que a pesar del apoyo dado a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por la ONU y por la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Duque “persiste en formular nuevos obstáculos”, como es el conjunto de objeciones que presentó a la ley, no obstante que ella “ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional”.

2. Que “buena parte de las objeciones (…) están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó”.

3. Que el anuncio del Gobierno no solo supone “una variación unilateral del Acuerdo de Paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP”.

4. Que para que la JEP logre hacer justicia “debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea”.

5. Que “de no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias” y que la falta de herramientas jurídicas podría favorecer la impunidad y limitar “la garantía de los derechos de las víctimas”.

En todos esos puntos están de acuerdo los firmantes de la carta, que fácilmente representan a cerca del 60 % de los votantes de la primera vuelta presidencial, y que le piden a la ONU que esté atenta. Además, le envían copia de la carta al Consejo de Seguridad de la ONU y a la fiscal de la Corte Penal Internacional.

Pero falta más: ya el Partido Liberal en pleno dijo que negará las objeciones de Duque. Y por ese camino va buena parte del Partido de la U. Y, muy probablemente, esa ruta también la tome Cambio Radical que, con su pragmatismo, mal haría en echarse encima a la mayoría del país.

Y en la visita del canciller al secretario general de la ONU para explicarle las objeciones, aquel recibió un baldado de agua fría porque Guterres destacó la importancia de la JEP y “reiteró las preocupaciones expresadas anteriormente por la ONU con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la Ley Estatutaria”.

Y todavía quedan por verse las acciones que pueda tomar la Corte Penal Internacional, las derrotas que sufra el Gobierno en el Congreso y en la Corte Constitucional y las movilizaciones populares que ya comenzaron. Y para este lunes 18 se anuncia una gran manifestación. Y el malestar y las protestas continuarán…

Y todo ese caos, ¿para qué?

Sólo para que Duque, el presidente que decía que iba a unir al país, pueda dividirlo para complacer al presidente eterno...

Nota. ¡Qué falta nos va a hacer Gloria Zea a sus amigos, a su familia y a la cultura para la cual trabajó hasta el final de sus días! Para sus hijos, mi abrazo de condolencia. Paz en su tumba.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 8 DE 2019

 ¡Aun puede evitar el caos, Presidente!

_¿Quién podrá decirle a Duque que si objeta la ley estatutaria de la JEP pierde la gobernabilidad?_, comentó en una tertulia reciente un conocedor de los intríngulis de la política.

 

Se refería a la reacción adversa que ese hecho generaría en las agrupaciones estudiantiles y sindicales que realizarían múltiples protestas; en los partidos independientes y de izquierda; y en otros como el Liberal, el Verde y sectores de Cambio Radical y de la U, los cuales seguramente negarían las objeciones al llegar al Congreso, y le propinarían a Duque una derrota política descomunal.

 

_Si el Presidente objeta la ley, además se echaría encima la comunidad internacional que apoya los acuerdos_, interrumpió otro analista.

 

_Y muy probablemente provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional, que ha apoyado de manera contundente a la JEP_, comentó otro asistente.

 

_Y perdería popularidad porque en el país es más popular la JEP que Duque y que Uribe_, afirmó un tertuliante, refiriéndose a un reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, según el cual la JEP tiene 58% de opinión favorable, mientras que Duque tiene 52 y Uribe 44.

 

_Y generaría un impacto muy negativo en los desmovilizados que ya están muy tristes y ven amenazada su seguridad jurídica, que es lo que más les importa_, dijo una funcionaria que acababa de visitar las zonas de desmovilización.

 

_Y golpearía a la Corte Constitucional y provocaría un choque de trenes, _pensé yo,_ porque como afirmó en la revista Semana Gloria Ortíz, Presidenta de esa Corte, _la comunidad jurídica debe evaluar si un reparo de inconveniencia como este puede afectar la cosa juzgada.

 

_Y las objeciones no servirían de nada porque así el Congreso las aprobara, seguramente la Corte reafirmaría su posición y las volvería a tumbar_, seguí pensando.

 

Y se echaría encima a gran parte de los militares que están encantados con la JEP, como lo demuestra el que 1.500 de ellos, agrupados en la Fundación Fuimos Héroes, le hayan pedido a Duque que no objete la ley, con el argumento de que esa jurisdicción les ha permitido, a muchos militares acusados de cometer delitos durante el conflicto, obtener libertad condicional. (Ya hay 1.957 militares y ex militares que han firmado actas de compromiso con la JEP).

 

Y heriría aún más a las víctimas, pues al acabar la JEP o al golpearla tan duramente, haría casi imposible que ellas conocieran la verdad de lo que ocurrió con sus muertos, desaparecidos y secuestrados y tuvieran garantías de justicia, reparación y no repetición.

 

Y regaría con gasolina la brasa encendida que es este país, porque muchos, quizás la mayoría de los desmovilizados, frustrados y angustiados, se unirían a los desertores de las FARC, al ELN o las Bacrim que les ofrecen pagarles un millón mensual.

 

Entonces, ¿cuál puede ser la conveniencia política de que Duque objete, total o parcialmente, la ley estatutaria de la JEP?¿Tiene algún sentido que corra semejante riesgo político e institucional sólo por complacer a su partido minoritario, al Senador Uribe y al Fiscal General que no sabe qué nueva treta inventarse para torpedear los acuerdos de paz?

 

¡No! El Presidente tiene la obligación de hacer hasta lo imposible para garantizar que este país que ha sufrido tanto, no regrese a la guerra.

 

Por ello, es un deber moral suyo, y de todos los colombianos, rodear a la JEP y hacerle sentir a su Presidenta, Patricia Linares, una jurista honesta, capaz y ponderada, que la apoyamos, la respetamos y que estamos con ella.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MARZO 1 DE 2019

Se le está incendiando el país, presidente

“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores ahora están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el Eln.

“Hay orden de reclutar a nuestros niños desde los 11 años; estoy amenazada; nos han dejado solos; llevamos 19 homicidios este año”, dice, sollozando, una mujer de la Mesa de Víctimas.

Y un maestro afirma: “Me siento preso; mis hijos no salen a la calle; no tengo vecinos; la única representación del Gobierno somos los docentes; la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 % de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…”. Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡Yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”.

Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.

Allí matan a los líderes sociales... ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada... Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la policía: “Sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.

“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.

“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.

Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.

Y, mientras tanto, el presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el Eln y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las Farc y la JEP.

(Y a todas estas, ¿los periodistas en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).

Continuará…

Nota. Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados.

 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 22 DE 2019

“El peligro de la historia única”

“El pasado lo escriben quienes ganan las guerras”, afirma la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien en su libro El peligro de la historia única dice: “Las historias importan (…) Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla (…) Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso.”

Esa reflexión cobra vigencia ahora que el presidente Iván Duque confirmó el nombramiento del historiador Darío Acevedo Carmona como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), no obstante que su candidatura fue cuestionada porque él niega que en este país, que completa ya casi nueve millones de víctimas, haya existido un conflicto armado, y porque entra a dirigir una institución que tiene por ley la tarea de recopilar las historias de las víctimas y las atrocidades cometidas, justamente, durante ese conflicto.

La reacción por su nombramiento ha sido tal que incluso Leyner Preciado, vocero de las víctimas de la masacre de Bojayá, por la cual más de 70 civiles refugiados en una iglesia murieron a causa de un cilindro-bomba lanzado por las Farc, anunció que su colectivo de víctimas y varios más retirarán el material aportado al CNMH, porque consideran que “un funcionario que desconoce el conflicto armado no puede hacer memoria en Colombia”.

Sin embargo, a pesar de que lo deseable era que Duque hubiera sido consecuente con su promesa inicial de buscar la unión del país y, siguiendo esa línea, hubiera nombrado en la dirección del CNMH a un historiador más imparcial (a un Jorge Orlando Melo, o a un Álvaro Tirado Mejía, por ejemplo), una vez designado Acevedo es preferible buscar lo positivo, como hizo el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, quien invitó al nuevo director del CNMH a generar “una colaboración fructífera” entre las dos entidades, con miras a “construir el futuro que anhelamos todos los colombianos”.

Imitando al padre, luego de examinar la hoja de vida de Acevedo —su pasado en la izquierda, primero como militante de una facción del Epl y luego en el movimiento Firmes; su tránsito hacia el uribismo; sus actuaciones académicas; sus polémicos trinos, y sus declaraciones—, encuentro algo que me genera optimismo: me refiero a esa declaración suya en la que afirma: “La memoria mal recolectada, mal trabajada, puede llevar a nuevos odios, a nuevas violencias, a venganzas (…) Aquí hay que hacer pedagogía (…) en el sentido de que todos los que de alguna manera han sido protagonistas de los acontecimientos entiendan que la verdad no es única, que el relato no es único, que no debe haber verdades oficiales y que si se va a estigmatizar a un sector de la población (…), a su vez esos que estigmatizan podrán ser estigmatizados”.

Y ese, precisamente, es el planteamiento de Chimamanda: “Comienza la historia con las flechas de los nativos americanos y no con la llegada de los británicos y obtendrás un relato completamente distinto”, dice ella.

De manera que, si es consecuente, Acevedo Carmona puede, como director del CNMH, hacer que se plasmen las diferentes verdades de todas las víctimas de nuestra tragedia y, así, a base de sumar verdades disímiles, recuperar una suerte de paraíso, como dice la nigeriana, y tejer nuestra verdad: la de que aquí, al final, por acción o por omisión, todos hemos sido responsables. Y todos hemos sufrido...

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 15 DE 2019

Quién le teme a la JEP?

 

A pesar de que los miembros del Centro Democrático (CD) quieran acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y manipulen para que sólo se conozca la mitad de la verdad sobre el conflicto, les va a salir el tiro por la culata.

Hasta ahora, el CD ha bombardeado la JEP y la posibilidad de que se sepa la verdad, presentando un proyecto para sacar a los militares de esa jurisdicción; intentando dejarla sin fondos; haciendo lo posible para que los terceros —es decir, políticos, paramilitares, empresarios y civiles en general— no puedan ser juzgados por la JEP; (finalmente, la Corte Constitucional decidió que los terceros no tienen la obligación de acudir a ella, pero sí pueden hacerlo si lo desean); poniendo en el Centro de Memoria Histórica a un exmaoísta convertido al uribismo quien niega que aquí hubo conflicto armado, a pesar de la evidencia de que en Colombia existen, por esa causa, más de ocho millones de víctimas; dilatando en el Congreso el envío, para que reciba la sanción presidencial, de la ley estatutaria de la JEP, que ya había sido estudiada y declarada constitucional por la Corte; advirtiendo, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que el presidente puede objetar toda la ley estatutaria de la JEP o parte de ella.

Pero si Duque llega a objetarla por razones políticas —porque jurídicas no hay, dado el estudio minucioso que de esa ley hizo la Corte Constitucional—, se crearía una crisis interna, la popularidad del presidente volvería a caer y el desprestigio internacional de Colombia, que ya alcanza niveles preocupantes por su insistencia en que se desconozcan los protocolos acordados en caso de terminación del diálogo con el Eln, llegaría a un punto vergonzoso, pues la comunidad internacional defiende tanto los acuerdos de paz como la JEP, que es su columna vertebral.

Todo lo anterior lleva a hacerse la pregunta que les plantea en un trino el columnista Ariel Ávila tanto a Duque como al CD: ¿cuáles son las personas que “participaron en el conflicto” que “quieren que no se juzguen?”.

Sin embargo, por más triquiñuelas que hagan, la realidad los va a desbordar: así se desprende de la carta que desde La Picota les dirigieron a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos más de 300 presos —la mayoría, excombatientes de las Farc y de las autodefensas, pero también exintegrantes del Eln, del Epl, del Ejército y de bandas criminales como los Rastrojos—. En ella, los presos dicen que desean acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y “aportar verdades, algunas ya conocidas, otras que han venido estando guardadas por mucho tiempo (…) Es absolutamente indispensable —agregan— no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna (…), los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional (…) lo mismo que el origen de las fuentes de financiación”. Así, esos presos, y otros que se anuncian, quieren ayudar a “hacer realidad la reconciliación buscada, la reparación y la no repetición”.

De manera que todo indica que, por más de que el CD intente tapar el sol con un dedo, toda la verdad, por fortuna, va a brillar.

Nota. Presidente Duque, ¿sabe usted que a Colombia no pueden ingresar tropas extranjeras sin la autorización del Congreso? ¿Y sabe que uno de sus principales deberes como presidente es defender la soberanía nacional?

@patricialarasa

 

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 8 DE 2019

 

Que Uribe sea el comisionado de Paz

“Un facilitador es quien consigue que si Ud. no quiere vender un caballo y su vecino no desea comprar un caballo, Ud. venda el caballo y su vecino compre el caballo”, nos mandó a decir el presidente Álvaro Uribe con Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz, a los miembros de la Comisión Facilitadora del proceso con el Eln.

Para ser justos, hay que decir que en la era Uribe, cuando ya el Eln había cometido atrocidades como la masacre de Machuca y los secuestros masivos de la ciénaga del Torno y el fokker de Avianca, se avanzó en el proceso con esa guerrilla: a los cuatro meses de posesionado Uribe,

Restrepo visitó en la cárcel de Itagüí a los presos del Eln Pacho Galán y Felipe Torres, y les planteó que buscaran una salida negociada al conflicto. Los acercamientos siguieron. En el 2004 Uribe le propuso al presidente Vicente Fox que México facilitara la negociación. Tanto México como el Comando Central del Eln (COCE) aceptaron, y Fox nombró un enviado especial para ello. Pero México se alineó con la política gringa, se alejó de su tradición de no intervención, votó contra Cuba en la ONU de Ginebra y, por eso, el Eln dijo que no quería más la facilitación mexicana: los diálogos quedaron en el limbo. Entonces los académicos Alejo Vargas y Álvaro Jiménez, y el empresario Morris Ackerman, de acuerdo con Restrepo, se inventaron las Casas de Paz para desarrollar conversaciones entre el Eln y la sociedad civil —lo que es prioritario para los elenos— y convencieron a Restrepo de que sacaran de la cárcel a Galán y lo llevaran en detención domiciliaria a una Casa de Paz, pues llevaba 13 años preso mientras que los paramilitares la máxima pena que habían recibido, en virtud de la Ley de Justicia y Paz, era de ocho años.

Se continuó con esos diálogos y el 11 de noviembre del 2005 la Comisión Facilitadora y los garantes de Casas de Paz les enviamos una carta a Restrepo y al COCE en la que decíamos que ya se había dialogado con la sociedad civil y que ya era hora de que el Gobierno y el Eln conversaran directamente. El Gobierno y el COCE aceptaron de inmediato y, en diciembre, los miembros de la Comisión viajamos a Cuba, se instalaron los diálogos y se realizaron ocho rondas.

Dada la cercanía con Colombia, a comienzos del 2007 la mesa se trasladó a Venezuela, y se avanzó mucho en un documento base donde se hablaba de la convención nacional que proponía el Eln y de un cese temporal del fuego que ese grupo decretaría. Incluso el presidente Uribe propuso que se buscaran fondos para financiar la manutención del Eln durante el proceso de paz, de modo que suspendieran los secuestros. Pero, a fin de año, Uribe destituyó a Chávez como mediador en el proceso con las Farc, se armó la bronca entre los dos presidentes, el Eln suspendió los diálogos y se quedó en Venezuela. Después comenzó la era Santos.

Así que ahora, cuando es evidente que el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, fracasó en su gestión porque recibió unas negociaciones avanzadas y un cese del fuego bilateral a punto de firmarse con el Eln pero, en lugar de terminar de hacer la paz, está consolidando la guerra y ya no tiene nada más qué hacer en ese puesto, hay que buscar otras opciones.

Y la mejor opción, indudablemente, sería que al senador Uribe lo nombraran comisionado de Paz: él muy probablemente lograría que Duque, que no parece querer la paz, y el Eln, que a veces la quiere y a veces la coge a patadas, lleguen a un acuerdo.

Senador Uribe, ¡salve usted la paz!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

FEBRERO 1 DE 2019

No nos dejemos utilizar

“Que no nos utilicen para enviar sus amenazas”, se titula un pasado editorial de este diario. Se refería a lo devastadora que sería para Colombia una confrontación militar con Venezuela, a propósito de la nota de puño y letra del consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, que decía: “5.000 tropas para Colombia”.

El Espectador pregunta: “¿Por qué se siente cómodo un alto funcionario de la administración de Donald Trump utilizando nuestro territorio para enviar amenazas veladas?”.

Me atrevo a responder que se siente cómodo porque nosotros permitimos que nos utilicen; porque el gobierno de Duque, con sus actitudes arrodilladas y contradictorias, parece indicarle a EE. UU. que está autorizado para hacerlo.

Miremos los hechos: en septiembre, en una rueda de prensa en el diario La Opinión de Cúcuta, Luis Almagro, secretario general de la OEA, acompañado por el canciller, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo que en Venezuela “ninguna opción, ni la militar, se puede descartar”. Ante semejante barbaridad, ambos guardaron silencio. Un par de días después, el Grupo de Lima se pronunció contra la declaración de Almagro, con una votación de once países contra tres. Pero Colombia no hizo parte de las naciones que protestaron. Al día siguiente, nuestro embajador en Washington, Francisco Santos, dijo que en Venezuela “todas las opciones deben ser consideradas”. Luego el presidente Duque declaró que buscaría “los canales diplomáticos y multilaterales” para lograr que Venezuela “recupere su libertad”, y agregó: “Esto no es con espíritu belicista”. Sus palabras tranquilizaron un poco.

Entonces se intensificó la presión para derrocar a Maduro y Colombia, acompañando a Estados Unidos, adoptó un papel protagónico, sin considerar el perjuicio que su actitud tan hostil puede causarles a los pobladores de nuestra frontera, especialmente en caso de que se produzca una intervención militar.

Luego vino el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte del gobierno de Trump y, de inmediato, del de Duque. Y ahora aparece el papelito del consejero de Seguridad con la anotación de “5.000 tropas para Colombia”, sobre la cual Colombia no ha exigido una explicación con la severidad que el hecho merece, no obstante que Bolton ha insistido en que, para el gobierno Trump, “todas las opciones están sobre la mesa” y nadie de ese gobierno lo ha desautorizado.

Y por su parte nuestro canciller tampoco ha protestado, sino que se ha limitado a decir que, “con respecto a la mención a Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconocen el alcance y la razón de dicha anotación”. Nada más.

¿Pero cómo es posible que no se haya solicitado una aclaración a EE. UU., como aconsejó el editorial de este diario? ¿Por qué no se ha preguntado por qué Bolton se atreve a hablar sobre la presencia de tropas en Colombia? ¿Por qué el presidente Duque no ha hecho una declaración airada en defensa de la soberanía nacional? ¿O es que ese tema se ha discutido entre funcionarios gringos y colombianos?

La actitud blandengue del gobierno de Colombia ante un asunto tan grave deja muchas dudas.

In memoriam. ¿El viernes nos cruzamos mensajes llenos de afecto y hoy estás muerto, Fernando Gaitán? ¡Qué falta vas a hacernos, amigo, maestro de maestros! ¡Qué falta van a hacerle tus historias llenas de humanidad a este país que tanto las necesita! Paz en tu tumba, querido Fernando Gaitán.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ENERO 25 DE 2019

Recapacite, presidente

El atroz atentado del Eln contra la Escuela de Policía General Santander, en el que asesinaron a 20 estudiantes e hirieron a cerca de 80 más, el cual ha sido condenado por todo el país, por la comunidad internacional y por los opinadores que hemos manifestado nuestro repudio al Eln,  a su inhumana acción y nos hemos solidarizado con las familias de las víctimas, no puede llevar al presidente Duque a cerrarle para siempre a Colombia la puerta de la paz completa. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, dice la Constitución.

Y a la paz se llega convenciendo a los insurgentes de que la lucha armada no tiene sentido y doblegando su voluntad de combate para que, como sucedió con las Farc, negocien en serio la paz. Y para negociar la paz, es indispensable contar con la ayuda de países y de organizaciones que sirvan de garantes y que hallen soluciones imposibles de lograr sin su cooperación, dada la desconfianza que hay entre las partes en guerra. Y para que existan países que se presten a ser garantes, tiene que haber la certeza de que la palabra de Colombia se cumple y que los acuerdos que los involucren se honrarán. De ahí que sea indispensable que el presidente recapacite y acepte cumplir los protocolos acordados para el caso de la terminación de los diálogos con el Eln.

Si él insiste en pedirle a Cuba que extradite a los negociadores, en vez de buscar una salida que respete los protocolos y que permita que Cuba se deshaga, como está establecido, de semejante problema en el que se metió, no para albergar terroristas sino para ayudarle a Colombia a alcanzar la paz, en el futuro no habrá país que acepte colaborarnos para conseguirla. ¡Y sí que los necesitaremos! Y no ayuda que el presidente manipule a la opinión haciéndole creer que la ONU y los garantes, con excepción de Cuba y Noruega, apoyan que Colombia incumpla los protocolos. ¡Eso no es cierto! Si bien Chile, Ecuador y la ONU condenaron duramente al Eln y apoyaron la firme determinación del Gobierno colombiano “de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista”, ningún país, a excepción de Colombia, y menos la ONU ni su Consejo de Seguridad, ha dicho que está de acuerdo con que se incumplan los protocolos.

Hay que ser claros: todos los países, incluido Cuba, que expresamente condenó y rechazó “todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones”, condenan al Eln y su accionar terrorista. Todos los países creen que los culpables deben ser llevados ante la justicia y apoyan a Colombia en su determinación de hacerlo. Pero eso es muy distinto a decir que están de acuerdo con que se incumplan los protocolos. Hasta el momento de escribir esta columna, ningún país, salvo Colombia, lo ha dicho.

Y en la reunión del miércoles del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se insistió en la importancia de cumplir los acuerdos con las Farc, no se avaló el incumplimiento de los protocolos, como pretendía el Gobierno, ni siquiera se tocó el tema, sino que se condenó de manera contundente el atentado del Eln y se insistió en la necesidad de buscar una vía de diálogo para solucionar el conflicto. Los atentados “nos recuerdan lo urgente que es ponerle fin a la violencia y perseverar en los esfuerzos por garantizar un futuro más pacífico a los colombianos”, dijo Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU.

Así que, presidente Duque, por favor no tergiverse. Esa actitud nos lleva a privarnos para siempre de la paz.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

ENERO 18 DE 2019

Las generalizaciones ayudan a matarlos

La matazón de líderes sociales aumenta, lo mismo que las declaraciones inocuas del presidente, la ministra del Interior y el fiscal sobre el tema, con el resultado obvio de que la situación se agrava: “Vamos a fortalecer los instrumentos de denuncia y de reacción a las alertas tempranas, para que no se sigan presentando esos incidentes”, dijo Duque. Pero, seguro porque la creó su antecesor, es la hora en que él no ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia emanada del Acuerdo de Paz para crear estrategias que desarticulen las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales y que debe convocar mensualmente el presidente.

Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó: “Existe la preocupación del Estado por el fenómeno de ataques, violaciones a los derechos humanos contra los líderes sociales, y estamos generando una armonización de acciones a efectos de poder dar resultados concretos en el territorio”. Pero tampoco ha mostrado interés en impulsar las medidas de protección colectiva de las comunidades en riesgo creadas en el Decreto 660 del 2018, como lo declaró a este diario Franklin Castañeda, delegado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una de las plataformas de derechos humanos que hacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Según él, ese decreto “no buscaba dar carros blindados, esquemas de escoltas y chalecos antibalas, sino que partía de un criterio de concertación, en cabeza del Ministerio del Interior, con las comunidades, para saber cuáles son las medidas más convenientes para su protección”. Y ahí, justamente, está el meollo del asunto: porque son las comunidades, y no unos funcionarios llegados de la estratósfera, las que saben por dónde se mueven las aguas en esos territorios.

Y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resolvió reconocer, sólo a estas alturas, que en los crímenes de líderes sociales hay sistematicidad. Pero en cambio, como lo escribió el exministro de Justicia Yesid Reyes, se atravesó para que no funcionara con independencia de la Fiscalía, como lo establecía el Acuerdo de Paz, la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Con esa Unidad se buscaba impedir lo que está sucediendo: que después de firmada la paz hubiera una escalada de atentados contra defensores y líderes sociales. Pero Martínez dijo que eso podría convertirse en rueda suelta dentro de la Fiscalía y convenció al Gobierno de expedir un decreto que estableciera que ella estuviera adscrita a su despacho. De manera que sobre Martínez recae la responsabilidad de descubrir con nombres y apellidos quiénes y por qué dan las órdenes de matar a cada uno de los líderes sociales.

Y es que las frías estadísticas no sirven para nada: hay que saber, en concreto, qué hacía cada uno de los líderes asesinados y por qué lo mataron: lo más seguro es que los asesinos se encuentren muy cerca de esos poderes locales que, sin hallar obstáculos de parte de las autoridades, les permiten a los mafiosos y a los políticos reinar y robar y delinquir sin Dios ni ley en esos territorios. Y los líderes sociales dificultan sus propósitos.

Lo que se necesita es que el presidente, la ministra y el fiscal abandonen sus generalizaciones y ataquen con valentía las fuentes de la matazón. ¡No más!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 28 DE 2018

Diálogo con el canciller

“Esa es la instrucción”, me dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo en la llamada que me hizo desde Tokio para responder (por escrito y por teléfono) el chat en el que le pregunté por qué no contestó las cartas que Jorge Arreaza, su homólogo venezolano, le envió con el “propósito de intentar restablecer el canal de comunicación natural” entre el gobierno de Colombia y el de Venezuela.

“La línea de comunicación con Venezuela no está rota, toda vez que las relaciones diplomáticas siguen existiendo a nivel de encargados de negocios. A través de ese canal se pueden tratar todos los temas que tengan que ver con la relación bilateral”, me escribió.

“Pero lo cortés no quita lo valiente. Eso se lo puede contestar en una carta al canciller. Me parece muy complicado torear así a los venezolanos. Y Colombia no tiene cómo enfrentarse militarmente a Venezuela porque nuestro Ejército es experto en pelear guerras de guerrillas, no guerras entre países. Colombia carece del armamento para ello. Y con las necesidades que tiene, comprarlo sería un disparate. ¡Están jugando con candela, querido canciller!”, repuse.

“Es bueno tener presente que ellos están dedicados a tratar de romper el cerco diplomático que se les ha estrechado de cara al próximo 10 de enero. Juegan con candela quienes creen que Maduro tiene razón y que el Gobierno colombiano está equivocado”, contestó.

“¡No creo que Maduro tenga razón en nada!”, le dije. “Pero hay que bajarle al micrófono de parte y parte. Además, con semejante frontera, la posición de Colombia ante una crisis con Venezuela es mucho más vulnerable que la de cualquier país”.

Me referí entonces a que, a pesar de las malas relaciones que teníamos con Venezuela, las anteriores cancilleres mantenían un chat para comunicarse directamente; le hablé del teléfono rojo que aún existe entre EE. UU. y Rusia, creado en 1963, cuando el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear; y le recordé que fue el diálogo el que solucionó la crisis entre EE. UU. y Cuba, generada a raíz de la apertura del puerto de Mariel por el que zarparon hacia EE. UU. cientos de barcos llenos de migrantes cubanos.

“Esas lecciones históricas las conozco bien. Cuando regrese pondré en su conocimiento más cosas que ahora desconoce. Un abrazo”, me escribió.

“Yo también le mando un abrazo lleno de preocupación por el estancamiento del diálogo con el Eln, a propósito del cual el Gobierno no sabe qué más inventarse para evitar que avance; por el caso Santrich, al que no sabe cómo más darle candela; por el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, que iba avanzando, pero este Gobierno lo detuvo; y por la situación con Venezuela la cual, si continúan los insultos de Maduro y las provocaciones de Colombia, es fácil que evolucione hacia una guerra. Como dice el analista León Valencia, son cuatro brasas que pueden regarse con agua o con gasolina. Y parece que el Gobierno está optando por regarlas con gasolina. Y si este país se incendia, la responsabilidad será del presidente Duque. ¡Todo es muy peligroso, canciller! Y es demasiado triste, pues estuvimos muy cerca de llegar a la paz completa... usted, más que nadie, como comisionado de Paz que fue del gobierno Samper, lo sabe”.

“La busco en Colombia: hay muchos otros temas”, repuso a manera de despedida.

Hoy mi preocupación aumenta porque Colombia, siendo país fronterizo, está liderando el bloqueo diplomático a Venezuela. Pero esa es la instrucción… ¿O será más bien que la instrucción es provocar la guerra?

* * *

¡Feliz año, queridos lectores! Regresaré el 18 de enero.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 23 DE 2018

 

El nuevo mejor enemigo

Ayer visité a mi vieja terapeuta: hacía seis noches que casi no dormía: el atafago del fin de año, el alboroto de la neurosis del ama de casa y la locura de este país guiado por el presidente Duque, que lo tiene a punto de que le exploten insospechadas guerras, me tenían al borde de un ataque de nervios.

Luego de llevar varios minutos en el diván, le pregunté: Cuando alguien que no puede vivir sin un enemigo se queda sin enemigo, ¿cómo reacciona?

 

—Puede desarrollar alguna enfermedad psicosomática o sufrir algún accidente en el carro que no tendría por qué sucederle, o algo así —, dijo ella.

 

—Y si la persona no maneja, ¿puede caerse de un caballo? —, le pregunté al recordar que, cuando Iván Duque llevaba 17 días como presidente electo y Juan Manuel Santos estaba a punto de dejar el poder y ya no tenía futuro como enemigo de Álvaro Uribe, éste se había caído de un caballo, se había fracturado una costilla y había recibido una incapacidad de un mes.

 

—¡Claro!—, exclamó mi psicoanalista. Y agregó: —pero lo más probable es que esa persona se consiga otro enemigo.

—Y si esa persona es Álvaro Uribe, ¿podría servirle como enemigo el presidente Maduro?—, le dije.

 

—Ese le quedaría perfecto—, exclamó mi sabia consejera.

 

Entonces recordé que cuando se acercaba su salida del poder, el presidente Uribe, sin decirle una palabra al presidente electo, Juan Manuel Santos, denunció a Venezuela ante la OEA y la acusó de albergar a la guerrilla colombiana, lo cual llevó a que Chávez rompiera relaciones diplomáticas con Colombia y Santos tuviera que posesionarse con semejante chicharrón entre las manos. Luego, cuando el nuevo presidente se reunió con Chávez para buscarle una solución a la crisis, y lo llamó su “nuevo mejor amigo”, Uribe se enfureció hasta tal punto que no se lo perdonó y, así, el presidente eterno encontró en él a su nuevo mejor enemigo. De manera que durante los ocho años del gobierno de Santos, Uribe tuvo la dicha de contar con dos poderosos enemigos: el nuevo presidente y las Farc.

 

Pero al expresidente se le fue acabando su oasis de enemigos porque, primero, a pesar de los torpedos que le puso al proceso, la paz con las Farc se firmó y se desmovilizaron cerca de 14.000 combatientes y milicianos que entregaron casi 9.000 armas que fueron fundidas por la escultora Doris Salcedo en un contramonumento llamado Fragmentos, localizado en la carrera 7ª Nº 6B-30, cuya visita les recomiendo. Y segundo, porque a pesar del pánico que sembró Uribe al insistir en que Santos les estaba entregando el país a las Farc y en que aquí iba a instalarse el castrochavismo, nada de eso ocurrió: las Farc sacaron apenas 80.000 votos y el ganador fue Iván Duque, candidato de Uribe. Y con Duque, a Uribe le queda muy mal pelear, a pesar de que esté muerto de ganas de hacerlo.

 

Entonces, el problema es muy grave, porque el senador Uribe, quien tiene un perseguidor adentro, necesita de un gran enemigo afuera para vivir tranquilo, porque, de lo contrario, se daría cuenta de que él es su propio enemigo.

 

Y a juzgar por los indicios, su incapacidad de vivir sin un enemigo puede llevar a que su pupilo, Iván Duque, le obedezca tan ciegamente que acabemos convertidos en el teatro de operaciones de una confrontación de aristas insospechadas con Venezuela.

 

Así que, por favor, Uribe-Duque, Maduro y sus respectivos combos, bájenles a los micrófonos y a las provocaciones, y déjennos vivir en paz.

 

                                                                            ***

¡Feliz Navidad, queridos lectores!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 14 DE 2018

Profecía autocumplida

Que Duque iba a pretender silenciar a Daniel Coronell (DC) y a Noticias Uno, noticiero del que él y su esposa son socios mayoritarios, lo había profetizado Álvaro Uribe en un trino que lanzó en la campaña: “DC, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”, decía.

Entonces Coronell trinó: “Álvaro Uribe empieza a anunciar la venganza contra los medios que han sacado a flote los actos de corrupción y abusos de poder de su gobierno (chuzadas, AIS, zona franca, notarías, parapolítica, etc.)”.

Y Uribe ripostó: “¿Por qué se asustan DC y sus amigos cuando se menciona transparencia por oposición al favor oficial con contratos? Todo lo que adjudiqué en radio, TV, fue transparente”.

Por su parte Duque, ante la presión para que se pronunciara, dijo tras dos días de silencio que no iba a referirse o a interpretar un trino; habló de su “respeto irrestricto a la libertad de prensa” y agregó: “Todo aquel que tenga una concesión en Colombia, y la esté administrando conforme a la ley, no tendrá nada que temer de parte de un gobierno mío”.

¡Pues sí teníamos que temer! Iniciando su mandato saltó la liebre, y está a punto de volver realidad la amenaza de Uribe, ya que están que aprueban un proyecto de ley de modernización de las TIC que contiene un mico que quebraría al Canal Uno y, así, desaparecería el noticiero que ha destapado la mayoría de los escándalos de corrupción.

Lo extraño es que, a diferencia de proyectos realmente apremiantes como los anticorrupción, este ha gozado de mensaje de urgencia del presidente, ha sido velozmente debatido dos veces en las comisiones y está a punto de aprobarse en las plenarias.

De volverse ley, excluiría al Canal Uno de los beneficios que tendrían los operadores de TV privada como Caracol y RCN, a los que se liberaría de pagar $128.000 millones, se les extendería el plazo de pago de dos a 20 años, se les alargaría la concesión y sólo tendrían que desembolsar el 2,2 % de su participación comercial. En cambio, al Canal Uno lo clavarían con $107.500 millones, pagaderos en apenas dos años y por la mitad del tiempo de concesión de los privados. Así quebrarían el canal y callarían a Noticias Uno.

Como si lo anterior fuera poco, el proyecto crea un nuevo ente que estaría integrado por el ministro de turno; un delegado del presidente; un representante de los operadores públicos regionales que, como dice la columnista Cecilia Orozco, “en la práctica sería vocero de los gobernadores quienes dependen, en buena medida, del Gobierno Nacional”, y dos delegados más elegidos quién sabe cómo.

En resumen, Duque, Uribe y compañía están que desaparecen a Noticias Uno, quiebran a Coronell y censuran al resto: ¿ese comportamiento de Duque y su combo no les huele al de Maduro?

***

La cultura está de luto. ¡Paz en la tumba del expresidente y amigo Belisario Betancur! Les envío mi abrazo de condolencia a Beatriz, María Clara, Diego, sus nietos y Dalita.

***

P. D. Al cierre de esta columna me entero de que gracias a la denuncia de Yamid y a que los partidos distintos al de Uribe no le jalan a aprobar el mico, algunos ponentes pidieron que las condiciones sean similares para los privados y los concesionarios del Canal Uno. Veremos. Pero como hay que estar alertas por si salta de nuevo la liebre, esta columna sigue vigente.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

DICIEMBRE 7 DE 2018

Renuncie, señor fiscal

“Vas a ver que se van a inventar otro escándalo para tapar este”, le dije a mi hijo cuando estalló la bomba de las grabaciones que les entregó a los medios, antes de su muerte, Jorge Enrique Pizano, en las que quedaba claro que el fiscal Néstor Humberto Martínez, siendo abogado de Luis Carlos Sarmiento, sabía desde meses antes de ser fiscal que miles de millones habían sido desviados de forma torcida por el consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana, empresa de Sarmiento, y que siendo fiscal sólo actuó cuando el escándalo fue revelado por las autoridades gringas.

Pues fabricaron el escándalo con el grotesco video del opositor Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes de un antiguo amigo y colaborador. Y le hicieron daño a Petro aunque, al parecer, ahí no hay delito.

Y todo lo montaron para dejar intacto el tema de fondo: las inhabilidades del fiscal general para ejercer su cargo de manera idónea, por los múltiples conflictos de intereses que lleva a cuestas, y que no se solucionan nombrando a un fiscal ad hoc para tres casos, pues el fiscal general y sus subalternos están impedidos para actuar en muchos más: por ejemplo, en las decenas de pleitos que involucran a Odebrecht, en el de la muerte del hijo de Pizano, en el de Carlos Mattos y en el del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, a quien el fiscal, en un delirio paranoide, acusó de ser un conspirador en su contra, en compañía de su esposa norteamericana y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, primo de Andrade.

A todas estas, la bancada del Gobierno y sus afines sabotearon el martes la continuación del debate contra el fiscal, y demostraron así que el Gobierno y sus amigos lo que tienen es un fiscal de bolsillo.

Siempre he considerado que NHM es un abogado brillante. Pero ahora se le están yendo las luces y, tal vez, el uso que le está dando a la Fiscalía para salvaguardar sus intereses le está impidiendo ver que lo mejor que puede hacer en beneficio de su dignidad es renunciar: su renuncia ya la han pedido varios periodistas y dos connotados juristas: por una parte, el profesor Rodrigo Uprimny considera que “sobre el fiscal general no pueden recaer dudas de comportamientos indebidos”. Y agrega: “hoy sufrimos un déficit de fiscal, que no se remedia con un fiscal ad hoc para ciertos casos. Tendría que ser un fiscal ad hoc para todos los casos de la Fiscalía, esto es, un nuevo fiscal general”. Y el exministro de Justicia Yesid Reyes se pregunta: “¿para qué sirve la figura del fiscal ad hoc? Para solucionarle a Martínez un problema que solo él creó con sus conflictos de intereses y, de esa manera, permitirle continuar en su cargo. Todo este enredo tiene una salida jurídica mucho más simple: la renuncia del fiscal general”.

Y el procurador Fernando Carrillo propone que se cree una Fiscalía ad hocen la que los fiscales e investigadores no dependan de NHM, es decir, que en la práctica se cree una Fiscalía paralela, con los costos que ello implica.

¿No es mejor tanto para NHM, quien perdió la credibilidad como fiscal, como para la institución que renuncie y se nombre un nuevo fiscal general, sin tantos conflictos de intereses como los que tiene NHM, que le harían la vida invivible, tanto a él como al país, durante el año y medio que le resta en el cargo?

Piénselo, doctor Martínez.

***

Imperdible el documental La negociación. Lo presentan esta semana en Cinema Paraíso.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 30 DE 2018

Así no se trata a un amigo, presidente Duque

El manejo olímpico que el Gobierno de Duque ha tenido de las relaciones con Cuba tiene a Colombia a punto de llegar a una situación muy complicada, pues puede llevar a que perdamos la credibilidad ante tantas organizaciones internacionales y naciones que nos han apoyado en procesos de paz, como Noruega, Chile, España, la ONU, la Unión Europea, etc.

Veamos los hechos:

 

En julio, el Estado colombiano le solicitó a Cuba, país que con la mayor generosidad prestó su territorio y su infraestructura durante seis años para que en él se desarrollaran los diálogos con las Farc, que recibiera a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe del Eln, para que recibiera allí tratamiento médico. Además, le pidió a Venezuela que le permitiera el tránsito y le asegurara el traslado, según lo confirmó la Agencia Francesa de Prensa (AFP), citada el martes por el Nuevo Herald.

 

En vista de que Gabino seguía delicado de salud, el gobierno de Santos prorrogó hasta el 6 de agosto, es decir, hasta la víspera de su salida de la Presidencia, la petición a Cuba para que Gabino pudiera continuar con el tratamiento médico que recibía allá.

 

Cuando se inició el gobierno de Duque, Cuba le solicitó al nuevo Gobierno que le buscara una salida al asunto, ya que el líder del Eln requería seguir tratándose.

 

Pero el 3 de octubre, por petición de la Fiscalía —que de paso no sabe qué más inventarse para tirarse la paz—, la Interpol expidió su circular roja mediante la cual Cuba, y los demás países que albergaran terroristas, tienen la obligación de entregarlos.

 

El 6 de noviembre, Colombia le pidió al gobierno de Cuba que hiciera efectiva la circular roja.

 

¡Sin embargo, ocurre que el terrorista que está en Cuba y que ahora el gobierno de Colombia le pide a Cuba que entregue a la Interpol está allá por solicitud del Estado colombiano! ¡Y, además, se encuentra ahí por razones humanitarias, en una clínica, como lo reveló la AFP en artículo publicado el martes en el Nuevo Herald!

 

El 10 de noviembre, el comando central del Eln respondió una vieja solicitud y aceptó que Gabino hiciera parte de la delegación de paz de La Habana.

 

Esa parecía ser la fórmula salvadora, tanto del grave impasse con Cuba, como del estancamiento del proceso con el Eln, organización que carece de una estructura jerárquica rígida, lo que complica que se logren avances. Por eso, con la autoridad que tiene Gabino frente al grupo en la mesa de negociación, los diálogos podrían, por fin, llegar a conclusiones.

 

Pero no. El 11 de noviembre, el presidente Duque insistió en decirles a Cuba y a Venezuela que tenían que entregar a todos los que tuvieran circular roja.

 

¿Qué se propone Duque? Es bastante difícil de comprender, a no ser que quiera la ruptura de relaciones con Cuba, el peligroso escalamiento de las tensiones con Venezuela y el estallido de la guerra total con el Eln, con su elevado saldo de secuestros, atentados y voladuras de oleoductos.

 

Por si no lo ha pensado, y por si alguien le cuenta, le digo al presidente Duque algo que es obvio: Cuba, como país garante que es y ha sido de los procesos de paz, no puede entregarle a Gabino a la Interpol. Y Colombia no puede solicitárselo: si lo hace, ¿qué otro país aceptará servirle de garante de algún proceso?

 

Y Duque tampoco puede poner a Cuba, ante Estados Unidos y el mundo, como país que incumple las órdenes de la Interpol y, por lo tanto, se vuelve susceptible de convertirse en nuevo miembro de la lista de países que albergan a terroristas.

 

No, presidente Duque, así no se trata a un amigo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 23 DE 2018

 

Réplica

Cumpliendo el derecho de réplica, publico los principales apartes de la carta que me envió Carlos Ardila Ballesteros, a propósito de la columna en la que apoyé la petición de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, y de Gloria Pachón de Galán, para que el Consejo Nacional Electoral les conceda la personería jurídica del Nuevo Liberalismo.

Dice Ardila:

“Lamento que en su afán por obtener una personería política, y dentro del recorrido de medios que está haciendo para ello, el exsenador Juan Manuel Galán le haya dicho a la periodista Patricia Lara que yo utilicé abusivamente el nombre de Nuevo Liberalismo, como lo menciona ella en pasada columna.

 

Eso no es cierto, y relato por qué:

En 1977, fui abordado por Alfonso Valdivieso para que me vinculara a la campaña al Senado del exministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento. Con 23 años, abogado litigante y profesor universitario, los fines de semana acompañaba al doctor Galán por carreteras de Santander. Viajábamos en su vehículo a los diferentes municipios del departamento hasta su elección como senador. En las elecciones locales de 1980, contando con mi incondicional lealtad y dedicación, el doctor Galán me permitió ser candidato y concejal de Bucaramanga a nombre del NL. Honrosamente para mí, fuimos elegidos ambos y me inicié en la actividad política. Me desempeñé como dirigente del NL en Santander ocupando el lugar de suplente de Alfonso Valdivieso en la Cámara de Representantes en el cuatrienio 1982-1986, fui candidato ‘quemado’ a la Cámara en 1986, diputado en la Asamblea de Santander en 1988, secretario de Gobierno de Alberto Montoya Puyana en su alcaldía de Bucaramanga, siempre a nombre del NL. Jamás hice política bajo una bandera distinta. Desaparecido el doctor Galán, algunos de sus herederos políticos y compañeros de lucha seguimos trabajando en Santander con el mismo nombre y en la misma casa.

Diez años después de su asesinato, con dirigentes, concejales y diputados consideramos más que justo no dejar nuestro nombre a la deriva y, ante comentarios de que algunos políticos pretendían solicitarlo, reunimos más de 50.000 firmas e hicimos el trámite legal que llevó a que el CNE, mediante la resolución 269 del 12 de abril de 2000, nos otorgara personería jurídica como Movimiento NL, nombre que, como ya dije, seguíamos utilizando (...).

Igualar el episodio de la Unión Patriótica al del NL es una falacia; el NL de Luis Carlos Galán nunca perdió su personería. Lo liquidó voluntariamente el doctor Luis Carlos Galán, quien fue acribillado cuando aspiraba a ser escogido como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal”.

Doctor Ardila: como digo en la columna, si matar a Galán, a Lara, a dos periodistas, cuatro concejales, una exdiputada, un exalcalde, cinco dirigentes de provincia, un escolta; atentar contra Alberto Villamizar, Iván Marulanda y Enrique Parejo; herir a Pedro Nel Angulo; ponerle una bomba al avión de Avianca donde iba a viajar César Gaviria, atentar contra un restaurante cuya dueña era del NL y secuestrar a Maruja Pachón no es una operación de exterminio sistemático, ¿entonces qué lo es?

Usted me informó que se opuso a que un tercero de apellido Galindo solicitara la personería jurídica del NL, pero que desde cuando supo que tras esa solicitud estaban los hijos y la viuda de Galán apoyó la petición. Si es así, lo felicito. Eso es lo mínimo que Galán hubiera esperado de un colaborador leal.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 16 DE 2018

 

Preguntas para el presidente y el fiscal

Señor presidente, ¿por qué le dijo al país que había un déficit de $14 billones dejado por el gobierno anterior y no que usted y sus ministros quieren gastar $14 billones más “por el bien de la patria”? ¿Por qué no nos contó que encontró, a fines de julio, un presupuesto radicado que se ajustaba a la regla fiscal y les pidió a sus ministros que lo analizaran para saber si los proyectos que tenían podían financiarse con él y, entonces, al sumar sus aspiraciones, resultó que faltaban $25 billones, pero después ellas se redujeron a $14 billones? ¿Por qué no nos dijo que esos $14 billones están distribuidos en $5 billones que quiere invertir en programas nuevos, $4 billones que quiere aumentarles a programas viejos como los de salud y alimentación escolar y $5 billones de recortes que planteó el gobierno Santos que usted no desea hacer? ¿Por qué, para justificar esa disparatada reforma tributaria que pretende gravar con IVA la canasta familiar y que ni su propio partido, el Centro Democrático, apoya, usted le mintió al país, presidente?

***

Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, le hago las siguientes preguntas que debe estar haciéndose media Colombia:

1. ¿Por qué si usted sospechaba desde el 2015 que podían ser coimas o giros a paramilitares los pagos que por $55.000 millones hizo la concesionaria de la Ruta del Sol II, de la cual era socia Corficolombiana, empresa del Grupo Aval que usted asesoraba, como consta en la grabación de la conversación que usted sostuvo con Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), controller nombrado por el Grupo Aval para vigilar los movimientos de dinero de esa concesionaria, no inició la investigación del caso apenas se posesionó como fiscal general de la Nación, a comienzos de agosto del 2016? ¿Por qué se esperó para abrirla hasta después del 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que 12 países, entre ellos Colombia, habían recibido US$788 millones en sobornos?

2. En la grabación mencionada usted dice que de inmediato le va a informar a Sarmiento, dueño del Grupo Aval (no se sabe si se refiere al padre o al hijo), las irregularidades de las que acaba de enterarlo Pizano. ¿Qué le dijo Sarmiento al respecto?

3. Como abogado de Sarmiento, usted redactó el contrato que tuvo como fin que Odebrecht le restituyera a la Concesionaria Ruta del Sol II los pagos “que no fueron explicados a satisfacción de Corficolombiana”. Pero, como fiscal general que fue meses después, ¿no era lógico que, independientemente de que se le hubiera devuelto la plata a la empresa, usted investigara el asunto hasta encontrar a los responsables del supuesto delito?

4. ¿Por qué si usted le informó a Sarmiento lo ocurrido en el 2015, el Grupo Aval dice que solo se enteró de las acciones ilícitas de Odebrecht el 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. las publicó?

5. ¿Por qué si era tan evidente que usted tenía impedimentos en ese caso, solo en abril de 2017 se declaró impedido para actuar dentro de la indagación contra la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, por la firma del otrosí que permitió que Odebrecht construyera la vía Ocaña-Gamarra sin licitación y como parte de la Ruta del Sol?

Esperamos respuestas…

***

¡Aplausos para Álvaro Restrepo y su Colegio del Cuerpo! Su presentación en la iglesia Saint Peter’s de Nueva York, que anticipó extractos de la función llamada Animal Family que estrenará en Cartagena el 13 de diciembre, fue maravillosa.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 9 DE 2018

Uribe, Petro, FARC, vuélvanse a sentar

Continúa el debate sobre si fue buena o mala la reforma a la JEP surgida del inverosímil pacto político celebrado, en presencia de la FARC y del Polo, entre los senadores Álvaro Uribe, Gustavo Petro y miembros de los partidos Verde, de la U y Cambio Radical.

Mientras columnistas como Laura Gil, Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano se manifestaron en contra, voces autorizadas en el tema del Acuerdo de Paz, como las del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y del jurista Rodrigo Uprimny, lo apoyaron con entusiasmos variables: para De la Calle, “la fórmula adoptada es conveniente”, porque al incluir nuevos magistrados en la JEP y al “establecer garantías frente a las incriminaciones ficticias” se le da “mayor solidez a lo pactado”. Y además aleja el fantasma de que, en el futuro, se desbarate la JEP, aludiendo al hecho de que Uribe se comprometió a no introducirle más modificaciones al proyecto que está en curso. Para Uprimny, en cambio, el proyecto “es malo” e “inconstitucional, pues el Congreso modificaría unilateralmente el Acuerdo de Paz, lo cual viola el Acto Legislativo N.°2 de 2017, que dio estabilidad a ese acuerdo por 12 años. Pero, paradójicamente”, agrega, “este proyecto malo e inconstitucional podría tener efectos positivos si hace parte de un pacto público y serio de todas las fuerzas políticas, incluida la FARC, para implementar, con ajustes que no toquen su esencia, el Acuerdo de Paz”.

En mi opinión, ahí está el meollo del asunto: el pacto es malo porque no fue concertado con las Farc, el otro signatario del Acuerdo de Paz. Y sin ellas no podía aprobarse porque más o menos equivalía a casarse sin pedirle el consentimiento al novio.

Pero el hecho de que se hubiera producido esa reunión de siete horas entre Uribe y todas las fuerzas políticas, incluida la FARC, en la que en lugar de insultos se intercambiaron opiniones y se trató de construir un acuerdo, es un comienzo positivo en el camino de abrir ese diálogo político que hizo tanta falta profundizar entre los partidarios del No y del Sí hace dos años, cuando el Gobierno perdió el plebiscito. Pero, entonces, hacerlo era virtualmente imposible porque para Uribe el verdadero enemigo era Santos y no las Farc, y él no estaba dispuesto a facilitarle el triunfo de haber logrado la paz. Sin embargo, ahora que Santos salió del ring, que Uribe le ganó la batalla política y que, como dice la revista Semana, hace las veces tanto de primer ministro como de jefe de la oposición, seguramente estaría dispuesto a sentarse con la FARC para abrir ese diálogo que tanto le pidió Timochenko que sostuvieran en La Habana y llevarse, él, Uribe, la gloria. (¡Es que no debe olvidarse que el “presidente eterno” trató por todos los medios de iniciar con las Farc ese diálogo de paz que Santos coronó!).

Ahora, lo que no puede suceder es que se le abra una tronera a la JEP ni que se toque la esencia del Acuerdo de Paz, pues a éste ya se le otorgó una estabilidad constitucional que debe respetarse. Y tampoco puede abrírsele la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional, que no va a estar contenta con que se nombren nuevos magistrados amigos de los militares para que sean ellos los que los juzguen, como quedó establecido en el pacto Uribe-Petro. Con eso, los perjudicados serían los uniformados, que caerían en manos de la justicia internacional. Así que todos, por favor, vuélvanse a sentar. Pero esta vez, en el pacto, incluyan a la FARC.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

NOVIEMBRE 2 DE 2018

No todo lo de Duque es malo

No todo es malo en este Gobierno. Y hay que decirlo. La entrevista que el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, le dio a la revista Semana es una prueba de que algunos funcionarios que el presidente Duque ha nombrado están comprometidos con llevar a buen término el proceso de paz, cumplir la palabra empeñada entre el Estado y las Farc, y sacar adelante el Acuerdo de La Habana.

Este alto consejero, que reemplazó en sus funciones a Rafael Pardo, sostiene, por ejemplo, que el presidente no sólo “cumplirá con lo pactado”, sino que, además, “ve una oportunidad de cerrar las brechas en las zonas históricamente más afectadas por la violencia”.

¿Ello quiere decir, doctor Archila, que Duque va a impulsar la Reforma Rural Integral acordada en La Habana? ¿Y, si es así, por qué el Gobierno parece querer permitir que dicho proyecto duerma en el Congreso el sueño de los justos?

Archila agrega que el presidente sabe que él “votó por el Sí en el plebiscito de paz y eso lo ve como una ventaja”. Añade que Duque dijo “que el cumplimiento del Acuerdo, en lo sustancial, se debe hacer con o sin acuerdos”; que “ninguna de las reformas constitucionales que Duque ha presentado toca una sola coma de lo que se pactó”; que “en cada uno de los frentes del Acuerdo” saben la ruta que se debe seguir; que tienen claro “que la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia se dará en un lapso más o menos de diez años”; que ese tiempo les “permitirá acabar con las condiciones que permiten reciclar la violencia”; que la visita a Pondores que Duque les hizo a las ex-Farc fue “espiritualmente muy impresionante”; que “el presidente respondió todas las 20 preguntas que tenían los exguerrilleros”; que “durante el encuentro Joaquín Gómez le dijo que era muy esperanzador y que quedaban con gran ilusión”; que “la comunidad internacional siente tranquilidad con la seriedad del presidente”; que “el mensaje que trasmitió en su visita él ya lo había hecho público” y es que “se va a cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc”; que “el Consejo de Seguridad apoyó de manera unánime el proceso”; que éste “tiene un significado para los colombianos, pero también para el mundo”; que “la implementación tiene un número de frentes muy amplio” y ahora están tratando de entender “hasta dónde llegó, mirar qué se debe hacer en cada uno y planear ejecuciones durante los próximos años”, y que “la identificación de dificultades presupuestales no es una manera de excusar que no se va a cumplir”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si tramitarán los proyectos que quedaron colgados en el fast track, Archila responde que sí; que “el presidente ha dicho que es un hombre de palabra”, que “los desarrollos legales que están pendientes se van a hacer” y que “existe una negociación entre el Estado y las Farc, y cuando hay un acuerdo entre dos partes, cuyo cumplimiento se extiende por 15 años en temas tan complejos, es indispensable que existan instancias de diálogo”.

¡Qué distintas y reconfortantes suenan estas palabras del nuevo zar del posconflicto si se comparan con los gritos proferidos por la senadora Paloma Valencia en el sentido de que “¡ganó el No, y ganó el presidente que representaba el No!”. ¿Y saben dónde las gritó? En una reunión privada cuyos asistentes eran, entre otros, los senadores Álvaro Uribe, Carlos Antonio Lozada del partido FARC, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras, Angélica Lozano y Paloma Valencia.

¡Qué vueltas que, para bien, da la vida!

 

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PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 26 DE 2018

Háganle justicia a Galán

Que los hijos y la viuda de Luis Carlos Galán tengan que batallar en el Consejo Nacional Electoral para que le devuelvan la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, movimiento que fundó Galán, quien estuvo tan cerca de llegar al poder que por eso lo mató la mafia con la complicidad de políticos y policías, es algo que sólo puede suceder en este país santanderista de leguleyos que todo lo obstaculizan, o de partidos a los que no les conviene que el NL irrumpa en el escenario, esta vez dirigido por los hijos de Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, quienes han demostrado ser valientes y tener principios liberales y liderazgo político.

Veamos los hechos: además de Galán y de Rodrigo Lara, quienes libraron una batalla feroz contra la infiltración de la mafia en la política, fueron asesinados dos periodistas, cuatro concejales, una exdiputada, un exalcalde, cinco dirigentes de provincia y un escolta. Hubo atentados contra los líderes Alberto Villamizar, Iván Marulanda y Enrique Parejo; fue herido el escolta Pedro Nel Angulo; le pusieron una bomba al avión de Avianca HK-1803 donde iba a viajar el dirigente César Gaviria; atentaron contra el restaurante La Estación cuya dueña era del NL, y secuestraron a Maruja Pachón.

¿Si esa no es una operación de exterminio sistemático, entonces qué lo es?

Con base en ese argumento, el 9 de noviembre de 2017, Gloria Pachón de Galán y otros le solicitaron al CNE que le otorgara la personería jurídica al NL. La petición se acompañaba con sentencias que demuestran que a Galán lo mataron por su ideología y que fue asesinado por narcotraficantes, agentes del Estado, miembros de la clase política y las Autodefensas del Magdalena Medio.

Pero el 24 de noviembre, el exmagistrado del CNE y exsimpatizante del NL Carlos Ardila Ballesteros, empujado seguramente por algún maquiavélico político al que no le conviene que resurja el NL, pidió ser parte del proceso y se opuso a la solicitud, con el argumento de que ese movimiento había adherido en el 2000 a Cambio Radical. Según me explicó Juan Manuel Galán, fue Ardila quien, abusivamente, inscribió un movimiento NL y, después, lo adhirió a Cambio Radical.

Entonces, el CNE, ciego, o enceguecido por intereses políticos, concluyó el disparate de que Gloria Pachón de Galán y compañía no eran peticionarios legítimos porque el último representante legal del NL había sido Ardila Ballesteros.

Sin embargo, el 6 de julio el Consejo de Estado actuó con lógica y justicia, y le ordenó al CNE volver a estudiar la solicitud teniendo en cuenta que se había demostrado que los peticionarios (Gloria Pachón y cía.) son legítimos, que no había habido continuidad de la actividad política del NL y le pidió que analizara a fondo la violencia sufrida por ese movimiento.

La semana pasada se celebró una audiencia. Allí, el senador Iván Marulanda dijo que el Estado, entonces, “estaba penetrado por la criminalidad organizada”, que la enfrentaron en condiciones de desigualdad y que terminaron por aniquilarlos como fuerza política. Y agregó: “Lo justo con esta sociedad es que esas personas que quieren reivindicar esa lucha, esas ideas, tengan la oportunidad y el derecho que les quitaron las armas”.

El CNE tomará en noviembre la decisión final. Ojalá que, al hacerlo, piense en la importancia de que surjan nuevas fuerzas que debiliten la polarización y consoliden un centro político y que, al fallar, prevalezcan la lógica y la justicia y no los mezquinos intereses politiqueros.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 19 DE 2018

Mejora, presidente Duque

Se requería un mensaje de confianza. Por eso es positivo que el presidente Duque haya visitado a los desmovilizados de las Farc en La Guajira y se haya reunido con ellos, incluido Joaquín Gómez, antiguo comandante del Bloque Sur y crítico del liderazgo que ejercen Rodrigo Londoño (Timochenko) y otros dirigentes del ala moderada del nuevo partido.

Seguro Gómez, uno de los duros de las Farc, quien ha desarrollado una labor eficaz como líder del Espacio Territorial de Pondores (Guajira), le planteó al presidente las inquietudes que agobian a los desmovilizados.

Sin embargo, para sacar la paz de la incertidumbre, no basta esa visita. Se requiere que Duque vaya a los demás espacios de reincorporación, que converse con los dirigentes de todos los sectores de la FARC, que no desconozca a los jefes y, ante todo, que tenga la voluntad política de salvar el proceso y demuestre que la tiene. Ello implica, necesariamente, transmitirles a sus funcionarios que el Gobierno tiene como prioridad cumplir los acuerdos, poner al ministro de Hacienda a que encuentre los recursos para que ello sea posible, hacer que sus ministros impulsen en el Congreso los proyectos que faltan, especialmente la reforma rural integral y el catastro multipropósito, y olvidarse de las críticas que puedan lloverle de los halcones del uribismo.

Ya, con dos meses en la Presidencia, Duque tiene que haberse dado cuenta de que para la comunidad internacional es clave el proceso de paz. El comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 28 de septiembre, es claro al respecto. Dice, entre otras cosas, que sus miembros “reafirmaron su apoyo pleno y unánime al proceso (…); notaron que la responsabilidad principal de la implementación del Acuerdo de Paz se ha trasladado a una nueva administración; reafirmaron su seria preocupación en torno a (…) la violencia que continúa en ciertas zonas afectadas por el conflicto, incluyendo un patrón persistente de asesinatos de líderes comunitarios y sociales (…), y están a la expectativa de la implementación de medidas al respecto (…); recalcaron que la independencia y autonomía de la JEP deben ser plenamente respetadas; (...) reafirmaron su compromiso de trabajar con Colombia, bajo su nuevo Gobierno, para renovar el impulso de la implementación del Acuerdo de Paz (…) y resaltaron que el proceso de paz de Colombia sigue siendo importante como una fuente de inspiración para los esfuerzos realizados en muchas partes del mundo para poner fin a los conflictos y construir la paz”.

Así que, ante esa claridad de la junta directiva del mundo, al presidente Duque le queda muy difícil hacerse el bobo con la paz.

***

 

¡Hasta siempre, Roberto Burgos!

¡Qué falta nos va a hacer tu pluma, pero, mucho más, qué falta va a hacernos tu afecto incondicional, tu presencia discreta, tus correos llenos de mensajes bellos y profundos, tus palabras de aliento en los momentos fundamentales de la vida…

Conocí a Roberto por ser el amigo más cercano de Eligio García Márquez, mi compadre. Entonces nos volvimos compadres por analogía. Y nos unió más el haber compartido el calvario de la agonía y la muerte prematura de Eligio… Ahora, la muerte súbita de ese espléndido escritor y ser humano que era Roberto aumenta ese hueco en el corazón que ha ido ampliándose a medida que han ido desgranándose los grandes amigos. Para Dorita, sus hijos y los amigos, va mi abrazo adolorido.

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 12 DE 2018

Cualquiera es mejor que él

“Usted no merecería ser violada porque es muy fea”.

“Yo sería incapaz de amar a un hijo homosexual (…) Ante eso, prefiero que un hijo mío muera en un accidente”.

“El 90 % de los hijos adoptados (por parejas homosexuales) van a ser homosexuales y se van a prostituir, con seguridad”.

“(Mis hijos no tendrán parejas de raza negra) porque están muy bien educados”.

“(El indígena) debería ir afuera y comer pasto, así puede mantener sus orígenes”.

“(Las comunidades negras) no hacen nada mientras que nos gastamos más de mil millones de dólares al año en ellos”.

“No emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario”.

“Vamos a fusilar a los petistas (militantes del Partido de los Trabajadores)”.

“Un policía que no mata no es un policía”.

“Bandido bueno es bandido muerto”.

“Estoy a favor de la tortura”.

“El error de la dictadura fue torturar y no matar”.

“A través del voto no se va a cambiar nada en este país. Nada. Las cosas sólo van a cambiar, infortunadamente, cuando lleguemos a una guerra civil y hagamos el trabajo que los militares no hicieron: matar a 30.000”.

Esas son algunas de las frasecitas pronunciadas a lo largo de su carrera política por Jair Bolsonaro, quien fuera capitán de la Armada brasileña durante 17 años y congresista desde 1991, y quien ahora, al estar Lula preso e inhabilitado para ser candidato presidencial, es muy probable que, al haber obtenido el 46 % de los votos en la primera vuelta, se convierta el 28 de octubre en el próximo presidente de Brasil, nuestro vecino, el país más importante de América Latina y el quinto del mundo.

Pero esas frases que aterran a cualquier persona sensata y que, por supuesto, le encantan a la inverosímil senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien está dichosa con la posibilidad de que ese bárbaro pueda ser presidente de Brasil, no lo son todo: Bolsonaro ha dicho que si llega a la Presidencia flexibilizará el control de armas de manera que la gente pueda defenderse (él acostumbra hacer con la mano, cada rato, el ademán de que va a disparar), y hará que Brasil se retire del Grupo de París para el control del cambio climático, lo cual puede tener un impacto devastador en la conservación de la Amazonía y, por consiguiente, de la especie.

Haddad, el candidato del PT puesto por Lula quien obtuvo 29 % de los votos, debe hacer un esfuerzo gigantesco para acercarse a las otras fuerzas políticas y tomar distancia frente a los escándalos de corrupción en los que se vio involucrado ese partido. De igual forma, debe poder darle garantías a Brasil de que, con un gobierno suyo, bajaría la criminalidad y mejoraría la economía.

Ese país tan entrañable tiene que reaccionar y entender, como dijo en su famoso programa de T.V. Last Week Tonight el periodista John Oliver, que cualquiera es mejor que Bolsonaro. ¡Por favor, aún es tiempo: reflexiona, querido Brasil!

***

¡Qué alegría le produjo al país el regreso al seno de su familia del niño Cristo José, quien había sido secuestrado, al parecer, por delincuentes comunes! El rechazo que produjo su plagio debe servirle al Eln para darse cuenta de que este país no perdona el secuestro: debe liberar ya al resto de secuestrados y aclarar la suerte que hayan corrido otros que reclama el Gobierno. Una vez dado ese paso, nos tendrá a muchos, y a la comunidad internacional, presionando al presidente Duque para que reinicie ya los diálogos de paz.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

OCTUBRE 5 DE 2018

David contra Goliat

Al ver la pelea obsesiva por el chanchullo de Odebrecht entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el hijo del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento, por una parte, y, por la otra, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, un tipo con pinta de ingenuo que nunca había sido funcionario público, y María Jimena Duzán, quien se ha enfrentado con valor al fiscal y, enhorabuena, acaba de derrotar a un fiscalito que la entuteló por una de sus columnas sobre el caso, fui a conocer a Andrade en su detención domiciliaria.

Después de tratar de entenderle su embrollo jurídico durante un par de horas, concluí que estamos ante un caso kafkiano porque es inconcebible que NHM —quien en su condición de ministro de la Presidencia y de abogado de Sarmiento tuvo que ver con las gestiones para que se le otorgara una adición a la concesionaria de la Ruta del Sol, la empresa que éste constituyó con Odebrecht, y luego, como abogado, dio un concepto positivo en el que se basó Andrade para celebrar un contrato— sea el mismo que dirige la institución que ahora quiere dejarlo preso 30 años por hacer lo que Martínez dijo en su concepto que podía hacerse.

Como esta es una pelea de David contra Goliat, transcribo apartes de mi charla con el más débil:

 

—Doctor Andrade, ¿de qué lo acusan?

—Tengo ocho cargos: 1°, interés indebido en el otrosí que autorizó los diseños del tramo de la carretera Ocaña-Gamarra y 2°, en el que autorizó las obras. Eso es absurdo porque se tuvo la aprobación de todas las instancias hasta llegar al Conpes, donde firmó NHM. 3°, celebración del contrato sin requisitos legales, también absurdo porque, para celebrar el contrato, nos basamos en tres conceptos jurídicos favorables: el de NHM, el de la interventoría y el del área jurídica de la ANI. 4°,interés indebido en reclamaciones por sobrecostos de la Ruta del Sol. Eso sí que es absurdo porque nunca aceptamos los sobrecostos y, por eso, están en un tribunal de arbitraje. 5°, interés indebido en el cierre financiero del contrato de Navelena, también absurdo porque no lograron el cierre y, por eso, declaré la caducidad. 6°, falso testimonio como determinador. 7°, alteración de material probatorio. Y 8°, falsedad en documento público, todo lo cual tiene que ver con el número de reuniones que tuve con el senador Ñoño Elías y con Martorelli, gerente de Odebrecht, pues remití un reporte del área administrativa que tenía el número de ingresos registrados en la ANI para esos personajes, y dicen que alteré los registros y le ordené al funcionario Juan Sebastián Correa que mintiera sobre el número de reuniones ante los entes de control. A la fecha no han demostrado que hubo alteración del sistema de ingresos. Y siempre dije que era posible que algún senador entrara sin registrarse. Esas acusaciones están montadas sobre un testimonio falso, sin pruebas documentales, que da Correa en un principio de oportunidad, y que son muy fáciles de desmontar. ¡Pero no me acusan de haber recibido un peso! Sospecho que me imputaron cargos porque me volví muy incómodo para Odebrecht y Sarmiento.

—¿Y por qué Sarmiento le tiene tanta bronca?

—Porque me negué a reconocer $750.000 millones en sobrecostos y a aceptar su fórmula de liquidación del contrato que les generaría ingresos adicionales por $400.000 millones.

—¿Y el fiscal por qué no lo quiere?

—Porque él representa los intereses de Sarmiento.

En esta columna no cabe más información. ¡Pero con esta es suficiente!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 21 DE 2018

¿Guerra con Venezuela?

Un editorial publicado el lunes en La Opinión de Cúcuta, titulado “Colombia quiere guerra”, hace un llamado angustiado que, en este país centralista, ha sido desconocido por la capital.

Por la gravedad del tema, transcribo algunos de sus apartes:

“Dolorosamente, el Gobierno colombiano pareciera querer que suenen los tambores de la guerra en torno de Venezuela. Dos actitudes similares, en 48 horas, así lo corroboran.

El viernes, durante una rueda de prensa conjunta con Almagro; el canciller, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, la reportera de La Opinión preguntó al secretario general si consideraba que una intervención militar en Venezuela (…) es la solución para ese país.

Almagro dijo que ninguna opción, ni la militar, se puede descartar. Esas palabras, en boca del líder de una organización creada para (…) la búsqueda de solución a cualquier problema por la vía del diálogo, dinamitaron los principios de la OEA.

Y Colombia lo avaló, pues su canciller y su increíble embajador ante el organismo hemisférico guardaron silencio.

Solo un día después, el llamado Grupo de Lima, creado con el fin exclusivo de buscar solución a la crisis venezolana, se pronunció, obvio, contra la declaración de Almagro. De los 14 votos, 11 fueron de rechazo. Y Colombia, el país que sería, sin la menor duda, el principal afectado con una guerra, se negó…

O, cuando suene el primer tiro de una invasión de EE. UU., ¿a dónde correrán en estampida los venezolanos? A Cúcuta, no nos podemos equivocar. Y si, como puede pasar, Venezuela tiene capacidad de respuesta, ¿a dónde disparará, sino a la frontera, es decir, a Cúcuta y sus carreteras, para obstaculizar que desde acá llegue apoyo a la invasión?

Desde luego, esa situación (…) tiene a los políticos de Bogotá sin el menor cuidado (…). Si no, ¿por qué no han reaccionado por la complacencia del Gobierno con Almagro y su apoyo a la intervención militar, su silencio en el Grupo de Lima, y el asentimiento de Ordóñez y Trujillo a todas las palabras del secretario de la OEA?”.

Para rematar, al día siguiente, Francisco Santos, nuestro embajador en Washington, dijo que, en Venezuela, “todas las opciones deben ser consideradas”. Entonces el presidente Duque declaró que buscaría “los canales diplomáticos y multilaterales” para lograr que Venezuela “recupere su libertad”, y agregó: “Esto no es con espíritu belicista”.

¡Ni una palabra más!

Sin embargo, las señales que sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela da el Gobierno de Duque, como ocurre con el proceso de paz, son contradictorias y preocupantes.

Ello significa una de dos cosas: o que Duque va a patrocinar la intervención militar gringa en Venezuela y no se atreve a decirlo, o que no les ha dicho a sus funcionarios cuál es su política en ese y en otros campos.

Es claro que falta liderazgo presidencial. Y también lo es que La Opinióntiene razón de preguntarse que “si no hemos podido solucionar el problema de los 30.000 inmigrantes diarios que cruzan la línea en busca de su supervivencia (…) ¿cómo haremos para recibir a decenas de miles que quieran escapar al tiempo de la guerra?”.

¡Y eso que les faltó decir que, si hay invasión a Venezuela, las balas no sólo se dispararían hacia la frontera, sino que, además, el Eln y los disidentes de las Farc se volcarían a defender al vecino e incendiarían a Colombia para disuadir al Gobierno de agredir a Venezuela.

¡La paz del país requiere de su claridad, decisión y liderazgo, presidente Duque!

***

Motivo viaje, esta columna reaparecerá en dos semanas.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 14 DE 2018

Urgen señales de confianza

Ahora, cuando se conocen las cartas enviadas por dos de los excombatientes de las Farc que abandonaron las zonas de reincorporación, Fabián Ramírez y Romaña, en las que indican que siguen comprometidos con el Acuerdo de Paz pero que se sienten inseguros, en una especie de limbo jurídico, y piden que se implemente el Acuerdo, cobra más importancia la exhortación que el pasado lunes el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le hizo al presidente Duque para que impida “que la paz se nos vaya de las manos”.

En su comunicación, Carrillo afirma: “Se hace urgente la acción del Estado para garantizar que quienes han creído en la paz y entregaron las armas se mantengan dentro del proceso de reincorporación”.

Es indudable que Iván Márquez, el Paisa y compañía, al dejar las zonas de reinserción, como dijo la ONU, abandonaron sus responsabilidades con cerca de 1.500 excombatientes que se encontraban allí. Pero, por una parte, nadie ha afirmado que hayan vuelto a delinquir y, por otra, nadie puede negar que a los líderes de la antigua guerrilla la Fiscalía y el nuevo Gobierno les han enviado mensajes confusos sobre su futuro: en primer lugar, estuvo la captura de Jesús Santrich por parte de la Fiscalía, a solicitud de la DEA, que lo pidió en extradición; en segundo término, las embestidas del fiscal contra la JEP; después, los mensajes del presidente Duque, en el sentido de que iba a modificar el Acuerdo; luego, sus declaraciones que les daban tranquilidad a los excombatientes rasos pero desconocían a los jefes; y, finalmente, su falta de interlocución con los ex-Farc, pues no han nombrado voceros en las instancias creadas para monitorear el Acuerdo, como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Mesa Técnica de Seguridad. De manera que ¡a nadie debe extrañarle que ahora los jefes se sientan amenazados y se escondan!

Como afirmó Alejandro Éder, quien trabajó en el gobierno de Uribe en la reintegración de excombatientes, en el de Santos como alto consejero para la Reintegración y que fue consultado por el presidente Duque en lo referente a la política de paz, “Duque ha insistido, lo mismo que su comisionado de Paz, en el compromiso del Gobierno con la base de la FARC, pero no hacen mucha referencia a los dirigentes… Tiene que ser generoso con la base y con los antiguos comandantes que quieran estar en la legalidad y la democracia”. Y añadió: “Son más de 60.000 los desmovilizados que hemos tenido en Colombia. Es más, creo que son 74.000, incluyendo los de las Farc. Durante muchos años desmovilizamos comandantes de las Farc que se comprometieron con mantenerse en la legalidad, lo hicieron y son ciudadanos de bien”.

De manera que, en lugar de empujar a los antiguos jefes de las Farc a que, por miedo, regresen a la clandestinidad, el presidente Duque y el comisionado de Paz, ojalá ayudados por el fiscal general, lo que tendrían que hacer es brindarles confianza, darles garantías, cumplir el Acuerdo y, así, acercarlos a la paz.

Utilizando palabras del procurador, le insisto al presidente Duque en que se vuelva el líder de la paz, para que no caigamos “nuevamente en esta espiral de violencia, que puede volverse inatajable e irreversible”.

Apresúrense a ir a la obra de teatro, Amor en tiempos de la radio (Teatro Nacional), escrita y dirigida por Laura Villegas. Está bien documentada, es divertida y nos recuerda nuestra propia historia… ¡No se la pierdan!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

SEPTIEMBRE 7 DE 2018

¡Que no se rompa el diálogo con el Eln!

Hoy se cumplen el primer mes de la presidencia de Iván Duque y el plazo que el presidente dio para definir si continúa o no con los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, Eln.

 

Hasta el momento de escribir esta columna hay sobre la mesa una serie de hechos: por una parte, declaraciones reiteradas de manera pública y privada por parte de Pablo Beltrán y otros negociadores del Eln, que se encuentran en La Habana a la espera de que se reanuden las conversaciones, en el sentido de que quieren continuar con los diálogos, que habían avanzado durante el gobierno anterior. Por otra parte, una posición clara del presidente y del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, sobre que el Eln debe definir la liberación de todos los secuestrados antes de mañana, de lo contrario, “no se puede continuar con la mesa”. De otro lado, el Eln, que había aceptado liberar a los secuestrados pero exigía que, en el proceso de liberación, intervinieran los garantes internacionales Cuba y Noruega, ante la negativa del Gobierno, accedió a correr el riesgo y liberó unilateralmente a tres, no obstante los movimientos militares que hay en las zonas. Falta que liberen a los otros seis que secuestraron últimamente cerca al Chocó. Así se completarían los nueve cuya liberación el Eln anunció. Sin embargo, el Gobierno exige que se libere ya a todos los plagiados. Y ahí pueden enredarse las cosas, porque no se sabe en qué condiciones o lugares estén. Además, a lo mejor no todos estén vivos.

 

El Gobierno y el Eln tienen que tener en cuenta que este es un momento crucial y que no pueden ponerse a jugar con candela: por una parte, el Eln debe comprender que tiene como contraparte a un presidente elegido debido al resentimiento del pueblo colombiano por el accionar de la guerrilla, de lo cual se desprende el corolario de que aquí la lucha armada no tiene posibilidad de éxito. En consecuencia, el Eln debe hacer una profunda reflexión y decidir abandonar la lucha armada y, con ella, la abominada práctica del secuestro. Por otra parte, también tiene que analizar que, a pesar de que el Gobierno fue elegido con un mandato de modificar sustancialmente los Acuerdos de Paz con las Farc, al parecer no va a insistir en su posición ni va a permitir que se impongan las posiciones del ala radical de la derecha extrema uribista. Y, finalmente, debe valorar una rectificación hecha por el presidente Duque, que ha pasado desapercibida, y es la de que, luego de haber nombrado como directora de la Unidad de Protección a una señora que se había dedicado a despotricar contra el proceso de paz y los dirigentes de la FARC, hecho que con razón los llevó a protestar porque con ella al mando de la Unidad sentían que no tenían garantías para sus vidas, ahora nombró a Pablo Elías González, exdirector del CTI, un abogado de izquierda, vertical, valiente y honesto, que está dispuesto a jugársela toda por proteger a los excombatientes y a los líderes sociales.

 

Y el Gobierno, por su parte, debe entender que la mayoría del país —así lo dicen las últimas encuestas— ha expresado que desea que continúe el diálogo con el Eln y que, por lo tanto, no puede poner ultimátums tan perentorios los cuales, por las condiciones del terreno, por la situación militar de las zonas, por las diferencias internas del Eln o por el estado de los secuestrados, puedan volverse imposibles de cumplir.

¡Más flexibilidad y más comprensión de las partes podrían salvar esta paz! Ténganlo presente…

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 31 DE 2018

Así no se empieza la lucha anticorrupción, presidente

 

Que casi 12 millones de colombianos se hayan movilizado para votar en contra de la corrupción, con el senador Álvaro Uribe boicoteando la consulta y trinando en su contra, y sin que hayan sido motivados por dádivas o compra de votos, ni haya habido una gran campaña publicitaria, ni la clase política tradicional haya apoyado la votación, indica que algo se está moviendo en el país.

Ese despertar del inconformismo comenzó a verse en la campaña presidencial, cuando Gustavo Petro, con su movimiento Colombia Humana, llenó las principales plazas y obtuvo ocho millones de votos.

Semejante alarido contra la corrupción ha obligado al presidente Iván Duque a encabezar la cruzada contra los corruptos y, así, no dejarles del todo la bandera a los ganadores indiscutibles de la jornada: las senadoras Claudia López y Angélica Lozano, y los senadores Antanas Mockus, Antonio Navarro y Jorge Robledo. ¡Para ellos, felicitaciones!

Por lo anterior, el presidente, en persona, radicó en el Congreso su proyecto anticorrupción, que contiene algunas preguntas votadas en la consulta. Por lo mismo recibió en la Casa de Nariño a sus promotores. Y por eso también está tratando de dar ejemplo al no ofrecer mermelada a cambio de que le aprueben sus propuestas en el parlamento, actitud encomiable que, de paso, afectará su gobernabilidad.

Sin embargo, hay un contrasentido: un presidente que quiere luchar contra la corrupción no puede premiar, nombrándolo embajador ante la OEA, a Alejandro Ordóñez, quien fue destituido de la Procuraduría por corrupto, es decir, por utilizar, para perpetuarse en su cargo, justamente las prácticas que se pretenden erradicar, esto es, entre otras, el intercambio de apoyos a cambio de nombramientos de allegados de sus electores como procurador. Y, como si esto fuera poco, ese ex “guardián de la moral pública” se hizo poner 15 camionetas blindadas y 70 escoltas que se pagaron con nuestros impuestos, cuando abandonó su puesto.

Ese personaje, por más votos que haya aportado, ¡no puede representar ante la OEA a un gobierno que tiene la lucha contra la corrupción como su principal bandera!

El presidente, que ha tenido el valor de rectificar en el caso de otros nombramientos equivocados, puede hacerlo en este, el cual, además, es mucho más significativo, ya que a la OEA está adscrita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra la que el exprocurador se ha expresado de manera agresiva.

Esperamos que el presidente Duque rectifique esa incomprensible designación. Así podremos comenzar a creer en su cruzada anticorrupción.

***

Es inaudito que la ley pretenda encasillar la realidad: alguna interpretación distinta tiene que haber para que Colombia Humana, el movimiento de Petro, sea reconocida como partido político y obtenga los beneficios que se derivan del Estatuto de Oposición. El argumento de que no tiene derecho a ello porque la Constitución dice que sólo se les puede conceder personería jurídica a los grupos que obtengan más del 3% de la votación en las elecciones de Senado y Cámara, y que Colombia Humana no participó en esa elección pues los candidatos que respaldó Petro se inscribieron en la Lista de la Decencia, tiene que tener un contraargumento. ¡Es que mucho más peso que el 3% de la votación para Senado y Cámara tiene el 42% que obtuvo Petro con su Colombia Humana en las elecciones presidenciales! ¡Así que esperamos que en el próximo Consejo Nacional Electoral, que estrena nuevos magistrados, se imponga la lógica!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 24 DE 2018

La cultura de la corrupción

“Lo que Santos hizo con la paz, Duque lo debe hacer con la corrupción”, dijo el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao. “Antes (…) había un castigo social a la persona corrupta. Hoy hay una expansión de la corrupción dentro de nuestra cultura”.

La propuesta de Henao es muy importante. Por eso hay que ponerle toda la atención: él sostiene que aquí todo se ha centrado en subir penas y volver imprescriptibles los delitos, etc. Pero las medidas tomadas han sido ineficaces.

Esa afirmación la hace después de promover un profundo estudio de tres gruesos tomos sobre la corrupción en Colombia. Dice que ese cáncer no se soluciona expidiendo normas, pues el problema de fondo está en que “dentro de la forma de actuar normal de los colombianos se incrustó la corrupción”. En entrevista con María Isabel Rueda agrega: “La corrupción se incrustó en el país porque está tanto en las esferas públicas como en las privadas”.

Henao sostiene que todo cambió a raíz del auge del narcotráfico. El corrupto “termina siendo exitoso. Piense en los Nule”, dice, “se paseaban en todas las altas esferas de la política, de la sociedad, de los clubes… En todos lados el corrupto ha adquirido una relevancia social, porque (…) la sanción penal no es la más importante, es la social”.

Y para recuperar la sanción social es que les pide al presidente Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que hagan con la corrupción lo que Santos hizo con la paz: volver el asunto el principal tema de su gobierno, usar la publicidad oficial en prensa, radio y TV para enseñar qué es corrupción, editar cartillas, dar instrucción en los colegios, educar a los profesores: porque la corrupción no es simplemente serruchar en Reficar o recibir sobornos de Odebrecht. La corrupción comienza por aprovecharse de lo público en beneficio propio: por ejemplo, usar el tiempo de los empleados estatales para hacerles favores a funcionarios de mayor rango; o usar los bienes del Estado (carros, helicópteros, etc.) en beneficio personal. Hay una anécdota del presidente Carlos Lleras Restrepo que muestra bien hasta dónde llegaba su concepto de rectitud: una vez, uno de sus hijos necesitaba pegar algo en un trabajo del colegio. Cuando fue a utilizar el frasco de pegante que encontró sobre su escritorio, le dijo: hijo, eso no lo puedes usar porque es un bien del Estado.

Pero la corrupción también está en el ámbito privado. Por ejemplo, cuando en las oficinas los empleados se dedican a chatear con sus amigos o parejas o a distraerse navegando por internet, utilizan el tiempo que les paga la empresa en asuntos personales, es decir que, de alguna manera, roban a la empresa. Con ejemplos similares podemos seguir ad infinitum...

Si la TV, la radio y las redes sociales mostraran sistemáticamente pequeñas historias como las señaladas, iríamos aprendiendo qué es corrupción.

Y, a propósito, ¡felicitaciones a Daniel Samper Ospina por su estupendo video El reguetón de la corrupción. ¡Cómo le queda de bien al senador Jorge Robledo el oficio de reguetonero! Lo mismo que a los senadores Lara, Velasco y Lozano. ¡Y Claudia López y Antanas, con su voz de bajo, no lo hacen nada mal! ¡Pero el que se ve de maravilla, meneando su pata de palo, es el exsenador Navarro! ¡Bravo, reguetoneros!

Y ahora, ¡a alistarnos todos a obedecerle al presidente Duque y a votar sí la consulta anticorrupción del próximo domingo! ¡Así les mostraremos a los colombianos que rechazamos la corrupción!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

AGOSTO 17 DE 2018

Sí a la consulta anticorrupción

El próximo 26 de agosto ( de este domingo en una semana) será la consulta anticorrupción. Debería ser un tema de primera importancia en un país como el nuestro donde, según el contralor, Edgardo Maya, la corrupción nos cuesta cerca de $50 billones anuales, es decir, a cada colombiano le vale un millón de pesos por año.

Mucho se ha discutido sobre si las normas que se votarán en la consulta son eficaces para acabar con la corrupción, sobre si ellas no repiten prohibiciones que ya existen, sobre si no podrían aprobarse en el Congreso y sobre si se justifica que el Estado gaste $300.000 millones en hacer la consulta.

Ante esas preguntas, se me ocurren estas reflexiones: ya es un hecho que la consulta va a realizarse, y va a hacerse precisamente porque más de ocho veces Claudia López y otros parlamentarios presentaron esas reformas al Congreso y las hundieron o no las consideraron, y es muy difícil que el Congreso las apruebe porque muchas de ellas implican que los políticos se hagan su propio harakiri, y si ya existen leyes contra la corrupción y no se aplican o no son eficaces, es justamente porque no hay la suficiente conciencia de que la corrupción es una práctica perversa que nos afecta a todos por igual, y precisamente porque es indispensable crear en cada uno de nosotros la conciencia de que la corrupción merece un rotundo rechazo social y que no puede ser mínimamente tolerada, que contra ella tenemos que levantarnos y decir NO MÁS. Por eso es muy importante aprobar la consulta.

Y para ello se requiere hacer un esfuerzo monumental, pues se necesita que voten más de 12 millones de personas y que cada una de las preguntas la aprueben más de seis millones.

Son siete las propuestas: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado; mandar a la cárcel, no a la casa, a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado; establecer un sistema de contratación transparente, obligatorio, en todo el país; hacer presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; obligar a los congresistas a que rindan cuentas de su asistencia, votación y gestión; hacer públicas las propiedades e ingresos de los políticos elegidos y extinguirles el dominio a los bienes que no tengan justificación; y establecer un máximo de tres periodos para los miembros de las corporaciones públicas.

Ahora, hay que aclarar que el hecho de votar la consulta no implica aprobar todo lo que en ella se propone. Por ejemplo, hay quienes no están de acuerdo con que se les baje el salario a los congresistas y a los altos funcionarios porque dicen que ese punto no tiene que ver con la corrupción. Pues pueden votar no a esa pregunta y sí a las otras. Pero lo que sí es muy importante es que votemos todos. Y que aprobemos el mayor número de propuestas. Es que no puede sucedernos con la consulta anticorrupción lo mismo que nos pasó con el plebiscito: que uno de los países más violentos del mundo, con ocho millones de víctimas de la guerra, le dijo no a los Acuerdos de Paz.

De manera que el domingo 26, ¡a dejar la pereza y a salir a votar todos contra la corrupción!

¡Aplausos, muchos aplausos, para Cristina Gallego y Ciro Guerra por su película Pájaros de verano! Lo mismo a Gonzalo Córdoba y Caracol TV por apoyar el proyecto. Es de las mejores películas del cine colombiano. ¡No se la pierdan!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 19 DE 2018

Presidente Duque, ahora, de usted depende la paz

Ya pasaron los tiempos en que usted, Presidente Duque, podía despotricar, sin consecuencias, de los acuerdos de paz. Ya usted, a partir del 7 de agosto, será el responsable de cada vida que se salve, pero también de cada muerte que hubiera podido evitarse. Ahora, cada palabra suya o cada silencio, cada acción o cada omisión, tendrán un impacto enorme en el devenir nacional.

Y usted debe decidir ya si desea lidiar con una Colombia incendiada de nuevo por la guerra, para lo cual lo único que tendría que hacer es permitir, como lo ha hecho hasta ahora, que los halcones que lo rodean, y no usted, quien ha preferido guardar silencio ante sus desbordamientos, sean los que manden la parada, generando así un ambiente enrarecido en el que han aumentado los asesinatos a líderes sociales, las amenazas a periodistas y los ataques bajos a figuras tan valiosas como el padre Francisco de Roux; o si prefiere consolidar la paz y pasar a la historia como el hombre que volvió realidad el milagro de Colombia.

 

A juzgar por su acertada afirmación de que se propone construir un acuerdo nacional para “lograr que la paz sea estable”, uno diría que lo que quiere es consolidarla. ¡Pues manos a la obra, presidente: eso es lo que tiene que hacer! Sin embargo, ese acuerdo debe construirlo no como aparentemente planea hacerlo, con los que piensan como usted, sino con los que opinan distinto; no con los 7,5 millones de colombianos que votaron por usted en primera vuelta, sino con los 2,5 que se le sumaron y le dieron el triunfo en la segunda, más el casi millón de votantes en blanco, más los ocho millones que votaron por Petro y, por supuesto y ante todo, más la otra parte signataria del acuerdo de paz, que son las Farc.

Cualquier modificación que quiera hacerle al acuerdo debe concertarla con sus dirigentes, presidente. No hacerlo dejaría a Colombia ante el mundo y ante ellos como un país que no cumple sus compromisos. No hacerlo sería muy peligroso, más en un momento tan complicado como este: por una lado, hay informes que indican que las disidencias de las Farc, que ahora se dedican al narcotráfico y que carecen de justificación política, quisieran unirse; por otra parte, Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de las Farc, ha dicho que no asumirá su curul en el Senado porque, para él, la detención de Santrich es un “montaje judicial”; porque piensa que la JEP se ha desfigurado; y porque considera que falta determinación para cumplir el acuerdo de paz. Por otro lado, hay descontento en las bases guerrilleras porque no les han cumplido con los proyectos productivos; además, se avecina la decisión sobre la extradición de Santrich, que puede tener un impacto de consecuencias inimaginables en las bases y en Márquez. Si se tienen en cuenta esos factores que, al juntarse, pueden convertirse en el motor que lleve a la fundación de una nueva guerrilla que tendría como justificación política el incumplimiento de los acuerdos, por parte del Estado, usted, presidente Duque, tendría que enviarles YA un mensaje de tranquilidad a los dirigentes de las Farc y a sus bases, reunirse con ellos y decirles que el gran acuerdo nacional que quiere lograr va a contar con su opinión; y proceder a concertarlo.

 

Así lideraría usted la consolidación de la gran paz de Colombia y podría consagrarse al desarrollo del emprendimiento en el país, como quiere. De lo contrario, la guerra puede explotarle en cualquier momento...

 

Nota: por vacaciones, esta columna reaparecerá en cuatro semanas

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 @patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 12 DE 2018

No es tan difícil dar con los culpables

La defensa de los líderes sociales no puede tener atenuantes. Como decía el padre Francisco De Roux, mientras en otros países ellos serían héroes nacionales, aquí lo asesinamos.

Sí, los asesinamos por acción o por omisión; porque no reaccionamos contra su muerte; porque de algún modo la justificamos con nuestras palabras o con nuestro silencio. Por ello no puede aceptarse que haya senadoras del Centro Democrático que se pregunten por twitter si el “escándalo por muerte de ‘líderes sociales’ es para tapar el verdadero escándalo de conversaciones sobre tema Odebrechet”, ni que divulguen mensajes de activistas que digan que “la estrategia ahora es hacer pasar como líderes sociales a todos los que Farc y Eln están matando.” Y tampoco puede aceptarse que funcionarios como el ministro de Defensa o el fiscal general diluyan su ineficacia en detener la matazón con disculpas del estilo de que muchos de los asesinatos obedecen a “líos de faldas” o riñas personales.

No, a los líderes sociales los están matando por una sola razón: porque hay fuerzas que en distintas regiones quieren descabezar y acallar a la oposición a sus acciones. Además, como lo reveló un estudio del Centro Nacional de Consultoría, un crimen afecta en un 92 por ciento la permanencia de las organizaciones sociales. Y en virtud de esos asesinatos, hay desplazamientos, la comunidad queda debilitada y dividida y, por lo tanto, disminuyen las denuncias contra las agresiones. Renovar un liderazgo, agrega el informe, puede tardar entre uno o cuatro años, pues no es automático que otra persona se gane la confianza de la gente y construya puentes con las instituciones.

De manera, pues, que hay móviles muy claros para ocasionar esas muertes. Y también hay vías para descubrir a sus autores intelectuales, que nada tienen que ver con las hipótesis y diagnósticos generales que, desde Bogotá, acostumbran emitir algunos funcionarios encargados de esos temas. Para llegar a conclusiones, simplemente, basta con hablar con la población. Así, con seguridad, rápidamente se obtendrían resultados. No es sino mirar, por ejemplo, las afirmaciones hechas por dos de los líderes sociales que asistieron a un reciente encuentro en Bogotá, en el que estaban presentes Fescol y el coordinador residente de la ONU en Colombia: uno de ellos, del Chocó, denunció que había un complot entre un grupo paramilitar y otras fuerzas para asesinar al presidente de una junta comunal en Bahía Solano. Y otro, de Sucre, afirmó que allí había alianzas entre los parapolíticos y los paramilitares que no se desmovilizaron, para amedrentar a quienes hacen control social y político a los recursos públicos.

Esas pistas son claras. De modo que si el fiscal y el ministro de Defensa van a las zonas, conversan con los líderes y siguen el hilo conductor de las investigaciones, pronto nos darían a conocer los nombres y apellidos de los autores intelectuales de los asesinatos. Eso sí, tendrían que interrogarlos, a ellos y a sus amigos, antes de que acaben de matarlos.

Finalmente, hay que celebrar que hayan firmado el “Pacto de Rechazo a la Violencia contra los Líderes Sociales” tanto el presidente Santos como el presidente electo, Iván Duque, los representantes de las distintas ramas del poder público y los directores de todos los partidos. Sin embargo, es un lástima que, en el caso del Centro Democrático, lo hubiera suscrito una tal Nubia Stella Martínez, y no su verdadero jefe, el senador Álvaro Uribe.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JULIO 5 DE 2018

Demuestre que usted es quien manda, presidente Duque

A pesar de que las primeras señales muestran que Iván Duque no será malo, como creíamos sus opositores, sino peor, aún puede demostrarnos que estábamos equivocados: se aproxima el anuncio del gabinete y, en ese momento, se sabrá si será títere de Álvaro Uribe, o si tendrá la personalidad y la fuerza emocional para desprenderse del expresidente, nombrar un equipo de su absoluta confianza y resistir el bombardeo que le caería por gobernar con los que él quiere.

Hasta ahora, el balance es preocupante, no obstante que Duque ha dicho que se va a dedicar a unir al país; que llegó la hora de pasar la página de las ponzoñas, tan del gusto de Uribe; y que su gabinete estará compuesto, en su mayoría, por mujeres y jóvenes. Los hechos, hasta el momento, dan señales distintas: apuntan a dividir más a Colombia, a multiplicar la ponzoña y a permitir que la jauría uribista, “cargada de tigre”, como diría el expresidente, se apodere del país. Por una parte, con una actitud dulzona y ausente, Duque dejó que la senadora Paloma Valencia, asumiendo el liderazgo de la bancada uribista y pronunciando un discurso incendiario que concluyó con un “bienvenidos al gobierno de Iván Duque”, delineara cómo piensan hacer trizas la paz, a base de incumplir lo que es la nuez de los acuerdos (el funcionamiento de una justicia transicional que juzgue a los distintos actores del conflicto y la participación en política de los dirigentes de las Farc); por otra permitió, sin protestar, por lo menos que se sepa, que el uribismo demuestra que quien manda es Uribe y no Duque. No es sino recordar cómo Alicia Arango, la exsecretaria privada de Uribe y jefa de campaña de Duque, anunció que el presidente es Duque, pero que el jefe es Uribe; cómo Paloma Valencia, cuando supo que Duque le había aceptado al presidente Santos que se le consultara al presidente de la Corte Constitucional si el Congreso podía aprobar la reglamentación de la JEP antes de que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de la misma, llamó al “Pre”, que era Uribe, y no Duque, para pedirle instrucciones sobre cómo proceder ante la decisión de éste y Uribe le dijo que la aceptara, pero imponiendo como condiciones que se dinamitaran los pilares mencionados del acuerdo de paz; y cómo el senador José Obdulio Gaviria llamó insultante a dos generales a decirles que ellos eran militares “enmermelados”. Finalmente, en los comités de empalme, si bien figuran jóvenes, hay viejos retrógrados que, de llegar al gobierno, garantizarían el retroceso en vez de la innovación. Y, como si lo anterior fuera poco, parece como si, después de las elecciones, los paramilitares se estuvieran sintiendo con licencia para actuar, pues han amenazado a una profesora y a militantes petristas, asesinaron a otra y han matado a otras 19 personas en los últimos ocho días.

Iván Duque: basta ya de palabras dulces. Con diez millones de votos de respaldo, es su hora de demostrar, con hechos, que es capaz, como lo prometió, de unir al país, de impedir que volvamos a la guerra y de gobernar por sí mismo. Le llegó el momento de dejar claro que quien manda es usted y no el “Presidente Eterno”, que usted es capaz de nombrar un gabinete de jóvenes de su confianza; y que no va a dejarse meter, en sus círculos cercanos, caballos de Troya, como las alicias o las palomas, que levantarían el teléfono para pedirle instrucciones a Uribe ante su menor señal de independencia. Sí, Iván Duque, se le aproxima la hora de comprobar que el que los colombianos eligieron como presidente es usted, y no Álvaro Uribe.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 29 DE 2018

La mejor novela de Laura Restrepo 

Las elecciones me habían impedido hablar de Los Divinos, un retrato prodigioso de un narciso oligarquita y aristócrata, un niño consentido, simpático, fiestero y rico, que se convirtió en el monstruo que violó y asesinó a una niña de un barrio marginal. Inspirada en el feminicidio atroz de la chiquita Yuliana Samboní, Los Divinos es, a mi juicio, la mejor novela de Laura Restrepo. Su lectura deja al lector sin aliento.

En la obra la autora retrata a Muñeco, el yuppie-asesino y violador, y a sus cuatro compinches, quienes componen el grupo de los Tutti Frutti. Todos, sin querer y sin pensar siquiera, acaban siendo cómplices del horror, como cómplice termina siendo también la sociedad egoísta y superficial que les da origen. (“Me asalta la sospecha de que en el fondo Muñeco sólo sea la suma potenciada de todos nosotros”, dice uno de sus amigotes).

Los Divinos permite, además, descubrir los antivalores de muchos de los miembros de nuestra clase alta, privilegiada y hueca, interesada ante todo en la satisfacción de sus deseos y placeres. Por eso le queda tan fácil criar hijos narcisos, de ego desbordado, muchachitos “bien” levantados en cunas de oro, a quienes sólo les importa, como dice Laura, “lo lindo, lo fácil, lo que adorna al propio ego y le produce bienestar, la buena mesa, los viajes a hoteles de lujo, el culto al físico perfecto, la ropa costosa y de marca, el bronceado… Es un infantilismo y una necesidad de mantenerse en lo superficial como si todo fuera juego: la vida como parque de diversiones donde se viene a pasarla bien, en compañía de los que son como tú, se visten como tú, tienen un carrazo, un penthouse y una fincaza como los tuyos”.

El retrato de Muñeco no es el primero que Laura hace de un narciso. El primero fue el del Midas MacAllister en Delirio, con la diferencia, dice ella, “de que el Midas era producto del arribismo y del dinero de la mafia, mientras que Los Divinos son narcisos y niños bien de nacimiento, hijos de familias tradicionales”.

Otro logro de la novela es el lenguaje específico de cada uno de los cinco Tutti Fruttis quienes, junto con La Niña, intercalan sus relatos para conformar el libro. Para recrear ese lenguaje Laura contó con la ayuda de su hijo y de sus sobrinos, quienes “conocen bien y desde dentro a esa generación ya lejana de la nuestra”. Pero, ante todo, ella lleva “años de estar parando oído a los muchos lenguajes de nuestra ciudad, sobre todo, a sus discursos secretos”.

Y Laura agrega: “En medio de la rígida compartimentación geográfica y social, se dan en Bogotá esos raros puntos de cruce donde el estrato seis se toca con el estrato uno, donde el barrio rico empata con el arrabal. Ese es un cable de alta tensión, donde cualquier cosa puede suceder. Uno de esos puntos de cruce es el escenario central de la novela. Apuntarles a estos rasgos específicos de Bogotá era parte de mi propósito en el libro, pero también, o sobre todo, me interesaba ver en ese crimen atroz un indicio de esa cultura muy actual y afianzada por todo el mundo de lo que se ha dado en identificar como narcisismo”.

Definitivamente, Los Divinos es una novela que por miles de razones sociológicas y de técnica literaria hay que leer. Además, a su autora acaban de otorgarle el premio Córdoba por la Paz-Antonio Gala de Narrativa, “por ser una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana actual”.

¡Y sí que lo es!

¡Felicitaciones de corazón, querida Laura!

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 21 DE 2018

Gracias, presidente Santos

En una foto tomada en 1962 por Nereo López, titulada Agradecimiento a Alberto Lleras y expuesta en la galería La Cometa, aparecen, en una camioneta, 15 hombres jubilosos, con sus brazos en alto, saludando a alguien que se asoma por una ventana. Detrás, desde un balcón, diez monjas observan complacidas la escena. Ese alguien es el presidente Alberto Lleras, quien terminaba su mandato. Y la gratitud que revelan esos rostros obedecía a que Lleras había acabado con la Violencia entre liberales y conservadores, la cual había durado 12 años y había dejado 300.000 muertos.

Pero después, por los incumplimientos del Estado, por el ataque militar a Marquetalia del gobierno de Guillermo León Valencia y por los asesinatos a exguerrilleros como Charro Negro y Guadalupe Salcedo, esa violencia mutó… Y se crearon las Farc. Y ya no fue la Violencia sino el Conflicto, estimulado por la inequidad en la distribución de la tierra y por la exclusión política que para muchos, como los comunistas o los miembros del MRL, dirigido por Alfonso López Michelsen, significó el Frente Nacional, ese pacto de repartición del gobierno entre godos y liberales, propiciado por Lleras y por el conservador Laureano Gómez, el cual si bien frenó la Violencia, al establecer durante 16 años la exclusión del poder de fuerzas distintas, favoreció que más tarde se extendiera la confrontación. Y esa guerra duró 52 años y dejó ocho millones de víctimas.

Y gracias al presidente Santos terminó casi por completo. Y si el nuevo presidente es inteligente y, con disimulo, sigue el rumbo de Santos, la violencia se acabará para siempre porque están puestas las bases para que la paz completa se vuelva realidad.

Y esas bases son un Acuerdo de Paz que desmovilizó a la guerrilla más antigua de América Latina; consolidó la apertura democrática, demostrada en las pasadas elecciones, las más pacíficas y pluralistas que haya habido; les abrió la puerta a opciones radicalmente opuestas; les quitó a otras fuerzas los argumentos para justificar la lucha armada con la disculpa de que no hay garantías, e inaugurará este 20 de julio el Estatuto de Oposición.

Pero ese Acuerdo contiene otros puntos cruciales que le corresponde al nuevo gobierno no entorpecer: el desarrollo de la Justicia Especial para la Paz y demás instituciones que garantizan los derechos de las víctimas, y la aprobación y puesta en marcha de la Reforma Rural Integral sin cuya ejecución, escúchelo bien, presidente Duque, estallará en nuestros campos una guerra civil, en la que ya no participarán las Farc y el Eln, sino los campesinos que clamarán por su tierra.

Queda por resolver el problema de los cultivos ilícitos. Para lograrlo se requiere invertir un montón de trillones en la sustitución de cultivos contemplada en el Acuerdo, y disponer de una fuerza militar que combata con eficacia a los carteles de la droga, con los cuales trabajan reductos de los antiguos grupos armados.

Y falta por completar la paz con el Eln. Pero se ha avanzado en ella. Y a Duque le corresponderá demostrar que es capaz de lograrla.

Sin embargo, usted, presidente Santos, ya ha hecho demasiado. Ya tiene derecho a descansar y, como premio Nobel de Paz, recorrer el mundo enseñando cómo hacer la paz cuando parece imposible. Y no deje que lo amargue la ingratitud de este país: algún día nuestros nietos mirarán su foto con el mismo agradecimiento con que los colombianos miraban a Alberto Lleras en la fotografía de Nereo.

¡Muchas gracias, presidente Juan Manuel Santos!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 14 DE 2018

Prefiero a Petro

Por fin Colombia, como ocurre en varios países de Europa, va a escoger entre la derecha y la izquierda, y no, como sucedía siempre, entre una derecha extrema y una más desteñida, o entre la derecha y el centro izquierda.

Sin embargo, aquí hay dos diferencias fundamentales: la primera, que acabamos de negociar el fin de una guerra de más de 50 años. Y esa paz, apenas naciente, lograda gracias al presidente, Juan Manuel Santos, tiene que consolidarse y, como si fuera un niño, debe ser cuidada con afecto para que se desarrolle adecuadamente. Sin embargo, hay un candidato, Iván Duque, el de la extrema derecha, el designado por Uribe, el peor enemigo de Santos y, por ende, de todo lo que sea de su autoría, así se trate del bien supremo del país, que no es otro que la paz, que ha hecho planteamientos que la maltratan y pretenden acabar con su eje fundamental —la Justicia Especial para la Paz—. Por eso Duque pone la paz en grave riesgo, ¡así él y sus áulicos, viejos y nuevos, digan lo contrario!

Y la segunda diferencia es que el país se ha ido hundiendo en una corrupción propiciada por la clase política, que nace en las regiones y expande sus tentáculos en casi todo el Estado. Y esa corrupción está representada por los politicastros que acompañan en masa a Duque, un muchacho aparentemente inocente, que tendría que gobernar con ellos, o espantarlos como tábanos insistentes que acabarían picándolo.

De manera que la elección del domingo es crucial.

En mi caso, he hecho una reflexión profunda: como a mis lectores les consta, he vivido empeñada en que Colombia negocie y consolide la paz… Y si bien, desde hace mucho tiempo, hice todo lo que estuvo a mi alcance para que Humberto de la Calle —el negociador de la paz— y Sergio Fajardo —el luchador contra la corrupción— llegaran a un acuerdo con el fin de que solamente uno de los dos fuera el candidato, de modo que hubiera una opción de centro izquierda que tuviera la fuerza para pasar a la segunda vuelta y ganar la Presidencia, ahora, ante la única disyuntiva que tenemos, la de elegir a Duque o al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, no puedo abstenerme de votar, ni votar en blanco, ni cruzarme de brazos a contemplar desde lejos, sin hacer nada para evitarlo, que gane el candidato que gobernaría navegando entre la corrupción y que, además, pondría en grave riesgo la paz, entre otras razones porque sería Uribe el presidente en la sombra y él su mandadero puro y simple, que desbarataría todo lo logrado por Santos, al actuar manipulado por la rabia y por el rencor que mueven a su jefe, a quien Duque llama nada menos que “presidente eterno”.

Además, en vez de estar del lado de la caverna, personificada por Ordóñez; de los expresidentes inconsecuentes, representados por Pastrana y Gaviria; de ese generador incansable de odio que se llama Álvaro Uribe, y de los beneficiarios de los chanchullos y de la mermelada, prefiero estar del lado de ese promotor de valores que es Antanas Mockus; de las vicepresidentas de Fajardo y De la Calle, Claudia y Clara López; de los artistas como Carlos Jacanamijoy y Doris Salcedo; de los poetas como Juan Manuel Roca, y de los escritores como Alberto Salcedo Ramos y Laura Restrepo… Sí, porque no quiero más corrupción ni más guerra, y porque además prefiero las buenas compañías, votaré por Petro y por Ángela María Robledo.

Y cordialmente los invito a ustedes a hacer lo mismo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

JUNIO 7 DE 2018

Iván Duque, ¿su padre hizo esto?

El entonces periodista de Newsweek Joseph Contreras y Fernando Garavito (q. e. p. d.) cuentan en su Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez que cuando Iván Duque padre era gobernador de Antioquia acusó, ante el presidente Julio César Turbay, a Álvaro Uribe Vélez, entonces director de la Aeronáutica, de concederle una licencia a un reconocido narcotraficante.

Afirman los autores:

“En el año de 1981, siendo director de (la) Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez (…) le otorgó una licencia a Jaime Cardona (quien tenía antecedentes por narcotráfico desde 1977 y era considerado el segundo de la organización de Medellín), con el fin de que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque Escobar (…) se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo. Como no conocía al funcionario (…), preguntó quién era.

—Es —le contestó uno de sus asesores— uno de los hijos de don Alberto Uribe Sierra.

—¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado?

—Bueno —dijo el asesor—, es joven, tiene 29 años, y su padre ha sido siempre un liberal de raca mandaca.

—Nada de eso tiene importancia —tronó el gobernador—. A mí lo que me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona.

El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno pensó que en Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue condenado por el delito de narcotráfico, y más tarde murió en un accidente aéreo, cuando su avión particular despegaba de la pista que había construido en su hacienda. Duque (…) pidió que lo llamaran.

—Director —le dijo (…)—, me he enterado de la licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario vinculado a la mafia.

Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso. Y luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó estupefacto que el hasta entonces desconocido hijo de don Alberto sostenía con voz fría y serena que el gobernador estaba mal informado y que el señor Cardona era un hombre de bien.

Colgaron. De inmediato, el gobernador pidió que lo comunicaran con la secretaria privada del presidente Turbay Ayala, donde solicitó una cita (...).

Mientras el presidente lo recibía, Duque Escobar se dedicó a averiguar qué otras medidas había tomado Aerocivil en los últimos meses. Supo entonces que había otorgado licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urrao, y en la hacienda El 90, en Caucasia, propiedad, otra vez, de Jaime Cardona. Con esos datos (…) viajó a Bogotá. En el despacho del presidente, hizo un relato pormenorizado de las disposiciones. Para no comprometerse le dio el beneficio de la duda:

—Es posible que por su juventud no sepa quiénes son las personas que están detrás de esos negocios.

Pero Turbay, un viejo zorro político fogueado en muchas plazas, se tomó la cabeza a dos manos y (…) dijo (…):

—¡Válgame Dios, mi madre!

El gobernador salió convencido de que el asunto se resolvería en pocos días. Pero estaba equivocado. Aunque las licencias fueron derogadas, los archivos aparecieron misteriosamente borrados y el funcionario siguió en su puesto hasta el 7 de agosto de 1982, cuando el presidente terminó su período. Poco después, sobre la polémica actividad que él adelantó en Aerocivil, cayó el tenue manto del olvido”.

P.D.: Iván Duque, ¿esa historia es cierta? Y si lo es, ¿va Ud. a imitar a su padre o va a ser el títere de Álvaro Uribe?

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 31 DE 2018

El voto en blanco: ¿bobada o cobardía?

Como no les gustan Iván Duque ni Gustavo Petro, algunos fajardistas y delacallistas entusados anuncian que votarán en blanco para no tener que escoger entre los dos extremos.

Seguro insisten en esa posición porque así tranquilizan su conciencia. Sin embargo, es sano para la siquis asumir las consecuencias del voto: al votar en blanco, no se hace cosa distinta que ayudar a elegir al que quedó de primero, por más lejano que él, o sea Duque, haya estado de los planteamientos de Fajardo o De la Calle. Claro que votando en blanco se evita el costo político, social y personal que implica adoptar una posición más difícil, pero más inteligente, como es influir para lograr un compromiso político con el temido Gustavo Petro (quien de paso siempre ha estado más cerca que Duque de los programas de Fajardo y De la Calle), con el fin de que conforme un gobierno de coalición que lo sitúe más hacia el centro y que garantice que este país no se convierta en otra Venezuela.

Sí, efectivamente es más cómodo decirse: yo no me unto, me mantengo inmaculado (a), voto por la honestidad, por la transparencia y por la anticorrupción; me sumo al voto en blanco (que no tiene ningún efecto práctico porque, así este gane, el presidente elegido será el que obtenga el mayor número de votos), veo los toros desde la barrera y permito y facilito, sin reatos de conciencia, que suba Duque y que gobierne su jefe y mentor, Álvaro Uribe, el más temido y el más cuestionado por hechos criminales (leer, entre otras, las columnas de Cecilia Orozco y Daniel Coronell).

Así, después, critico desde afuera y promuevo un partido de los Blancos, Honestos e Impolutos el cual, con Duque-Uribe en el poder, jamás tendrá oportunidad de gobernar, porque se revertirá la paz, se cambiarán la Constitución y las reglas del juego y se reducirá la justicia a su más mínima expresión, para que solo unos paguen por sus fechorías y otros, encabezados por el gran jefe, queden impunes por los siglos de los siglos. Por algo, Daniel Coronell, cuya columna de esta semana se titula “El que la hace la paga”, concluye: “la frase que sirve de título a esta columna se convirtió en el estribillo de Iván Duque. La consigna representa su promocionado compromiso con la cultura de la legalidad. Quizá le llegue la oportunidad de demostrar que no es solamente un eslogan. Su jefe, a quien él llama ‘presidente eterno’, no solo la hizo, sino que la sigue haciendo”.

Reflexionemos, por favor: el voto en blanco propicia el desastre, que no es otro que la consolidación de Uribe en el poder. No es cierto, como escribió mi querido colega Andrés Hoyos, que “la alternativa de afiliarse a las candidaturas extremistas vigentes” conduzca “a la catástrofe”. No es cierto porque esa alternativa ya se dio, es irreversible, no hay otra, es la única que existe, no hay nada que hacer: el presidente será Duque, mejor dicho, Uribe, o será Petro.

Amigos, más bien seamos valientes, pongámonos la mano en el corazón y pensemos a cuál elegimos: ¿a Petro o al candidato de Popeye?

***

Humberto de la Calle: gracias por haber logrado la paz. El país se lo está reconociendo. Muchos hemos colaborado con Una Vaca por De la Calle. Y estamos en mora de hacerle un gran homenaje. ¡Se lo merece!

 

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 25 DE 2018

¡Agradézcale a la JEP, señor fiscal!

A raíz de la polémica por la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de estudiar el caso Santrich y suspender el trámite de su extradición, liderada por el fiscal general, quien parece querer tirarse el andamiaje jurídico de la paz, cuyo principal eslabón es la JEP, se levantaron dos voces tan autorizadas como la suya, pero más comprometidas con la paz: la de José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la del sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

En el reciente foro sobre justicia, Barceló pidió que “dejen que la JEP trabaje y genere un espacio de resultados”.

Y es que a pesar de que el fiscal le quiera quitar su competencia, el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo número 1 del 2017 dice que “la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz” evaluará la conducta del solicitado en extradición “para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

Y el reglamento general de la JEP afirma: “En relación con solicitudes de extradición, la Sección de Revisión requerirá toda la información que estime necesaria a las autoridades nacionales e internacionales (…) para documentar su decisión y podrá ordenar la práctica de las pruebas (…). Una vez la Sección de Revisión evoque el conocimiento de la solicitud, el trámite de extradición se suspenderá”.

Así que tiene razón la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cuando dice que la suspensión del trámite de extradición de Santrich “está dentro del marco normativo”.

Pero el que aterrizó el tema fue Francisco de Roux, quien dijo que Santrich estuvo dispuesto a dejarse morir y que gracias al pronunciamiento de la JEP y a la carta que él le envió, en la que le pedía que suspendiera la huelga de hambre para que no se llevara a la tumba su verdad del conflicto, detuvo el ayuno que lo tenía cerca de la muerte.

Y ésta, según De Roux y cualquiera que tenga un milímetro de sensatez, entre los cuales no parece encontrarse el fiscal, “hubiera traído consecuencias muy graves”, habría “minado la confianza que se ha logrado”, habría tenido “implicaciones a nivel internacional con los países garantes” y, “en plena época electoral, habría tensionado mucho más el ambiente”.

“Ustedes imagínense a toda esa muchachada de la exguerrilla manifestándose”, dijo De Roux.

Y usted, fiscal, imagínese el peso que habría recaído sobre su conciencia si hubiera muerto Santrich, sólo por su empeño en complacer los caprichos de la DEA, por más arbitrarios que ellos hubieran sido… Más bien, agradézcale a la JEP, fiscal.

Y a Pacho de Roux le dejo este fragmento de Los funerales de la Mamá Grande: “La estructura jurídica del país (…) no estaba preparada para acontecimientos como los que empezaban a producirse. Sabios doctores de la ley (…) ahondaron en hermenéuticas y silogismos, en busca de la fórmula que permitiera al presidente de la República asistir a los funerales (...). Hasta que alguien dotado de sentido de la realidad en aquella asamblea de jurisconsultos interrumpió el blablablá histórico para recordar que el cadáver de la Mamá Grande esperaba la decisión a 40 grados a la sombra. Nadie se inmutó frente a aquella irrupción del sentido común en la atmósfera pura de la ley escrita…”.

***

El domingo decidiremos si caemos en los extremos y agudizamos la polarización, o si nos despedimos del odio y optamos por el cambio tranquilo. Porque prefiero lo último, los invito a que votemos por Sergio Fajardo.

@patricialarasa

PATRICIA LARA SALIVE

MAYO 17 DE 2018

Por qué votar por Fajardo (II)

¿Por qué la educación puede hacer que el país supere la pobreza y la corrupción?

Miren esta historia:

— En Dinamarca se pagan impuestos altos, pero la gente ve que el Estado se los retribuye, dice Guillermo Camacho, un editor colombiano que hace más de 20 años vive en Copenhague. —Allá todos cuentan con salud y educación gratuitas y de calidad, buena infraestructura, seguridad y tiempo libre para estar con sus familias y disfrutar de eventos culturales. En Copenhague —agrega— la gente trabaja cerca de seis horas diarias y tiene cinco o seis semanas de vacaciones obligatorias al año, que no pueden tomar en dinero, sólo en días de descanso.

— ¡Pero Dinamarca debe ser un país muy rico!, le digo.

— No tanto, contesta. — Dispone de algunas industrias farmacéuticas, de reparación naval, de productos químicos, de derivados del acero, del hierro y de metales no ferrosos, de procesamiento de alimentos, de textiles, de muebles y de madera.

— Y si no es tan rico en lo económico, ¿cómo ha llegado a ser tan rico en lo social?,_ le pregunto.

— Los daneses tienen una formación luterana y calvinista y, para ellos, primero está el trabajo; conciben su vida de manera austera, sin grandes lujos; y eso lo combinan con una conciencia y una convicción del cumplimiento del deber y de la honestidad. Por otra parte, en el siglo XX, la socialdemocracia implementó para la población una política de bienestar social.

— ¿Y cuáles son los valores de esa sociedad?, vuelvo a preguntarle.

— Primero, la honestidad, responde. —Por eso la corrupción es ínfima. Después, la transparencia: cualquiera puede acceder a los archivos públicos. La sencillez: muchos ministros van a su trabajo en bicicleta, y los nietos de la reina van al mismo colegio que los hijos de un chofer de bus. La franqueza: los daneses dicen las cosas de manera directa. El pragmatismo y la eficiencia: trabajan pocas horas pero producen mucho. La determinación: cuando deciden hacer algo, lo hacen. La intolerancia con lo que está mal hecho: son muy críticos de todo lo que los hace perder tiempo, no funciona, o está mal… Por esa razón, si alguien hace trampa o es corrupto, su mal comportamiento lo sacan a la luz pública, lo persiguen y lo “desprestigian”. Y el respeto por la vida: en Dinamarca, un asesinato es una noticia de orden nacional y, por supuesto, la criminalidad es muy baja.

Al despedirme de Guillermo Camacho pienso en el salto hacia adelante que daría un país tan rico y creativo como Colombia, si sólo cambiáramos ciertos valores y la inversión en educación fuera la prioridad.

Por ese motivo; porque estoy convencida de que si nos educamos y adquirimos conciencia de las necesidades de los otros; si practicamos la norma de que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás; si aprendemos a ser honestos hasta el punto de que no toleramos ni usufructuamos la deshonestidad d